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Full text of "el-correismo-al-desnudo"

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El correísmo 
al desnudo 


Freddy Javier Álvarez González, Ramiro Ávila Santamaría, 

Carlos Castro Riera, Juan Cuvi, Pablo Dávalos, Carlos de la Torre, 

Francisco Hidalgo, Edgar Isch L., Decio Machado, Esperanza Martínez, 

Mateo Martínez Abarca, Monika Meireles, Mario Meló, Francisco Muñoz Jaramillo, 
Pablo Ospina Peralta, Atawallpa Oviedo, Natalia Sierra, Fernanda Solíz, Mario Unda, 
Fernando Vega, Gayne Villagómez Weir, Arturo Villavicencio. 


Prólogo de Alberto Acosta 



Primera edición: 2013 
No. de ejemplares: 1000 


Autores: 

Freddy Javier Álvarez González, Ramiro Ávila Santamaría, 

Carlos Castro Riera, Juan Cuvi, Pablo Dávalos, Carlos de la Torre, 

Francisco Hidalgo, Edgar Isch L., Decio Machado, Esperanza Martínez, 

Mateo Martínez Abarca, Monika Meireles, Mario Meló, Francisco Muñoz Jaramillo, 
Pablo Ospina Peralta, Atawallpa Oviedo, Natalia Sierra, Fernanda Solíz, Mario Unda, 
Fernando Vega, Gayne Villagómez Weir, Arturo Villavicencio. 

Prólogo: 

Alberto Acosta 


Selección de textos y edición: 

Juan Cuvi, Decio Machado, Atawallpa Oviedo, Natalia Sierra. 


Dirección editorial: 
Silvana González T. 


Diseño y diagramación: 
Sofía Brauer 

Diseño de portada: 
Diego Brauer 


Impresión: 

Arcoiris Producción Gráfica 


ISBN: 

978-9942-13-205-5 


Se autoriza la reproducción parcial solamente para 
fines no comerciales. 

En caso de reproducción total o adaptaciones se requiere la autorización 
por escrito de los autores. 


Montecristi Vive 
contactóla) albertoacosta.ee 
Quito-Ecuador 


ÍNDICE 


A modo de prólogo 

El correísmo - Un nuevo modelo de dominación burguesa 9 

Alberto Acosta 

Refundación y religiosidad: guías para entender al correísmo 22 

Juan Cuv¡ 

La revolución ciudadana en Ecuador: 

conflicto social, régimen disciplinario y proyecto de Estado 26 

Pablo Ospina Peralta 

Modernización del capitalismo y reforma del Estado 33 

Mario Unda 

El tecnopopulismo de Rafael Correa 

¿Es compatible el carisma con la tecnocracia? 39 

Carlos de la Torre 

La Revolución Ciudadana y las demandas de género 53 

Gayne Villagómez Weir 


De la utopía de Montecristi a la distopía de la revolución ciudadana 

Ramiro Ávila Santamaría 


70 


La negación del sujeto político indígena en tiempos de 

la Revolución Ciudadana 82 

Freddy Javier Álvarez González 

Consulta previa en el Ecuador: la mirada de los 

organismos internacionales de Derechos Humanos 86 

Mario Meló 

Estado autoritario, disciplinamiento ciudadano y control social 91 

Dedo Machado 

El carácter del Estado en la Revolución Ciudadana 102 

Fernando Vega 

Forma de Estado y régimen político en el gobierno de Rafael Correa 120 

Francisco Muñoz Jaramillo 

Las falsas promesas de la Revolución Ciudadana: 

Excluyendo el contenido comunista de la revolución socialista 134 

Natalia Sierra 

Crisis mundial e impactos en la economía ecuatoriana: 

un balance no-celebratorio de la Revolución Ciudadana 144 

Monika Meireles y Mateo Martínez Abarca 


El jaguar desdentado: propiedad agraria y subordinación 161 

Francisco Hidalgo 

El extractivismo como negación de la Constitución de la República 165 

Edgar Isch L. 

Las políticas minero/petroleras de la revolución ciudadana: 

incumplimiento, desvío, avocamiento y coacción 173 

Esperanza Martínez 

Minería: reparar, resistir, rechazar 

El conflicto minero desde el país de los Derechos de la Naturaleza 179 

Fernanda Solíz 

"No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro": 

Las falacias del discurso extractivista 190 

Pablo Dávalos 

¿Hacia dónde va el proyecto universitario de la Revolución Ciudadana? 216 

Arturo Villavicencio 

La revolución ciudadana y la universidad 232 

Carlos Castro Riera 


Revolución educativa o recolonización posmoderna 

Atawallpa Oviedo 


246 



A modo de prólogo 

El correísmo - Un nuevo modelo 
de dominación burguesa 

Quito, 17 de junio de 2013 


Alberto Acosta 

Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de 
la FLACSO-Ecuador. Exministro de Energía y Minas. 
Expresidente de la Asamblea Constituyente. Excandidato a 
la Presidencia de la República. 


Amenazada constantemente desde afuera 
y desde adentro, la revolución lucha ante 
todo por mantener y consolidar su poder, 
el cual es, dicho con toda concreción, el 
poder de los revolucionarios. De aquí nace 
el riesgo del bonapartismo. 

Robert Havemann (1964) 

El punto de partida 

El bonapartismo es una amenaza casi inherente 
a todo proceso que se autodefine como revoluciona- 
rio. En algún momento la búsqueda de cambios es- 
tructurales deviene en una concentración de poderes. 
Emerge un caudillo. Y la misma lucha en contra de la 
opresión abre la puerta a nuevas formas de opresión... 
Esta parecería ser la suerte inexorable de todo proceso 
revolucionario, que difiere de un proceso de refunda- 
ción, como explica Juan Cuvi en este libro . 1 

Sin embargo, antes de ver si esa es la realidad con- 
creta en Ecuador, habría que preguntarse si la “revolu- 
ción ciudadana” es realmente revolucionaria 2 . La pre- 
gunta no es de fácil respuesta. Si nos atenemos a los 


discursos oficiales no cabría la menor duda, viviría- 
mos una revolución. Incluso si se hacen algunas com- 
paraciones con lo sucedido en gobiernos anteriores, 
con gobernantes de “marcada mediocridad política” 
(Decio Machado), se podría aceptar que hay cambios 
importantes; por ejemplo en lo que se refiere a la in- 
versión social y la misma obra pública, que se han in- 
crementado de manera sustantiva. Esta comparación 
también se podría hacer en relación con algunos pro- 
cesos a nivel internacional, especialmente en algunos 
países donde el neoliberalismo goza de buena salud, 
como es el caso de varios países europeos. Pero de allí 
a concluir que se está en medio de un proceso revolu- 
cionario hay mucho trecho. 

Inclusive cabe indagar si en algún momento el pro- 
ceso sí fue revolucionario, pero que posteriormente 
fue traicionado, como insinúa de alguna manera Edgar 
Isch, quien ve dos períodos en estos años correístas. 

Con este libro, para empezar, queremos aden- 
trarnos en esta discusión. Y para hacerlo propone- 
mos una aproximación desde varias perspectivas. 
Aquí no agotamos todos los puntos de vista nece- 
sarios para disponer de un análisis que totalice la 
gestión del gobierno del presidente Rafael Correa, 


10 


El correísmo al desnudo 


quien apareció en el escenario político como “un pro- 
ducto lógico de la implosión de la sociedad ecuatoria- 
na”, pero que “no se proyectó al futuro impulsado por 
las presiones de la transformación social, sino que se 
precipitó hacia el pasado para reestructurar un orden 
largamente desquiciado” (Juan Cuvi). 

Con este libro lo que queremos es recuperar espa- 
cios de debate. Sin presentarnos como los guardianes 
de la revolución o los propietarios de visiones progre- 
sistas nos proponemos discutir los campos de acción 
más relevantes del actual Gobierno. También inten- 
tamos romper con el comportamiento casi rutinario 
del debate en estos últimos años, en tanto este busca 
aproximaciones “equilibradas” para evitar las andana- 
das del Régimen. Este libro no va en esa línea. Este 
libro, elaborado por varias personas que conocen de 
la materia y que incluso han sido parte del Gobierno, 
propone una lectura crítica del correísmo, que repre- 
senta “un nuevo modelo de dominación burguesa”, en 
palabras de Mario Unda. 

Esta discusión es indispensable, más aún si se acep- 
ta la tesis de que no habría ningún proceso revolu- 
cionario, sino simplemente un discurso que acompa- 
ña una modernización capitalista, como pocas veces 
antes en la historia de la República. Y para enfrentar 
este reto nada mejor que hacerlo leyendo los sueños 
planteados hace ya más de seis años, tal como lo hace 
Fernando Vega, quien expone y discute los aspectos 
sobresalientes del Plan de Gobierno del Movimiento 
País, elaborado en 2006, que sirvió de inspiración para 
la Constitución de Montecristi. 

La Constitución de Montecristi: un proyecto 
de vida abandonado 

Vale la pena insistir, una vez más, que toda Consti- 
tución sintetiza un momento histórico. En toda Cons- 
titución se cristalizan procesos sociales acumulados. 
Y en toda Constitución se plasma una determinada 
forma de entender la vida. Una Constitución, sin em- 
bargo, no hace a una sociedad. Es la sociedad la que 
elabora la Constitución y la adopta casi como una 
hoja de ruta. 

Desde esta perspectiva, la Constitución del año 
2008 -redactada en Montecristi, discutida y aprobada 
mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano-, se pro- 
yectó como medio e incluso como un fin para dar paso 
a cambios estructurales. Este fue uno de los grandes 
objetivos de la “revolución ciudadana”, tema que abor- 
dan especialmente Natalia Sierra y Fernando Vega. 

La expedición y aprobación de la Constitución de 
Montecristi de 2008 puede anotarse sin ninguna duda 
en el lado del haber de la “revolución ciudadana”. Pero 
su sola expedición no asegura nada, como lo hemos 


visto en estos años. Como parte de la construcción 
colectiva de un nuevo pacto de convivencia social y 
ambiental se propuso la necesidad de construir nue- 
vos espacios de libertad e igualdad, y romper todos los 
cercos que impiden su vigencia. 

En su contenido afloran múltiples propuestas para 
impulsar transformaciones de fondo, construidas a lo 
largo de muchas décadas de resistencias y de luchas 
sociales, que articularon diversas agendas. Justamen- 
te en estas luchas de resistencia y de propuesta se 
fueron construyendo alternativas al desarrollo, como 
lo es el Buen Vivir o Sumak Kawsay, las tesis del Es- 
tado plurinacional, la consolidación y ampliación 
de los derechos individuales y colectivos, la defensa 
de la Naturaleza y sus derechos, entre otros puntos 
medulares. No se trataba simplemente de mejorar el 
funcionamiento del sistema capitalista en el Ecuador, 
sino de transformarlo; es decir, crear las condiciones 
para superar el capitalismo. 

Estamos conscientes que estas nuevas corrientes 
del pensamiento jurídico y político no están exen- 
tas de conflictos y que, por lo tanto, son difíciles de 
aplicar. Pero lo que cuenta es que el correísmo no 
ha intentado siquiera dar pasos hacia una verdadera 
transformación estructural. 

Al abandonar el tradicional concepto de la ley 
como fuente del derecho, se consolidó a la Constitu- 
ción como punto de partida jurídico independiente- 
mente de las visiones tradicionales. Lo que interesa, 
sobre todo, es que esta Constitución, este es quizás 
uno de sus mayores méritos, abrió la puerta para 
disputar el sentido histórico del desenvolvimiento 
nacional. Y por eso, anotemos al margen, bien vale 
la pena romper lanzas en su defensa, sobre todo si 
la entendemos como una hoja de ruta para impulsar 
la gran transformación. 

Entonces, la pregunta que nos hacemos, a los más 
de cuatro años de vigencia de la Constitución, apro- 
bada en referendo el 28 de septiembre del año 2008, 
es cuánto se ha caminado en la dirección propuesta. 
Y esto lo hacemos teniendo en consideración que el 
presidente Correa, en ese entonces, defendía la apro- 
bación plebiscitaria de la Constitución diciendo que 
va a “durar 300 años”, que es “la mejor del mundo”, 
que es “un canto a la vida”. 

Frente a lo que se ha caminado desde aquella épo- 
ca, parecería que la Asamblea Constituyente de 2007- 
2008, boicoteada sistemáticamente por las fuerzas de 
la derecha, fue simplemente una instancia para conse- 
guir legitimidad y alguna forma de legalidad por parte 
del correísmo. En su momento el “país imaginado y 
diseñado” de la Constitución de Montecristi era im- 
portante. Hoy estamos en otro momento. Montecristi 
ya forma parte del pasado. Si para Alianza País al ini- 
cio la Constitución de Montecristi aparecía como un 


Alberto Acosta 


11 


punto de llegada y de partida fundamental, ahora no 
puede ser un obstáculo en el camino. Es decir para 
consolidar y conservar el poder hay que hacer lo que 
sea. La Constitución sirvió y servirá para lo que sir- 
ve. La Constitución abrió la puerta a algunos cambios, 
pero no tantos como para provocar una revolución. 
Así, en la práctica, no se quiere hacer realidad los 
avances constitucionales propuestos, que serían el so- 
porte para “un proyecto utópico emancipador y radical, 
que puede ser la base para construir una sociedad pos- 
capitalista”. En realidad se pasó “de la utopía de Monte- 
cristi a la distopía de la revolución ciudadana”, al decir 
de Ramiro Ávila Santamaría en su artículo. 

Para citar apenas un caso conflictivo y que es de- 
tenidamente analizado por Mario Meló, el gobierno 
de Correa no ha regularizado el tema de la consulta 
previa. Si bien la Constitución establece a la consul- 
ta como derecho de todos los ecuatorianos y ecuato- 
rianas, hay que diferenciar la consulta a los pueblos 
indígenas, que está sujeta al derecho internacional 
como lo reconoce el propio texto constitucional y el 
consentimiento libre, previo e informado que está re- 
conocido en la Declaración de Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio 
169 de la OIT y en la jurisprudencia de la Corte In- 
teramericana. Por disposición de la misma Consti- 
tución estos tratados y documentos internacionales 
forman parte del bloque constitucional ecuatoriano 
y por ello el consentimiento previo, libre e informa- 
do para las nacionalidades y pueblos indígenas debe 
ser respetado, tutelado y garantizado por el Estado. 
Esto no lo acepta y hasta lo rechaza el correísmo. 
Así, conflictos concretos vinculados a este irrespeto 
constitucional por parte del Gobierno están presen- 
tes en varios lugares del país, por ejemplo en Sara- 
yaku, que cuenta inclusive con la protección de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al que 
se podría sumar otros como los de íntag, Victoria 
del Pórtete, Río Grande, Bilsa, San Pablo de Amalí, 
Dayuma, entre otros. 

En estas condiciones, en el Ecuador actual son por 
igual válidas las conclusiones del reconocido intelec- 
tual boliviano Luis Tapia (2011), quien escribiendo so- 
bre su país, dice que se ha instaurado el “ Estado de dere- 
cho como tiranía”, en tanto “el gobierno logra mantener 
la formalidad de un régimen constitucional, incluso lo 
desarrolla con la producción de nuevas leyes, y mantie- 
ne la vigencia diferenciada de derechos civiles y políticos 
según conveniencia, pero concentra el poder político en el 
ejecutivo, en un núcleo reducido del ejecutivo”. 

Esta es otra de las características del correísmo. El 
Ejecutivo -esencialmente el Presidente en tanto jefe 
del Estado- influye o manda directa o indirectamente 
en las otras funciones del Estado. La agenda del Po- 
der Legislativo, en sus contenidos y plazos, está de- 


terminada por el Ejecutivo, que incluso ha consegui- 
do desterrar el proceso de fiscalización. El presidente 
Correa ha llegado a manifestar su aspiración de que 
la Asamblea Nacional funcione como “un reloj suizo” 
sintonizado con sus demandas y disposiciones, es de- 
cir casi sin debate y menos aún discrepancias. El Poder 
Judicial se encuentra por igual manipulado por el Eje- 
cutivo, tanto como el Poder Electoral, la Participación 
Ciudadana y lo mismo la Corte Constitucional; ma- 
nipulación que es tolerada por los miembros de estas 
diversas funciones del Estado, por cierto. 

En estas condiciones, la política misma esta sitiada. 
Se reducen cada vez más los espacios para el debate 
público. Se busca limitar el campo de acción a quienes 
cuestionan al Poder Ejecutivo. Se agrede, se amenaza 
y se insulta a quienes difieren con las posiciones gu- 
bernamentales. En los últimos años, estos ataques son 
cada vez más agudos en contra de aquellas fuerzas de 
izquierda que aún no han cedido posiciones frente a 
la “revolución ciudadana”. Una izquierda que se niega 
a aceptar el discurso sin práctica del correísmo: “una 
posición prosoberanía que no quiere enfrentar las causas 
de la dependencia ni al imperialismo, projusticia social 
pero que no quiere afectar a los ricos, solo equiparable 
con la idea de que alguien puede llamarse de izquierda 
y no ser anticapitalista” (Edgar Isch). 

La negación del Estado plurinacional 

La ambigüedad fundacional de la nación y sus mo- 
delos de Estado y sociedad en el Ecuador, sustentados 
en la colonialidad del poder, resultaron excluyentes 
y a su vez limitantes para el desarrollo de las capa- 
cidades culturales, sociales y productivas. Nuestro 
Estado-nación subalterno se explica en la lógica del 
sistema-mundo, en tanto Estado conformado y exis- 
tente dentro de la lógica de acumulación del capitalis- 
mo. Esto significó que desde sus orígenes este Estado 
se organizó dentro de la lógica impuesta por el capi- 
talismo metropolitano, cuya evolución provocó varias 
crisis en ese Estado. 

Ahora, en la segunda década del siglo XXI, se vive 
la crisis del Estado “mínimo”, el Estado neoliberal. Sin 
embargo, sin negar la crisis del Estado neoliberal, de- 
bemos entender que en crisis está también -y ya desde 
hace mucho tiempo atrás- el Estado colonial sobre el 
cual se fundó el Estado oligárquico que son, a su vez, 
la base del Estado neoliberal. 

Estas múltiples crisis del Estado nos llevan a com- 
prender de mejor manera los procesos de lucha de 
los pueblos. En primer lugar, son procesos emancipa- 
dores, movidos por la necesidad imperiosa de supe- 
rar los profundos resabios coloniales, oligárquicos y 
por último neoliberales. 


12 


El correísmo al desnudo 


Vistas así las cosas, la tarea es construir otro Es- 
tado, un Estado que asuma, desde la igualdad y la 
libertad, las múltiples diversidades existentes, nor- 
malmente marginadas o subyugadas. En concreto la 
construcción del Estado plurinacional, en tanto man- 
dato constitucional, plantea rupturas profundas de las 
mencionadas estructuras coloniales, oligárquicas y 
por supuesto neoliberales. Eso es lo que propuso la 
Constitución de Montecristi. 

No se trata simplemente de modernizar el actual 
Estado incorporando burocráticamente lo indígena y 
lo afro, o favoreciendo espacios especiales para lo in- 
dígena y lo afro, como lo hace la educación intercul- 
tural bilingüe solo para los compatriotas indígenas, o 
constituyendo unidades burocráticas para el manejo 
de lo indígena o lo afro. El Estado plurinacional exige 
asumir y procesar los códigos culturales, las prácti- 
cas y las historias de los pueblos y las nacionalidades 
indígenas, tanto como de los otros pueblos: afroecua- 
torianos y montubios. Exige sobre todo incorporarlos 
como actores -conjuntamente con el resto de la socie- 
dad- en el proceso colectivo de toma de decisiones. 

En los más de seis años de gobierno de la “revolu- 
ción ciudadana” prácticamente nada se ha caminado 
en este sentido, como lo demuestran especialmente 
Pablo Ospina, Mario Unda y Ramiro Ávila. 

Es decir, falta transitar hacia otro tipo de Estado 
no atado a las tradiciones eurocéntricas. Y es en este 
proceso, en donde se deberá repensar las estructuras 
e instituciones existentes, en donde habrá que cons- 
truir otra institucionalidad que haga realidad el ejer- 
cicio horizontal del poder. Esto implica ciudadanizar 
el Estado, especialmente desde espacios comunitarios 
como formas activas de organización social colecti- 
va. En definitiva, la democracia misma tiene que ser 
repensada y profundizada. 

Las garantías constitucionales amenazadas 

Otro de los avances de la Constitución de 2008 fue 
la concepción de un Estado constitucional de derechos 
y justicia. Este concepto irradia y marca al conjunto 
de la carta magna. Por constitucional todos los poderes 
se someten a la Constitución; por derechos el Estado 
se pone al servicio de las personas, los pueblos y la 
Naturaleza; por justicia se busca la transformación de 
un país excluyente. 

Para lograr estos objetivos, la Constitución esta- 
bleció un régimen de garantías. Estas ayudan a acortar 
la brecha entre la realidad de exclusión y el ideal de 
los derechos. Las garantías, en otras palabras, son los 
instrumentos de transformación. De ahí que la califi- 
cación de la Constitución de Montecristi como garan- 
tista es adecuada y tiene mucho sentido. 


¿Cómo se han respetado estos derechos y estas 
garantías? Esa pregunta nos llevaría a una larga dis- 
cusión, indispensable por cierto. Algunos derechos 
han sido respetados e incorporados en la vida de la 
sociedad. Otros, en una lista que crece aceleradamen- 
te, han sido irrespetados o por decir lo menos mini- 
mizados o simplemente olvidados. “Adoctrinamiento, 
disciplina y control social” (Decio Machado) o “régi- 
men disciplinario más meritocracia” (Pablo Ospina), 
se perfilan como los ejes de la acción gubernamental. 
Esto implica el no cumplimiento de derechos o abier- 
tamente su cercenamiento. 

La criminalización de la protesta social, por ejem- 
plo, hace caso omiso del derecho a la resistencia esta- 
blecido en la Constitución. La arremetida en contra de 
los movimientos sociales y de algunas organizaciones 
no gubernamentales (incluso de algunos partidos po- 
líticos) está en el orden del día gubernamental, como 
lo expresan Fernando Vega, Esperanza Martínez, Fer- 
nanda Solíz, Ramiro Ávila Santamaría. Estos grupos 
han sido debilitados, divididos, cooptados e inclusive, 
varios de ellos, subsumidos en la lógica de centraliza- 
ción del poder gubernamental. 

Las demandas de género no han sido asumidas a 
plenitud, como demuestra Gayne Villagómez, quien 
expone los avances constitucionales en este ámbito y 
por cierto los desbalances y contradicciones de la ges- 
tión de la “revolución ciudadana” en lo que se refiere a 
las políticas para las mujeres. 

Las organizaciones y las comunidades indígenas 
también están en la mira demoledora del correís- 
mo: son vistas como corporativistas, se las presenta 
atrapadas en reclamos etnicistas, sus dirigencias son 
cooptadas de diversas formas, con la falsa garantía de 
universalidad y neutralidad que ofrece el Estado. Ra- 
miro Ávila Santamaría nos dice que “descalificando a 
la dirigencia al denominarles ‘indigenistas infantiles’, 
no respetando el derecho a la consulta prelegislativa, 
promoviendo procesos de consulta formal para la extrac- 
ción minera, propiciando mediante el ‘bono solidario’ la 
atomización de las comunidades (pudo haber fortalecido 
las capacidades de las comunidades si se lo hacía con 
su intermediación), criminalizando a los líderes indíge- 
nas que protestan contra la explotación minera y por el 
agua. ¿Promueve la interculturalidad el gobierno de la 
revolución ciudadana? La respuesta es categóricamente 
no. El Gobierno representa parte de los actores políticos 
que se han encargado de debilitar el movimiento indí- 
gena y de invisibilizar sus propuestas emancipatorias”. 

Hoy más que en otras épocas, a despecho de los 
derechos colectivos y de los avances constitucionales 
en el campo de la plurinacionalidad, “el indígena es 
obligado a la representación cuando viene de la partici- 
pación, debe establecerse en el egoísmo de la individua- 
lidad cuando habita en la solidaridad”. Freddy Javier 


Alberto Acosta 


13 


Álvarez González reclama acertadamente “la negación 
del sujeto político indígena en tiempos de la Revolución 
Ciudadana”. Y esta negación, sin lugar a la menor 
duda, imposibilita el proceso de construcción del Es- 
tado plurinacional, pues, como concluye Ramiro Ávi- 
la Santamaría, “sin la voz de los indígenas no hacemos 
sino continuar con el proceso colonizador de lo diverso 
y fortalecer un sistema económico que oprime, excluye 
y causa dolor”. 

La represión a dirigentes sociales y a grupos de 
jóvenes y estudiantes -caso de los 10 Luluncoto, del 
Colegio Central Técnico o los defensores del agua 
en el Azuay- o a organizaciones no gubernamenta- 
les como Acción Ecológica entre muchos otros casos 
planteados por Esperanza Martínez, siembra temor. 
Las diversas limitaciones a la libertad de expresión 
no pasan desapercibidas. Hay, sin duda alguna, un 
escenario marcado por el miedo y la desinformación 
-o al menos la manipulación de la información- por 
parte de muchos medios de comunicación guberna- 
mentales. La criminalización de la disidencia y de la 
resistencia aparece en el correísmo como una “ doctri- 
na ’ (Decio Machado). Parece que sería cierto que sin 
miedo no se puede gobernar para empujar a un país 
hacia su modernización... 

A lo anterior cabría añadir las reformas constitu- 
cionales en el ámbito de la Justicia. El gobierno del 
presidente Correa, a través de un referendo en mayo 
de 2011, planteó tramposas enmiendas constituciona- 
les para meter la mano en la Justicia, tratándose en 
realidad de reformas que ameritaban otro procedi- 
miento. Con esto, no solo que se negó la posibilidad 
de poder construir por fin una Justicia autónoma e 
independiente, sino que, una vez más, se demuestra 
que la Constitución de Montecristi no fue un traje a la 
medida del presidente Correa, como con insistencia se 
ha reclamado desde la derecha. 

La crítica no es suficiente mirando lo que ha suce- 
dido. Las potenciales amenazas a la Constitución aso- 
man con mayor fuerza en esta coyuntura. El presidente 
Correa, ya ha dicho después de su segunda reelección, 
que está incómodo con la acción de protección de dere- 
chos. La constitución para Correa, como sintetiza Fer- 
nando Vega, “es hipergarantista, está llena de errores, 
de sueños ilusos de pajaritos preñados, de novelerías de 
ecologistas infantiles y de reivindicaciones de indios em- 
plumados y emponchados en compañía de los tirapiedras 
de mamita pega duro [MPD N. del A.] ”. 

¿Qué pasaría si se restringe la acción de protec- 
ción? Sin una garantía de este tipo, nadie se atreverá 
a cuestionar los actos u omisiones del Ejecutivo en 
materia de derechos. Sin el ejercicio de este derecho 
desde la sociedad, sea a través de individuos o comu- 
nidades, nunca se revisarán las acciones u omisiones 
que restrinjan los derechos. En otras palabras, quienes 


ejercen el poder, no tendrán límites, y quienes están 
sometidos al poder, no tendrán posibilidad de recla- 
mar judicialmente la violación de sus derechos. 

Con la acción de protección, cualquier persona, 
pueblo o la Naturaleza puede acudir ante cualquier juez 
y reclamar por la violación a sus derechos. Es decir, los 
derechos establecidos en la Constitución pueden exi- 
girse, así de simple. El juez, por su parte, si constata la 
violación del derecho, se encuentra en la obligación de 
declararla y de ordenar la reparación integral. La no- 
ción de reparación que antes quedaba en el nivel doc- 
trinario, ahora tiene toda la eficacia práctica por todos 
los instrumentos que la ley fundamental le provee al 
juez, cuya misión termina solo con la reparación total 
del derecho violado por acción u omisión. 

La acción de protección tiene un objetivo claro: pro- 
teger derechos y corregir los excesos, omisiones o abu- 
sos del poder. En suma, es una herramienta jurídica que 
tenemos todas las personas, los pueblos y la Naturaleza 
contra el poder. Los jueces pueden usar inclusive medi- 
das cautelares para hacer realidad esta garantía. 

Los tecnócratas no tienen conciencia del grave daño 
social que provocaría una restricción de las garantías 
constitucionales. Les preocupa solamente la eficiencia. 
Y no solo eso, en la actualidad, cuando el presidente 
Correa ha declarado que ahora sí desatará la megami- 
nería en serio, ampliará la frontera petrolera y alentará 
los cultivos transgénicos y los biocombustibles, es muy 
posible que esta decisión de restringir garantías esté 
enfocada en neutralizar las protestas y la resistencia 
social, sobre todo en el ámbito indígena/territorial. Y de 
paso no podemos dejar de anotar la situación de violen- 
cia que envuelve a las comunidades waorani (particu- 
larmente los pueblos en aislamiento voluntario: tagaeri 
y taromenane) amenazadas por las presiones petroleras 
y madereras, especialmente, frente a las cuales el silen- 
cio cómplice del Gobierno es innegable. 

La ausencia de transformaciones estructurales 

Más allá de los discursos grandilocuentes y de los 
ofrecimientos de cambios radicales, se mantiene la 
esencia extractivista y no se quiere afectar la concen- 
tración de la riqueza. No hay una transformación de 
la matriz productiva, mucho menos de la modalidad 
de acumulación tema que es pormenorizadamente 
analizado por Francisco Muñoz y Pablo Dávalos en 
sus textos y que abre la puerta a un debate urgente 
sobre el extractivismo y su futuro. Dávalos concluye 
acertadamente su artículo señalando que “el discurso 
del mendigo sentado en el saco de oro es la farsa ideo- 
lógica de la violencia extractiva que pretende clausu- 
rar la historia con una pueril propuesta de Revolución 
Ciudadana para evitar, precisamente, transformarla”. 


14 


El correísmo al desnudo 


El propio presidente Correa reconoce esta rea- 
lidad. Al cumplir cinco años de su gestión, en en- 
trevista al diario gobiernista El Telégrafo, el 15 de 
enero de 2011, Correa dijo que “básicamente es- 
tamos haciendo mejor las cosas con el mismo mo- 
delo de acumulación, antes que cambiarlo, porque 
no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es 
nuestra intención tener una sociedad más justa y 
equitativa”. Al año siguiente, en octubre, en una en- 
trevista televisiva en el Perú afirmó algo similar: “Nos 
ha ido recontra bien haciendo lo mismo de siempre, so- 
mos una de las tres economías que más han crecido en 
América Latina, casi 8%, el desempleo es el más bajo 
de la región, ha disminuido grandemente pobreza e 
inequidad. Sin embargo, tenemos un problema -entre 
otros- estamos haciendo mejor, mucho mejor pero lo 
mismo de siempre”. 

Lo que está en juego a nivel mundial es la recons- 
trucción o readecuación de la división del trabajo, 
esta vez más alineada -sobre todo para algunos países 
como Ecuador- al eje de China, en medio de un pro- 
ceso de disputa hegemónica mundial. Del Consenso 
de Washington, en un tira y afloja de varios polos de 
poder internacional, se transita al Consenso de Bei- 
jing o Consenso de los Commodities, al decir de Ma- 
ristella Svampa (2013), que cobra fuerza en el marco 
de su creciente demanda de materias primas. China, 
utilizando sus cuantiosas reservas financieras, no cabe 
duda alguna, se encuentra de compras en medio de 
la crisis global. 

Si China está de compras, Ecuador no se re- 
siste a vender... sus recursos naturales e inclusi- 
ve a conseguir financiamiento de quienes quie- 
ren comprar. El presidente Correa ha sido muy 
claro al respecto: “Somos complementarios con Chi- 
na, ellos tienen exceso de liquidez y escases de hidro- 
carburos, nosotros tenemos exceso de hidrocarburos 
y escases en liquidez. China financia a Estados Uni- 
dos, y pudieran sacar del subdesarrollo a Ecuador”. 
Además, según él, “No hay límite endeudamiento 
con China mientras más nos puedan prestar, mejor. 
Lo que necesitamos para el desarrollo es financia- 
miento y lo que más tenemos son proyectos rentables. 
Lo importante son las tasas y el plazo, si me prestan 
a largo plazo el límite es inexistente, a corto plazo es 
otra cosa ” (Padilla, 2012). 

El tránsito en las relaciones de poder a nivel inter- 
nacional no está exento de problemas para Ecuador, 
ya sea por la renegociación forzada de la deuda ex- 
terna (que no recogió todas las recomendaciones de 
la comisión de auditoría del crédito público) o por los 
efectos de la crisis internacional, que son abordados 
por Monika Meireles y Mateo Martínez. 

A partir de esa readecuación se articula la finan- 
ciarización transnacional del país, permitiendo la con- 


figuración de un nuevo esquema de dominación en el 
que participan viejos y nuevos “pelucones”, muchos 
de ellos vinculados con los grandes proyectos estra- 
tégicos que impulsa el correísmo. A más de China 
habría que incluir los intereses brasileros y coreanos, 
que se disputan fracciones del pastel. Y en este esce- 
nario el Estado emerge, una vez más, como palanca de 
esta lógica de acumulación extractivista. 

Pablo Ospina nos aclara esta coyuntura: “Es 
en este sentido que puede considerarse el proyec- 
to de Estado del gobierno de Rafael Correa como 
un proyecto ‘modernizador del Estado’, que pre- 
tende adecuarlo a las nuevas condiciones, riesgos 
y potencialidades del capitalismo contemporáneo”. 
Este esfuerzo representa, en realidad, una moderni- 
zación periférica del capitalismo ecuatoriano, en los 
términos concebidos por el gran pensador ecuato- 
riano Agustín Cueva (2013). Este proyecto correís- 
ta, de facto, engloba muchas de las clases sociales 
existentes en el país, repartiendo beneficios de la 
renta petrolera para cada una de ellas, sin afectar la 
inequitativa distribución de la riqueza. Esto atenúa 
el conflicto social. 

En su viaje a Alemania, en abril de 2013, cuando 
fue a forzar la negociación de un acuerdo comercial 
con Europa (¿TLC?), una vez más, puntualizó los al- 
cances de su propuesta: “somos un proyecto de izquier- 
da, pero una izquierda moderna, que entiende el papel 
de la empresa privada en el desarrollo y que también 
entiende que el Estado tiene que tener un papel”. 

Se trata de un Estado que alienta la moderniza- 
ción capitalista en ciernes. No está en marcha una 
transición que redistribuya estructuralmente las ri- 
quezas. Menos aún que afecte las estructuras esta- 
tales coloniales y oligárquicas, como punto de par- 
tida para una gran transformación (en palabras de 
Carlos Marx diríamos revolución, concepto ahora 
muy devaluado por el marketing del correísmo...). 
Como ya observó Agustín Cueva en otras épocas, el 
desarrollo del extractivismo y la reestructuración del 
Estado obedecen hoy más que nunca a las demandas 
del sistema capitalista en su conjunto. Y quizás en esta 
línea de reflexión se inscriben los intentos del Gobier- 
no por llevar adelante las negociaciones de un tratado 
comercial (¿TLC?) con la Unión Europea, como par- 
te de un “extractivismo sumado a programas sociales” 
(Monika Meireles y Mateo Martínez). 

En resumen, Ecuador ha empezado a transitar por 
una senda posneoliberal, mas no poscapitalista. “Al 
enfrentarse al neoliberalismo, el Gobierno se enfrenta a 
actores con los que también se enfrentó la resistencia 
popular. Pero su proyecto no es únicamente ‘salir de la 
larga y triste noche neoliberal’, sino afirmar un nuevo 
proyecto de modernización capitalista, y ambas cosas no 
pueden separarse” ( Mario Unda). 


Alberto Acosta 


15 


Este accionar modernizador del capitalismo en 
Ecuador no ha dado paso a una transformación de 
la matriz productiva. En más de seis años de gobier- 
no se han profundizado las tendencias reprimariza- 
doras de la economía, se mantiene la concentración 
de las exportaciones en pocos productos, subsiste 
un bajo nivel de valor agregado en las exportacio- 
nes, sigue constante la baja participación de la in- 
dustria en la estructura económica, no cambia la 
elevada concentración de la estructura productiva 
y la elevada tasa de control del sistema financie- 
ro por parte de la banca privada: esto lo recono- 
ció documentadamente, en agosto de 2012, la Se- 
cretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades). 
Esta importante instancia gubernamental acep- 
tó explícitamente que no ha habido transforma- 
ción de la matriz productiva. Y no lo habrá en el 
futuro inmediato. 

El camino está trazado para los próximos años, a 
más de forzar la explotación de petróleo y la mega- 
minería, se pretende impulsar la acuacultura, los bio- 
combustibles, los transgénicos... También hay planes 
para desarrollar la petroquímica, tanto en la fase de 
procesamiento de petróleo como en productos deri- 
vados sobre todo fertilizantes, así como la siderurgia. 
Se siguiría por la tradicional senda industrializante, 
que no necesariamente conduce a superar el capita- 
lismo y menos aún a construir el Buen Vivir o Sumak 
Kawsay, que lleva en ciernes la matriz de una nueva 
civilización. De lo anterior se puede concluir con Ra- 
miro Ávila Santamaría, que “el gobierno de la revolu- 
ción ciudadana ha perdido el horizonte utópico andino y 
más bien ha fortalecido un estado desarrollista e inserta- 
do en el capitalismo global”. 

En concreto, no hay cambio alguno de la matriz 
productiva o patrón de acumulación, ni mayor va- 
riación en la misma estructura del poder. Esta “per- 
manente deriva conservadora” (Mario Unda), que ca- 
racteriza al correísmo, va construyendo una nueva 
hegemonía dominante, que subordina a los sectores 
populares y a la misma izquierda a la lógica de un 
capitalismo remozado. Sus rasgos, siguiendo a Mario 
Unda, son inocultables: “el desprecio de la organización 
social independiente, el rechazo de la movilización y de 
la protesta, la negación del componente decisorio de la 
participación, las concesiones al discurso derechista so- 
bre la inseguridad y la violencia, el ensalzamiento del 
espionaje y la represión para tratar tanto la delincuen- 
cia como el control sobre el trabajo y la protesta social, 
[...] En fin, ya hace rato que el correísmo solo puede 
generar una afirmación conservadora”. 

El saldo nos dice que en Ecuador el capitalismo goza 
de buena salud, el rentismo se expande y ni siquiera 
se han reducido los mecanismos de explotación de los 
seres humanos y menos aún de la Naturaleza. 


Redistribución de la renta petrolera, 
no de la riqueza 

Es necesario entender esta modernización del Es- 
tado como resultado del cambio histórico regional 
determinado por la crisis de hegemonía mundial, que 
lleva en esta nueva etapa histórica al retorno del Es- 
tado y al posneoliberalismo. El Estado hoy, a diferen- 
cia de épocas anteriores, está más presente en varios 
ámbitos. El Estado llega a muchas comunidades y a 
muchos barrios, resuelve problemas y genera un ima- 
ginario de cambio e inclusive de modernización en 
marcha; en esa línea se inserta el minisatélite ecuato- 
riano colocado -con bombos y platillos- en órbita en 
el mes de abril de 2013, que alienta la ilusión de una 
modernización acelerada. 

Al mismo tiempo ese Estado, vía políticas sociales 
ampliadas, construye un tejido clientelar -tema analiza- 
do a profundidad por Francisco Muñoz- que le asegura la 
base de sostén del correísmo. Y el sostenimiento de esas 
políticas sociales apuntala la lógica extractivista, pues de 
lo contrario, de acuerdo al mensaje oficial, de dónde van 
a venir los recursos para financiar dichas políticas. 

En este contexto, los segmentos tradicionalmente 
marginados de la población han experimentado una 
relativa mejoría, especialmente gracias a la mejor 
distribución de los crecientes ingresos petroleros y 
también por efecto del incremento importante de la 
obra pública. 

Aquí cabría destacar los efectos desmovilizadores 
que provocan el consumismo y el clientelismo, las dá- 
divas gubernamentales (como son los incrementos sa- 
lariales para la burocracia o el bono de desarrollo hu- 
mano) que dan paso a una suerte de conservadurismo 
en una sociedad que está aceptando liderazgos autori- 
tarios a cambio de los (pocos) logros obtenidos y de la 
idea de que estamos marchando hacia la modernidad a 
través del desarro llismo... En palabras de Natalia Sie- 
rra sabemos que “cuando la población es atrapada en la 
ficción desarrollista necesariamente sufre un retroceso 
de su conciencia política crítica. Se siente cómoda con la 
situación dada y no apuesta a un futuro que trascienda 
el orden existente, se vuelve una población afirmativa 
del statu quo”. 

A lo anterior se suma la relativa estabilidad política 
que vive el país, que alienta un marcado conformismo 
luego de un período de enormes sobresaltos: de 1996 
al 2007 el país tuvo siete presidentes. Una estabilidad 
que se la apuntala también con controles ideológicos 
y autoritarios: “quien no está conmigo, está en mi con- 
tra”, parece ser la lógica. Igualmente influyen accio- 
nes que reprimen la crítica o la simple investigación 
de lo sucedido, como acontece con los dolorosos y no 
suficientemente explicados hechos vinculados al 30-S. 
De allí se deriva un discurso presidencial cargado de 


16 


El correísmo al desnudo 


amenazas e insultos, que tiene en su mira a periodistas 
y en general a quien critica al gobernante. 

Así las cosas, lo que interesa es constatar que no ha 
habido una redistribución de los ingresos no petroleros 
y menos aún de los activos. Esta situación es explicable 
por lo relativamente fácil que resulta obtener ventaja 
de la generosa Naturaleza, sin adentrarse en complejos 
procesos sociales y políticos de redistribución, como lo 
señala Francisco Muñoz. Más aún cuando se ha tenido 
enormes ingresos fiscales provenientes en particular 
de las exportaciones petroleras. Y no porque no haya 
habido tiempo para intentarlo, sino porque el líder del 
proceso no cree en esas redistribuciones... 

Recordemos que el presidente Correa, sin con- 
siderar el potencial revolucionario y productivo de 
una profunda reforma agraria, declaró el 1 de octu- 
bre del año 2011, que “la pequeña propiedad rural va 
en contra de la eficiencia productiva y de la reducción 
de la pobreza... repartir una propiedad grande en mu- 
chas pequeñas es repartir pobreza”. El objetivo según 
él, como lo manifestó dos días más tarde, es “que los 
grandes terratenientes vendan sus tierras y de esta for- 
ma se democratice la tenencia, eso es lo que se busca, 
esto se ha hecho en muchas partes del mundo, es más 
eficiente que la reforma agraria”. Y conste que Correa 
es consciente del problema de la concentración de la 
tierra; en entrevista a Le Monde Diplomatique, publi- 
cada el 3 de enero del año 2010, afirmó que la “tenencia 
de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmen- 
te y es una de las distribuciones más inequitativas del 
mundo; el coeficiente de Gini supera el 0,9 en cuanto a 
tenencia de tierra”. 

De paso anotamos que estas cuestiones agrarias 
son analizadas en este libro por Francisco Hidalgo, 
quien aborda la discusión de las políticas de redistri- 
bución de tierras, el debate sobre nueva legislación so- 
bre la tierra, así como la estrategia estatal seguida y las 
respuestas de la economía campesina. Debemos ano- 
tar que el rubro para la agricultura en el Presupuesto 
General del Estado es marginal, a modo de ejemplo, en 
el año 2012 bordeaba el 1%, lo que no impidió que los 
grandes grupos insertos en los agronegocios hayan 
obtenido cuantiosas ganancias. 

En estas condiciones, con un Gobierno que ha re- 
cibido los mayores ingresos fiscales de toda la historia 
republicana, los grupos más acomodados, muchos de 
ellos vinculados al capital transnacional, no han visto 
afectados sus mayores privilegios. Es más estos gru- 
pos no dejan de obtener jugosas ganancias. 

En un Gobierno que se autodefine como socialista, 
los grandes grupos económicos obtienen más utilida- 
des que en los años neoliberales. La lista de ganadores 
es larga: la banca, las empresas de construcción, los 
importadores, los agronegocios, los centros comercia- 
les, algunos industriales y exportadores, los diversos 


intermediarios de los intereses transnacionales, los 
consultores del capital o del Gobierno... El creciente 
gasto público ha permitido incrementar el consumo, 
situación que beneficia al sector privado intermedia- 
dor de bienes y servicios, mucho más que al productor. 

Esta realidad de enormes beneficios para el gran 
capital es inocultable. Basta ver dos ejemplos. Las uti- 
lidades de los cien grupos económicos más grandes en 
el período 2007-2011 crecieron en un 50% más que en 
los cinco años anteriores, es decir durante el período 
neoliberal. En esta economía dolarizada, las utilidades 
de la banca en relación a su patrimonio neto llegaron 
a superar el 17% en 2011 y habrían bordeado el 13% 
en 2012; mientras que las empresas de comunicación 
(sobre todo las telefónicas) obtuvieron beneficios su- 
periores al 38% en relación con su patrimonio neto. 
En este contexto se entiende por qué las grandes em- 
presas han asumido sin mayor conflicto la creciente 
presión tributaria. 

A más de seis años del inicio de un Gobierno 
que se vende como revolucionario, el decil de em- 
presas más grandes controla el 96% de ventas en 
el país. La concentración de las ventas es tal que el 
1% de las empresas controlan el 90% de las ven- 
tas. El 5% de propietarios sigue concentrando el 
52% de tierras agrícolas, mientras el 60% de peque- 
ños propietarios acceden tan solo al 6,4% de estas. 
No se democratiza el acceso a la tierra, tampoco al 
agua, en donde se registran niveles de concentración 
mucho más elevados que en la tierra. 

Hay que notar como positivo, y como resultado 
de la mejor distribución de los ingresos fiscales, pe- 
troleros particularmente, antes que de la distribución 
de la riqueza, que la pobreza, con diferente impacto 
entre los diversos grupos étnicos, se ha reducido, se- 
gún datos oficiales, del 37,6% en diciembre de 2006 a 
27,31% en diciembre de 2012, es decir, un 10,29% en 
seis años (cálculo realizado sobre la línea base de 
quienes reciben menos de 2,54 dólares diarios). El 
incremento de las inversiones sociales en educación 
y salud también ha repercutido favorablemente en 
amplios segmentos de la población, así como algunas 
disposiciones que han servido para mejorar la situa- 
ción de grupos sociales tradionalmente marginados 
o sobreexplotados, como son -para citar un par de 
ejemplos- aquellas personas con alguna discapacidad 
o las empleadas domésticas 3 . 

Esta situación contradictoria -aparentemente-, 
en la que los ricos sacan una gran tajada y también 
algo los grupos empobrecidos, es percibida por el Go- 
bierno de la siguiente manera: “en síntesis, nunca an- 
tes los grupos económicos poderosos estuvieron mejor, 
nunca antes los más excluidos de la Patria estuvieron 
menos peor”. Tengamos, además, presente que, en va- 
rias oportunidades, se ha demostrado la posibilidad 


Alberto Acosta 1 7 


de que mejore la distribución personal del ingreso 
nacional y que, paralelamente, no mejore la distribu- 
ción personal de la riqueza nacional en un país (in- 
clusive podría darse el caso de que la distribución de 
la riqueza se deteriore). Esto podría estar sucedien- 
do en nuestro caso, gracias a los cuantiosos ingresos 
petroleros que son distribuidos de mejor manera 
que en los años neoliberales, al tiempo que los gru- 
pos más grandes obtienen mayores beneficios de 
la bonanza económica. 

Los Derechos de la Naturaleza, 
un hito marginalizado 

En la Constitución de Montecristi, al reconocer los 
Derechos de la Naturaleza e incluir en estos el derecho 
a que la Naturaleza sea restaurada cuando haya sido 
destruida, se dio un paso de transcendencia mundial. 
Sin embargo, al profundizar el extractivismo se tergi- 
versa y niega este avance constitucional, tema que lo 
analiza Edgar Isch y también Pablo Dávalos. 

Dotarle de derechos a la Naturaleza significó, 
entonces, alentar políticamente su paso de objeto a 
sujeto, como parte de un proceso centenario de am- 
pliación de los sujetos de derecho. Lo central de los 
Derechos de la Naturaleza es rescatar el “derecho a la 
existencia” de los propios seres humanos (y por cierto 
de todos los seres vivos). El ser humano no puede vivir 
al margen de la Naturaleza. Por lo tanto, garantizar la 
sustentabilidad ambiental es indispensable para ase- 
gurar la vida del ser humano en el planeta. 

La liberación de la Naturaleza de esta condición de 
sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad 
debe englobar a todos los seres vivos (y a la Tierra 
misma), independientemente de si tienen o no utili- 
dad para los seres humanos. Este aspecto es funda- 
mental si aceptamos que todos los seres vivos tienen 
el mismo valor ontológico, lo que no implica que 
todos sean idénticos. 

Estos son puntos medulares de los Derechos de la Na- 
turaleza, que implican necesariamente una relación es- 
tructural y complementaria con los Derechos Humanos. 

De estos planteamientos queda muy poco, salvo 
un discurso carente de contenido, como demuestran 
Esperanza Martínez y Fernanda Solíz, al analizar de 
forma detenida y profunda la tormentosa evolución de 
las políticas minera y petrolera de la “revolución ciu- 
dadana”. Es notorio el discurso confuso para defender 
internacionalmente la Naturaleza, presentando a la 
Iniciativa Yasuní-ITT como un avance revolucionario, 
que se contradice con la apertura a la megaminería o 
con la ampliación de la frontera petrolera en el sur de 
la Amazonia: zona que se había prometido respetar, al 
inicio de la “revolución ciudadana”. 


El Buen Vivir, ninguna alternativa al desarrollo 

El Buen Vivir es algo diferente al desarrollo. No se 
trata de aplicar un conjunto de políticas, instrumentos 
e indicadores para salir del “subdesarrollo” y llegar a 
aquella deseada condición del “desarrollo”. Una tarea 
por lo demás inútil. ¿Cuántos países han logrado el 
desarrollo? Muy pocos, asumiendo que la meta busca- 
da puede ser considerada como desarrollo. 

Los caminos hacia el desarrollo no han sido el pro- 
blema mayor. La dificultad radica en el concepto mis- 
mo del desarrollo. El mundo vive un “mal desarrollo” 
generalizado, incluyendo los considerados como paí- 
ses industrializados, es decir los países cuyo estilo de 
vida debía servir como faro referencial para los países 
“atrasados”. Eso no es todo. El funcionamiento del sis- 
tema mundial es “maldesarrollador”. 

En suma, es urgente disolver el tradicional con- 
cepto del progreso en su deriva productivista y del 
desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en 
su visión mecanicista de crecimiento económico, así 
como sus múltiples sinónimos. Pero no solo se trata 
de superarlos, se requiere una visión diferente, mucho 
más rica en contenidos y en dificultades. El Buen Vivir 
no sintetiza una propuesta monocultural, es un con- 
cepto plural (mejor sería hablar de “buenos vivires” o 
“buenos convivires”). 

Con su postulación de armonía con la Naturaleza, 
con su oposición al concepto de acumulación perpe- 
tua, con su regreso a valores de uso, el Buen Vivir, en 
tanto propuesta en construcción, abre la puerta para 
formular visiones alternativas de vida. El Buen Vivir 
propone un cambio civilizatorio. Constituye un punto 
de partida, no de llegada para construir alternativas al 
desarrollo y para superar las aberraciones del antro- 
pocentrismo, que pone en grave riesgo la existencia 
del ser humano sobre la tierra. 

¿Se ha caminado en esa dirección constitucional- 
mente planteada en estos años de “revolución ciuda- 
dana”? No, lamentablemente. La lista de incongruen- 
cias advierte intenciones distintas entre los mandatos 
constitucionales y la realpolitik marcada por formas 
continuistas de extractivismo, consumismo y produc- 
tivismo, reflejando también el uso propagandístico 
del término Buen Vivir. Este apenas asoma como un 
sistema que asegura el mayor suministro de servicios 
básicos a la sociedad y el aumento de su capacidad de 
compra de bienes y servicios en el mercado. 

Para desnudar esta falacia basta ver la cantidad 
de documentos y programas oficiales que anuncian 
el término del Buen Vivir como pauta publicitaria. A 
modo de ejemplo, proyectos municipales para mejorar 
las calles son presentados como si de eso se tratara 
el Buen Vivir, en ciudades construidas alrededor de 
la cultura del automóvil y no de los seres humanos. 


18 


El correísmo al desnudo 


Igualmente, mientras se profundiza el extractivismo 
con la megaminería o ampliando la frontera petrolera, 
se levantan otros programas gubernamentales mem- 
bretados como de “Buen Vivir”. Incluso se levanta la 
tesis de un socialismo del Buen Vivir, que cuenta con 
el respaldo de algunos ilusos en el exterior. Todo esto 
representa un Sumak Kawsay propagandístico y bu- 
rocratizado, carente de contenido, reducido a la con- 
dición de término-producto. Resulta, entonces, ame- 
nazante la reduccionista y simplona visión del Buen 
Vivir como producto de marketing publicitario de 
determinada política oficial. 

Para entender lo que implica el Buen Vivir, que 
como hemos visto no puede ser simplistamente aso- 
ciado al “bienestar occidental”, hay que empezar por 
recuperar los saberes y culturas de los pueblos y na- 
cionalidades; tarea que deberán liderar las propias co- 
munidades indígenas. Como escribe en estas páginas 
Atawallpa Oviedo Freire, el Buen Vivir “no es un sim- 
ple hecho formal sino de contenido y fundacional, pero 
principalmente es cuestión de respeto, de dignidad, de 
honor para con los pueblos originarios de estas tierras”. 
Eso no significa negar los logros y mutaciones pro- 
porcionadas por los avances tecnológicos de la Huma- 
nidad, presentes en la vida. Se trata de acudir a otra 
invención de nuestros modos de vida. Y eso exige “una 
revolución de integralidad y totalidad, para una vida 
plena y armónica (sumakawsay)”. Por esta senda no 
trajina el gobierno del presidente Correa. 

Cual jaculatoria mágica se esgrime un socialismo 
del Buen Vivir, carente de contenidos transformado- 
res. Y no sorprende que el presidente Correa interpre- 
te a su antojo lo que significa el socialismo (del siglo 
XXI), cuando considera que este ya no tiene nada que 
ver con la lucha de clases... En la mencionada entre- 
vista del 15 de enero de 2012, Correa fue categórico, se 
definió de forma meridiana: “no somos anticapitalistas, 
no somos antiyanquis, no somos antiimperialistas”. Co- 
rrea, y solo él, define qué es el socialismo, su socialis- 
mo, en definitiva; define la verdad, su verdad. 

De la matriz tecnocrática al manicomio 
del autoritarismo 

El discurso oficial se ha ido decantando. “Del 
alto grado de recepción que el discurso fundador 
de Alianza País tuvo entre la población de los sec- 
tores medios y de los populares, articulados a los 
movimientos sociales y a las organizaciones de izquier- 
da que se adhirieron al mismo” (Natalia Sierra), el dis- 
curso se concentra en pocos elementos medulares. La 
ampliación de los cinco ejes iniciales de la “revolución 
ciudadana” en el año 2006 a diez en 2013 no altera 
esta apreciación. 


Junto a la igualdad y la libertad, en interpretacio- 
nes propias de lo que cada uno de estos conceptos sig- 
nifica para el caudillo, aflora con fuerza la eficiencia, 
encarnada en un tecnócrata, que es una de las facetas 
para entender la “imagen sacralizada del líder” (Juan 
Cuvi). Y de ella se deriva todo un paquete de decisio- 
nes de política en el ámbito de la educación, de la cul- 
tura, de la investigación, en donde emerge una suerte 
de “neocolonialismo académico”, en palabras de Arturo 
Villavicencio o “neocolonialismo cultural”, al decir de 
Carlos Castro Riera. Ellos abordan en este libro el pro- 
yecto de reforma de la universidad ecuatoriana impul- 
sado por la “revolución ciudadana”. 

En palabras de Arturo Villavicencio, esta reforma 
significaría una aproximación “arcaica”: “Una univer- 
sidad fragmentada en tipologías absurdas y con espa- 
cios académicos limitados y jerarquizados empieza a 
aflorar. Un inusitado entusiasmo por la investigación 
al borde del conocimiento científico como solución a 
los problemas del país y la clave para alcanzar el Buen 
Vivir está configurando mecanismos burocráticos en la 
definición y control de la agenda de investigación para 
las universidades; condiciones que atenían a un queha- 
cer abierto, transparente y democrático de la ciencia y 
el conocimiento. En el mismo sentido, el salto milagroso 
hacia un biosocialismo republicano, alrededor de un me- 
gaproyecto, la ciudad del conocimiento, de muy dudo- 
sos e inciertos resultados, compromete enormes recursos 
humanos y materiales que necesariamente conducen al 
debilitamiento y hasta aniquilación de la incipiente in- 
vestigación del sistema universitario”. 

Castro Riera analiza los cambios universitarios 
desde un enfoque de la vida universitaria misma, des- 
tacando los aspectos legales de las reformas propues- 
tas dentro de la lógica de apoyo a la acumulación de 
capital, para concluir, como lo hace también Atawallpa 
Oviedo Freire, que la propuesta de reforma universita- 
ria del correísmo está lejos de conducir al Buen Vivir. 
Y por cierto Arturo Villavicencio y Atawallpa Oviedo 
Freire no pierden la oportunidad para desnudar las 
limitaciones conceptuales y concretas del ambicioso 
proyecto Yachay, o “ciudad del conocimiento”, con el 
que el Gobierno ansia empezar el viaje hacia el futuro. 

Lo que nos interesa aquí es valorar lo que repre- 
senta la lógica tecnocrática dominante para toda la so- 
ciedad, empezando por tener una universidad contro- 
lada, sumisa y disciplinada. Esta lógica lleva implícito 
un cuadrado referencial: obediencia y disciplina, es- 
tabilidad y presión (o en palabras de Decio Machado: 
“autoridad, disciplina, Patria y orden’). Dentro de este 
esquema se busca construir un sistema meritocrático 
dentro y fuera de la universidad, en donde los rendi- 
mientos priman inclusive sobre la forma en que se los 
consigue. La confianza en la tecnocracia parece ilimi- 
tada. Y su vigencia se traduce en una visión unilineal, 


Alberto Acosta 


19 


que de plano contradice la esencia del Buen Vivir y 
por cierto la plurinacionalidad. 

Aquí es apropiado rescatar el valioso aporte de 
Carlos de la Torre, cuando en su texto sobre el tec- 
nopopulismo de Correa, discute las tensiones que se 
producen entre un presidente que dice “estar liderando 
un ciclo de cambios profundos, de encarnar los intereses 
de toda la sociedad y no de sectores particulares, y la 
misión de llevar a cabo la refundación de la nación’’. 
De la Torre sintetiza su tesis así: “el carisma y la tec- 
nocracia pueden convivir en el discurso, el carisma es 
inestable y subvierte los intentos de gobernar a través 
del conocimiento de los expertos”. Una situación que se 
ha visto ya en varios episodios del correísmo, como 
fue el golpe al Estado de derecho del S-30. 

Lo que cuenta es que el retorno del Estado en la 
“revolución” del correísmo no cuestiona la modalidad 
de acumulación capitalista, lo que pretende construir, 
según Arturo Villavicencio, es una suerte de “capita- 
lismo académico”. Para modernizar el Estado se busca 
mejorar los niveles de eficiencia estatal. Correa y su 
Gobierno se sienten realizados cuando a Ecuador se le 
presenta como un “jaguar latinoamericano”, en tanto 
se le compara con la gestión de los “tigres” y “drago- 
nes” asiáticos (de la que al parecer Correa copia lo que 
le conviene, cabría puntualizar). Y bien se podría coin- 
cidir con Francisco Hidalgo, que lo que se construye es 
una suerte de “jaguar desdentado”. 

En concreto se busca modernizar el aparato esta- 
tal, no construir otro Estado. El servicio público -tal 
como lo entendía Lee Kuan Yew, líder de Singapur- 
debe transformarse en una máquina eficiente y efec- 
tiva para que cristalice los planes oficiales. Hay que 
lograr que los funcionarios públicos se sintonicen con 
los planes gubernamentales. Para hacerlo se recurre 
al entusiasmo o a la amenaza permanente. Hay que 
generar un ambiente de presión, no necesariamen- 
te de convicción. En este empeño se mimetiza a los 
servidores públicos con la militancia del movimiento 
oficialista, y viceversa. Hay señales inclusive de que 
se estaría trabajando en la construcción de un partido 
único... y todo dentro de la legitimidad que le dan las 
elecciones ganadas, con las que Correa consolida su 
“consenso electoral”. 

En la práctica, “se exagera la ‘autonomía relativa’ 
del Estado y de la política institucional como herramien- 
ta de cambio social. La ilusión de que el Estado puede 
impulsar por sí mismo un cambio radical en la sociedad 
conlleva el olvido respecto a que el Estado no es más que 
una forma de relación social enraizada en las relaciones 
sociales capitalistas separando a las personas del control 
de sus propias condiciones de producción y, por último, 
de sus propias vidas” ( Decio Machado). Pero no deja de 
pesar el grupo de los “intelectuales tecnócratas autóno- 
mos”, como anotó hace un par de años Pablo Ospina 


(2011), quien reflexiona sobre el tema sintonizándose 
con el pensamiento de Antonio Gramsci. 

Más allá de esta disquisición sobre la autonomía 
del Estado, lo que cuenta en el correísmo es poner en 
marcha una máquina burocrática legalizada y eficien- 
te, dócil y activa. Hay que normalizar, disciplinar y 
ordenar la sociedad, para eso sirve inclusive la pro- 
hibición de vender cerveza los domingos y más aún 
el cercamiento de los lugares públicos -plazas y ca- 
lles- para impedir cualquier manifestación de rechazo 
al régimen y para eso serviría el nuevo código penal 
con claros rasgos represivos. Y este “régimen disci- 
plinario” (Pablo Ospina) se sostiene también con un 
masivo ejercicio de relaciones públicas: el marketing 
político con el que el correísmo, en ocasiones, consi- 
gue montar hasta un mundo ficticio, acomodado a los 
intereses del poder. Conceptos clave, como izquierda, 
revolución, Sumak Kawsay o Derechos de la Naturale- 
za, forman parte de un nuevo glosario, que se ajusta a 
las conveniencias del momento. Engaño y autoengaño 
apuntalarían el masivo respaldo popular del que goza 
el correísmo. Todo en función de un espectáculo con- 
tinuado, con un protagonista principal: Rafael Correa 
(y solo él), quien se asume como el portador de la vo- 
luntad política colectiva. En suma, no hay un proyecto 
partidista, ni grupal, menos aún comunitario. 

La pregunta que surge, al concluir estas líneas 
es cuán acertada resulta la afirmación de Juan Cuvi 
cuando considera que Correa “no estaba para alter- 
nativas, mucho menos para revoluciones, y peor aún 
para utopías. Esto explicaría la adhesión que al final 
produjo un discurso en esencia tan convencional. El de- 
sarrollismo, la eficacia tecnocrática, la provisión de in- 
fraestructura y el incremento del consumo no son más 
que emulaciones de modelos anclados en viejos patro- 
nes colonialistas; la recuperación del Estado en desme- 
dro del fortalecimiento de la sociedad es un carpado 
hacia el cepalismo cincuentero...” 

El presidente ecuatoriano, en concreto, parece un 
fiel seguidor de Lee Kuan Yew, quien también resal- 
taba el sentido de la urgencia. Los dos pretenden ace- 
lerar el proceso y de ser necesario quemar etapas en 
la modernización del capitalismo en sus respectivos 
países. Inclusive se asemejan en su estilo de criticar 
públicamente a sus ministros o instancias guberna- 
mentales que no hayan cumplido la tarea, tal como 
el líder la ordenó. Y por consiguiente los dos también 
se identifican en su forma de entender la democracia, 
como ejercicios electorales que son los que determi- 
nan quien debe tomar las decisiones. 

De allí se derivan prácticas autoritarias, que son 
las que se emplean para continuar con la moderniza- 
ción del capitalismo y para profundizar el extractivis- 
mo. A modo de botón de muestra, leamos lo que dijo el 
presidente Correa en su sabatina del 10 de diciembre 


20 


El correísmo al desnudo 


de 2011: “Hemos perdido demasiado tiempo para el de- 
sarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, [...] 
los que nos hacen perder tiempo también son esos dema- 
gogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos dis- 
cutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan 
con esa tontería; en Japón, los meten al manicomio". 

Adicionalmente, pensado más en quienes sostie- 
nen el correísmo, especialmente en quienes creían 
que con la “revolución ciudadana” se impulsaba una 
verdadera transformación, todo se justifica por “el 
proceso revolucionario”. A nadie dentro de “el proce- 
so” le importa si se traicionó los principios originales, 
plasmados inicialmente en el Plan de Gobierno del 
Movimiento País, elaborados colectivamente en el año 
2006, y luego ratificados en la Constitución de Monte- 
cristi. Para cumplir las órdenes, es decir para ejecutar 
“el proceso”, no importa si hay que subirse a un cerro 
de verdades o de mentiras, pero hay que cumplirlas. 
Tampoco preocupa que una estructura de dominación 
vertical y autoritaria (piedras angulares del correísmo, 
Juan Cuvi dixit) se siga expandiendo por el aparato 
estatal. Todo o casi todo se justifica por “el proceso”, 
aunque este no sea para nada revolucionario. 


lo político, en lo económico y en lo cultural. A partir 
de ellos se podrán forjar los embriones de una nue- 
va institucionalidad estatal, que tendrá que ser pluri- 
nacional necesariamente, de una renovada lógica de 
mercado y de una nueva convivencia societal. Contra- 
poderes que servirán de base para la estrategia colec- 
tiva que debe construir un proyecto de vida en común: 
el Buen Vivir, que no podrá ser una visión abstracta 
que descuide a los actores y a las relaciones presentes. 

Hay que ampliar y radicalizar la democracia, 
para lograr estos objetivos. Hay que aprender de 
las experiencias de democracia directa y partici- 
pativa, potenciándolas donde sea posible. Hay que 
consolidar la resistencia e inclusive la desobedien- 
cia civil para frenar los efectos destructivos del ex- 
tractivismo. Requerimos formas de democracia más 
emancipadoras y participativas. 

Por cierto, habiendo formado parte de la aho- 
ra mal llamada “revolución ciudadana”, y a pesar 
de estar consciente de lo difícil que es hacer reali- 
dad los sueños, estoy convencido que sí se pudo im- 
pulsar profundas y estructurales transformaciones. 
Y que se puede hacerlo siempre con más democracia, 
nunca con menos. 


A modo de conclusión 

Enfrentar esta realidad, a partir de una adecuada 
lectura de la misma, es la tarea que tienen por delante 
las izquierdas. Es urgente dar respuesta a una estruc- 
tura de poder apuntalado en los siguientes vectores, 
como ha sintetizado con lucidez Juan Cuvi: 

- clientelismo efectivo; 

- retórica antiimperialista avalada por un entrama- 
do regional e internacional favorable; 

- tutelaje estatal y sometimiento de la sociedad civil; 

- desmantelamiento de toda forma de organización 
social autónoma; 

- patrones de eficacia y rendimiento abiertamente 
capitalistas, mediante la modernización tecnológica 
de la administración pública; 

- monopolización y transnacionalización del proceso 
de acumulación. 

Y simultáneamente, o mejor aún como requisito 
para asumir el compromiso transformador, es indis- 
pensable la construcción de un proyecto contrahege- 
mónico, en donde la Unidad de la Izquierdas asoma 
como un imperativo histórico, reconociéndolos tal 
como son hoy y no como queremos que sean mañana. 

Esto implica ir gestando, desde lo local, sobre todo 
desde la resistencia al extractivismo y a toda forma de 
autoritarismo del correísmo, espacios de poder real, 
verdaderos contrapoderes de acción democrática en 


Alberto Acosta 


21 


Referencias bibliográficas 

Cueva, A. (2013) Autoritarismo y fascismo en América 
Latina. Quito: Serie Cuadernos Políticos, Centro de 
Pensamiento Crítico. 

Ospina, P. (2011) Ecuador: la participación ciudadana en el 
proyecto de Estado de Rafael Correa. En Observatorio 
Latinoamericano 7. Buenos Aires: Instituto de Estudios 
de América Latina y el Caribe. Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires. 

Padilla, L. (2012, febrero 17) Correa: El endeudamiento con 
China responde a la necesidad del país. Agencia 
pública de Noticias del Ecuador y Suramérica- Andes. 
http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=141559 

Svampa, M. (2013) “El Consenso de las commodities” y 
lenguajes de valoración en América Latina. Revista 
Nueva Sociedad, (244), marzo-abril http://www.nuso. 
org/upload/articulos/3926_l .pdf 

Tapia, L. (2011) El estado de derecho como tiranía. La Paz: 
CIDES-UMSA. 


Notas 

1 Los nombres que se mencionan en este prólogo, salvo que 
se diga lo contrario, corresponden a los autores y autoras 
de los artículos de este libro. 

2 Incluso el concepto de ciudadanía en este proceso no está 
claramente definido. Prima la visión de la ciudadanía 
individual, mientras se marginan otras concepciones es- 
tablecidas implícitamente en la Constitución de Monte- 
cristi, como son la ciudadanía colectiva y la ciudanía eco- 
lógica, sobre las que se asientan los derechos colectivos y 
los derechos de la Naturaleza, respectivamente. 

3 Igualmente ha impactado positivamente el mejor funcio- 
namiento de algunos servicios públicos, en donde la ciu- 
dadanía recibe un trato más eficiente. 


Refundación y religiosidad: 
guías para entender al correísmo 


Juan Cuvi 

Exdirigente del movimiento Alfaro Vive Carajo. Director 
de la Fundación Donum-Cuenca. Master en Desarrollo 
Local. Profesor en la Universidad Politécnica Salesiana- 
Cuenca. Excandidato a parlamentario andino por la Unidad 
Plurinacional de las Izquierdas. 


Palingenesia es el término con el cual Emilio Gentile, 
uno de los mayores historiadores y críticos del fascismo 
italiano, definió al sustrato del discurso con que Mus- 
solini convenció a los italianos de su proyecto político. 

Palingenesia: renacimiento, refundación. A diferen- 
cia del concepto de revolución, que implica -desde una 
óptica bastante simplista, por cierto- la destrucción de un 
orden arcaico para sobre sus ruinas construir uno nuevo, 
la refundación propone la negación y el ocultamiento del 
pasado. La revolución reconoce al pasado como un refe- 
rente consistente sobre el cual, por contraposición, está 
obligada a transformar la realidad; es una suerte de espe- 
jo permanente que refleja sus posibilidades, sus aciertos 
y sus límites. No lo niega: lo cuestiona y lo critica, porque 
sabe que en su disección crítica subyace el potencial para 
construir una verdadera alternativa. La refundación, al 
contrario, da la espalda al pasado, cierra los ojos ante una 
figura que considera esperpéntica. Tal como ocurrió con 
la fundación europea de América. 

Pero borrar el pasado supone una tarea titánica, por 
no decir imposible. En términos políticos requiere de 
medidas extremas y criminales, como el genocidio o 
el exterminio de pueblos enteros, opciones estas poco 
probables en una época de intercomunicación global 
y universalidad de la justicia y los derechos humanos. 
Borrar el pasado también significa desmantelar y susti- 
tuir sistemáticamente la Historia. Se ocultan persona- 
jes con la misma desfachatez con que se inventan epi- 
sodios y símbolos funcionales; se succiona la esencia 


de hechos y situaciones pretéritas para transformarlos 
en arcilla de las construcciones coyunturales. 

En política, la idea del renacimiento apunta a la en- 
tronización de proyectos que no se fundamentan en la 
originalidad, sino en la ausencia de puntos de compa- 
ración previos. Para los proyectos refundacionales, la 
estrategia consiste en venderle a la sociedad cualquier 
cosa como nueva. De allí la recurrencia a muletillas y 
clichés: “estamos haciendo historia”, “por primera vez en 
el país” o aquel más grandilocuente y presuntuoso que 
anuncia el advenimiento de una “nueva época”. La revo- 
lución transforma el pasado. La refundación lo elimina, 
lo manipula o lo distorsiona para que no quepan dudas 
ni suspicacias respecto de su aparente transformación. 

Es imposible analizar la evolución política del gobier- 
no de Correa sin formularse una pregunta medular: por 
qué en su propuesta inicial Alianza País echó mano de 
dos conceptos tan disímiles. ¿Errores conceptuales de un 
proyecto que fue armado como un rompecabezas con pie- 
zas de distintas cajas? ¿Simple pragmatismo para poder 
adecuar los contenidos a las contingencias del proceso? 
¿Relativismo acorde con los tiempos de la posmoderni- 
dad? Lo que sí sugiere este contrasentido, al calor de los 
acontecimientos posteriores, es la existencia al interior 
del movimiento oficialista de una tendencia de izquierda 
que al final fue neutralizada y sometida por un ala prag- 
mática fuertemente vinculada a la derecha. La idea de 
revolución, entonces, quedó reducida a un simple mem- 
brete oficial, una evocación ridicula de anhelos y aspira- 


Juan Cuv¡ 


23 


dones erigidas desde la más palmaria ingenuidad política. 
Solo quedó la realpolitik en su máxima expresión, el viejo 
libreto populista reeditado en el momento preciso. 

Avanzar al pasado 

Si aplicamos un ejercicio de reduccionismo fenoméni- 
co a los distintos proyectos refundacionales que ha experi- 
mentado el mundo durante el último siglo, vemos que sus 
rasgos más comunes son la descomposición del sistema 
político y la crisis socioeconómica que los antecedieron. 
Más que de la conciencia colectiva o del agudizamiento de 
los conflictos sociales, son productos de la desesperación y 
del agotamiento. A diferencia de las revoluciones clásicas 
(México, Rusia, China, Cuba), que representan el epílogo 
de largos procesos de confrontación ideológica, política y 
militar, de una estrategia que se estructura y se recompo- 
ne al calor de las derrotas y los triunfos, de un andamiaje 
teórico que proporciona un mapa general sobre el cual 
orientarse, las refundaciones surgen de las ambigüedades 
y casualidades propias del vacío, la incertidumbre y la 
confusión. No se trata del caos provocado expresamente 
por la iniciativa de fuerzas y actores políticos que buscan 
echar abajo al sistema; se trata, por el contrario, del caos 
espontáneo heredado de la impotencia. Es la diferencia 
entre una explosión producida por la presión de una fuer- 
za interna, y una implosión derivada del deterioro, la co- 
rrosión y el envejecimiento de la estructura del sistema. 

Sostener que el éxito electoral de Correa fue un efec- 
to de las luchas sociales de las décadas anteriores con- 
tiene un grave error de apreciación y de magnitud. La 
metáfora que suele utilizar Alberto Acosta para ironizar 
sobre las pretensiones mesiánicas de Correa, cuando le 
reprocha creerse “relámpago en cielo despejado, sin dar- 
se cuenta de que cuando él apareció el cielo ya estaba 
cargado de nubarrones”, expresa una verdad a medias. 
Acierta cuando desnuda la fatuidad y la impostura de 
un advenedizo de la izquierda, que cree que todo empie- 
za y termina con su presencia; yerra porque supone la 
existencia de fuerzas, energías y presiones que necesa- 
riamente debían concluir en una convulsión social. 

Si nos limitamos a analizar al principal actor social 
de los años previos a la aparición de Alianza País ( verbi 
gratia el movimiento indígena), no dejaremos de consta- 
tar que su incidencia sobre el escenario político nacional 
distaba enormemente de la contundencia que demostró 
en la década anterior. De por medio ya había transcurri- 
do una deplorable etapa de colaboracionismo, coopta- 
ción y división propulsada desde los distintos gobiernos 
de turno, particularmente el de Lucio Gutiérrez. Ni qué 
decir de los demás actores sociales llamados -al menos 
en teoría- a densificar los nubarrones prerevolucionarios, 
como maestros, trabajadores o estudiantes. Del único fe- 
nómeno explosivo del que da cuenta nuestra memoria es 
del movimiento de los “forajidos”, pero más como una 


manifestación creativa, novedosa e inédita de esa misma 
dispersión y fragilidad que caracterizaba a las luchas so- 
ciales. Llamativo y sorprendente, el movimiento forajido 
no tenía las condiciones para provocar una verdadera 
tormenta. Es más, su misma espontaneidad y volubilidad 
presagiaban la naturaleza de los acontecimientos futuros. 

En efecto, Correa fue un producto lógico de la implo- 
sión de la sociedad ecuatoriana; no se proyectó al futuro 
impulsado por las presiones de la transformación social, 
sino que se precipitó hacia el pasado para reestructurar un 
orden largamente desquiciado. La sociedad ecuatoriana de 
mediados de la década de 2000 estaba urgida por recuperar 
la estabilidad y la seguridad perdidas desde tiempo atrás, 
quizás desde finales de la dictadura de Rodríguez Lara. No 
estaba para alternativas, mucho menos para revoluciones, 
y peor aún para utopías. Esto explicaría la adhesión que 
al final produjo un discurso en esencia tan convencional. 
El desarrollismo, la eficacia tecnocrática, la provisión de 
infraestructura y el incremento del consumo no son más 
que emulaciones de modelos anclados en viejos patrones 
colonialistas; la recuperación del Estado en desmedro del 
fortalecimiento de la sociedad es un carpado hacia el cepa- 
lismo cincuentero, cuando nadie en América Latina deba- 
tía sobre el verdadero sentido de la democracia; el caudi- 
llismo constitucional evoca ese rezago de monarquismo 
que el Ecuador nunca terminó de saldar en su desesperado 
imaginario político. La imagen del rey bueno, dadivoso, 
implacable y al mismo tiempo indulgente conecta eficaz- 
mente con los hilos más recónditos de la conciencia pa- 
triarcal autoritaria aún bullente en nuestra sociedad. Ni 
siquiera el laicismo ha terminado por cuajar en los pilares 
de nuestro ethos nacional. Es justamente por ello que tan- 
tos dirigentes de la revolución ciudadana se pavonean por 
el país exhibiendo hábitos, comportamientos e ideas preli- 
berales sin el más mínimo empacho. Precisamente por ello 
fúe posible retroceder un siglo al incorporar el nombre de 
Dios en el preámbulo de la Constitución de Montecristi. . . 
en la mismísima cuna del Viejo Luchador. 

Mito, autoridad y orden 

Las referencias religiosas a las que hemos apelado no 
son, desde ningún punto de vista, una casualidad. Todo 
proyecto refundacional requiere de bases religiosas, ya 
sea usurpándolas, adecuándolas o sustituyéndolas. La fe 
aparece como el único recurso efectivo para apuntalar 
una empresa cuyos principios, fundamentos y argumen- 
taciones resultan demasiado difusos y volátiles como para 
ser convincentes. La ritualidad y el culto irrumpen con la 
fuerza de una sacralidad seductora por indescifrable. Se 
sacraliza a la Patria (así, con mayúscula), o a una figura 
anticlerical por antonomasia como Alfaro, o a la majestad 
del poder, al tiempo que se sataniza a quienes no compar- 
ten el credo oficial. Por obra y gracia de este hábil mon- 
taje confesional, la dicotomía política en el Ecuador ha 


24 


El correísmo al desnudo 


terminado reducida a un enfrentamiento entre creyentes 
y no creyentes. Por eso el debate se toma cada vez más 
tozudo y virulento. Dicho de otro modo, inviable. 

Del culto al mito solo media un espacio temporal de 
sustentación. Durante la conquista española, primero se 
oficiaba una misa y después se catequizaba. Aunque el 
símbolo antecedía al significado, dependía de este último 
para legitimarse, afirmarse y perpetuarse. Con la insti- 
tucionalización del culto a Bolívar, Chávez anticipó las 
condiciones para apuntalar su propio mito: hoy quedan 
abiertas las puertas para una invención histórica heroica 
con fuertes dosis de leyenda. La revolución ciudadana ha 
conseguido algún éxito en la implantación de ciertos cul- 
tos, pero sus iniciativas han resultado -todavía- infruc- 
tuosas en cuanto se refiere a la construcción de mitos. 
Afortunadamente para el Ecuador, la trayectoria personal 
y política de Correa no da para ejercicios de mitificación 
épica. El 30-S fue un episodio demasiado pedestre, paté- 
tico y absurdo como para dejarnos consecuencias dig- 
nas de alguna glorificación, lo cual no significa que estos 
propósitos no consten dentro de la agenda del régimen 
y de sus inocultables intenciones de perpetuación. De 
su habilidad publicitaria para estructurar un consistente 
sistema de referentes subliminales dependerá el tránsito 
hacia un modelo abierta y frontalmente mesiánico. 

Ahora bien, la piedra angular para la consolidación 
del proyecto correísta radica en su sesgo marcadamen- 
te autoritario. Ninguna refundación opera sin el ver- 
ticalismo de las decisiones, sin un andamiaje jerárqui- 
co que sincronice deseos con acciones, sin una fuerte 
imagen volitiva que venza y neutralice todo obstáculo 
y toda oposición. La voluntad -más que la conciencia 
o el diálogo- se transforma en el combustible de esta 
maquinaria política. Ese impulso atávico del individuo 
sustituye a la fuerza colectiva y a las masas movili- 
zadas. Contrariamente a lo que se sostiene desde el 
discurso oficial, el apoyo electoral alcanzado en los co- 
micios de febrero de 2013 es, más que un acto de con- 
ciencia, la ratificación masiva de la voluntad del caudi- 
llo, un acto de fe en la palabra oficial, la confirmación 
de una sumisión funcional a la autoridad. En ausencia 
de una sociedad fuerte u organizada, la masa de elec- 
tores no persigue el poder; simplemente busca una au- 
toridad que lo ejerza dentro de ciertos parámetros de 
valoración moral: que sea medianamente bondadosa, 
razonablemente justa, aceptablemente honrada. 

Si observamos retrospectivamente el proceso de la 
revolución ciudadana, no es difícil concluir que la deri- 
va caudillista y autoritaria del proyecto se demoró exac- 
tamente el tiempo que le tomó a Correa, y a su círculo 
más cercano, familiarizarse con el manejo de las riendas 
del Gobierno. En un régimen tan presidencialista como 
el ecuatoriano -más en lo informal que en lo formal-, los 
riesgos y las deformaciones del personalismo en el ejer- 
cicio del poder se acentúan. A partir de la posesión del 
primer mandatario, su influencia en los asuntos públicos 


se incrementa exponencialmente. Inclusive en los casos 
en que encama la representación de un partido o de secto- 
res socioeconómicos concretos, la debilidad institucional 
intrínseca a nuestro sistema político amortigua los límites 
y controles colectivos. No se diga cuando el presidente 
electo es producto de la improvisación y la espontanei- 
dad, como fúe el caso de Correa, quien ni siquiera tuvo 
necesidad de apelar a la trillada petición de “liberarse de la 
disciplina partidaria” para gobernar sin ataduras. 

Hay que reconocer, no obstante, que manejar un país 
que venía de una crisis profunda, y de una progresiva 
descomposición institucional, no era sencillo. Hacerlo 
desde una postura esencialmente democrática implica- 
ba un complejo proceso de negociación y de inclusión 
colectiva, como se pretendió en la etapa previa a la insta- 
lación de la Asamblea Constituyente. Era el camino más 
largo, es verdad, pero el que mayor coherencia estraté- 
gica podía asegurar. Hacerlo, en cambio, desde el apre- 
suramiento refundacional requería de un ejercicio prag- 
mático e inmediatista del poder. Una opción semejante, 
considerando el desorden inherente a nuestra adminis- 
tración pública, no tenía más salida que la aplicación in- 
tensiva de la autoridad. La ecuación tecnocrática tiempo/ 
resultados no podía resolverse sino a la fuerza. 

Tras largos años de crisis, la sociedad ecuatoriana de 
2006 estaba ahíta por alcanzar cualquier forma de regu- 
laridad. Era, en cierta forma, la necesidad de recuperar el 
cosmos frente al caos, tal como lo propone Mircea Eliade 
a propósito del papel que ha jugado la religión en la his- 
toria humana. Cuando el desorden invade el mundo, la 
sociedad entra en angustia frente a la eventualidad de la 
ruina y la desintegración; la principal preocupación, en 
esos momentos, se concentra en el restablecimiento del 
orden, en la recomposición de la estructura orgánica que 
provee seguridad, estabilidad y certidumbre frente al caos. 
El atavismo religioso de nuestro pueblo vuelve entonces 
la mirada al referente que más se identifique con la no- 
ción colectiva de salvación, sin poner mayores reparos en 
los mecanismos para recuperar ese orden perdido. De- 
bemos admitirlo: ha sido la sociedad ecuatoriana, en una 
considerable mayoría, la que ha avalado el autoritarismo 
de Correa. Y ha sido él quien, retribuyendo esa confianza 
mayoritaria, ha asumido el rol correspondiente de patriar- 
ca justiciero y castigador. Al sumergirse en esta corrien- 
te mesiánica y autoritaria, Alianza País se alinea con las 
posturas más tradicionales y conservadoras de la religión 
católica; es decir, con la institucionalidad eclesiástica. Li- 
turgia, símbolo y fe ocupan el espacio que tantos teólogos 
de la liberación han querido reservar para la reflexión de- 
mocrática y la secularización de la práctica religiosa. 

La autonomía como proyecto 

En estas condiciones, salirse de la matriz autoritaria 
del correísmo pareciera haberse convertido en un proyec- 


Juan Cuv¡ 


25 


to político para la izquierda ecuatoriana antes que en un 
requisito táctico, en una finalidad más que en un medio 
(a menos que estemos dispuestos a soportar medio siglo 
más de populismo). El dilema de fondo es que el modelo 
trae aparejados una serie de vectores de difícil respuesta: 
a) clientelismo efectivo; b) retórica antiimperialista avala- 
da por un entramado regional e internacional favorable; 
c) tutelaje estatal y sometimiento de la sociedad civil; d) 
desmantelamiento de toda forma de organización social 
autónoma; e) patrones de eficacia y rendimiento abier- 
tamente capitalistas, mediante la modernización tecno- 
lógica de la administración pública; f) monopolización y 
transnacionalización del proceso de acumulación. Cada 
uno de estos vectores tiene la virtud -o la perversidad- 
de viabilizar formas personalistas de ejercicio del poder, 
dado que no requieren de ninguna estructura ni media- 
ción institucional para ser activados. Por ejemplo, el se- 
cretismo que envuelve a los proyectos mineros, petroleros 
e hidroeléctricos chinos -por citar solamente un vector 
sobre el cual se esperaría mayor control y transparencia- 
permite la disposición de ingentes recursos financieros a 
ser manejados discrecionalmente por el Ejecutivo. 

En este punto hay que concluir que más allá de la re- 
tórica y las promesas oficiales, resulta extremadamente 
difícil que la revolución ciudadana corrija los defectos 
jurídicos y políticos que suele atribuirle al pasado. Al 
contrario, en su perpetuación y afinamiento radica la via- 
bilidad del proyecto oficial. Patemalismo, arbitrariedad, 
efectismo, circunstancialidad, personalismo, asistencialis- 
mo... se añaden a los elementos antes señalados, a fin de 
cimentar una cultura política antiinstitucional que, por lo 
demás, no ha logrado hasta ahora resolver el tema crucial 
de la democracia. Ambos elementos (democracia e insti- 
tucionalidad) ya han sido puestos en entredicho desde las 
más altas esferas del Gobierno y del partido oficial. 

Cabe añadir a este panorama la elaboración de una 
imagen sacralizada del líder, quien supuestamente debe 
conducir y redimir a una sociedad aún inmadura y ex- 
traviada. Esto, dicho sea de paso, contradice de plano la 
aspiración siempre esgrimida por la izquierda de demo- 
cratizar el poder y construir una ciudadanía autónoma. 
Muy al contrario, se están ratificando esos viejos refe- 
rentes político-ideológicos que han confinado al país a 
un auténtico laberinto: sumisión, admiración por los 
liderazgos fuertes, intolerancia, rechazo a las disiden- 
cias y a las minorías, desconfianza en la participación 
ciudadana, dependencia, entre otros. Es decir, la con- 
densación de la impronta autoritaria de la política. 

Así, el concepto de autonomía vuelve a ser, una vez 
más, la clave para escapar de este laberinto autoritario. Au- 
tonomía del individuo y de la sociedad, de los pueblos y de 
los gobiernos locales. Autonomía como corolario de una 
democratización permanente e ilimitada del poder, como 
posibilidad para la realización del ser humano, como con- 
dición para la emancipación social. Dos siglos después de 
que sirviera como base para elaborar las doctrinas revolu- 


cionarias que proponen el fin de le enajenación capitalista, 
este concepto mantiene plena vigencia. Resurge cada vez 
que la izquierda es arrastrada hacia las zonas cenagosas 
del agotamiento teórico, de la impotencia y del oportu- 
nismo. Actualiza un viejo debate de la izquierda, truncado 
cada vez que le toca afrontar las vicisitudes y marañas del 
ejercicio del poder. Devela la encrucijada en la cual la pos- 
modernidad ha situado a esa misma izquierda, que hoy 
oscila entre el más recalcitrante estalinismo y el más prag- 
mático liberalismo. En cualquier caso, democracia y au- 
tonomía plantean una redefinición de prácticas, visiones, 
teorías y concepciones que obligarán a la izquierda a una 
profúnda reconstrucción de su proyecto histórico. 

Resistir y moverse 

Sin embargo, la izquierda ecuatoriana no la tiene 
nada fácil. A la reformulación conceptual y estratégica 
de su proyecto debe hoy, y de manera inmediata, adjun- 
tar una respuesta táctica frente a las adversidades que se 
avecinan. El abultado triunfo electoral del Gobierno le 
abrió las puertas para una arremetida feroz contra todos 
los focos de resistencia que la izquierda pueda mantener 
o activar en los próximos años, no solo desde los espa- 
cios locales y territoriales, sino desde ese reducto legis- 
lativo en que se convertirá el bloque de Pachakutik en la 
Asamblea Nacional, y también desde toda forma de or- 
ganización y movilización social que defienda derechos. 
Agua, naturaleza, derechos humanos y políticos, tierra, 
libertad de expresión y protesta, diversidad, empleo... 
deberán conformar una agenda que permita articular y 
combinar la movilidad nacional con la resistencia local 
al asedio. Calles, plazas y territorios se convertirán en 
los escenarios prioritarios para la resistencia. 

Si algo ha perjudicado a la izquierda en los últimos 
tiempos ha sido la descoordinación y atomización de 
sus luchas. Cada partido, cada organización, cada gru- 
po y hasta cada figura política han manejado agendas 
parciales. La riqueza de la diversidad y de la multi- 
plicidad de procesos se ha transformado en pobreza 
de estrategia. Con la excepción de la Marcha por el 
Agua y por la Vida, el resto ha sido una apología de la 
fragmentación, que ni siquiera pudo ser superada con 
el acuerdo electoral de la Unidad Plurinacional. Nada 
nuevo si pensamos que la oposición entre dispersión 
y contundencia constituye uno de los principios po- 
líticos y militares más antiguos de la Historia. ¿Insu- 
perable? No mientras exista la voluntad de pensar y 
recrear, de entender el sentido básico de la sinergia 
y la cooperación, de reivindicar la potencialidad de 
las diferencias por encima de la autocomplacencia. Lo 
que no puede permitirse la izquierda es la emulación 
de un cortejo fúnebre en Nueva Orleans: festivo, ale- 
gre, multicolor y musicalmente insuperable, expresión 
de una cultura exuberante, pero entierro al fin. 


La revolución ciudadana en 
Ecuador: conflicto social, régimen 
disciplinario y proyecto de Estado 


Pablo Ospina Peralta 

Profesor del Área de Estudios Sociales y Globales de la 
Universidad Andina Simón Bolívar, investigador del Instituto 
de Estudios Ecuatorianos y militante de la Comisión de 
Vivencia, Fe y Política. 

Este artículo realiza una breve caracterización del 
proyecto de Estado impulsado por el gobierno de Rafael 
Correa 1 . Presenta como evidencias de dicho proyecto al- 
gunas políticas aplicadas entre fines del año 201 1 e inicios 
del año 2013. No se trata, por lo tanto, de una evaluación 
del conjunto de políticas de construcción del Estado des- 
de el año 2007, cuando inicia la gestión de la revolución 
ciudadana, evaluación que debería incluir un análisis más 
detallado de las implicaciones que tiene la Constitución 
de 2008 y el cambio de balance de fuerzas internas del 
Gobierno producido luego del referendo aprobatorio 
de octubre de 2008. A partir de esa fecha, los grupos de 
izquierda que formaban parte de la dirección de Alian- 
za País comenzaron a ser desalojados de los puestos de 
mando del proceso. Se trata, entonces, del proyecto de 
Estado que está siendo impulsado luego que se estabiliza- 
ra un balance de poder en el cual la figura presidencial ya 
no tiene contrapesos internos de consideración. 

Conflicto social 

El proyecto de reforzamiento estatal del Gobierno 
acumuló conflictos sectoriales durante los años 2011 
y 2012. La novedad del período no es propiamente la 
existencia de tales conflictos, ni tampoco que se haya 
producido algún cambio en la naturaleza del proyecto 
de Estado de la revolución ciudadana, sino que esos con- 
flictos adquirieron proporciones relativamente altas y 
poco frecuentes en la historia reciente. 


En efecto, según el sistema de seguimiento de con- 
flictos sociales en la prensa llevado a cabo por el Centro 
Andino de Acción Popular desde los años ochenta, el 
número de conflictos registrados en 2010 y 2011 ha su- 
perado, por primera vez en este siglo, los niveles de fines 
del siglo pasado, cuando el Ecuador vivió una de las peo- 
res crisis económicas de su historia. Como puede verse 
en el Gráfico 1, entre 2001 y 2009 solo dos veces se su- 
peraron los 400 conflictos anuales. Pero a partir de 2010 
se produjo un abrupto incremento de la conflictividad: 
cerca de 900 conflictos, luego casi 800 y hasta el fin del 
año 2012 la cifra llegará seguramente a cerca de 700. La 
comparación es impactante: durante el momento más 
fuerte de la monumental crisis económica de fines de 
siglo, en 1999, se llegó a un poco más de 750. El detalle 
significativo es que no existe una crisis semejante en los 
momentos actuales 2 . ¿Qué puede explicar entonces este 
auge de los conflictos sociales? 

Una parte importante de estos conflictos ocurre en 
el sector público: son conflictos salariales y laborales. Es 
posible argumentar que estas cifras expresan un con- 
junto desarticulado de resistencias al proyecto de refor- 
zamiento del Estado, tal como lo entiende el gobierno de 
la revolución ciudadana. Me concentro en tres ejemplos 
para luego mostrar su significado político en términos del 
proyecto de régimen que el Gobierno está impulsando. 

Primer ejemplo. El caso más relevante de con- 
flicto social laboral entre fines de 2011 e inicios de 
2012 es, por supuesto, el de las famosas “renun- 
cias obligatorias” de los funcionarios públicos. 


Pablo Ospina Peralta 


27 


Gráfico 1 

Número de conflictos registrados en la prensa 

1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oct-aa 

Nota: para el año 2012 los datos llegan solo hasta octubre. 

Fuente: Sistema de seguimiento a conflictos registrados en la prensa por el Centro Andino de Acción Popular; cfr. Sánchez Parga, J. (1996) 

Las cifras del conflicto social en el Ecuador 1980-1995.Quito: CAAP; Sánchez Parga, J. (2010) Decline de los conflictos y auge de las violencias. 
Ecuadorl 998-2008. Quito: Centro Andino de Acción Popular, 85-1 1 1 ; y Revista Ecuador Debate. (37 a 52, 77 a 87). Quito: CAAP. 



El 2 de julio de 201 1 se expidió el Decreto Ejecutivo No. 
813, que textualmente reza así: 

Art. 8. Las instituciones del Estado podrán estable- 
cer planes de compras de renuncias obligatorias con 
indemnización [...]. Las servidoras y servidores pú- 
blicos deberán cumplir obligatoriamente estos pro- 
cesos aplicados por la administración. 

Este texto fue originalmente incluido por el Ejecu- 
tivo en su propuesta de Ley de Servicio Público en oc- 
tubre de 2010 y fue rechazado por la Asamblea Nacio- 
nal en dos ocasiones (la segunda con dos tercios de los 
votos). Ante la negativa de su propio partido a incluir 
esta disposición en la ley, el Presidente decidió ponerla 
en vigencia mediante decreto ejecutivo. Finalmente este 
decreto se aplicó el 28 octubre de 2011 e implicó la salida 
de 3.092 servidores públicos, sobre todo en el Ministerio 
de Salud: 258 profesionales de salud, 642 personas del 
personal administrativo y 370 amparadas bajo el Código 
de Trabajo (Buitrón y Cano, 2012: 109). En enero de 2012 
otros 1.541 funcionarios fueron desvinculados del sector 
público por el mecanismo de las renuncias obligatorias 
(Arroyo, 2012: 19) 3 . La justificación de estas medidas era 
que la mala calidad de los servicios públicos, y en parti- 
cular la mala atención en los hospitales, se debe a la pre- 
sencia de funcionarios corruptos, indolentes y abusivos. 

Por su parte, los sindicatos de los trabajadores de la 
salud han insistido en que, si hay abusos, estos deben 
ser tratados con arreglo a una legislación que permita el 
derecho a la defensa. Además, han señalado que el prin- 


cipal problema en la atención en los hospitales se debe 
a que el incremento de la inversión en infraestructura 
y la eliminación de los costos ha aumentado exponen- 
cialmente la afluencia del público (según el Gobierno las 
atenciones en salud pasaron de 16,2 millones en 2006 a 
34,4 millones en 2010), sin que se haya desarrollado al 
mismo tiempo una política de atención primaria de salud 
y de prevención con las familias 4 . La “medicalización” de 
la atención sanitaria aumenta la congestión y crea nue- 
vos problemas administrativos en el manejo de los hospi- 
tales sin acertar a darles una solución a los viejos. 

De hecho, la reforma del sistema de salud es aquella 
en la que las debilidades de la estrategia de disciplina- 
miento para la mejora de la calidad del sistema mues- 
tran sus límites más evidentes. El problema de fondo 
es, pues, que la estrategia del Gobierno, que pone el 
acento en la vigilancia a la corrupción y mala conduc- 
ta de médicos y enfermeras, no considera los factores 
estructurales ligados a un modelo de atención de salud 
medicalizado y hospitalario en lugar de poner el acento 
en la atención primaria de salud. Pero tal vez la más dra- 
mática prueba de lo equivocado de este enfoque pueda 
verse a través de los ojos de una tragedia. El hospital de 
niños Baca Ortiz, en Quito, fue declarado en emergencia 
en el año 2011; se invirtieron importantes recursos en su 
refacción, los médicos dejaron de dirigirlo y en su lugar 
nombraron un “gerente”, y, para coronar la estrategia, 
en octubre de 201 1 despidieron a más de 1.200 funciona- 
rios y profesionales del Ministerio de Salud mediante la 
figura de las “renuncias obligatorias”, afirmando ante la 
prensa que habían hecho investigaciones de inteligencia 


28 


El correísmo al desnudo 


con la policía y que llegaron a la conclusión de que eran 
malos funcionarios. El viernes 6 de enero de 2012, lue- 
go de meses de medidas disciplinarias, una niña de seis 
años cayó por el ducto del ascensor en reparación des- 
de hacía meses. El 24 de febrero otra niña, una colegial 
que hacía prácticas, cayó también por el ducto de otro 
ascensor dañado, esta vez en el Hospital Abel Gilbert de 
Guayaquil, que también había sido parte de la emergen- 
cia decretada 5 en varios centros de salud del país en el 
año 2011 (El Comercio, 2012b). El propio Presidente, al 
momento de cambiar al ministro del ramo, en enero de 
2012, reconoció el fracaso de sus esfuerzos: “...me pare- 
ce que no hemos avanzado nada. La misma corruptela. 
¿Qué hemos avanzado en estos cinco años en ese aspec- 
to?” (Citado en Machado, 2012: 5). Aunque el presidente 
no lo haya admitido, probablemente hay que ver al en- 
foque de la solución de los problemas de la atención de 
salud como lo que está errado. 

Segundo ejemplo. Rafael Correa emprendió una cam- 
paña nacional e internacional en contra de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recu- 
rriendo a argumentos de soberanía, rechazo al imperia- 
lismo y al peso antidemocrático de las ONG, propuso 
cambios en el sistema interamericano de derechos hu- 
manos para lograr un mayor control de sus fallos por 
parte de los estados miembros. El argumento político de 
fondo es que la CIDH se ha convertido en una herra- 
mienta de persecución y desprestigio de los gobiernos 
progresistas. En el pasado era importante que el siste- 
ma sirviera como defensa de los ciudadanos contra los 
abusos del Estado, pero ahora, en un nuevo momento 
histórico, había que defender a los gobiernos atacados 
injustamente (Cordero, 2012) 6 . 

Los principales cuestionamientos expresados por 
la CIDH respecto al Estado ecuatoriano retomaban 
tres temas relacionados con libertades públicas, que 
han sido mencionados por todos los defensores de 
derechos humanos dentro y fuera del país: la crimi- 
nalización y judicialización de la protesta social 7 , las 
presiones contra periodistas con juicios desproporcio- 
nados apoyados en el peso político gubernamental 8 ; 
y la limitación de los derechos de consulta previa a 
pueblos indígenas y comunidades locales afectadas 
por actividades de extracción de recursos en sus terri- 
torios 9 . Como corolario de estos esfuerzos, antes del 
primer mes de terminada la contienda electoral, el 1 1 
de marzo de 2013, el presidente de la República inau- 
guró una conferencia de las partes de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (el llamado “Pacto 
de San José”), que sirve de base jurídica al Sistema In- 
teramericano de Derechos Humanos. Al cierre de la 
conferencia el canciller ecuatoriano admitió que no 
consiguió el apoyo político suficiente para la reforma 
propuesta. En declaraciones posteriores, Rafael Co- 
rrea dejó entrever que probablemente denunciaría el 
Tratado y se retiraría de la Comisión, tal como lo ha 


hecho ya el Gobierno de Venezuela (El Comercio; Te- 
légrafo y Agencia EFE, 20 13) 10 . 

Tercer ejemplo, la marcha convocada por la CONAIE 
y el Frente Popular entre el 8 y el 22 de marzo de 2012 
contra la minería, a favor de una reforma agraria y de 
una ley de agua “desprivatizadora”. El 5 de marzo el 
gobierno de la revolución ciudadana firmó el primer 
contrato de minería metálica a gran escala en el Ecua- 
dor con la empresa de capitales chino-canadienses 
Ecuacorrientes S.A. por 25 años. Tres días después, el 
8 de marzo, la movilización social empezó en Zamora y 
terminaría triunfalmente en Quito, con el recorrido de 
una importante marcha cifrada conservadoramente en 
20 mil personas. El primer punto de los 19 que formaron 
la agenda de dicha marcha fue precisamente la oposi- 
ción a la minería metálica a gran escala y la demanda de 
reversión del contrato con Ecuacorrientes. 

Hubo dos cosas notables en esta movilización. Pri- 
mero, el apoyo y simpatía despertados en las ciudades 
y comunidades que recorrió. Para cualquier observador 
atento, resultó evidente que la movilización logró que 
se expresaran descontentos reprimidos que solo habían 
aparecido en espacios privados o locales. Un segundo 
aspecto notable fue la desproporcionada campaña gu- 
bernamental en contra de los marchantes: el Gobier- 
no desplegó una ofensiva publicitaria de descrédito y 
acusaciones de golpismo, una desvergonzada serie de 
entregas de fondos y proyectos gubernamentales por 
donde pasaba la marcha, una estrategia de prohibición 
del uso de autobuses para el transporte de los mani- 
festantes y un maltrecho intento de movilizar “contra- 
marchas” y concentraciones en los lugares a los cuales 
la marcha de la CONAIE llegaba. En Quito, estima- 
ciones independientes calcularon que el 22 de marzo 
se concentraron tal vez 35 mil personas en apoyo al 
Gobierno en las plazas del centro de la ciudad. Dada 
la desproporción de recursos invertidos, los resultados 
gubernamentales estuvieron muy por debajo de los lo- 
gros de las organizaciones sociales de la oposición de 
izquierdas. Esto no significa que la izquierda fuera del 
Gobierno sea más popular que el Gobierno, solo signi- 
fica que tiene mayor capacidad de movilización social. 

Régimen disciplinario 

¿Cómo interpretar este creciente descontento debi- 
do a las políticas sectoriales del Gobierno? Aunque no 
tenemos espacio para detallar sus características especí- 
ficas, planteo la hipótesis de que se trata de resistencias 
locales y dispersas a su política agraria, minera, de sa- 
lud, laboral y de reforma de la educación y del servicio 
público. ¿A qué lógica responden? 

La derecha política ecuatoriana y muchos de los 
medios de comunicación insisten en que se trata de la 
oposición a un proyecto autoritario, totalitario e incluso 


Pablo Ospina Peralta 


29 


fascistoide, cuando no abiertamente nazi. Se trata, evi- 
dentemente, de toscas exageraciones. No puede caber la 
menor duda de que el temperamento personal del pre- 
sidente Rafael Correa es autoritario, intolerante y per- 
sonalista. Pero no se debe confundir el proyecto estatal 
de su movimiento político con sus maneras y su estilo 
personal, por más centralizado que esté el mecanismo 
de toma de decisiones en Alianza País. 

Si somos estrictos en la caracterización política del 
Gobierno es difícil equiparar el proyecto estatal de la 
revolución ciudadana con el de gobiernos autoritarios 
como los que existieron en la historia de América Lati- 
na o incluso en el pasado reciente del Ecuador, como el 
de León Febres Cordero. Aquellos gobiernos cometieron 
atrocidades, protegieron y organizaron la tortura y mul- 
tiplicaron los asesinatos políticos. Nada de eso se encuen- 
tra en estos años del inicio del siglo XXI. Es más ajustado 
y preciso caracterizar el proyecto de Rafael Correa como 
un “régimen disciplinario” 11 . Todas las acciones que se 
mencionan como propias de un régimen autoritario pue- 
den interpretarse mejor como estrategias de disciplina- 
miento de la población ecuatoriana ante una autoridad 
estatal históricamente débil a la que se quiere fortalecer. 
El sentido general de este proceso de disciplinamiento es 
reafirmar la majestad de la autoridad y el peso de una ley 
que no se negocia sino que se aplica; pero esta aplicación 
no es tanto una limitación de las actividades guberna- 
mentales mismas cuanto un ajuste de los gobernados a la 
conducta esperada de ellos. No se usa tanto la violencia 
abierta como el temor al castigo y una serie de “tecnolo- 
gías” de reprimenda y amedrentamiento 12 . 

El disciplinamiento de la población ecuatoriana está 
perfectamente en línea con las ideas que el presidente ha 
expresado en incontables oportunidades sobre la falta de 
“capital cultural”, la sobra de mediocridad y la necesidad 
de impulsar la “meritocracia” en el país. En esa línea de 
razonamiento, los ecuatorianos necesitan ser ajustados 
a un “cambio cultural” que, en ausencia de virtudes ciu- 
dadanas en los propios sujetos, debe ser impulsado esen- 
cialmente por líderes esclarecidos 13 . Por eso es que la efi- 
ciencia en la atención y la calidad en la prestación de los 
servicios públicos, desde la educación hasta la provisión 
de documentos notariales, se entiende fundamentalmen- 
te como una cruzada por disciplinar a funcionarios indo- 
lentes, maestros incapaces y administradores corruptos. 

Existe, por supuesto, una parte muy importante del 
pueblo ecuatoriano, probablemente mayoritaria, que 
simpatiza con la estrategia del disciplinamiento del Go- 
bierno. Es posible que esto explique en parte la popu- 
laridad del presidente, expresada en las elecciones de 
febrero de 2013. En efecto, los usuarios de los servicios 
públicos, los padres y madres de familia de las escuelas 
del Estado, los enfermos que van a los hospitales públi- 
cos o las víctimas del desastre en la función judicial, pro- 
bablemente coinciden en el diagnóstico gubernamental 
de que el problema en el funcionamiento del Estado es 


ante todo la corrupción, la ineficiencia y la mala fe de los 
funcionarios. Pueden apoyar la mano dura y “la correa 
contra los corruptos”, como dice una publicidad oficial. 

El interés de este texto no es mostrar que “todo está 
mal” en cada cosa que hace el Gobierno. Mi opinión es, 
por supuesto, que hay enfoques alternativos, mejores 
y más eficientes, pero de aplicación más dilatada en el 
tiempo, para apuntar hacia un cambio profundo y es- 
tructural. El positivo aumento de la inversión pública 
en educación, salud, infraestructura y servicios públicos 
que llevó a cabo el Gobierno en sus primeros años en- 
cuentra sus límites cuando tiene que enfrentarse a los 
problemas estructurales de la calidad y organización de 
esos servicios. El camino que debe llevar no solo a una 
mayor calidad en la educación y la salud sino a un fun- 
cionamiento más eficiente de un Estado moderno y fuer- 
te en el Ecuador, no puede seguir siendo entendido como 
un acto de virtud impuesto desde arriba y desde fuera 
por líderes preclaros. Un enfoque alternativo enfatiza- 
ría, sin romanticismos, el protagonismo de los actores 
sociales. Los maestros, los estudiantes, los médicos, los 
profesores, los trabajadores del Estado, es decir, la gente 
que hace las instituciones, debe participar en el proceso 
de cambio y con ellos hay que negociar, deliberar y cons- 
truir un proyecto político conjunto. No significa que no 
habrá evaluaciones, controles o sanciones; significa que 
la vigilancia sancionadora es una medida complementa- 
ria y secundaria en una estrategia donde los funcionarios 
participarán protagónicamente en el diseño de un nuevo 
modelo de funcionamiento del Estado. En vez de ello, el 
Gobierno los trata como la causa de los problemas que 
hay que vigilar, disciplinar y controlar. 

Para entender por qué el Gobierno no ha adoptado 
este enfoque alternativo, es preciso colocar el esfuerzo 
disciplinario en el contexto del cambio en el modelo de 
modernización del Estado que propone el Gobierno. 
¿Cómo caracterizar el proyecto de Estado que emerge 
de esta estrategia de disciplinamiento? ¿Es el régimen 
disciplinario, en sí mismo, el proyecto de Estado de la 
revolución ciudadana ? La última sección presenta mis 
hipótesis al respecto. 

Proyecto de Estado 

Tal vez una buena forma de responder a estas pre- 
guntas, que aluden a cómo entiende el gobierno de Ra- 
fael Correa la construcción de un “estado fuerte”, sea 
mediante apuntes comparativos con otros estados lati- 
noamericanos y sobre cómo interfiere la revolución ciu- 
dadana en la trayectoria histórica del Estado moderno 
en el Ecuador. 

El aspecto sin duda más destacable y original del Es- 
tado ecuatoriano en la segunda mitad del siglo XX es 
probablemente la combinación de un Estado débil con 
una tradición de lucha política pacífica y desarmada. Po- 


30 


El correísmo al desnudo 


eos muertos y casi ninguna guerra civil junto a mucha 
inestabilidad e ineficiencia. Ha sido bastante frecuente 
la existencia en el siglo XX latinoamericano de Estados 
débiles con mucha violencia (por ejemplo, los centro- 
americanos) o de Estados fuertes cuyos mecanismos 
institucionales de transacción política consiguen eludir 
la violencia política, como fue, por ejemplo, el caso de 
Uruguay, Costa Rica o Chile, especialmente antes de los 
años 1970. Nótese que por “Estado fuerte” entendemos 
aquí los casos en los cuales las instituciones formales 
previstas en las leyes funcionan efectivamente como los 
mecanismos principales de gestión del conflicto políti- 
co y que son capaces de imponer la aplicación de sus 
leyes a las sociedades sometidas a ellos. No se trata de 
“Estados fuertes” en un sentido geopolítico, es decir, 
Estados “grandes”, que, en el caso latinoamericano, se 
restringen a los casos de los Estados que desarrollaron 
en el siglo XX marcados rasgos corporativistas, como 
Brasil, México y Argentina. El Ecuador no puede aspirar 
a ser “fuerte” en este último sentido por razones obvias. 
De todas formas, sus mecanismos informales de gestión 
del conflicto político pueden considerarse “exitosos” 
en el sentido de que históricamente han logrado eludir 
las confrontaciones fratricidas, las guerras civiles y las 
grandes olas de violencia 14 . 

Fernando Bustamante (1997: 61-62) escribió hace ya 
algunos años, impregnado de una retórica cautivante, 
una descripción notable de estos olvidados logros y es- 
tos muy bien recordados límites del Estado ecuatoriano: 

...el sistema político ecuatoriano utiliza continuamen- 
te el “transformismo” para desactivar y desmontar 
disputas aún antes de que éstas puedan polarizarse 
en bandos inconciliables y antagónicos que puedan 
destruir la convivencia cívica [...]. Ese carácter [...] 
de la política ecuatoriana, su incrementalismo ba- 
nal, su morigeración hecha de medias tintas, de so- 
luciones al margen, de acuerdos parciales y flexibles 
[...] parece ser capaz de absorber y acolchonar todo 
costo excesivo y todo abismo de sufrimiento y sacri- 
ficio [...] a través de una lógica de evitar lo peor, de 
dar a todos su pequeña satisfacción, de comprarlo 
y venderlo todo, de dejar siempre la puerta abierta 
para otro negocio a la vuelta de la esquina con el 
enemigo de hoy [...]. El fracaso de la modernización 
liberal en Ecuador, es un testimonio de este espíritu 
de moderación y camaleonismo. 

En Ecuador, al menos desde la segunda mitad del si- 
glo XX, todo se negocia antes de llegar a convertirse en 
conflagración despiadada. La contraparte de estas nego- 
ciaciones parciales, constantes, repetidas y superpuestas 
es la alta incoherencia y la debilidad de las decisiones 
formales del Estado. 

No ahondaré aquí en las razones históricas y socioló- 
gicas de esta construcción estatal ecuatoriana moderna 


y sus diferencias con el resto de América Latina. Eso es 
parte de una investigación en curso. Insistiré solamente 
en que esa historia ha reforzado ciertas tradiciones po- 
líticas de negociación constante de las orientaciones en 
la conducción del Estado y ha creado una serie de incen- 
tivos para el comportamiento fuertemente negociador 
de los propios actores sociales extraestatales. La historia 
política ecuatoriana se caracteriza por estas constantes 
búsquedas de compromisos (muchas veces “chuecos” e 
indirectos) tanto en las demandas sociales como en las 
respuestas estatales. 

La tesis que deseo sostener es que el esfuerzo de “dis- 
ciplinamiento” emprendido por el gobierno de la revolu- 
ción ciudadana consiste en tratar de superar estas carac- 
terísticas de constantes negociaciones para construir un 
“Estado fuerte” a semejanza del Estado chileno (de hecho 
bastante más que al uruguayo). Allí las negociaciones 
ocurren fundamentalmente a través de mecanismos for- 
males de transacción partidaria o parlamentaria. Una vez 
promulgada la ley, los ciudadanos y grupos se convierten 
en elaboradores de peticiones y ya no hay política alguna 
por negociar 15 . Es en este sentido que puede considerar- 
se el proyecto de Estado del gobierno de Rafael Correa 
como un proyecto “modernizador del Estado”, que pre- 
tende adecuarlo a las nuevas condiciones, riesgos y po- 
tencialidades del capitalismo contemporáneo. 

Sin duda el riesgo mayor que corre este proyecto 
modernizador es el de perder en el camino no solo la 
capacidad negociadora concreta que el Estado ecua- 
toriano desarrolló mediante mecanismos informales, 
sino también eliminar los mecanismos de influencia y 
participación de los subalternos que se construyeron 
históricamente a partir de concesiones arrancadas pre- 
cisamente porque el Estado cedía parcialmente antes 
de reprimir. Se puede replicar que esos mecanismos 
eran siempre incompletos, incoherentes y tramposos, 
porque ante todo privilegiaron a las élites en lugar de 
a los grupos subalternos. Es cierto. Pero el problema es 
que no se están inventando mecanismos alternativos o 
formales de participación protagónica de esos grupos 
subalternos desalojados de los sistemas de negociación 
estatal, sea porque se los acusa de “corporativistas”, sea 
porque se los sustituye por un mecanismo que recom- 
pensa la “meritocracia” individual antes que la demo- 
cracia asociativa 16 . En lugar de crear mecanismos más 
sustantivos y poderosos de control social sobre el Es- 
tado, se refuerza el poder, la “majestad” y la autoridad 
incontestada de los funcionarios. En tal sentido, des- 
de una perspectiva emancipatoria, un “Estado fuerte” 
como el chileno no implica ni un “Estado legitimado” 
ni uno participativo ni uno donde las élites han deja- 
do de ejercer su poder. En lugar de potenciar el poder 
ciudadano o popular en el nuevo Estado, nos estamos 
quedando, al eliminar lo que había sido conquistado en 
décadas de lucha, como diríamos en la más auténtica 
tradición ecuatoriana, sin pan ni pedazo. 


Pablo Ospina Peralta 


31 


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ec/politica/Rafael-Correa-CIDH-dominada-ONG 
Guayaquil_0_880712181.html 

El Telégrafo (2013, marzo 12) Nueve puntos de consenso para 
fortalecer el SIDH. Diario El Telégrafo. Recuperado el 
13 de marzo de 2013 de: http://www.telegrafo.com. 
ec/actualidad/item/nueve-puntos-de-consenso-para- 
fortalecer-el-sidh.html 

Foucault, M. (2007) La gubernamentalidad. En G. Giorgi 
(comp.) Ensayos sobre biopolítica: excesos de vida. 
Buenos Aires: Paidós, 187-215. 

Gestión. Economía y sociedad. (2012, junio) Revista Gestión 
(216), 120. 

Machado, D. (2012) Las élites económicas: los verdaderos 
beneficiarios del gobierno de Rafael Correa. VientoSur 5, 
febrero. España: http://www.vientosur.info/documentos/ 
Pal_Mario_Unda_(v.final)[l].pdf 

Salazar, G.; Mancilla, A. y Durán, C. (1999) Estado, legitimidad, 
ciudadanía. Vol. 1. En G. Salazar, y J. Pinto. Historia 
Contemporánea de Chile, Serie Historia. Santiago: LOM 
ediciones, 60. 


Notas 

1 Las dos primeras secciones de este texto retoman un tra- 
bajo anterior, pero lo depuran de su análisis de coyuntura 
electoral (que, por lo demás, resultó ser errado a la luz de 
los resultados de febrero de 2013); cfr. Ospina Peralta, P. 
(2012, julio) Vectores de la política ecuatoriana: discipli- 
namiento, conflicto social y cálculo electoral. Informe de 
Coyuntura. [Versión electrónica], Quito: Comité Ecuménico 
de Proyectos, www.cepecuador.org La sección final es en- 
teramente nueva. 

2 La principal amenaza económica inmediata del Ecuador 
es el déficit en la balanza comercial no petrolera, que al- 
canzó en el primer trimestre de 2012 la escalofriante cifra 
de 2.251 millones de dólares, 27% más que en el primer tri- 
mestre de 2011, lo que amenaza todo el sistema de la dola- 
rización (Gestión, 2012: 120). En respuesta a ello, a media- 
dos de junio el Comité de Comercio Exterior del Ecuador 
anunció restricciones a la importación de 106 productos, 
entre ellos automóviles, televisores, celulares y licores. 

3 Según esta fuente, el número de funcionarios anteriormente 
excluidos mediante mecanismos de desvinculación obliga- 
toria es ligeramente diferente: 2.947 en 35 instituciones en el 
año 2011. 

4 Ver al respecto el muy buen reportaje: Revista Vanguardia 
(2012) Revolcón en la salud. Autor ( 342) mayo 21-27, 14-20. 

5 La emergencia se decretó el 11 marzo de 2011 en 11 hospi- 
tales mediante el Decreto Ejecutivo 693 (Arroyo, Borja y 
Aguilar. 2011: 28-32). 

6 Una excelente y muy informada explicación de cómo los 
cuestionamientos del Gobierno ecuatoriano sobre la CIDH 
son equivocados al pretender presentarla como una herra- 
mienta de la derecha o de la política norteamericana. 

7 La más completa recopilación de casos, entre 2008 y 2010, 
identifica 170 personas procesadas penalmente en casos de 
oposición a la minería. Cfr. Acción Ecológica, CEDHU e 
INREDH. (2011) Criminalización a Defensores de Derechos 
Humanos y de la Naturaleza en Ecuador. En C. Chérrez; 
C. Padilla; S. Otten y M. Yumbla (eds.) Cuando tiemblan los 
derechos: extractivismo y criminalización en América Latina. 
Quito: Observatorio de Conflictos Mineros de América La- 
tina (OCMAL), Acción Ecológica y Broederlijk Delen. 

8 He tratado ya los casos de la desproporcionada sentencia 
contra Emilio Palacio y el juicio contra los periodistas au- 
tores de la investigación sobre los contratos del hermano 
del presidente con el Estado en Ospina Peralta, P. (2011, oc- 
tubre) La revolución ciudadana y sus abolladuras. Análisis 
de coyuntura, mayo-octubre. Quito: Comité Ecuménico de 
Proyectos. Disponible en www.cepecuador.org.ee 

9 La mejor síntesis del conjunto de retrocesos en materia de 
consulta previa se encuentra en Garbay, S. (2011, julio) In- 
forme. Análisis y perspectivas del ejercicio de los derechos co- 
lectivos en el Ecuador. Quito: CDES, con el apoyo de OXFAM. 

10 Para una opinión desde la izquierda sobre la inconve- 
niencia de la propuesta ecuatoriana que insiste en que 
los estados retomen el control sobre un organismo que 


32 


El correísmo al desnudo 


debe precisamente proteger a los ciudadanos de los abu- 
sos de esos estados, cfr. Santos, B. de Sousa (2012, agosto 
30) Las últimas trincheras. La línea de fuego. Comunicación 
no alineada. Recuperado el 13 de marzo de 2013 de: http:// 
lalineadefuego.info/2012/08/30/las-ultimas-trincheras- 
por-boaventura-de-sousa-santos/ Este texto de B. de Souza 
Santos forma parte de la “Octava carta a las izquierdas”. 

11 Le debo la palabra a una conversación con Jorge León. Las 
referencias teóricas son, por supuesto, las de la guberna- 
mentalidad de Foucault (2007: 187-215). 

12 Sin usar la terminología utilizada aquí, el análisis 
realizado por la asambleísta María Paula Romo sobre 
la propuesta Código Integral Penal presentada por el 
Ejecutivo y en debate en la Asamblea Nacional en el año 
2012, apunta a la misma conclusión; cfr. Romo, M. (2012, 
junio). Informe de minoría sobre el proyecto de Código 
Integral Penal, inédito. Quito. 

13 Sobre la falta de capital cultural y la sobra de mediocridad en 
el Ecuador; cfr. Correa, R. (2009). Ecuador: de Banana Republic 
a la No República. Bogotá: Debate, Random House Monda- 
dori, 189-195; y Correa, R. (2011, noviembre 10). Discurso de 
posesión de ministros. Quito: www.presidencia.gob.ee 

14 La bibliografía sobre los estados en América latina es muy 
amplia. Para la peculiaridad de Uruguay, Costa Rica y 
Chile, únicos del continente en los cuales las leyes tienen 
un nivel aceptable de aplicación, cfr. O'Donnell, G. (1998, 
mayo) Polyarchies and the (Un)Rule of Law in Latín Ame- 


rica. Kellogg Institute. Working Paper (254), 8 y 19-20; una 
excelente visión comparativa sobre la construcción de los 
estados centroamericanos, pero lamentablemente solo 
para el siglo XIX, es la de Williams, R. (1994) States and So- 
cial Evolution. Cojfee and theRise of National Governments in 
Central America. Londres: Chapel Hill y The University of 
North Carolina Press; sobre los grandes estados corporati- 
vos resalto únicamente los trabajos de Fausto, B. y Devoto, 
F. (2004) Brasil e Argentina. Um ensaio de historia comparada 
(1850-2002). Sao Paulo: Editora 34; y Anna, T. et al. (2003) 
[1985], Historia de México. (2a ed.) Barcelona: Crítica. 

15 “En verdad, el Estado Nacional desarrollista, al imponer 
a todos la vasállica condición “peticionista”, no pudo ser 
un patriótico promotor de “armonías” sino un ocupadísi- 
mo árbitro distribuidor de prebendas” (Salazar, Mancilla 
y Durán, 1999: 60). Las redes informales de influencia y 
presión siguen existiendo en Chile, por supuesto, pero son 
menos importantes que la mediación partidaria (cfr. Ibid.: 
225-252). 

16 Un balance detallado de los casi inexistentes mecanismos 
de participación ciudadana puede encontrarse en Ospina 
Peralta, P. (2013) La participación ciudadana en el Ecuador 
(2009-2012). En Programa Andino de Derechos Humanos. In- 
forme de Derechos Humanos, Ecuador 2012. Quito: Universi- 
dad Andina Simón Bolívar (en prensa). 


Modernización del capitalismo 
y reforma del Estado 

Mario Unda 

Ecuatoriano, licenciado en sociología y ciencias políticas, 
profesor de las carreras de Sociología y Ciencias Políticas 
de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela de 
Sociología y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. 


El correísmo representa la afirmación de un nue- 
vo modelo de dominación burguesa, que surge ante el 
fracaso de la fórmula neoliberal y, al mismo tiempo, 
frente al debilitamiento de la opción popular. El nuevo 
modelo tiene por contenido un proyecto de moderni- 
zación capitalista en un contexto de crisis global del 
capital, de realineamiento de fuerzas y de disputas por 
la hegemonía mundial. 

Su contenido económico se mueve en el terreno de 
cierta ambigüedad en la relación discurso-realidad. El 
discurso parece claro al proponer la modificación de 
la estructura económica, salir de una economía pri- 
mario-exportadora y pasar a una nueva economía, de 
diversificación productiva y exportación de servicios 
especializados, si bien el tránsito no queda claro. 

En cambio, las realizaciones de las políticas mues- 
tran otro cariz: el énfasis está puesto en la recupera- 
ción del Estado como proveedor de condiciones gene- 
rales de la producción y de la reproducción del siste- 
ma: grandes obras de infraestructura, dinero barato, 
suficiente circulante en el mercado, fuerza de trabajo 
disciplinada, sociedad gobernable. 

En este punto, la diferencia central respecto al mode- 
lo neoliberal anterior parece ser, a) el papel motor de la 
economía: por el impacto de las inversiones públicas, que 
pueden “jalar hacia adelante” la producción y la circula- 
ción de capitales (el mejor ejemplo ahora es el acelerado 
crecimiento de la industria de la construcción); y, b) la im- 


posición, desde el Estado, de condiciones “normales” de 
explotación del trabajo y de relación entre el capital y el 
Estado. De este modo, el Estado parece regir la economía. 

La "recuperación del Estado" 

Los partidarios del gobierno de Correa suelen enar- 
bolar como uno de los principales logros del Régimen la 
reforma del Estado, la “recuperación del Estado”, la “rec- 
toría” del Estado o fórmulas similares. Por citar nada más 
que dos ejemplos: uno de los primeros balances realizados 
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(Senplades) se llamó, justamente, “Recuperación del Esta- 
do Nacional para alcanzar el Buen Vivir” (2009); y en una 
reciente entrevista al diario argentino Página 12 (2012), el 
asambleísta Virgilio Hernández resalta “que se sacude al 
Estado y [...] se cambia la lógica del mismo”. 

Pero, ¿qué significa en realidad “recuperar el Estado” 
y “cambiar [su] lógica”? ¿En qué lógica se inscribe este 
Estado recuperado? Para decirlo en breve: se inscribe en 
un proyecto de modernización capitalista, que intenta 
modernizar tanto la economía como el Estado. 

La autonomía relativa del Estado 

En un texto en el que analiza el bonapartismo, el po- 
pulismo y el autoritarismo, René Zavaleta (2006) recuer- 


34 


El correísmo al desnudo 


da que el Estado moderno es aquel que está en posibilidad 
de realizar la “autonomía relativa del Estado”. Poulantzas 
(1978) añadiría: y la “unidad del poder político”. 

De hecho, ambos aspectos hay que entenderlos 
como un conjunto. La unidad del poder político se re- 
fiere a la “cohesión interna específica” de la superes- 
tructura jurídico-política. Actualmente dirían “dotarle 
de coherencia al Ejecutivo”, o, con más detalles, 

El Estado, entonces, vuelve a ser colocado en el 
centro de la reforma institucional para recuperar 
para sí un conjunto de capacidades estratégicas 
que aseguren una adecuada coordinación entre 
política, economía y sociedad. Así, la propuesta 
de reforma institucional del Estado busca que la 
recuperación de los márgenes de maniobra estatal 
se produzca bajo esquemas de gestión eficientes, 
transparentes, descentralizados, desconcentrados 
y participativos, a fin de dotarle de la mayor cohe- 
rencia funcional y legitimidad democrática posible 
a sus intervenciones (Senplades, 2012: 5). 

“Adecuada coordinación”, “coherencia funcional”. 
En la propuesta, esta coherencia debería estar garantiza- 
da por las leyes y por la nueva “arquitectura institucio- 
nal” (la Constitución, el Cootad, por un lado; por otro, el 
“sistema nacional de competencias”, la nueva estructura 
del Ejecutivo). Pero, en la práctica, la solución termina 
siendo el sometimiento del conjunto de la instituciona- 
lidad estatal al Ejecutivo y al presidente. La modernidad 
avanza, pero todavía bajo formas premodernas. 

Por su parte, la autonomía relativa es una carac- 
terística que engloba varios aspectos: es, por un lado, 
una autonomía de la política respecto de la economía; 
y, por otro lado, la relación del Estado con el campo de 
la lucha de clases. El Estado debe guardar cierta auto- 
nomía en relación con las diversas fracciones de la bur- 
guesía, así como en la lucha entre el capital y el trabajo. 
Es decir, un Estado capaz de representar los intereses 
de la clase dominante sin que ella tenga necesidad de 
dirigir directamente el Gobierno. Esto no significa que 
deje de representar los intereses de la clase dominante; 
al contrario, solo así puede representar los intereses 
estratégicos del capital (Tapia, 2009) 1 . 

La representación de los intereses 
estratégicos del capital 

El Gobierno les ofrece a los grandes capitalistas un 
Estado que sea capaz de responder a las necesidades 
estratégicas que se desprenden del momento particular 
de desarrollo del capital. 

En primer lugar, un Gobierno “moderno” en un Es- 
tado “moderno”, es decir, un Estado que vele por los 
intereses generales de la clase dominante, y no solo 


por los intereses de un puñado de familias, como ocu- 
rrió en el período anterior. Para cumplir este cometido 
puede tener que enfrentarse -como lo ha hecho- con 
ciertos sectores de la burguesía (por ejemplo, con 
la banca, que, de cualquier modo, ha acumulado 
ingentes ganancias). 

En segundo lugar, un Estado que desarrolle las 
condiciones generales que requieren los capitales para 
desarrollar sus negocios. Estas condiciones generales 
están relacionadas generalmente con grandes obras 
de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, 
centrales hidroeléctricas, refinerías...), necesarias para 
todos los empresarios, pero demasiado costosas como 
para que cada uno las resuelva por sí mismo. 

En tercer lugar, un Estado que facilite la expansión 
de los mercados, tanto hacia el mercado exterior como 
hacia el mercado interno. Para ampliar las posibilidades 
de mercado externo, el Gobierno ha definido que el co- 
mercio es su prioridad en las relaciones diplomáticas, 
ha abierto o acercado relaciones con otros mercados 
distintos a Estados Unidos y Europa; esto resulta de im- 
portancia ahora, cuando la crisis del capitalismo mun- 
dial golpea con particular fuerza justamente a Estados 
Unidos y a Europa. Y, sobre todo, apuesta a la confor- 
mación de un bloque regional que, en líneas generales, 
sigue los movimientos reales del capital que, en estos 
últimos 20 años, se ha regionalizado de modo acelerado. 

De este modo, se da continuidad, en la política del 
Estado, del movimiento objetivo de los capitales, que 
se han regionalizado y transnacionalizado en el últi- 
mo período, y han constituido empresas conjuntas con 
empresarios dominicanos, colombianos, peruanos, ve- 
nezolanos, brasileños. La política internacional del Go- 
bierno, al dar prioridad a la construcción de un bloque 
regional suramericano, refleja esta realidad del capital. 
El impulso del complejo de la vía Manta-Manaos ex- 
presa, por su parte, el interés de sumarse al eje Brasil- 
China, en medio de la crisis económica global. 

Para ampliar el mercado interno, ofrece los mejora- 
mientos viales y varios programas sociales en los que 
participan capitales medianos y grandes, que obtienen 
así un numeroso grupo de nuevos clientes (programas 
de comercialización de productos básicos y de vivien- 
da, por ejemplo). Y también un contingente “fresco” de 
fuerza de trabajo, a través de políticas relacionadas con 
la “agricultura por contrato”, los “negocios inclusivos” 
y los “encadenamientos productivos”, que no son nada 
más que la subordinación de las pequeñas economías, 
de las economías campesinas y de las economías fa- 
miliares a los grandes capitales, que las convierten en 
completamente dependientes de ellos. El Código de la 
Producción y la Ley de Economía Popular y Solidaria 
apuntan claramente en esta dirección. 

La ampliación del mercado interno requiere de la 
inyección de circulante que alimente la demanda para 


Mario Unda 


35 


la producción capitalista: he ahí el incremento salarial 
o la mensualización de ciertos componentes de los sa- 
larios indirectos de los trabajadores (la primera polí- 
tica se ha implementado desde el inicio del Gobierno; 
la segunda se inauguró para hacer frente a los riesgos 
que presenta la crisis mundial capitalista). 

Pero, sobre todo, la inversión pública se convierte 
en un motor del crecimiento económico de los nego- 
cios del capital privado. Un buen ejemplo lo tenemos 
en la construcción. 

En cuarto lugar, la disposición de fuerza de traba- 
jo disciplinada. Eso se consigue desde las políticas la- 
borales del Régimen que combinan varios elementos: 
la fragmentación de los trabajadores en trabajadores 
públicos y privados, para evitar su constitución en su- 
jeto; el enfrentamiento de los trabajadores públicos de 
cara a los “ciudadanos”, debilitando sus posibilidades 
de organización y de acción reivindicativa; pero tam- 
bién dando satisfacción a ciertas aspiraciones de los 
trabajadores, represadas en el período anterior, como 
mejores salarios y posibilidades organizativas (para 
los trabajadores del sector privado), es decir, desac- 
tivando ciertas inconformidades sociales. Al mismo 
tiempo, se mantienen espacios de trabajo flexibiliza- 
do, en el sector privado disfrazado ahora de encadena- 
mientos productivos y de negocios inclusivos, y en el 
sector público disfrazado de contratos por tiempo fijo. 

En quinto lugar, la generación de incentivos para el 
desarrollo de nuevos campos de negocios para el capi- 
tal, sobre todo tomando en cuenta los cambios que se 
producen en el orden capitalista mundial. Esto puede 
apreciarse claramente en el Código de la Producción, 
en el Plan Nacional de Desarrollo, o en la propuesta de 
la creación de las ZEDES... 

Para todo esto, en sexto lugar, se requieren grandes 
sumas de dinero, que vienen básicamente de dos fuen- 
tes: por una parte, de nueva deuda, contratada ahora 
sobre todo a la China, pero también a Rusia, entre otros. 
Por otra parte, frente al posible deterioro de la produc- 
ción petrolera, de sus precios en el mercado mundial, o 
de ambas cosas a la vez, el Gobierno le apuesta a la mi- 
nería. Por eso no puede hacerse realidad la promesa de 
salir de una base económica centrada en la explotación 
y en la exportación de productos primarios. 

En séptimo lugar, ofrece estabilidad política, una 
demanda muy sentida de los empresarios frente al lar- 
go ciclo de inestabilidad política iniciado en 1995, es 
decir, ofrece un régimen político que logre hacer reali- 
dad el consenso activo de los dominados. 

Poco cambio en la estructura de poder 

Si analizamos los resultados en la marcha de la 
economía encontramos pocos cambios. La economía 
ecuatoriana continúa insertándose en la economía 


mundial como productora de materias primas y de tra- 
bajo. No se ha producido ningún cambio significativo 
en la “matriz productiva”. El petróleo sigue siendo uno 
de los principales puntales de recursos y, ante eventua- 
les falencias, el Régimen le apuesta a la megaminería. 
Han cambiado los socios privilegiados, se apunta a nue- 
vos mercados y a fortalecer y ser parte de un bloque re- 
gional suramericano que pueda negociar de mejor ma- 
nera con los otros bloques regionales del capital global; 
pero el modo de relacionarse no ha cambiado. 

La economía ecuatoriana sigue siendo una econo- 
mía intermediaria, poco productiva. El último Censo 
Económico (2010) muestra que la gran mayoría de 
negocios se ubican en el comercio y en los servicios. 
Los datos del SRI muestran que los principales gru- 
pos económicos del país continúan ubicándose en la 
banca y en el gran comercio. La estructura de poder 
económico no se ha modificado sustancialmente en 
este quinquenio de “revolución ciudadana”. Los gran- 
des grupos económicos siguen siendo básicamente los 
mismos que antes de iniciarse el gobierno de Correa. 
El único cambio, a tono con el carácter del Régimen, 
es la presencia del Estado. 

La construcción de una nueva hegemonía 

Si en el modelo económico las modificaciones son 
limitadas, el panorama es otro en cuanto al modelo 
político: el populismo correísta se afirma como nueva 
hegemonía, combinando concesiones (especialmente 
hacia los sectores desorganizados) con la violencia es- 
tatal: represión, criminalización y judicialización de la 
lucha social (hacia los movimientos más estructurados 
y autónomos). La nueva hegemonía busca sustentarse, 
especialmente, en la desestructuración del movimien- 
to popular que llevó sobre sus espaldas la resistencia 
contra el neoliberalismo. 

El populismo ascendente y el movimiento popu- 
lar se disputan el espacio político-ideológico de cons- 
trucción de una voluntad colectiva nacional-popular, 
por lo tanto, la hegemonía al interior del pueblo. Esto 
significa que hay en disputa dos procesos distintos y 
antagónicos de construcción del pueblo: el pueblo de 
la lucha social, que pugna por representarse a sí mis- 
mo, y que aparece bajo la forma de movimiento popu- 
lar (es decir, la confluencia de diversos movimientos, 
organizaciones y luchas sociales) y el pueblo de la 
“revolución ciudadana”, reconvertido en ciudadanos 
atomizados, que ya no es propiamente pueblo, sino 
masa de maniobra. 

Las alianzas sociales que podrían sustentar 
estas dos vías antagónicas de voluntad colecti- 
va nacional-popular están marcadas por la im- 
portante presencia de “masas no autorrepresen- 
tables”, a las cuales se dirigen ambos proyectos. 


36 


El correísmo al desnudo 


No obstante, las alianzas que expresa cada uno de 
ellos no es la misma. 

La presencia de masas no autorrepresentables ex- 
presa una disgregación económica y social y una dis- 
persión política. Económica y socialmente: una masa 
compuesta por los sectores denominados informales, 
migrantes del campo y de pequeños pueblos, frag- 
mentos de pequeñas clases medias de los negocios, 
campesinos desorganizados, sectores de la pequeña 
burguesía rural; de larga presencia en la sociedad 
ecuatoriana, y amplificada y fragmentada por la im- 
plementación del neoliberalismo. 

Políticamente, sectores que se han acomodado a la 
dinámica de las relaciones de clientela y que, por lo 
tanto, no alcanzan a verse a sí mismo como sujetos, y 
que esperan el aparecimiento de alguna figura caudi- 
llesca en quien depositar sus esperanzas. 

Aunque estas masas constituyen la base electoral 
principal del proyecto de la “revolución ciudadana”, 
no hacen en realidad parte de la alianza que la sus- 
tenta, pues no tienen ninguna posibilidad ni capaci- 
dad para actuar en nombre propio e incidir sobre la 
definición y la marcha del proyecto. La alianza que 
sustenta el proyecto correísta está constituida, funda- 
mentalmente, por una nueva tecnocracia reformista, 
que actúa desde el Estado, y sectores modernizantes 
de la burguesía transnacionalizada; atrás de ella, y 
de la figura del líder-caudillo, se mueve (todavía) esa 
masa no-autorrepresentable. 

La existencia de espacios de organización social 
al interior del proyecto dominante, que fue dejada de 
lado inicialmente, está siendo empujada por sectores 
de izquierda asimilados, individual o grupalmente, al 
proyecto populista. Pero la propuesta de organización 
social levantada por el Régimen pretende alzarse sobre 
las ruinas de la organización social autónoma. El Go- 
bierno pretende asentarse sobre ese “pueblo disperso 
y pulverizado” para movilizarlo (¿solo ideológicamen- 
te?) en contra de los sectores organizados autónoma- 
mente y crear un vacío social en torno a ellos, para 
fragmentar y anular la posibilidad de construcción au- 
tónoma del pueblo. El viraje conservador del discurso 
de Correa y de su apelación a los “ciudadanos” da for- 
ma a este antagonismo. 

La alianza social expresada en el movimiento po- 
pular ha sido la confluencia, casi nunca la articula- 
ción, de movimientos, luchas e inconformidad social. 
Siempre ha tenido por eje un movimiento social, el 
de mayor capacidad de organización y movilización 
independiente en cada momento: los estudiantes 
(1960-1970), los trabajadores sindicalizados (fines de 
1970-inicios de 1980), el movimiento indígena (1995- 
2002); en torno a ellos se articulaban los otros sectores 
organizados y, cuando las movilizaciones alcanzaban 
profundidad y extensión, también sectores de las ma- 


sas dispersas y disgregadas. Pero las confluencias no 
consiguieron dar lugar a articulaciones por las de- 
bilidades políticas del movimiento que hacía de eje. 
Desde esta perspectiva, el movimiento popular es 
un movimiento hacia la construcción de una volun- 
tad colectiva nacional-popular de carácter revolu- 
cionario (o antagonista), pero un movimiento que 
queda inconcluso. 

La debilidad del movimiento popular expresa el fra- 
caso de la izquierda socialista (igual la reformista que 
la revolucionaria), que no ha sido capaz, sobre todo a 
partir del retorno a la constitucionalidad en 1978-79, 
de alimentar políticamente al movimiento popular, y 
en ocasiones ni siquiera de acompañarlo. Su fracaso 
tiene dos ejes: por un lado, el debilitamiento de sus 
relaciones orgánicas con los movimientos populares; 
por otro lado, la incapacidad de articular demandas 
democráticas y socialistas en una perspectiva de rup- 
tura del orden capitalista. 

En este sentido, los movimientos sociales entraron, 
efectivamente, en una dinámica que transitaba de lo 
desconstituyente a lo instituyente y de este a lo consti- 
tuyente; pero no logró afirmarla autónomamente. Las 
alianzas electorales se convierten en el vehículo de va- 
ciamiento de la potencialidad del movimiento y de su 
recuperación por nuevas formas del proyecto del capi- 
tal; de modo que el momento constituyente no fue ya 
el del movimiento popular, sino el de la modernización 
del capital bajo el predominio de la opción populista. 

De esta manera, sostenemos que el proyecto del 
gobierno de Correa es un proyecto de modernización 
capitalista en condiciones de crisis económica global y 
de redefinición de las alianzas geoestratégicas. Un pro- 
yecto que, en líneas generales, sigue, continúa y afir- 
ma el movimiento real de los grandes capitales. Ofrece 
un Estado moderno, con autonomía relativa, que pue- 
da representar los intereses del conjunto del capital, 
aun si para hacerlo debe enfrentarse con grupos o 
fracciones de las clases dominantes. Un Estado que le 
asegure las condiciones generales de la producción y 
de la acumulación. Que le asegure el disciplinamiento 
y la modernización funcional de la fuerza de trabajo. 
Que le asegure las condiciones de su expansión hacia 
el mercado exterior y hacia el mercado interno, subor- 
dinando a las pequeñas economías mercantiles. 

Esto nos permite leer de otro modo los conflictos 
sociales. Se expresan, aún hasta hoy, conflictos que, de 
una u otra manera, venían o parecían venir del perío- 
do anterior (la resistencia neoliberal: conflictos alre- 
dedor de la tercerización, del rezagamiento de los sa- 
larios, entre otros). En torno a ellos podían producirse 
ciertas confluencias, incluso acercamientos, entre el 
Gobierno y ciertas organizaciones sociales, y generar 
la ilusión de confluencias o de alianzas. Pero esto ya 
no es posible en aquellos conflictos desatados por el 


Mario Unda 


37 


proyecto de modernización capitalista, que expresan 
la afirmación del nuevo modelo de dominación. 

De esta manera, la pretensión de una aproxima- 
ción entre el correísmo y los movimientos sociales 
es una ilusión generada, por una parte, por perder de 
vista el conjunto de los conflictos (se pierden de vis- 
ta los conflictos que son propios del nuevo proyecto, 
por ejemplo, en torno al control de los recursos -como 
agua y tierras-, respecto a la minería, en relación con 
la reforma autoritaria del Estado y a una redistribu- 
ción negociada de recursos, como en el caso de Da- 
yuma; muchos de ellos comenzaron a producirse aún 
durante el período en que, supuestamente, se vivía el 
acercamiento; y también son de entonces los primeros 
signos represivos del Régimen, como la exigencia de 
expulsión de estudiantes que participaron en una ma- 
nifestación, la militarización de pueblos y comunida- 
des, la criminalización de la protesta social, que ahora 
se ha vuelto ya moneda corriente). 

Y, por otra parte, por la desconsideración del carác- 
ter del proyecto hegemónico (que se asume, sin mayor 
explicación, como “abierto” y en disputa; dicho de otro 
modo, se asume la inexistencia de un proyecto durante 
la primera fase del Gobierno). No obstante, las discu- 
siones que se iban produciendo al interior del propio 
movimiento gobernante muestran con claridad que la 
tendencia hegemónica a su interno siempre fue la de 
Correa, con las características que ahora se le conocen, 
ya liberadas de las necesidades iniciales de concesiones 
para reforzar su legitimación frente al pasado neoliberal. 

Al enfrentarse al neoliberalismo, el Gobierno se 
enfrenta a actores con los que también se enfrentó la 
resistencia popular. Pero su proyecto no es únicamen- 
te “salir de la larga y triste noche neoliberal”, sino afir- 
mar un nuevo proyecto de modernización capitalista, 
y ambas cosas no pueden separarse. 

De este modo, se reitera que lo nacional-popular 
no sería un tipo de movimiento, ni siquiera la caracte- 
rística de algún movimiento, sino, por el contrario, un 
campo de construcción de voluntades colectivas suje- 
to a disputas hegemónicas. 

Del mismo modo que la lógica de la economía re- 
quiere fuerza de trabajo disciplinada, la lógica de la 
política exige una población disciplinada, encuadrada 
en las formas estatales de la acción política, una con- 
ciencia social que no cuestione la “naturalidad” del 
proyecto dominante. 

El disciplinamiento de la población es obtenido a 
través de un modelo político que combina las conce- 
siones y la represión: por medio de las políticas socia- 
les, que extienden la relación de dependencia cliente- 
lar de las masas pobres respecto del Estado; a través 
de la circulación de la nueva ideología “ciudadanista” 
que elimina y proscribe la representación organizada 
y disuelve los sujetos reales en el ficticio actor “ciu- 


dadano”, cuya presencia resulta incapaz (e ineficaz) 
para cuestionar el modelo dominante; y que, una vez 
hecho esto, subordina al ciudadano y a su acción a los 
intereses del Estado; a través de la formación de orga- 
nizaciones dependientes del Gobierno; y, finalmente, 
a partir de la represión y enjuiciamiento a los sectores 
“díscolos” que persistan en mantener su autonomía y 
su independencia organizativa y política. 

A cambio de esto, los capitales deben conceder encua- 
drarse en la normalización de sus relaciones con el Esta- 
do y con el trabajo. Con el Estado, a través del pago de 
impuestos. Con el trabajo, pagando el salario mínimo y 
respetando las condiciones de las leyes laborales. 

En conclusión: las necesidades estratégicas del ca- 
pital y el proyecto de modernización capitalista del 
gobierno de Correa se corresponden plenamente. 

El gobierno de Correa representa la alianza de una 
nueva tecnoburocracia con sectores de punta del capi- 
tal. De modo que la modernización del Estado cumple 
también otra función importante: generar las condi- 
ciones de reproducción de esta nueva clase media tec- 
noburocrática (la ampliación del empleo público junto 
a los despidos masivos de funcionarios de mayor edad, 
la reforma del sistema educativo, entre otras). 

Brevemente, para concluir: 
la afirmación conservadora 

La trayectoria del correísmo ha sido una perma- 
nente deriva conservadora. El recurso a un lenguaje 
progresista, incluso “revolucionario” se reserva bási- 
camente para momentos de tensión y para la campa- 
ña electoral. Su afirmación, por el contrario, solo ha 
podido desenvolverse corriéndose hacia la derecha y 
afirmándose en los elementos más conservadores y re- 
trasados de la conciencia social: el desprecio de la or- 
ganización social independiente, el rechazo de la mo- 
vilización y de la protesta, la negación del componente 
decisorio de la participación, las concesiones al dis- 
curso derechista sobre la inseguridad y la violencia, el 
ensalzamiento del espionaje y la represión para tratar 
tanto la delincuencia como el control sobre el trabajo y 
la protesta social... En fin, ya hace rato que el correís- 
mo solo puede generar una afirmación conservadora. 


38 


El correísmo al desnudo 


Referencias bibliográficas 

Poulantzas, N. (1978) [1968] Poder político y clases sociales en el 
Estado capitalista. Madrid: Siglo XXI. 

Senplades (2009) Recuperación del Estado Nacional para 
alcanzar el Buen Vivir. En: http://www.planificacion. 
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Recuperaci%C3%B3n-del-Estado-Nacional- 
para-alcanzar-el-Buen-Vivir-MEMORIA- 
BIENAL-2007-2009.pdf 

Senplades (2012) Reforma Democrática del Estado, 5. http :// 
www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/ 
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Tapia, L. (2009) La coyuntura de la autonomía relativa del 
Estado. La Paz: Clacso-Muela del Diablo-Comuna. 


Toer, M., Burbano de Lara, A. y Montero, F. (2012) Correa es una 
izquierda en las condiciones concretas del Ecuador y 
el mundo. Página 12. Diálogos. http://www.paginal2. 
com.ar/diario/dialogos/21-209092-2012-12-03.html 

Zavaleta, R. (2006) Formas de operar el Estado en América 
Latina (bonapartismo, populismo, autoritarismo). En 
M. Aguiluz y N. de los Ríos (coords.) René Zavaleta 
Mercado. Ensayos, testimonios y re-visiones. Buenos 
Aires: CIDES-UMSA. 

Notas 

1 Igual que Poulantzas y Zavaleta, Tapia toma como 
referencia las reflexiones de Marx en El 18 brumario de 
Luis Bonaparte. 


El tecnopopulismo de Rafael Correa' 
¿Es compatible el carisma 
con la tecnocracia? 


Carlos de la Torre 

Director del programa de estudios internacionales 
de la Universidad de Kentucky, autor de varios libros 
sobre populismo. 


A diferencia de la interpretación historicista de 
Weber (1977: 867) que relega el carisma a sociedades 
donde no se ha racionalizado el mundo mágico reli- 
gioso, este artículo sigue su argumento de que los tres 
tipos de dominación (tradicional, carismática y racio- 
nal-burocrática) “no quedan simplemente insertados 
de un modo sucesivo dentro de una línea evolutiva, 
sino que pueden surgir simultáneamente en múltiples 
combinaciones”. Se analizan las tensiones y sinergias 
entre carisma populista y racionalidad tecnocrática 
en el liderazgo, discurso y estilo de gobierno de Rafael 
Correa. Se argumenta que, a diferencia de lo que se 
ha sostenido en gran parte de la bibliografía, el caris- 
ma y la tecnocracia no son necesariamente sistemas 
de dominación opuestos. Para analizar las afinidades 
electivas entre populismo y tecnocracia se considera 
al populismo como un discurso polarizador y mani- 
queo utilizado para llegar al poder y gobernar y a la 
tecnocracia como un discurso de expertos que apelan 
a la ciencia para transformar la sociedad en beneficio 
del bien común. 

En sus discursos y enlaces semanales por radio y 
televisión Correa compagina tecnocracia y carisma 
pues explica racionalmente sus políticas y acciones a 
la vez que se presenta como el redentor de la nación. 
Las tensiones entre tecnocracia y carisma se eviden- 


ciaron en la rebelión policial del 30 de septiembre de 
2010 en contra de la ley orgánica de servicio público 
cuando el presidente dejó de lado las consideracio- 
nes racionales y estratégicas y confió que su caris- 
ma solucionaría la crisis. Los expertos del Gobierno, 
que dicen representar el interés nacional que está 
más allá de las demandas particularistas de diferentes 
grupos organizados de la sociedad civil, redactaron 
una nueva ley de servicio civil que a la vez que subía 
los sueldos de los policías eliminaba sus promocio- 
nes, medallas y bonos navideños. La tropa protestó en 
contra de lo que interpretaron como un ataque a sus 
conquistas laborales bloqueando calles en varias ciu- 
dades. Desconociendo los canales institucionales el 
presidente Correa confió que su carisma apaciguaría 
a los policías insurrectos. Lúe al cuartel para explicar 
los beneficios de la ley pero cuando fue abucheado 
dio un discurso violento, fue golpeado y según su 
versión secuestrado en el hospital de la policía hasta 
que fue rescatado por un operativo militar. El saldo 
fueron “ocho muertos y 275 heridos, incluidos el Pre- 
sidente de la República y su Canciller” (Quintero y 
Silva, 2010: 88). 

Basándose en las teorías discursivas del populismo 
se analizaron ocho discursos de Correa pronunciados 
en 2009 (de la Torre, 2010; Hawkins, 2010; Panizza, 


40 


El correísmo al desnudo 


2005, 2008; Zúquete, 2008). Este año fue importante 
pues el presidente cumplía dos años en el poder, la 
asamblea constituyente había redactado una nueva 
constitución que fue aprobada mayoritariamente y 
se dieron elecciones generales en abril en las que Co- 
rrea alcanzó la presidencia en una sola vuelta con el 53 
por ciento de los votos. Pese a que se enfoca más en las 
palabras, gestos y rituales del líder se analiza cómo los 
discursos fueron recibidos. Para analizar la recepción de 
sus discursos se estudian las grabaciones televisivas de 
ocho enlaces ciudadanos de agosto y septiembre de 2009 
en varias ciudades del país. Además, se analizó etnográ- 
ficamente el enlace del 30 de abril de 201 1 en la pequeña 
ciudad de Chambo en la Sierra Central. Con el objetivo 
de explicar la ideología de la tecnocracia posneolibe- 
ral del gobierno de Correa se estudian los documentos 
producidos por la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo (Senplades, 2009a, 2009b; Ramírez, 2010). 

El artículo tiene cuatro secciones. La primera 
explica las categorías populismo y tecnocracia. La 
segunda analiza cómo el discurso del presidente 
Correa combina apelativos populistas con 
argumentaciones tecnocráticas. La tercera sección 
estudia los enlaces ciudadanos como rituales donde 
carisma y tecnocracia se complementan para construir 
a Correa en el profesor y redentor de la nación. 
La cuarta sección analiza la visión posneoliberal, 
hipermodernista y redentora de los expertos del 
gobierno de Correa y cómo esta élite está localizada en 
las áreas estratégicas de la administración pública. A 
continuación se investigan las relaciones conflictivas 
de este Gobierno liderado por tecnócratas (que dicen 
representar el interés general) con los movimientos 
sociales (calificados por estos expertos como 
particularistas y corporativistas). Se estudia cómo 
durante la revuelta policial del 30 de septiembre en 
un momento de crisis el carisma remplazó a criterios 
racionales-estratégicos. Las conclusiones exploran 
comparativamente las sinergias y tensiones entre 
carisma y tecnocracia en el gobierno de Correa con 
otras experiencias neopopulistas. Se concluye que 
pese a que estas dos formas de dominación pueden 
compaginarse en el discurso y en los rituales del 
poder, el carisma es inestable y subvierte los intentos 
de gobernar a través del conocimiento de los expertos. 


El tecnopopulismo 

El término tecnopopulismo utilizado en este 
trabajo para caracterizar al gobierno de Rafael Correa 
es a primera vista incongruente pues el carisma y la 
tecnocracia, basada en la dominación racional legal, 
han sido conceptualizados como formas contrarias 
de dominación. Si bien la tecnocracia implica el uso 


racional-instrumental de la ciencia y tecnología con el 
afán de regular y dominar la naturaleza y la sociedad, 
Weber (1977: 195) caracterizó al carisma que apela a 
los sentimientos y a las pasiones como irracional. 

El populismo ha sido analizado como un caso 
paradigmático de dominación carismática y ha 
sido descalificado como irracional. Utilizando 
oposiciones binarias que oponen la razón y la ciencia 
a las emociones irracionales se ha contrapuesto la 
política racional-ideológica de los partidos políticos 
a la irracionalidad de las masas (Germani, 1971). Así 
mismo se han contrapuesto las políticas prudentes del 
neoliberalismo a la irracionalidad cortoplacista del 
populismo económico (Dornbusch y Edwards, 1991). 
Inspirándose en el análisis de Weber (1946: 116) del 
demagogo como el político que no toma en serio su 
responsabilidad sobre el resultado de sus acciones, 
se ha visto a los líderes populistas como charlatanes 
irresponsables. Se ha caracterizado al populismo como 
una democracia del caudillaje basada en “el carácter 
emotivo y espontáneo de la entrega y confianza en el 
líder” (Weber, 1977: 216). 

Pero si se siguen las sugerencias de Weber (1946: 79; 
1977: 867) de estudiar cómo se combinan los diferentes 
tipos ideales de dominación en experiencias históricas 
concretas las relaciones entre carisma y tecnocracia no 
son necesariamente antagónicas. El Social Credit Party 
de Canadá, por ejemplo, buscó soluciones tecnocráticas 
y populistas en contra de los partidos políticos 
tradicionales (Mudde, 2004: 547). Los estudios sobre el 
populismo clásico demostraron que líderes populistas 
que no construyeron partidos como José María Velasco 
Ibarra llegaron al poder no solo con su carisma sino 
por el uso racional-utilitario de redes clientelares 
(Menéndez-Carrión, 1986). Las afinidades entre carisma 
y tecnocracia se hicieron más evidentes durante los 
gobiernos neopopulistas en que se dieron alianzas 
estratégicas entre políticos populistas con tecnócratas 
neoliberales que estuvieron a cargo del manejo de la 
economía (Roberts, 1995; Weyland, 2001, 2003). 

Debido a que las categorías de populismo y 
tecnocracia han sido las más laxamente utilizadas en 
las ciencias sociales (Centeno, 1993: 331), es necesario 
explicar cómo se las emplea en este trabajo. Siguiendo 
las conceptualizaciones políticas (Weyland, 2001, 
2003) y discursivas (de la Torre, 2010; Hawkins, 
2010; Laclau, 2005; Mudde, 2004; Panizza, 2005) del 
populismo se lo entiende como una estrategia para 
llegar al poder y gobernar basada en un discurso 
maniqueo que polariza la sociedad en dos campos 
antagónicos: el pueblo contra la oligarquía. Un 
líder carismático es socialmente construido como el 
símbolo de la redención mientras que sus enemigos 
encarnan todos los males de la nación. El líder es 
erigido como una persona que ha surgido desde abajo 


Carlos de la Torre 


41 


hasta convertirse en una figura extraordinaria que 
tiene una misión redentora y constantemente prueba 
su carisma derrotando a enemigos omnipresentes 
(Zanatta, 2008; Zúquete, 2008). 

El populismo se basa en la movilización desde 
arriba (Roberts, 2008). A la vez que abre espacios para 
la participación popular y para que la gente común 
presente sus demandas, los intentos de movilización 
desde el poder pueden chocar con las organizaciones 
autónomas de la sociedad civil y terminan cooptando 
y desradicalizando a los movimientos sociales (Ox- 
horn, 1998: 225). Si bien el populismo incorpora a 
sectores previamente excluidos de la política respeta 
selectivamente las normas y los procedimientos de 
la democracia liberal. Rechaza las mediaciones de la 
democracia representativa y busca canales de comu- 
nicación directa del líder con su pueblo. El populis- 
mo politiza y desnaturaliza las desigualdades sociales 
(Roberts, 2003). Emerge en contextos en los cuales la 
gente común siente que los políticos les han arrebata- 
do el poder y cuando ven que las instituciones políti- 
cas no les representan. 

El populismo, sin embargo, no tiene los mismos 
efectos en sistemas políticos institucionalizados que 
en aquellos donde las instituciones representativas 
son frágiles. En los primeros pueden ser un síntoma 
de que los lazos entre electores y representantes no 
están funcionando bien y que deben corregirse (Mény 
y Surel, 2002: 15). En sistemas políticos frágiles el po- 
pulismo puede tener efectos adversos a la democra- 
cia. Si bien ha contribuido a terminar con sistemas 
donde las instituciones políticas decayeron, la bús- 
queda de mecanismos de ligazón directa entre el líder 
y sus seguidores y el asumir que el pueblo tiene una 
voluntad política única encarnada en el líder pueden 
ser peligrosos para el pluralismo y las libertades que 
deberían existir en una sociedad compleja (Panizza, 
2008; Peruzzotti, 2008; Urbinati, 1998). 

La tecnocracia se asienta en una mentalidad y es- 
tructura cognitiva basada en paradigmas científicos 
(Centeno y Silva, 1998: 4; Centeno, 1993: 312). Los ex- 
pertos se legitiman apelando al discurso científico y 
considerando que representan los intereses de toda la 
población y no de individuos o intereses particulares. 
Si bien los expertos no tienen una ideología definida 
y han prestado sus servicios a sistemas neoliberales y 
estatistas, autoritarios y democráticos basan su auto- 
ridad en la “adherencia a los dictados de un ‘libro’. Sin 
que importe que este documento contenga la teoría 
de la historia, o las funciones econométricas que des- 
criben el equilibrio” (Centeno, 1993: 313). 

Los expertos se adhieren a ideologías hipermo- 
dernistas concebidas como visiones de “cómo los be- 
neficios del progreso científico y técnico se pueden 
aplicar -por lo general desde el Estado- a todos los 


campos de la actividad humana” (Scott, 1998: 90). El 
hipermodernismo es la ideología modernizadora de 
la “intelligentsia” (refiriendo a los intelectuales en el 
aparato del Estado) burocrática, de los técnicos, pla- 
nificadores e ingenieros que se ven a sí mismos con 
la misión histórica de transformar la sociedad y de 
construir el estado-nación (Scott, 1998: 96). Como lo 
anotó Weber (1977: 852), la racionalización burocrá- 
tica “ha sido con frecuencia un poder revolucionario 
de primera fila contra la tradición”. Los tecnócratas 
tienen misiones de proporciones gigantescas: la cons- 
trucción del estado-nación, el desarrollo, o llevar a su 
país “al socialismo del sumak kawsay o biosocialis- 
mo republicano” (Ramírez, 2010). Sergio de Castro, el 
gurú de los Chicago Boys chilenos, manifestó que su 
objetivo no fue revertir tres años de políticas socia- 
listas sino “medio siglo de errores” (Constable y Va- 
lenzuela, 1991: 186). Domingo Felipe Cavallo “se vio 
a sí mismo como un mesías destinado a resolver de 
una vez por todas las calamidades económicas” ar- 
gentinas (Corrales, 1997: 50). Es por esto que muchos 
tecnócratas se embarcan en proyectos de redención 
moral de sus naciones y en la construcción de un nue- 
vo mundo que empiece desde cero borrando todas las 
huellas del pasado (Scott, 1998: 94). 

Para que se pueda caracterizar a un régimen como 
tecnocrático, los expertos deben ocupar los lugares 
más importantes de la administración estatal a los 
que llegan a través de sus méritos y de sus conoci- 
mientos. Los tecnócratas, también, deben estar a car- 
go de las políticas públicas más importantes del ré- 
gimen (Centeno, 1993: 314). Si es que los visionarios 
hipermodernistas son parte de estados autoritarios y 
su poder no está limitado por instituciones liberales 
sólidas y por una sociedad civil robusta, sus acciones 
pueden devenir en catástrofes (Scott, 1998). 


"Por la Patria tierra sagrada" 

En la campaña electoral de 2006 que lo llevó al 
poder, Rafael Correa recogió sentimientos antipar- 
tidistas y antineoliberales. No organizó un partido 
político sino el movimiento Patria Altiva i Soberana 
(PAIS) que agrupó a intelectuales, académicos y mi- 
litantes de izquierda con caciques políticos que mue- 
ven el voto y no tienen ideología 2 . Correa ostentó su 
calidad de outsider que venía a limpiar el congreso 
de la corrupción. No presentó candidatos al congreso, 
y en la primera vuelta en octubre de 2006 alcanzó el 
segundo lugar con 26.8 por ciento de los votos y en 
noviembre del mismo año derrotó al multimillonario 
Alvaro Noboa ganando el 56.7 por ciento de los votos 
(de la Torre y Conaghan, 2009). 


42 


El correísmo al desnudo 


Prometió una “revolución ciudadana” cuyos ejes 
fundamentales fueron terminar con la “larga noche 
neoliberal” y llamar a una asamblea constituyente 
que redacte un nuevo pacto social. El Programa de 
Gobierno de Alianza País prometió una “democracia 
activa, radical y deliberativa”. La Asamblea Consti- 
tuyente no fue vista solamente como un mecanismo 
para hacer reformas políticas. Propusieron crear “un 
proyecto de vida común, un acuerdo social amplio” 
(Alianza País, 2006a: 19). 

Una vez en el poder el presidente no se embarcó 
en un proyecto de simples reformas sino en la refun- 
dación de la patria. Rafael Correa (2009f) que se de- 
fine como “un cristiano de izquierda en un mundo 
secular” está liderando la segunda independencia. 
Correa (2009d) dice que la patria está viviendo “el 
segundo nacimiento libertario”. Ya que el pueblo ha 
despertado de la larga noche neoliberal “los proceres 
recuperan el don de la palabra, recobran el mando, la 
calidad fecunda de capitanes libertarios” (2009e: 5). 
Es así que Correa se ve a sí mismo como el procer de 
la segunda independencia. Sus luchas por la patria y 
los pobres han sido sobrehumanas y demuestran su 
superioridad: “hemos derrotado a los representantes 
de los sectores más retardatarios de la oligarquía, de 
la banca corrupta, de la prensa comprometida con el 
pasado” (2009d: 10). Es por esto que “nos enfrentamos 
a una reacción virulenta que utiliza todos los meca- 
nismos a su alcance” (2009c: 11). “Pocos gobiernos en 
la historia se han enfrentado a una oposición tan re- 
cia y visceral como la que hemos tenido que enfrentar 
nosotros [...] Vendrán días muy duros” (2009b: 9). 

La gesta revolucionaria de la patria es parte del pro- 
ceso continental por la liberación. Con frecuencia cita 
al Che Guevara y termina todos sus discursos con la 
consigna guevarista: “¡Hasta la victoria siempre!”. Ante 
una audiencia de policías Correa (2009c: 5) manifestó, 
“¡Aquí nadie da un paso atrás! ¡Esta revolución ni se 
vende ni se rinde!”. De esta manera legitima sus actos 
con nociones marxistas sobre la necesidad de un cam- 
bio profundo y radical. La política no se basa en refor- 
mas graduales, ni en consensos, sino en una revolución 
entendida como “cambio radical, profundo y rápido de 
las estructuras políticas, sociales y económicas” (Co- 
rrea, 2009f: 10). Ya que la revolución es por la segunda 
y definitiva independencia de la patria “es irreversible, 
y nada ni nadie la podrá detener” (2009e: 6). 

Quienes se oponen a esta gesta heroica no pueden 
ser sino los enemigos de la patria y de la historia. Lue- 
go de derrotar electoralmente a la partidocracia y de 
luchar permanentemente contra el poder fáctico de 
la prensa mediocre y corrupta ha tenido también que 
sufrir la arremetida de la izquierda infantil y de los 
movimientos indígena y ecologista. “Siempre dijimos 
que el mayor peligro para nuestro proyecto político, 


una vez derrotada sucesivamente en las urnas la dere- 
cha política, era el izquierdismo, ecologismo e india- 
nismo infantil. ¡Qué lástima que no nos equivocamos 
en aquello!” (Correa, 2009b: 4). 

Al explicar el significado de su triunfo electoral en 
abril de 2009 en que ganó con el 55 por ciento de los 
votos en la primera vuelta, Correa (2009e: 3) manifes- 
tó “el Ecuador votó por sí mismo”. Al igual que otros 
líderes populistas, Correa “no se percibe a sí mismo 
como un político ordinario, sino como la encarnación 
del mismo pueblo” (Peruzzotti, 2008: 110). El personi- 
fica a la patria y al igual que los proceres dice “aquí 
estamos dispuestos a jugarnos la vida por el cambio” 
(Correa, 2009e: 50). Cita el Evangelio y asevera, “ten- 
gan la seguridad que mi tesoro no es el poder, sino 
el servicio, servir a mi pueblo, sobre todo a los más 
pobres, servir a mi Patria” (Correa, 2009: 19f). En su 
afán desinteresado el líder ha hecho sacrificios per- 
sonales que afectan hasta su vida familiar. Al asumir 
por segunda vez la presidencia pidió disculpas a su 
mujer y a sus hijos por no estar suficiente tiempo jun- 
to a ellos, “sé que estos años han sido injustamente 
duros para ustedes y no tengo derecho a hacer esto” 
(Correa, 2009e: 49). 

El líder no tiene ambiciones personales. Dice, 
todo lo hacemos “sin ningún interés para nosotros, 
con las manos limpias, corazones ardientes, mentes 
lúcidas, por la patria; y lo hacemos de forma técnica, 
en función de la equidad, en función de la justicia” 
(Correa, 2009c: 18-19). Correa ha agrupado a un se- 
lecto grupo de colaboradores técnicos. A través de la 
planificación, de la ciencia y de la tecnología estas 
“mentes lúcidas” conocen la ruta hacia una sociedad 
con mayor equidad. Es así que la política populista 
deviene en elitismo (Urbinati, 1998: 113). Una élite de 
expertos, muchos de ellos científicos sociales, conoce 
el camino irrefutable para solucionar “la fundamental 
cuestión moral en América Latina [que] es la cuestión 
social” (Correa, 2009f: 2). 

La tecnocracia remplaza la discusión democrática 
por la administración de los expertos y transforma 
el debate entre propuestas en la imposición de mo- 
delos legitimados con la idea de que son científicos 
y por lo tanto verdaderos. En un contexto en el cual 
Correa combina argumentos tecnocráticos con una 
visión populista maniquea de la política entendida 
como una guerra entre la esclavitud de la larga noche 
neoliberal y la redención del Socialismo del siglo XXI 
se reducen los espacios para el debate democrático. 
En esta nueva gesta libertaria el procer pone su co- 
nocimiento científico, que es el único verdadero, al 
servicio de la emancipación. Si bien se busca la de- 
mocracia entendida como equidad, las decisiones de 
cómo alcanzarla están en manos de expertos. El rol 
del pueblo es aclamar las decisiones de la élite en el 


Carlos de la Torre 


43 


poder en diferentes plebiscitos en los que se juega su 
salvación. La política se transforma simultáneamente 
en una lucha moral-religiosa y técnico-científica. En 
el apocalipsis el Mesías será quien guíe al pueblo ele- 
gido al milenio que terminará con las injusticias del 
capitalismo salvaje y de sus siervos de la partidocra- 
cia y de la prensa corrupta. 


El profesor y el mesías 

Al igual que otros líderes carismáticos, Correa 
se sintió llamado por una misión (Weber, 1977: 853). 
En un video propagandístico producido para las 
elecciones de 2006 su madre cuenta que le prome- 
tió ser “presidente de la república” (Alianza País, 
2006b). Su esposa Anne Malherbe también manifes- 
tó que cuando eran novios en Bélgica Rafael le dijo 
que llegaría a ser presidente. La misión de Correa de 
acuerdo a sus biografías oficiales ha sido la de ser 
líder: de los Boy Scouts, de los estudiantes y ahora 
su misión es la redención de todos los ecuatorianos. 
Luego de estar dos años en el poder Correa conclu- 
yó su libro escrito para un público académico con 
estas palabras acerca de su misión como líder. “Ante 
la ausencia de sociedades motivadas y cohesiona- 
das, instituciones formales sólidas y la necesidad de 
crear valores y actitudes que aceleren el progreso, 
el rol de los adecuados líderes es fundamental [...] 
Lamentablemente, dentro de todas las crisis que su- 
frió América Latina durante la larga noche neolibe- 
ral, probablemente la mayor de ellas fue la crisis de 
líderes” (Correa, 2009a: 195). 

Correa ha consolidado su liderazgo carismático 
desde el poder utilizando dos estrategias diseñadas 
por expertos en comunicación: la campaña perma- 
nente y los enlaces que se transmiten todos los sá- 
bados del año. El presidente constantemente prueba 
su carisma ganando elecciones en las que se juega la 
futura redención: “pueden decidir continuar con el 
cambio o volver al pasado” (Correa, 2009c: 18). Des- 
pués de asumir el poder en enero de 2007 Correa 
ganó las elecciones por el sí en el referendo para 
llamar a una asamblea constituyente en abril de 
2007. Luego sus candidatos obtuvieron la mayoría 
absoluta en la asamblea en septiembre de 2007. Se 
aprobó la nueva constitución en septiembre de 2008 
y en abril de 2009 fue electo presidente por segunda 
vez y en una sola vuelta electoral. En mayo de 2011 
los ecuatorianos votaron en una consulta para mo- 
dificar la constitución recientemente aprobada. El 
Ejecutivo reorganizará la Función Judicial afectan- 
do a la independencia de los poderes del Estado y se 
modificaron las garantías ciudadanas contempladas 


en la constitución de 2008 que señalaba límites de 
tiempo para la prisión preventiva sin juicio a los 
acusados de cometer crímenes. En febrero del 2013 
Correa buscó su reelección por cuatro años más. 

En la lógica de la campaña permanente los pro- 
cesos de gobernar y de hacer campaña pierden sus 
diferencias y se fusionan (Conaghan y de la Torre, 
2008). Correa explica que él es el motivador que debe 
subir la autoestima del pueblo ecuatoriano y que por 
eso siempre está en campaña. Los medios de comuni- 
cación son centrales en estas estrategias que buscan 
ligar directamente y sin mediaciones al presidente 
con los ciudadanos. El Gobierno es el anunciante más 
grande en televisión (Montúfar, en prensa). Todas las 
semanas se da al menos una cadena de televisión en 
la que se informan de las actividades del Gobierno. 
La mayor parte del programa se centra en Correa que 
visita el país, inaugura y supervisa obras. Las cadenas 
recurren al patriotismo con el eslogan “¡la patria ya 
es de todos!” que aparece junto a la canción “Patria”. 
Así se da continuidad a los lemas de la campaña que 
apelaron al nacionalismo y que pintaron a Correa 
como la encarnación del nacionalismo: “pasión por la 
patria” y “la patria vuelve”. 

La innovación mediática más importante del Go- 
bierno son los enlaces ciudadanos que se transmiten 
en radio y televisión pública que también incluye a 
los medios expropiados a empresarios nacionales por 
su no pago de deudas al Estado 3 . Los enlaces permi- 
ten que el presidente se convierta en una figura caris- 
mática que simbólicamente es el centro de la nación 
que irradia su poder hacia todos sus rincones (Geertz, 
1985). El poder se materializa en el verbo del presi- 
dente que insulta y cuestiona la mediocridad de sus 
rivales. Exige más trabajo y mejores resultados a sus 
colaboradores. Halaga a su pueblo al que sirve traba- 
jando sin descansar y al que explica didácticamente 
como el profesor de la nación todas sus acciones y 
omisiones de la semana. Además, y en términos más 
pragmáticos, en los enlaces Correa marca la agenda 
noticiosa del domingo, día bajo en noticias políticas. 

El show televisivo y radial permite crear redes de 
apoyo pues el día anterior el presidente y su gabinete 
han dialogado con las autoridades locales de provin- 
cia y escuchado sus pedidos para obras y recursos. 
Los enlaces coinciden con los gabinetes itinerantes 
en que todos los ministros viajan con el presidente 
a una provincia para trabajar con las autoridades lo- 
cales y tener contacto directo con los moradores que 
acuden a los actos culturales en honor al Gobierno. 
El 29 de abril de 2011 en la pequeña ciudad de Colta, 
por ejemplo, mujeres recibieron a Correa como a una 
estrella de rock más que como a un político. Luego 
de dar un discurso el presidente bailó con sus minis- 
tros y autoridades locales para el público mayorita- 


44 


El correísmo al desnudo 


riamente indígena que observaba el evento desde los 
graderíos. Estos actos culturales y los enlaces ayudan 
a renovar su lazo carismático pues se dan en luga- 
res remotos a los que casi nunca llegó un presidente. 
Al visitar lugares apartados Correa refuerza su caris- 
ma pues, al igual que los lobos y los reyes, recorre su 
territorio buscando convertirse en el centro del orden 
social (Geertz, 1985). 

Durante los enlaces se repite el mismo ritual. El 
presidente se sienta en un podio alto desde donde 
el profesor de la patria da cátedra a todos los ecua- 
torianos. Utiliza presentaciones de PowerPoint para 
ilustrar con cifras y datos técnicos sus políticas de 
gobierno. Las cátedras magistrales del presidente son 
interrumpidas por el aplauso de los asistentes, o por 
las preguntas de Correa al auditorio que son contes- 
tadas con el sí o el no. De esta manera se escenifica 
claramente el poder: el presidente-catedrático de la 
nación está por encima de un público que lo aclama 
pero que no tiene la posibilidad de entablar un diálo- 
go crítico con el primer mandatario. 

Como un buen católico Correa hace un acto de 
constricción en que recorre todo lo que le pasó a él 
y a la patria cada semana. Estas intervenciones de- 
muestran que él es el Estado y la patria a los que sirve 
con verdadera fe y dedicación. Además no pierde la 
ocasión para comentar sobre las delicias de la coci- 
na regional y realzar la belleza de su nación: “yo que 
he tenido oportunidad de viajar creo que es el país 
más lindo del mundo” (Correa, 2009i). En otra ocasión 
manifestó que “hasta las ballenas vienen al Ecuador 
para hacer el amor” (Correa, 2009g). El presidente 
también habla de su vida privada, de sus sueños y de 
sus logros. Por ejemplo, luego de dar charlas magis- 
trales en Oxford y la London School of Economics en 
octubre de 2009 explicó emocionado la importancia 
de estas instituciones académicas. En otra ocasión 
narró un paseo familiar al volcán Pichincha donde 
vieron un zorro. 

Para demostrar que es igual al pueblo y que viene 
desde abajo Rafael Correa utiliza un lenguaje colo- 
quial y los modismos de las clases populares guaya- 
quileñas. Pero a su vez el líder es una figura excep- 
cional y es superior a las personas comunes pues con 
becas estudió en las mejores universidades y con- 
siguió un título de PhD en los Estados Unidos. Ma- 
neja cifras e indicadores técnicos para presentar las 
iniciativas del Gobierno. En un enlace, por ejemplo, 
explicó tres políticas de Gobierno con lujo de detalles 
técnicos: la producción de medicinas genéricas, la ley 
de deportes y el cobro de más impuestos y regalías a 
las petroleras extranjeras. Es así que el presidente de 
origen popular es a su vez un ser superior que maneja 
los códigos científicos y técnicos que pueden llevar al 
país a la modernidad y al desarrollo. 


Para amenizar un programa que dura más de dos 
horas el presidente canta canciones de protesta, imi- 
ta burlonamente a sus adversarios, gesticula, ríe, se 
enfada y pide la participación del público con el que 
grita consignas. Por ejemplo, en el enlace del 30 de 
abril de 2011 en Chambo todo el auditorio coreó la 
consigna “mediocre” contra el asambleísta de oposi- 
ción César Montúfar que reclamaba afuera del acto 
que el presidente debata con la oposición. Correa re- 
clama en tono enérgico a sus subordinados cuando 
no han hecho bien su trabajo. Es así que las fallas son 
responsabilidades de otros y el líder refuerza su supe- 
rioridad sobre la de los simples mortales que cometen 
errores. Invita a que le acompañen diferentes funcio- 
narios para que expliquen leyes y políticas de Estado. 
Cuando se refiere a lo que llama las barbaridades de 
sus adversarios deja el tono de voz del catedrático, se 
enrojece, sube el tono de voz y los descalifica como 
“mediocres”. Durante un conflicto con el movimiento 
indígena se refirió al liderazgo de la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 
como “ponchos dorados”, “la peluconería indígena” 
mientras que las cámaras enfocaban a Carlos Viteri 
y Pedro de la Cruz, indígenas que colaboran en su 
Gobierno y que festejaban sus palabras. 

Los enlaces también sirven como espacios para 
dar cátedra sobre los derechos ciudadanos. En el En- 
lace 137 (Correa, 2009j) el presidente narró que un 
banco local le había cobrado tasas ilegales por ser- 
vicios. Pidió a los ciudadanos: “aprendamos a recla- 
mar” a las grandes empresas. Manifestó, “nosotros 
defendemos sueños no negocios”. Sus discursos an- 
tioligárquicos le asemejan con la gente común y dig- 
nifican a los de abajo que se sienten representados e 
identificados en un presidente de origen popular pero 
superior a todos. 

La sección estelar de su programa se titula “la li- 
bertad de expresión ya es de todos” en clara referen- 
cia a las consignas de su Gobierno que giran en torno 
al eslogan “la patria ya es de todos”. En esta sección 
cuestiona la veracidad de los medios que según él 
son instrumentos de sus dueños para hacer negocios. 
Manifestó que “la prensa burguesa es el nuevo opio 
de los pueblos” (Correa, 2009j). Pasa segmentos de 
la canción de Piero que dice “todos los días y todos 
los días los diarios publicaban porquerías” y un frag- 
mento de la canción de Víctor Heredia que expresa, 
“mienten, mienten, que forma de mentir”. Así trans- 
forma la política en una disputa sobre la veracidad y 
credibilidad de su persona frente a la falta de credibi- 
lidad de los medios. 

Ya que los diarios son enemigos del presidente, de 
la patria y de la historia se merecen todo tipo de in- 
sultos. Por ejemplo, calificó al diario El Universo de 
Guayaquil, el de mayor circulación nacional, como 


Carlos de la Torre 


45 


“pasquín”, “esa porquería”, “corruptos”, “mediocres”, 
“farsantes” y “payasos” (Correa, 2009g). La belige- 
rancia en contra de los medios llevó a la suspensión 
temporal del canal Tele Amazonas en diciembre de 
2009 y a que las calles de Quito estén llenas de pin- 
tadas en contra del periodista estrella de su noticie- 
ro Jorge Ortiz, a quien el presidente descalifica como 
“enano”. Este periodista ha sido atacado e insultado 
por partidarios del presidente y perdió su empleo. El 
presidente siguió juicio a diecinueve periodistas y a 
un medio privado. Los dueños y el editor político de 
El Universo fueron condenados a tres años de cárcel 
y a pagar US$10 millones por causar daños morales al 
presidente que luego los perdonó. 


Tecnocracia posneoliberal 

La mayoría de los altos funcionarios del gobier- 
no de Correa tienen posgrados. De los treinta y siete 
funcionarios que ocupan las posiciones más altas, de 
acuerdo al organigrama del Gobierno nacional y a 
sus páginas web, veintinueve han realizado estudios 
de posgrado, doce han hecho cursos de doctorado y 
ocho -incluido el presidente- terminaron su doctora- 
do. Este gabinete dominado por personas con méritos 
académicos se da en un país en el que en el 2010 ha- 
bía 358 profesores universitarios con título de PhD. 
En Venezuela, de acuerdo a información recogida en 
las páginas web sobre el organigrama del Estado, de 
veintinueve autoridades, veinte tienen estudios de 
grado y solo siete de posgrado. 

Para caracterizar a un régimen como tecnocráti- 
co, las instituciones más importantes de la adminis- 
tración pública deben estar en manos de expertos 
(Centeno, 1993). La Secretaría Nacional de la Admi- 
nistración Pública encargada del seguimiento de la 
gestión está a cargo de Vinicio Alvarado, quien di- 
seña la política comunicacional del régimen y tiene 
un doctorado de la Universidad de Loja. La Secre- 
taría Nacional de Planificación y Desarrollo a cargo 
de la planificación estratégica y la evaluación de su 
impacto está a cargo de expertos posneoliberales 
jóvenes (Senplades, 2009a). 

A diferencia de los técnicos neoliberales que estaban 
relacionados con la empresa privada y con organismos 
internacionales como el Fondo Monetario Internacio- 
nal, los expertos posneoliberales vienen principalmente 
de la academia. Son interdisciplinarios y no basan su 
legitimidad en los modelos econométricos de los tecnó- 
cratas neoliberales. Los textos de la Senplades se legi- 
timan incorporando ideas neokeynesianas, la ecología 
económica, modelos de democracia participativa y la 
crítica poscolonial a la epistemología occidental. La Sen- 


plades caracteriza el plan de desarrollo como posneoli- 
beral. Define este término como “el relanzamiento de la 
acción pública en el marco de un intenso protagonismo 
del Estado [. . .] y un fuerte acento en la redistribución de 
la riqueza y reconstrucción de las bases institucionales 
y de las capacidades estatales para activar una vía hete- 
rodoxa de desarrollo” (Senplades, 2009a: 49). 

De manera similar a los “tecnopols” estudiados 
por Jorge Domínguez (1997: 7), los expertos posneo- 
liberales combinan la técnica con la política. Según la 
Senplades (2009a: 61), la planificación debe superar 
“los aspectos puramente técnicos para que las prio- 
ridades de la política pública respondan a la agenda 
nacional”. Esta secretaría tiene a su cargo la planifica- 
ción de políticas públicas, la reforma democrática del 
Estado, la inversión pública, la cooperación técnica y 
una serie de instituciones a cargo de la generación de 
información para el desarrollo nacional, incluida la 
asignación de becas y la formación de los funciona- 
rios públicos (Senplades, 2009b: 64-66). 

La Senplades (2009a: 49) considera que el país está 
viviendo “un ciclo de cambios radicales”. El objetivo 
del plan de desarrollo no es nada menos que alcan- 
zar el sumak kawsay, la vida plena, que consiste en 
“llegar a un grado de armonía total con la comunidad 
y con el cosmos” (Senplades, 2009a: 18). Este propó- 
sito basado, según la Senplades, en la filosofía de la 
cosmovisión y cosmología de los pueblos indígenas 
apunta a la construcción de visiones alternativas y no 
occidentales de desarrollo. 

Cuando los planes utópicos de largo alcance ate- 
rrizan en el mediano y largo plazo se propone llegar 
a una sociedad hipermoderna asentada en “industrias 
propias relativas a la bio y nanotecnología”. Se espera 
que para el año 2030 se construya una “sociedad del 
bioconocimiento y de servicios ecoturísticos comuni- 
tarios” (Senplades, 2009a: 56). La primera fase de esta 
estrategia es la sustitución selectiva de importaciones 
para generar industrias petroquímicas, bioenergía, 
biocombustibles, biomedicina, bioquímica, hardware, 
software y servicios ambientales, así como dar prio- 
ridad a actividades generadoras de valor agregado 
como la vivienda, alimentos, pesca artesanal, artesa- 
nías, turismo comunitario, textiles y calzados (Sen- 
plades, 2009a: 57). Los críticos poscoloniales, que se 
sienten identificados con la propuesta de construir el 
sumak kawsay, cuestionan este énfasis en las políticas 
de sustitución de importaciones como el abandono de 
visiones alternativas de desarrollo por planteamien- 
tos economicistas y tecnocráticos (Walsh, 2010: 20). 

Ya que el objetivo es la construcción de un nuevo 
orden y la refundación de la nación para alcanzar “la 
vida plena” la Senplades (2009b: 52) está reorganizan- 
do la sociedad y el Estado. Incluso las tres regiones 
naturales del país -costa, sierra y Amazonia- han sido 


46 


El correísmo al desnudo 


reconstituidas en siete regiones elaboradas por los ex- 
pertos con criterios geológicos, geográficos y cultura- 
les. Forjarán un Estado pluricultural que sea “radical- 
mente democrático y poscolonial” (Senplades, 2009a: 
20). El director de la Senplades señaló que el objetivo 
es construir un nuevo pacto social “pospatriarcal, po- 
seurocéntrico y posidentitario” (Ramírez, 2010: 33). 

Para construir esta utopía se busca aplicar políti- 
cas universales. El Estado es visto como un actor po- 
lítico que representa el interés general. Los intentos 
de forjar un Estado con “visión universal, racional y 
coherente” y la búsqueda de una “arquitectura insti- 
tucional sin arbitrariedades funcionales, ni agencias 
estatales con origen y estatus excepcional o discre- 
cional” (Senplades, 2009b: 41) han provocado conflic- 
tos con los sectores organizados de la sociedad como 
son los funcionarios públicos, maestros, estudiantes, 
indígenas y policías. 


Estatismo tecnocrático, movimientos sociales 
y la rebelión policial 

Si bien el gobierno de Correa recogió demandas de 
los movimientos sociales y de la izquierda -terminar 
con las políticas neoliberales, impulsar una política 
exterior independiente de los Estados Unidos que de 
fin con la concesión de la base militar de Manta y 
con los tratados de libre comercio y convocar una 
nueva asamblea nacional constituyente- el Gobier- 
no ha entrado en confrontación con estos sectores. 
Los partidos de izquierda Pachakutik y Movimiento 
Popular Democrático, la CONAIE, sectores del eco- 
logismo, sindicatos de profesores, los sindicatos pú- 
blicos y algunos movimientos estudiantiles están en 
contra del Gobierno. 

Según el Gobierno estos conflictos se deben a que 
los movimientos sociales y la izquierda son sectores 
corporativistas que representan intereses particula- 
res y no el interés nacional. Los académicos Rafael 
Quintero (subsecretario de relaciones exteriores) y 
Erika Silva (ministra de cultura) anotan que el corpo- 
rativismo ha debilitado los partidos políticos “cons- 
tituyéndolos en apéndices de los gremios” (Quintero 
y Silva, 2010: 76). El corporativismo “hace prevalecer 
la esfera de los intereses privados por encima de los 
intereses públicos” (Quintero y Silva, 2010: 76). 

El Gobierno sostiene que para que el Estado repre- 
sente los intereses nacionales debe ser rescatado de 
la injerencia de diferentes grupos corporativos como 
los gremios empresariales, los maestros, los emplea- 
dos públicos y los liderazgos de los movimientos in- 
dígenas. Estos grupos al ser incorporados al Estado 
como funcionarios y como rectores de las políticas 


públicas para su sector viciaron y corrompieron, se- 
gún dice el Gobierno, el carácter universalista de las 
políticas estatales con criterios particularistas. De- 
bido a que diferentes grupos negociaron de manera 
particular con el Estado se dieron una serie de dispa- 
ridades de privilegios en formas de salarios y bonos 
entre diferentes funcionarios del Estado. Además al- 
gunos grupos como los indígenas negociaron ser los 
administradores de políticas públicas para su sector 
como la educación intercultural bilingüe. Para dar fin 
al corporativismo se transfirió el control de la educa- 
ción intercultural bilingüe del movimiento indígena 
al Estado y se han quitado fondos a las instituciones 
estatales que estaban controladas por los movimien- 
tos sociales como el consejo de la mujer y el consejo 
de nacionalidades y pueblos indígenas. También se ha 
pedido a todas las organizaciones no gubernamenta- 
les se registren y se sometan a la tutela estatal. Se ha 
tratado de “limitar el sindicalismo público, impedir 
la agremiación de los empleados [públicos] y redu- 
cir al mínimo cualquier posibilidad de contratación 
colectiva” (Ospina, 2009: 5). 

Los conflictos entre los movimientos sociales y el 
régimen también se explican por la estrategia popu- 
lista de movilización desde el poder (Oxhorn, 1998). 
El Gobierno busca cooptar y dividir a los movimien- 
tos sociales que son descalificados como corpora- 
tivistas y por lo tanto inauténticos. Por ejemplo, el 
Gobierno ha utilizado a organizaciones indígenas 
más pequeñas como la Federación Nacional de Orga- 
nizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, ligada al 
Partido Socialista, y a la vieja organización del Par- 
tido Comunista la Federación Ecuatoriana de Indios 
para fragmentar a la organización más grande que es 
la CONAIE. Doris Soliz (2010), cuando fue ministra 
coordinadora de la política, explicó que el Gobierno 
busca la renovación de liderazgos de las élites indíge- 
nas por sectores más abiertos al diálogo. 

Las políticas públicas del Gobierno como son los 
Bonos de la Dignidad que otorga US$50 al mes a las 
familias más pobres, los bonos de vivienda, los pro- 
gramas como Socio Páramo y Socio Bosque además 
promueven la imagen del presidente Correa como 
quien directamente distribuye recursos a los más ne- 
cesitados. Por ejemplo, comuneros de Pachagsí en la 
provincia de Chimborazo manifestaron “agradezco a 
Dios y al presidente Correa”; “gracias al bono puedo 
comprar comida, pagar la electricidad y comprar algo 
para mis hijos”; “el Gobierno nos cuida debemos co- 
rresponderle” (Tuaza, 2010: s. p.). Estas políticas que 
son bien recibidas por la gente común y corriente de 
paso debilitan a la CONAIE. 

Cuando se debatió la ley de servicio público varios 
movimientos sociales y organizaciones de la sociedad 
civil estaban buscando una coyuntura para expresar 


Carlos de la Torre 


47 


su descontento en las calles. El proceso de discusión 
de esta ley fue percibido por los afectados como poco 
democrático y se argumentó que las razones técnicas 
de racionalización de salarios y eliminación de pre- 
bendas no fueron suficientemente explicadas. Es por 
esto que la tropa de la policía y algunos militares de 
la fuerza aérea decidieron salir a las calles a protes- 
tar el 30 de septiembre de 2010. 

Los policías emplearon el repertorio de protesta 
que utilizan quienes ellos normalmente reprimen. 
Quemaron llantas, hicieron barricadas y lanzaron 
consignas en contra del Gobierno. La acción poli- 
cial fue apoyada en varias ciudades por estudiantes 
y profesores agrupados en el Movimiento Popular 
Democrático. La gobernación de la ciudad de La- 
tacunga en la sierra central fue tomada por miem- 
bros de ese partido. El Partido Sociedad Patriótica 
de Lucio Gutiérrez aprovechó la rebelión para exi- 
gir la destitución de Correa (Quintero y Silva, 2010; 
de la Torre, 2011). 

Desconociendo los canales institucionales y sin- 
tiéndose como el llamado a resolver cualquier tipo 
de conflicto, el presidente decidió ir en persona al 
cuartel de policía para explicar los beneficios de la 
nueva ley a la tropa. Acostumbrado a la aclamación 
plebiscitaria confió en que su carisma los calmaría 
pero el cálculo le salió mal. Los ánimos estaban cal- 
deados y cuando trató de ingresar se peleó a gritos 
con los familiares de los policías que protestaban 
en contra de que se eliminen los bonos navideños 
(audiovisuales del Canal Uno). Desde un balcón del 
edificio de la policía intentó dar un discurso con ar- 
gumentos técnicos sobre las virtudes de la ley pero 
fue abucheado. Perdió la paciencia y abriéndose la 
camisa para demostrar que no llevaba chaleco anti- 
balas les retó, “si quieren matar al presidente, aquí 
está. Mátenlo si tienen valor”. Su cuestionamiento a 
la masculinidad de la policía los indignó aún más y 
cuando el presidente salió fue atacado. Le lanzaron 
gases, le quitaron la máscara antigas y le golpearon 
en la rodilla de la que había sido recientemente ope- 
rado. Lúe llevado al hospital de la policía que queda 
en el mismo complejo. Pese que el presidente siguió 
gobernando desde el hospital, Correa y el Gobierno 
sostienen que estuvo secuestrado. 

Opositores del presidente salieron a apoyar a la 
policía, las calles estaban sin resguardo policial y 
hubo saqueos en Guayaquil en que la gente gritaba 
“el pueblo tiene hambre” (Canal Uno). Por la tarde 
manifestantes encabezados por el Ministro de Rela- 
ciones Exteriores Ricardo Patiño trataron de llegar 
al hospital y rescatar al presidente pero fueron re- 
primidos. A la noche se hizo un operativo conjunto 
entre militares y las fuerzas élites de la policía que 
rescató al presidente del hospital de la policía. 


Los policías explicaron su protesta como la de- 
fensa de su derecho laboral a bonos navideños, a 
promociones automáticas por años de servicio y a 
medallas que van junto a incrementos salariales (de 
la Torre, 2011: 27-28). Mientras que los policías vie- 
ron estos beneficios como reconocimiento por un 
trabajo bien hecho, para el Gobierno eran legados 
de la irracionalidad de un Estado privatizado por 
intereses corporativos. La falta de diálogo del Go- 
bierno con los sectores calificados como corpora- 
tivistas y la imposición del criterio de los expertos 
que tienen la receta para racionalizar la adminis- 
tración del Estado terminaron de manera trágica. 
El Gobierno argumentó que se trató de un intento 
de golpe de estado en que la derecha y sectores del 
imperialismo se aliaron a la ultra izquierda y a los 
liderazgos del movimiento indígena (Ministerio de 
Coordinación de la Política, 2010; Ministerio del 
Poder Popular, 2010). 

En su discurso desde el Palacio Presidencial lue- 
go de ser liberado y que fue retransmitido por radio 
y televisión Correa (2010: 63-64) se refirió a los in- 
surrectos como “esa horda de salvajes, que querían 
matarme, que querían sangre”. Narró los episodios 
de tortura a los que fue sometido y concluyó dicien- 
do, “pese a toda la presión a la que nos sometieron el 
día de hoy, estar prácticamente todo un día secues- 
trado, con veintidós puntos en mi rodilla derecha, 
tremendamente hinchada, bombardeados por gases 
lacrimógenos, cercados, jamás claudicamos un mí- 
nimo, y salimos como entramos, con la frente muy 
digna y con el orgullo de ser el presidente de una 
inmensa y maravillosa república, que es la República 
del Ecuador. ¡Que viva la patria y hasta la victoria 
siempre!” (Correa, 2010: 68-69). 

Weber (1977: 850) anotó que la “autoridad caris- 
mática es por su misma naturaleza, específicamente 
inestable. El portador puede perder el carisma, sen- 
tirse ‘abandonado de su Dios’, como Jesús en la cruz, 
mostrarse a sus adeptos como ‘privado de su fuerza’. 
Su misión queda entonces extinguida”. Acostum- 
brado a ser aclamado, cuando le fallaron los argu- 
mentos técnicos y fue abucheado, Correa perdió su 
carisma. Las imágenes de la agresión de los policías 
a Correa, cuando caminaba con muletas, evocaron al 
Cristo sufriente. Luego del rescate espectacular del 
presidente del hospital policial y de su discurso en 
la Plaza de la Independencia su liderazgo adquirió 
proporciones verdaderamente carismáticas. El líder 
valiente y altruista que lucha por el bien común fue 
injustamente atacado por una horda de policías ma- 
nipulados por las fuerzas siniestras de la ultradere- 
cha y de la ultraizquierda. En lugar de leerse este 
episodio como causado por el mal juicio del presi- 
dente se lo calificó como un intento de la reacción de 


48 


El correísmo al desnudo 


frenar la revolución. La popularidad de Correa subió 
al 75 por ciento (Ministerio de Coordinación de la 
Política, 2010: 17). 


Conclusiones 

Siguiendo las sugerencias de Weber de que di- 
ferentes tipos de dominación se pueden combinar 
en experiencias históricas concretas, se estudia- 
ron las afinidades electivas entre tecnocracia y 
carisma en el gobierno de Rafael Correa. Combi- 
nando apelativos tecnocráticos con la personali- 
zación carismática y maniquea de la política Co- 
rrea innovó el discurso populista. En su Gobierno 
expertos posneoliberales están en la cúspide del 
aparato estatal. Comparten la visión del presi- 
dente de que el país está embarcado en un proce- 
so de cambio de proporciones históricas y están 
comprometidos en la construcción de una socie- 
dad utópica cuyo objetivo es el sumak kawsay en- 
tendido como la armonía entre la colectividad y 
la naturaleza. Cuando se implementan estos pro- 
yectos refundacionales, al igual que en Venezuela 
y Bolivia, se privilegian estrategias de desarrollo 
basadas en el retorno de la sustitución de im- 
portaciones y en el extractivismo de los recursos 
naturales (Corrales, 2010; Laserna, 2010). 

Los expertos posneoliberales ecuatorianos des- 
confían de los modelos econométricos que buscan 
el equilibrio, son interdisciplinarios y eclécticos. 
Al igual que otros tecnócratas se consideran los re- 
presentantes de los intereses de la sociedad y no de 
grupos particulares. Se sienten los llamados a re- 
dimir y refundar la nación para llegar a una socie- 
dad hipermoderna y a la utopía del buen vivir. Esta 
fe en su misión la comparten con Rafael Correa 
que es a la vez un líder carismático y un experto. 
Al sentirse como la encarnación de los intereses 
de la nación y como quienes conocen la ruta a la 
liberación los expertos y el líder carismático no 
buscan el diálogo con los diferentes sectores cor- 
porativistas de la sociedad. El gobierno de Correa 
ha sido cuestionado por los sectores organizados 
de la sociedad civil y el Gobierno ha usado la lógi- 
ca populista de la movilización desde arriba para 
debilitar a los movimientos sociales fortaleciendo 
organizaciones paralelas. 

El liderazgo carismático de Correa contribuyó a 
destrozar las instituciones políticas que estaban en 
crisis, impulsando la creación de un nuevo orden. 
La Constitución de 2008 amplió los derechos de los 
ciudadanos, profundizó los derechos colectivos de 
los indígenas y afrodescendientes y dio derechos 
a la naturaleza. De esta forma se evidencia que el 


carisma al igual que el populismo a la vez que sub- 
vierten el viejo orden construyen un orden alternativo 
(Laclau, 2005: 177; Panizza, 2008; Weber, 1968). 

Las tensiones entre tecnocracia y carisma se evi- 
denciaron en la revuelta policial cuando en un mo- 
mento de crisis el presidente abandonó los criterios 
racionales y trató de probar su carisma ante los insu- 
rrectos. Fue abandonado por su don en el cuartel de 
la policía pero luego de los suplicios de los policías 
que le rociaron gas y le golpearon y de su rescate fue 
aclamado como la encarnación de la democracia. El 
carisma no es solo inestable, también atenta contra de 
la lógica de los expertos de crear instituciones y pla- 
nes de largo alcance. El líder carismático no se siente 
atado a reglas o instituciones y personaliza al Estado. 
Cuando estalló una crisis Correa se sintió llamado a 
personalmente resolverla pues él encarna a la nación 
y al Estado. 

El término tecnopopulismo puede ser útil para 
resaltar las especificidades del liderazgo de Correa 
con otras experiencias neopopulistas. Hugo Chávez 
utiliza un discurso maniqueo y polarizador que le 
ha permitido ganar quince elecciones plebiscita- 
rias en diez años de Gobierno (López Maya y Pan- 
zarelli, 2011: 48). Si bien usa de manera parecida 
a los medios de comunicación en sus cadenas na- 
cionales y los Aló Presidente se utilizan para ligar 
sin mediaciones a Chávez -que se presenta como 
el profesor de la nación- con su pueblo (Marcano y 
Barrera, 2004), su Gobierno no puede ser caracte- 
rizado como tecnocrático. Las áreas más importan- 
tes de la administración pública no están en manos 
de expertos sino de políticos. Además, estudios de 
políticas públicas en Venezuela demuestran inefi- 
ciencia y la ausencia de criterios técnicos (Corra- 
les, 2010; López Maya y Panzarelli, 2011). 

En el gobierno de Evo Morales conviven secto- 
res indianistas, populistas y tecnocráticos articu- 
lados por su liderazgo (Laserna, 2010). Al igual que 
los técnicos de la Senplades, el vicepresidente Al- 
varo García Linera y sus expertos están a cargo de 
“los espacios de gestión y diseño de políticas pú- 
blicas” (Laserna, 2010: 41). Su objetivo es la tran- 
sición al socialismo entendido como “un estatismo 
nacionalista en la economía” (Laserna, 2010: 39). 
García Linera, además considera que el Gobierno 
en el que sirve está construyendo un Estado “en el 
sentido weberiano y hegeliano del término, como 
representación de la voluntad y los intereses gene- 
rales de la sociedad” (Stefanoni, Ramírez y Svam- 
pa, 2009: 74). Sin embargo el gobierno de Morales, 
con excepciones, carece de cuadros técnicos (Ste- 
fanoni y Alto, 2006). La fuerza de los movimientos 
sociales para revertir medidas como el incremento 
del precio de la gasolina limitan el impacto de los 


Carlos de la Torre 49 


técnicos en el diseño de políticas públicas. Acadé- 
micos, además, señalan que la autonomía de los 
movimientos sociales y la movilización desde aba- 
jo hacia arriba cuestionan el carácter populista de 
su Gobierno (Roberts, 2008). 

La bibliografía sobre neopopulismo exploró las 
afinidades electivas entre líderes carismáticos y ex- 
pertos. Los tecnócratas neoliberales coincidieron 
con los neopopulistas en sentirse los representan- 
tes del interés nacional y general (Weyland, 2001, 
2003). Los neoliberales dieron prioridad al mercado 
sobre los intereses particulares, los neopopulistas 
entendieron su liderazgo político como la expre- 
sión de la voluntad popular que debía reinar supre- 
ma sin partidos ni los impedimentos de las cortes 
y los parlamentos (Weyland, 2006: 139). Los neoli- 
berales compartieron el antagonismo hacia la clase 
política por haber interferido en el mercado defen- 
diendo los intereses de los beneficiarios de las falli- 
das políticas de sustitución de importaciones y por 
haberse apropiado de la voluntad popular para ser- 
vir sus intereses particulares. Compartieron la ne- 
cesidad de concentrar el poder en el Ejecutivo para 
hacer reformas profundas. Sin embargo la luna de 
miel entre expertos neoliberales y líderes populis- 
tas terminó luego de derrotar a la hiperinflación. 
Una vez que se tuvieron que aplicar políticas para 
generar empleo y crecimiento los neopopulistas se 
sintieron atados por las recomendaciones tecno- 
cráticas de los neoliberales y cambiaron sus equi- 
pos económicos (Weyland, 2003: 1100). 

Al igual que los populismos neoliberales el go- 
bierno de Correa probablemente tendrá dificulta- 
des para ser viable en el mediano plazo. La visión 
antipartidos políticos y el no sentirse atado por 
las instituciones dificultarán que Correa rutinice 
su carisma. Sin instituciones partidistas estará so- 
metido a la volatilidad de la voluntad popular sin 
que medien lealtades a partidos o instituciones. La 
necesidad de constantemente probar el carisma, 
que casi le cuesta la vida en el cuartel de la poli- 
cía, pueden ocasionarle los problemas asociados a 
las paradojas del éxito (Weyland, 2006). Una vez 
exitosamente destrozado el viejo orden institucio- 
nal Correa tendrá que seguir obteniendo triunfos y 
dar soluciones concretas a problemas más difíciles 
de resolver como son el desempleo, la inequidad, 
la inseguridad ciudadana y hacer realidad la no- 
ción de que está llevando a cabo una revolución 
ciudadana para mejorar la calidad y los rendimien- 
tos de la democracia. Las paradojas del éxito y la 
búsqueda de soluciones rápidas y eficientes a pro- 
blemas complejos que llevaron al divorcio de los 
neopopulistas con los tecnócratas probablemente 
llevarán a conflictos entre criterios tecnocráticos 


y populistas en el gobierno de Correa. Además, 
al sentirse forjadores de la voluntad hegeliana de 
toda la sociedad los expertos posneoliberales y su 
líder seguirán tratando de imponer criterios que 
provocarán conflictos con asociaciones de la so- 
ciedad civil descalificadas como corporativistas. 
Probablemente subirá la conflictividad y el líder 
probará su carisma. Cuando las condiciones eco- 
nómicas y sociales sean adversas, el riesgo es que 
termine como Jesús abandonado en la cruz, o en su 
defecto puede ser que el redentor resucite en cada 
nueva elección. 


50 


El correísmo al desnudo 


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52 


El correísmo al desnudo 


Notas 

1 Agradezco a la John Simón Guggenheim Memorial Foun- 
dation por su apoyo. Este trabajo fue presentado en Grin- 
nell College y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Ecuador. Benjamín Arditi, Felipe Burbano, Carmen 
Martínez Novo, Enrique Peruzzotti, Francisco Panizza, So- 
ledad Stoessel, Kurt Weyland, Loris Zanatta, Pedro Zúquete 
y lectores anónimos de LARR me dieron sugerencias para 
clarificar y mejorar mis argumentos. 

Artículo publicado en Latín American Research Review, Vol. 
48, No. 1. © 2013 by the Latín American Studies Association. 

2 Ejemplos de políticos que anteriormente trabajaron en 
varios partidos y que hicieron campaña por Correa son 


Nicolás Iza en la provincia de Guayas y Trajano Andrade 
en la provincia de Manabí. 

3 El Gobierno controla el medio impreso estatal El Telégra- 
fo y el medio digital El Ciudadano. Las empresas de tele- 
visión directa TC Televisión y Gama Visión y el canal de 
televisión por cable Cablevisión que fueron expropiados 
a los banqueros Isaías. Además se conformó el canal pú- 
blico Tevecuador y el Estado controla cuatro estaciones 
de radio. Los enlaces ciudadanos son retransmitidos por 
alrededor de cuatrocientas estaciones de radio y por dos 
canales de televisión. 


La Revolución Ciudadana y las 
demandas de género 


Gayne Villagómez Weir 

Abogada, especializada en género y derechos de las 
mujeres, feminista y militante del movimiento de mujeres. 
Excandidata a la Asamblea Nacional. 


La mujer sigue estando muy limitada en 
términos de oportunidades económicas y 
de empoderamiento. 

PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2011 

El artículo que precede constituye una revisión 
crítica del estado de algunos derechos humanos de las 
mujeres. No han sido mencionados los avances, que 
los hay, puesto que la intención es aportar al debate y 
al diálogo sobre aquello que aún resulta controvertido 
y profundamente cuestionados y que tiene ver con 
la subordinación de las mujeres y la lucha por la 
conquista de su autonomía y libertades. 

Los temas abordados son: los derechos 

constitucionalizados de las mujeres, el nuevo código 
penal y la violencia de género, la discusión en torno a 
una nueva ley de violencia a la mujer, el derecho a la 
autonomía sobre el propio cuerpo, las Observaciones 
formuladas por el Comité de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales al Estado Ecuatoriano respecto 
a la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres 
en Ecuador (diciembre, 2012), la trata de mujeres, la 
participación ciudadana como un derecho en ciernes 
que no termina de estructurarse, una reflexión a 
la jubilación de las mujeres a los 25 años de aporte 
como una medida discriminatoria, el género en las 
políticas sociales, y concluyo señalando las principales 
preocupaciones en torno a los derechos que mayor 
atención debe merecer de las autoridades. 


El neoconstitucionalismo y los derechos 
de las mujeres 

En estos últimos años se ha intensificado en Amé- 
rica Latina el modelo constitucional, potenciado espe- 
cialmente por el surgimiento y la mayor armonización 
de las legislaciones nacionales con el derecho interna- 
cional de los derechos humanos. La Constitución del 
Ecuador de 2008, contiene importantes avances en de- 
rechos humanos, superando a la Constitución del 98. 
El nuevo marco normativo no obstante, no es un fin 
en sí mismo, sino el medio para consolidar una socie- 
dad equitativa y socialmente justa. 

De la constitución considerada fundamentalmen- 
te como carta política dirigida básicamente al Parla- 
mento, se pasa a su consideración como norma jurí- 
dica suprema y de aplicación directa, dirigida funda- 
mentalmente a los tribunales, en especial al tribunal 
constitucional [Corte Constitucional]. Del Estado 
legal de Derecho se pasa al Estado Constitucional 
de Derecho, donde la Constitución, mucho más que 
la ley, se convierte en el centro de todo el sistema 
normativo. De la centralidad del Estado y de sus pre- 
rrogativas, se da lugar a la consideración de la per- 
sona humana y sus derechos como ejes del sistema 
jurídico (Santiago, 2008: 7). 

A decir de Raúl Zaffaroni, la Constitución de Mon- 
tecristi es uno de los hitos del neoconstitucionalismo 
social más destacado de nuestra región, junto a la nue- 
va Constitución Boliviana (2009: 11). 


54 


El correísmo al desnudo 


El neoconstitucionalismo implica una modificación 
sustancial de las fuentes del derecho, como son, por un 
lado, los tratados internacionales llamados a regir en 
las relaciones internas, y, por el otro, la facultad del o 
la jueza de aplicar directamente la Constitución sin que 
necesariamente medie una norma secundaria o ley. La 
Constitución ecuatoriana, artículo 11, numeral 3, prevé 
la inmediatez entre la norma y su aplicación directa por 
cualquier servidor o servidora pública, administrativa o 
judicial, lo cual indudablemente puede contribuir a mejo- 
rar la aplicación de la ley -y por tanto proteger mejor los 
derechos- siempre que las autoridades asuman su nuevo 
rol y si las usuarias deciden hacer uso de este mecanismo. 

La actual corriente constitucionalista otorga mayor 
especificación a los derechos, permitiendo ir de la ge- 
neralización declarativa, originada en la Declaración de 
los Derechos Humanos de 1948 -que resultó en dispo- 
siciones constitucionales generales- a convenciones e 
instrumentos más específicos para mejorar la protec- 
ción de los derechos y las garantías constitucionales. En 
el mundo, se había demostrado que las enunciaciones 
genéricas no habían contribuido lo suficiente para erra- 
dicar la discriminación, desigualdad y violencia, salvo 
casos individuales ganados ante el sistema judicial na- 
cional o ante instancias internacionales. 

[El neoconstitucionalismo]... apunta a sustituir la 
noción tradicional de democracia entendida como 
supremacía de la voluntad de la mayoría, por la idea 
de supremacía de la Constitución Política, entendi- 
da como el sistema normativo que contiene la de- 
finición y las garantías de los derechos fundamen- 
tales, y el sistema de límites y contrapesos al poder 
(Escobar, 2010: 218). 

Ahora bien, este paradigma es hasta ahora un 
modelo teórico, pues en la realidad concreta y efecti- 
va, especialmente en los países de América Latina, es 
poco lo que se ha acercado a este programa. Poco ha 
podido orientar la dinámica política y económica, y 
no ha logrado satisfacer las exigencias de los derechos 
fundamentales de las personas: desigualdad, miseria 
y arbitrariedad por parte de los poderes económicos 
y políticos dominantes, constituyen un lugar común 
en la región (Escobar, 2010: 221). 

El Régimen del Buen Vivir, instituido en la Consti- 
tución de 2008, crea un sistema nacional de inclusión y 
equidad social articulado por las instituciones, políticas, 
normas, programas y servicios para asegurar el ejerci- 
cio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 
en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos 
del régimen de desarrollo. Los derechos humanos de 
las mujeres alcanzan un importante desarrollo en este 
marco constitucional, constituyéndose en un referente 
ético para alcanzar relaciones igualitarias, erradicando 


la discriminación y violencia. El Estado asume un rol 
activo para eliminar la desigualdad y exclusión pero las 
mujeres también, la participación ciudadana en la cons- 
trucción de lo público traza un inminente rol protagó- 
nico desde la actoría social de las mujeres. Hasta donde 
responderá este nuevo orden a las expectativas de las 
mujeres aún está en ciernes, hay mucho por hacer en la 
edificación de la participación ciudadana, que además 
debe partir de un enfoque de género. A continuación 
se señalan los derechos más relevantes en materia de 
igualdad de género. 

1. Estado Laico.- Se vuelve a reconocer al Estado como 
laico (principio excluido de la Constitución de 1998), que 
debe administrar lo público y hacer su gestión sobre una 
ética laica. Con ello se constitucionaliza la separación de 
las iglesias con el Estado (Art. 1; 3.4: 28). 

2. Principios y derechos de igualdad y no discrimina- 
ción.- Los principios de igualdad y no discriminación 
experimentan uno de los avances más significativos: 
se amplía el derecho a la no discriminación. Art. 11.2.- 
“nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género 
[...] condición migratoria, orientación sexual, estado 
de salud, por portar VIH, discapacidad, diferencia 
física, ni por cualquier otra distinción...”. Se estable- 
cen medidas de acción afirmativa como mecanismos 
de promoción de la igualdad real en favor de los ti- 
tulares de derechos que se encuentran en situación 
de desigualdad (Art. 11.2). 

3. Educación para la igualdad.- La educación es un me- 
canismo y garantía de la igualdad e inclusión social; 
impulsará la equidad de género y el Estado deberá erra- 
dicar todas las formas de violencia en el sistema educa- 
tivo y velar por la integridad física, psicológica y sexual 
de las y los estudiantes (Arts. 26; 28; 347.4; 347.6). 

4. Salud con enfoque de género.- La salud pública debe 
tener enfoque de género. Otorga la garantía de contar 
con atención integral de salud, salud sexual y salud 
reproductiva. El Estado será responsable de asegurar 
acciones y servicios de salud sexual y de salud repro- 
ductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las 
mujeres, en especial durante el embarazo, parto y pos- 
parto (Arts. 32; 358; 362; 363.6). 

5. Atención prioritaria a niñas y mujeres.- Entre los 
grupos de atención prioritaria están las niñas, mujeres 
embarazadas, víctimas de violencia doméstica y sexual, 
maltrato infantil (Art. 35). 

6. Atención prioritaria a personas desplazadas.- En los 
casos de desplazamiento arbitrario, las niñas, niños, 


Gayne Villagómez Weir 


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adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas 
o hijos menores, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 
preferente y especializada (Art. 42). 

7. Derechos de las mujeres embarazadas.- Se garantiza 
a las mujeres embarazadas y en período de lactancia a 
no ser discriminadas en razón de su embarazo, a reci- 
bir atención prioritaria y servicios gratuitos; tendrán 
un tratamiento preferente y especializado cuando se 
encuentren privadas de su libertad (Arts. 43 y 51.6). 

8. Derecho a la participación política y en la vida pú- 
blica.- Las y los ecuatorianas y ecuatorianos tenemos 
el derecho a desempeñar funciones públicas a base de 
méritos y capacidades, con criterios de equidad y pa- 
ridad de género, igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad y participación interge- 
neracional. En tal sentido se determina que el Estado 
promoverá la representación paritaria de mujeres y 
hombres en los cargos de nominación o designación de 
la función pública, en instancias de dirección y deci- 
sión, y en los partidos y movimientos políticos. En los 
procesos electorales de carácter pluripersonal, la ley 
establecerá un sistema electoral conforme a los princi- 
pios de proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, 
paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres. Se 
señala además, por primera vez, que es inhábil para 
ser candidato o candidata por elección popular, quien 
adeuda pensiones alimenticias (Arts. 61; 113.3; 116; 
117). Para el sistema judicial se debe propender a la 
paridad entre hombres y mujeres (Art. 176). 

9. Derecho a una vida libre de violencia.- Se consagra 
el derecho de las personas a la integridad personal, 
que incluye el derecho a la integridad física, psíqui- 
ca, moral y sexual; una vida libre de violencia en el 
ámbito público y privado, para lo cual el Estado está 
obligado a adoptar medidas necesarias para prevenir, 
eliminar y sancionar toda forma de violencia, en espe- 
cial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adoles- 
centes (Art. 66.3). 

10. Derechos sexuales y derechos reproductivos.- Es- 
tos derechos fueron separados entre sí, de manera que 
se reconoce su ejercicio autónomo. El derecho a tomar 
decisiones libres, informadas, voluntarias y responsa- 
bles sobre la sexualidad, la vida y orientación sexual y 
la salud y vida reproductiva (Art. 66.9, 66.10). 

11. La familia.- Se reconocen los diversos tipos de fa- 
milia: ampliada, transnacional, unipersonal, con jefa 
de hogar, del mismo sexo. La Constitución recono- 
ce la unión de hecho entre dos personas que incluye 
uniones entre personas del mismo sexo (Art. 67, 68). 


12. Corresponsabilidad materna y paterna.- El Estado 
promueve la corresponsabilidad materna y paterna, es 
decir, el trabajo compartido del cuidado del hogar y las 
y los hijos (Art. 69). 

13. Políticas públicas con enfoque de género.- El Estado 
formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igual- 
dad entre mujeres y hombres a través del mecanismo 
especializado (entidad pública de género que aún no ha 
sido definida, que antes era el CONAMU), incorporará 
el enfoque de género en planes y programas y brindará 
asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 
sector público. Por otro lado la Constitución crea los 
consejos nacionales para institucionalizar la equidad de 
género, encargados de asegurar la vigencia y ejercicio 
de los derechos consagrados en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos 
(Arts. 70, 156) los cuales no han sido creados aún al no 
haber aprobado la Ley de Igualdad. 

14. Justicia de género y derechos de las víctimas.- Las 
víctimas de infracciones penales gozarán de protección 
especial y se les garantizará su no revictimización (Arts. 
78, 198). Se instituye un nuevo sistema de justicia: se 
crean los juzgados de familia, niñez y adolescencia y 
en general los juzgados especializados necesarios (Art. 
186) que según la Ley Orgánica de la Función Judicial 
contempla también la creación de juzgados de violen- 
cia contra la mujer (entre otras especialidades) que 
vendrían a adoptar las competencias de las Comisa- 
rías de la Mujer y la Familia. En cuanto a la justicia in- 
dígena debe respetar los derechos humanos consagra- 
dos en la Constitución e instrumentos internacionales 
y garantizar que las mujeres participen en la toma de 
decisiones de la justicia indígena (Art. 171). La reestruc- 
turación de sistema judicial está en ejecución conside- 
rando las necesidades poblacionales y la prevalencia de 
violencia de género según la Encuesta de Violencia de 
Género realizada en noviembre de 2011, lo que está a 
cargo del Consejo de la Judicatura en Transición, con 
apoyo de una Mesa Interinstitucional por la Justicia de 
Género, que la conforman las entidades que integran el 
Sistema de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, instalada desde enero del presente. 

15. Trabajo reproductivo.- Se reconocen las labores de 
autosustento y cuidado humano, considerando a quienes 
las realizan como actoras sociales productivas, siendo 
este un reconocimiento del trabajo del hogar no remu- 
nerado generalmente realizado por mujeres (Arts. 325; 
329; 331). Se determina el derecho de las mujeres a la 
remuneración equitativa para lo cual rige el principio de 
a trabajo de igual valor corresponderá igual remunera- 
ción (Art. 326.4; 331) ya que existe un diferencial salarial 
en perjuicio de las mujeres. Además se reconoce como 


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El correísmo al desnudo 


trabajo productivo el trabajo no remunerado de autosus- 
tento y cuidado humano que se realiza en el hogar. El 
Estado está obligado a promover un régimen laboral que 
funcione en armonía con las necesidades del cuidado hu- 
mano, que facilite servicios, infraestructura y horarios 
de trabajo adecuados; impulsará la corresponsabilidad y 
reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo domés- 
tico y en las obligaciones familiares (Art. 333). 

16. Seguridad social para amas de casa.- Se extenderá el 
seguro social de manera progresiva a las personas que 
tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en 
el hogar (Art. 333) lo que el Instituto de Seguridad So- 
cial está comenzando a implementar. 

17. Acceso a los factores de producción.- El Estado debe 
desarrollar políticas para erradicar la desigualdad y dis- 
criminación hacia las mujeres productoras, en el acceso 
a los factores de producción (Art. 334). 

18. Derecho al hábitat y vivienda digna.- El Estado debe 
desarrollar planes y programas de financiamiento para 
vivienda de interés social, con énfasis para las personas 
de escasos recursos económicos y mujeres jefas de ho- 
gar (Art. 375.5). 

19. Lenguaje inclusivo.- La Constitución emplea un len- 
guaje inclusivo -no sexista-, con expresa mención de 
ambos sexos. 

El nuevo código penal y la violencia de género 

El nuevo código penal integral a ser discutido por la 
recién instalada Asamblea suscita mucho interés para 
las mujeres. Una restructuración del sistema judicial es 
inevitable para alcanzar una justicia de género. El siste- 
ma judicial es por excelencia la instancia que atribuye 
responsabilidades a los agresores; es donde se toman 
decisiones sobre la vida de las víctimas de las diversas 
expresiones de violencia (física, psicológica, sexual, pa- 
trimonial); y es la instancia que debe reparar el daño 
causado y restaurar los derechos conculcados. 

El Derecho ha sido uno de los principales articula- 
dores de la subordinación femenina, solo basta recor- 
dar cómo los derechos y libertades fundamentales de 
los que ahora gozan las mujeres (caminar sola por las 
calles, participar en política, trabajar), fueron en el pa- 
sado serias transgresiones al orden establecido y, quie- 
nes pasaban la línea, recibían severas sanciones penales 
por ello. La supuesta neutralidad del Derecho comenzó 
a ser desmitificada por las investigaciones y teorías de 
género realizadas desde la década de los 70. Se demos- 
tró que, por el contrario, en el Derecho se manifiestan 
ideología y relaciones de poder construidas por la cul- 


tura dominante. Las normas jurídicas expresan mode- 
los de convivencia, tanto en la vida política y pública 
como en la privada, reproduciendo el deber ser para 
mujeres y hombres. 

Los códigos penales de América Latina están impreg- 
nados de concepciones arcaicas cuando de las mujeres 
se trata: ideas ancladas en el pensamiento del siglo XIX 
y mantenidas casi inalterables. En uno de sus análisis, 
la jurista peruana Gladys Acosta (1999: 622) constata 
la enorme distancia entre los postulados cada vez más 
avanzados en los niveles internacionales en materia de 
derechos y los “rezagos atávicos de la legislación penal 
anclados en el pasado, persistentes en mantener el confi- 
namiento de las mujeres a ‘cárceles sociales’ construidas 
sobre prejuicios culturales y religiosos.” El derecho pro- 
tege las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, a 
pesar de ciertas modificaciones en el tiempo. 

El Informe de Acceso a la Justicia de las Mujeres 
Víctimas de Violencia en las Américas (2007), destaca 
los obstáculos que las mujeres tienen, considerando 
que existen problemas estructurales en los sistemas de 
justicia de las Américas, como también problemas que 
enfrentan los grupos tradicionalmente discriminados 
como las mujeres. 

En este informe la Comisión Interamericana de De- 
rechos Humanos observa que la investigación de los 
casos de violencia contra las mujeres se ve afectada en 
primer lugar, por “retrasos injustificados por parte de 
las instancias encargadas de efectuar la investigación 
para llevar a cabo las diligencias necesarias, debido a 
una percepción de estos casos como no prioritarios”. La 
Comisión constata la falta de uso de otros o mejores 
medios para la investigación de los hechos denuncia- 
dos, lo cual es producto principalmente de patrones 
socioculturales discriminatorios de las y los funciona- 
rios, que restan importancia a los casos y a las víctimas, 
como si no fueran prioritarios (2007: 53). 

La Recomendación general 19 del Comité de la 
CEDAW insta a que los Estados Partes “velen porque 
las leyes contra la violencia y los malos tratos en la 
familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo 
de violencia contra la mujer protejan de manera ade- 
cuada a todas las mujeres y respeten su integridad y 
su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas pro- 
tección y apoyos apropiados. Es indispensable que se 
capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del 
orden público y otros funcionarios públicos para que 
apliquen la Convención”. 

Finalmente, tanto la Convención sobre la Elimi- 
nación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, como la Convención de Belem Do Para, es- 
tipulan que los Estados partes tomarán medidas para 
garantizar a las mujeres víctimas de violencia un pro- 
cedimiento justo, ágil y eficaz, que incluya medidas de 
protección según sus necesidades. Para este efecto se 


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deberán tomar medidas para modificar o abolir prácti- 
cas jurídicas o consuetudinarias que respalden la vio- 
lencia contra la mujer. 

El aporte del movimiento de mujeres a los cambios 
normativos indudablemente ha logrado visibilizar el se- 
xismo en el derecho y en su aplicación por parte de las 
y los operadoras/es de justicia y se han producido cam- 
bios en la tipificación de algunos delitos. Las reivindica- 
ciones que hora se proponen las organizaciones de mu- 
jeres son un desafío mayor ante la discusión respecto al 
nuevo código penal, misma que puede ser una oportuni- 
dad para avanzar sustancialmente o perpetrar los postu- 
lados del derecho penal tradicional en sus concepciones 
sexistas y discriminatorias; esto va a depender del grado 
de incidencia en las decisiones de cada uno los actores y 
los niveles de reflexión y cambio de concepciones. 

En esta revisión de la normativa penal las mujeres 
tenemos propuestas y cuestionamientos al derecho 
penal tradicional por varias razones; porque penali- 
za conductas que no deben recibir sanción penal (el 
aborto y el estupro por ejemplo); porque tipifica de- 
litos sexuales con definiciones moralistas, sujetivas y 
ancrónicas (el bien jurídico protegido es el pudor y no 
la integridad sexual): porque el procedimiento penal 
es revictimizante y porque está lejos de instalar una 
verdadera justicia restaurativa. 

La nueva legislación penal propone abarcar todas las 
leyes penales, o el mayor número de ellas, lo cual in- 
cluye la Ley de Violencia contra la mujer (Ley 103). En 
noviembre de 2011, a lo sl7 años de vigencia de la Ley de 
Violencia contra la Mujer y la Lamilia, se realizó por pri- 
mera vez una encuesta nacional para indagar sobre la si- 
tuación de violencia de género. La Encuesta Nacional de 
Relaciones Lamiliares y Violencia de Género contra las 
Mujeres arrojó resultados alarmantes que debió concitar 
más atención, tanto del Estado como de la ciudadanía. 

De la encuesta, aparece que “en Ecuador 6 de cada 
10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de gé- 
nero” y que una de cada cuatro mujeres ha vivido vio- 
lencia sexual, siendo la violencia psicológica la forma 
más recurrente de violencia de género con el 53,9%. Se 
evidencia que el factor de riesgo es ser mujer, el cual 
va in crescendo si está casada o tiene pareja, tiene hijos 
e hijas (entre más hijos/as más violencia), se vive en 
pareja desde joven y tiene menos nivel de educación. 

El proyecto del nuevo código penal hace modifica- 
ciones al tratamiento que recibe la violencia de género. 
Una de ellas me causa mucha preocupación y se trata 
de la subida de las penas privativas de la libertad para 
todos los delitos, en especial me referiré a los delitos 
por violencia de género. Me remito a la relación entre 
el sistema de justicia y las usuarias de las comisarías de 
las mujeres, víctimas de violencia intrafamiliar. Según 
tres estudios realizados, que voy a citar, sobre el uso 
que hacen las mujeres de las Comisarias de la mujer y la 


familia, se evidencia que, generalmente, cuando llega el 
momento de denunciar a los agresores, prefieren no ha- 
cerlo y sienten que es suficiente hacer uso de las medi- 
das de amparo como medida persuasiva de la violencia. 

A nivel del país encontramos que el 79% de las per- 
sonas que han presentado una denuncia -entre 2005 y 
2007- han obtenido la boleta de auxilio y el 45% han 
sido protegidas con la medida que prohíbe el acerca- 
miento a la víctima (Camacho, 2011: 132). 

En el mapeo de las CMF del Ecuador, realizado por 
Camacho y Jácome (2008), se sostiene que el elevado 
porcentaje de boletas de auxilio que se otorgan se ex- 
plicaría porque es la medida más conocida y porque las 
mujeres la solicitan como un recurso disuasivo, como 
un mecanismo para “asustar” al agresor y lograr que 
cambie su conducta... (Camacho, 2011: 133). 

En el Informe temático, Las violencias de género 
como limitante para el ejercicio de los derechos huma- 
nos de las mujeres, las autoras señalan que “muchas 
usuarias no van a las CMF a buscar una sanción formal 
o la prisión para su pareja o que consideran que la cita- 
ción o las medidas de amparo obtenidas ya constituyen 
una sanción...” (García y Camacho, 2010: 40). 

Pese a constituir la violencia intrafamiliar una in- 
fracción, las víctimas, en pocas ocasiones prosiguen el 
proceso hasta obtener sentencia condenatoria por mu- 
chas razones: la falta de recursos económicos, la depen- 
dencia afectiva, miedo a las represalias del agresor o 
su familia, por la vergüenza social, por los hijos/as. Se 
generan sentimientos ambivalentes que complejizan la 
toma de decisiones. 

Elevar las penas para los delitos de violencia intra- 
familiar no es una medida disuasiva, ni constituirá un 
medio efectivo y eficaz, más bien alejaría aún más a 
las mujeres de los juzgados y tribunales. Habría menos 
mujeres violentadas dispuestas a denunciar a sus agre- 
sores. Si lo hacen, ¿en qué situación económica que- 
dan? ¿Podrán seguir habitando en la misma vivienda 
después de haber puesto la denuncia? ¿Tendrán protec- 
ción si el agresor es liberado y atenta contra ellas? Las 
respuestas estatales son débiles aún frente a estas inte- 
rrogantes. Las mujeres, hoy por hoy, deben resolver su 
situación con el poco apoyo estatal que existe u optar 
por no hacer nada frente a su situación. 

El derecho penal mínimo o garantista no percibe 
como menos grave a los delitos, ni mucho menos, sino 
que su abordaje es desde la responsabilidad social e 
individual por una parte, y por otra, otorga a la víc- 
tima un papel activo para encontrar las reparaciones 
a su proyecto de vida. La respuesta estatal no puede 
seguir siendo un medio para tomar represalias o ven- 
ganzas, anteponiendo la privación de la libertad como 
el mecanismo más eficaz, lo cual contraviene uno de 
los pilares del derecho penal. El derecho penal míni- 
mo brinda herramientas más eficaces para el aborda- 


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El correísmo al desnudo 


je de la criminalidad e indudablemente tiene mucho 
que aportar al tratamiento de la violencia de género a 
través de: medidas alternativas de responsabilización 
(responder frente a las faltas cometidas), de rehabilita- 
ción (cambio de conductas) y de restauración (reparar 
a la víctima integralmente). 

¿Es necesaria una Ley Integral contra la 
Violencia a la Mujer? 

La discusión en torno al nuevo código orgánico in- 
tegral penal (COIP) suscitó una amplia discusión sobre 
la incorporación de la Ley 103 a esta normativa, ya que 
sus disposiciones sufrieron cambios en el proyecto de 
ley que han creado puntos de tensión con las organiza- 
ciones de mujeres, que no obstante, concuerdan con la 
necesidad de actualizar la Ley 103. Hay cambios en las 
penas, que como señalé anteriormente, se han incre- 
mentado sustancialmente, y por otra parte, el otorga- 
miento de las medidas de amparo podría requerir de un 
trámite más largo que pondría en peligro la seguridad 
de la víctima. 

Sin embargo de estos desacuerdos que podrían 
resolverse en la Asamblea, no es contradictorio ni 
excluyente entre sí, la decisión de también aprobar 
una nueva ley integral de violencia contra la mujer 
que fortalezca la política pública, que es el Plan de 
Violencia de Género, en cuanto a las acciones de 
prevención, atención y capacitación. En definitiva, 
los resultados de la Encuesta de Relaciones Familia- 
res y Violencia de Género nos pone sobre alerta de 
las múltiples aristas del problema y que requiere de 
nuevas estrategias y acciones: 

• Ambitos: educación, salud, publicidad, política, 
entre otros. 

• Visibilización de los sujetos del derecho a una vida libre, 
de violencia que incluya violencia generada en relaciones 
entre personas del mismo sexo. 

• Ejes o dimensiones: prevención, atención y reparación 
en función de los géneros, mujeres de diferente clase, et- 
nia, condición socio económica. 

• Posicionar/fortalecer al Plan de Violencia de Género. 

• Asegurar un presupuesto mínimo. 

• Otorgar responsabilidades al Gobierno nacional y los 
gobiernos locales. 

Una normativa específica en materia de violen- 
cia de género sería una ley complementaria al nue- 
vo código penal, y no opuesta a ella; la violencia de 
género es una problemática que requiere de accio- 
nes múltiples, en todos los campos, lo cual desborda 
lo punitivo. 


Autonomía sobre el propio cuerpo: 

¿un derecho o un exceso? 

En el Informe provisional del Relator Especial sobre 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental, del 3 de agosto de 2011, 
el Sr. Anand Grover, presentó ante la Asamblea Gene- 
ral de las Naciones Unidas las siguientes conclusiones 
y recomendaciones a ser consideradas por el Estado 
ecuatoriano dentro del actual proceso de revisión de 
su legislación penal por la Asamblea Nacional. En este 
Informe, el Sr. Grover cuestiona seriamente la penaliza- 
ción de aspectos relacionados con la salud reproductiva 
de las mujeres y sostiene que deben ser tratados como 
problemas de salud pública y no como actos criminales, 
como ocurre con la penalización del aborto; hacerlo es 
violatorio al derecho a la salud de las mujeres. A conti- 
nuación una cita de su informe. 

21. Las leyes penales que castigan y restringen el 
aborto inducido son el ejemplo paradigmático de 
las barreras inaceptables que impiden a las mujeres 
ejercer su derecho a la salud y, por consiguiente, de- 
ben eliminarse. Estas leyes atenían contra la digni- 
dad y autonomía de la mujer al restringir gravemen- 
te su libertad para adoptar decisiones que afecten a 
su salud sexual y reproductiva. Asimismo, generan 
invariablemente efectos nocivos para la salud físi- 
ca, al ser causa de muertes evitables, morbilidad y 
mala salud, y para la salud mental, entre otras co- 
sas porque las mujeres afectadas se arriesgan a caer 
en el sistema de justicia penal. La promulgación o 
el mantenimiento de leyes que penalicen el aborto 
pueden constituir una violación de la obligación de 
los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el 
derecho a la salud. 

22. El Comité para la Eliminación de la Discrimina- 
ción contra la Mujer ha condenado enérgicamente 
las leyes que restringen el aborto, especialmente las 
que prohíben y penalizan el aborto en todas las cir- 
cunstancias (véase CEDAW/C/CH/CO/4, párr. 19). 
También ha confirmado que ese tipo de legislación 
no impide que las mujeres recurran a abortos ilega- 
les practicados en condiciones peligrosas, y ha cali- 
ficado las leyes que restringen el aborto de violación 
de los derechos a la vida, la salud y la información 1 . 
Al Comité de los Derechos del Niño le preocupan 
también los efectos de las leyes que restringen se- 
veramente el aborto en el derecho a la salud de las 
niñas adolescentes 2 . El Comité contra la Tortura 
también ha afirmado que las leyes que penalizan 
el aborto deberían volver a evaluarse, ya que dan 
lugar a violaciones del derecho de la mujer a no 
verse sometida a tratos inhumanos y degradantes 3 . 


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El Comité de Derechos Humanos llegó a la con- 
clusión de que la igualdad entre hombres y muje- 
res exigía la igualdad de trato en el ámbito de la 
salud y la eliminación de la discriminación en el 
suministro de bienes y servicios, e hizo hincapié 
en la necesidad de examinar la legislación relativa 
al aborto para evitar que se violasen los derechos 
de la mujer (véase CCPR/C/21/Rev.l/Add.lO, pá- 
rrs. 20, 28 y 31). El anterior Relator Especial sobre 
el derecho a la salud pidió que se eliminaran las 
disposiciones que castigaban a las mujeres que 
abortaban (E/CN.4/2004/49, párr. 30). 

El hecho es que frente a los embarazos no desea- 
dos y a las restricciones legales existentes, las mujeres 
toman medidas con mano propia. Empleando la pro- 
yección de la OMS, la Fundación Esar estima que se 
realizan más de 95 mil abortos clandestinos en Ecua- 
dor cada año, de los cuales casi el 100% son insegu- 
ros (Fundación ESAR, 2005: 8). La criminalización de 
los servicios de aborto ha provocado 23.364 visitas al 
hospital debido a complicaciones del aborto en el año 
2010 (MSP, 2011: 15), ya que las mujeres no pudieron 
recibir atención médica adecuada y segura. 

A fin de alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Mi- 
lenio 5, de reducir la tasa de mortalidad materna en 
tres cuartas partes, será necesario aumentar la res- 
puesta estatal, siendo una de ellos la despenalización 
del aborto, al menos en casos graves, como de viola- 
ción sexual y mal formación congénita (Bustamante, 
Gómez de la Torre et al, 2011: 59). 

Existen amplios fundamentos constitucionales y éti- 
cos para ampliar las causales del aborto y despenalizar 
su tratamiento al tratarse de un asunto de salud pública: 

1. El Estado tiene la obligación de garantizar el 
derecho a la salud y la vida de la mujer, según lo 
establecido en la Constitución, y Ecuador es parte de 
varios convenios y tratados internacionales. Por lo 
tanto, durante la revisión del Código Penal, Ecuador 
tiene el compromiso y la oportunidad de reducir las 
barreras de acceso de las mujeres a ejercer plena- 
mente su derecho a la vida, a la salud y derechos 
sexuales y reproductivos. 

2. La ineficacia de las restricciones en el Código 
Penal es evidente en la medida en que el aborto es 
una práctica común en el Ecuador y contribuye a las 
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materna. 

3. La mortalidad y morbilidad asociada con los 

abortos son completamente prevenibles. El Estado 
ecuatoriano tiene la obligación de atender el proble- 
ma del aborto inseguro porque es un asunto de salud 
pública. Es urgente ampliar las causas de aborto legal 


y adoptar políticas públicas para un mejor acceso a la 
anticoncepción regular y de emergencia y a los servi- 
cios que garanticen estos derechos. 

4. El derecho a la vida implica la obligación del Es- 
tado de erradicar las condiciones que pone en peligro 
la vida de las mujeres debido a complicaciones relacio- 
nadas con los abortos clandestinos. 

5. El derecho a la integridad física. Las prácticas 
inseguras en los abortos clandestinos pueden resultar 
en lesiones y daños para la salud y vida de las mujeres. 

6. El derecho a la salud y atención médica. El 

aborto es un problema de salud debido a los altos 
niveles de muertes que causa, siendo algunas de sus 
consecuencias irreparables. Hay estudios que seña- 
lan que casi el 33% de las mujeres ecuatorianas han 
tenido un aborto. 

7. El derecho a la igualdad y no discriminación. 

El Comité de la CEDAW ha señalado que “no es su- 
ficiente garantizar igualdad de trato entre mujeres y 
hombres. Las diferencias biológicas y aquellas creadas 
por la sociedad y la cultura deben tenerse en cuenta 3 4 . 
El aborto es un procedimiento clínico utilizado por las 
mujeres, por lo cual no poder acceder a servicios se- 
guros y de calidad es discriminación. En la práctica 
quienes experimentan mayores dificultades y desven- 
tajas sociales y económicas cuando tienen hijos, son 
las mujeres, y cuando se ven obligadas a continuar un 
embarazo no deseado tienen aun mayores desventajas 
que podrían ser evitadas”. 

8 . El derecho a tomar decisiones libres, volunta- 
rias y responsables sobre la vida y la salud se- 
xual. La Constitución garantiza este derecho en su 
artículo 66, numeral 9, y señala que “El Estado promo- 
verá el acceso a los medios necesarios para que estas 
decisiones se den en condiciones seguras”. 

9. El derecho a una vida libre de violencia. La vio- 
lencia contra la mujer es considerada más que solo 
violencia física, los abortos clandestinos llevan a las 
mujeres a arriesgar su integridad física y su vida lo 
cual constituye una forma extrema de violencia. El de- 
recho a una vida libre de violencia está garantizado en 
la Constitución, artículo 66, numeral 3 y en la Ley so- 
bre la violencia contra la mujer y la familia o Ley 103. 
La violencia sexual es una realidad que afecta a un 
gran número de mujeres; en 2008, 10.672 casos de de- 
nuncias por delitos sexuales se presentaron ante la 
Fiscalía General, de los cuales existen probabilidades 
de que se produzcan embarazos no deseados en la ter- 
cera parte de los casos. 


60 


El correísmo al desnudo 


10. El derecho a no ser sometido a trato cruel, 
inhumano y denigrante. Varios órganos de se- 
guimiento de los convenios han declarado que este 
derecho va más allá de su significado tradicional. 
Por ejemplo el Comité de Derechos Humanos, en 
su observación al Perú, expresa su “preocupación 
por el hecho de que la legislación de este país im- 
pone sanciones al aborto, incluso si el embarazo 
fue consecuencia de la violación” (HRW, 2005: 9) y 
Ecuador tiene la misma situación jurídica. El Comité 
expresó también su preocupación en varias ocasio- 
nes sobre las leyes que penalizan el aborto, señalan- 
do que en los casos en que se criminaliza el aborto 
cuando hay embarazo por violación, el Estado está 
vulnerando los artículos 6 y 7 del Pacto de los Dere- 
chos Civiles y Políticos por no proteger a las mujeres 
de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o 
denigrantes (Medina, 2003: 67). 

Observaciones del Comité de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales al Estado 
Ecuatoriano respecto a la salud sexual y 
salud reproductiva de las mujeres en Ecuador 
(diciembre, 2012) 

La salud de las mujeres, particularmente la sa- 
lud sexual y salud reproductiva, está inmersa en un 
contexto de desigualdad social y económica. Las ado- 
lescentes, mujeres no heterosexuales, campesinas, 
mujeres pobres, afrodescendientes e indígenas son 
las que se exponen a mayor vulnerabilidad y riesgo 5 . 
Las muertes de mujeres por causas relacionadas con 
embarazos no deseados y abortos en condiciones de 
riesgo son una realidad lacerante en el Ecuador y las 
respuestas estatales aún son débiles debido al marco 
jurídico restrictivo respecto del derecho a decidir so- 
bre la interrupción del embarazo. Prevalece un imagi- 
nario social castigador de la sexualidad adolescente, 
concepciones sociales sobre sexualidad construidos 
sobre mitos y estereotipos, una actitud estigmatizante 
hacia ciertos sectores poblacionales por parte del sis- 
tema de salud. 

A pesar de que la Constitución garantiza la gratuidad 
de la salud y el ejercicio pleno de los derechos sexuales 
y derechos reproductivos, la realidad demuestra debi- 
lidades en el cumplimiento real de estos derechos am- 
pliamente abordado en el Informe Alternativo sobre la 
situación de los Derechos Sexuales y Derechos Repro- 
ductivos de las mujeres en el Ecuador, elaborado por 
varias organizaciones de mujeres del Ecuador, presen- 
tado al Comité de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en septiembre de 2012, y abordado en la 
Sesión de Trabajo que este organismo sostuvo el 14 de 
noviembre del mismo año. 


Para las organizaciones participantes en este In- 
forme es de mucha preocupación la situación de la 
salud y los derechos sexuales y la salud y derechos 
reproductivos de las mujeres, debido a que persiste la 
discriminación y exclusión en su disfrute y obstáculos 
en su cumplimiento, por parte del Estado ecuatoriano, 
lo cual motivó a las organizaciones a llamar la aten- 
ción ante el Comité sobre estos factores. La disponi- 
bilidad de servicios públicos es decisiva a la hora de 
medir las respuestas estatales en salud sexual y salud 
reproductiva, de manera que las mujeres accedan a 
información veraz y oportuna, a servicios de salud es- 
pecíficos, a una atención desprovista de prejuicios y 
estereotipos y a tener acceso a los insumos necesarios 
para su salud. 

El Informe Alternativo enfatiza en la discrimina- 
ción de las mujeres en el disfrute del derecho a la sa- 
lud en cinco áreas de interés prioritario: 1) Mortalidad 
materna y el nuevo Código Penal; 2) Discriminación 
contra las mujeres en el acceso a servicios de salud 
reproductiva: aborto inseguro en casos de violación; 
3) Discriminación de las mujeres en el acceso a la an- 
ticoncepción de emergencia; 4) Embarazos adolescen- 
tes, y; 5) Discriminación en los servicios de salud para 
mujeres lesbianas y bisexuales. 

El Código Penal en Ecuador, permite el aborto solo 
para casos en que peligre la salud o vida de la mujer 
-en el caso de haberse producido una violación a una 
mujer “idiota o demente” (Art. 447 del Código Penal). 
Esta última causal conlleva la obligatoriedad de las de- 
más mujeres de continuar un embarazo resultado de 
una violación, vulnerando la obligación del Estado de 
asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva, 
sin discriminación para todas las mujeres, al consentir 
que solo algunas mujeres puedan acceder a servicios 
de aborto seguro. 

El acceso, de manera ágil y oportuna, a la anticon- 
cepción de emergencia es un desafío que el Estado, 
hace poco, está enfrentando con mayor seriedad. Las y 
los operadores de salud anteponen obstáculos para su 
entrega -en especial a adolescentes y jóvenes- hacien- 
do prevalecer su opinión moral antes que evidencias 
científicas o normas de salud. Frente al alarmante au- 
mento de embarazos de adolescentes, para la Autori- 
dad de Salud, la anticoncepción de emergencia es una 
herramienta muy eficaz. 

El Estado debe ofrecer servicios públicos seguros 
y gratuitos, acompañados de la entrega de anticon- 
cepción, información y educación sexual para que las 
y los adolescentes puedan tomar decisiones sobre su 
salud sexual y su salud reproductiva. La ausencia de 
estas medidas contribuye a que el aborto clandestino 
e inseguro, procedimiento de alta peligrosidad, se con- 
vierta en la única alternativa para las jóvenes. Según 
lo señalado por el Comité, la “realización del derecho a 


Gayne Villagómez Weir 


61 


la salud de las y los adolescentes depende del desarrollo 
de servicios de salud amigables para jóvenes, que respe- 
te su confidencialidad y privacidad e incluya servicios 
apropiados de salud sexual y reproductiva' 6 - 

Las observaciones que formuló el Comité DESC al 
Estado Ecuatoriano en el ámbito de los derechos sexua- 
les y reproductivos son: 

1. El Comité recomienda al Estado Parte implementar 
la reforma del Código Penal, con el fin de establecer 
excepciones a la penalización del aborto, cuando el em- 
barazo sea consecuencia de una violación aunque no se 
trate de mujeres con discapacidad y cuando se ha esta- 
blecido la existencia de malformaciones congénitas. El 
Comité insta al Estado Parte suprimir de su Código Pe- 
nal los términos “idiota” y “demente” cuando se refiere 
a las mujeres con discapacidad mental y/o psicosocial. 

2. El Comité insta al Estado Parte a eliminar las ba- 
rreras de acceso a anticonceptivos de emergencia y, 
especialmente, que retire las limitaciones a la libre dis- 
tribución de los mismos y que desarrolle estrategias 
para superar prejuicios culturales que restrinjan de su 
entrega a las mujeres y, que realice campañas sobre el 
derecho de las mujeres a acceder a los mismos. 

3. El Comité recomienda al Estado Parte realizar los 
esfuerzos necesarios, en el marco de la Estrategia Na- 
cional de Planificación Familiar Prevención de Emba- 
razo Adolescente - ENIPLA y otros programas idó- 
neos, para prevenir el embarazo en adolescentes, des- 
de una perspectiva de ejercicio de derechos humanos. 

4. El Comité recomienda al Estado Parte establecer li- 
neamientos para garantizar el acceso de las personas 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales (LGTBI), 
sin discriminación, a los servicios de salud incluida la 
salud sexual y reproductiva. 

5. El Comité recomienda al Estado parte que continúe 
sus esfuerzos con el fin de proveer servicios de salud 
materna e infantil con especial atención en la cober- 
tura y accesibilidad de los mismos en zonas rurales y 
donde habita la población indígena. 

La trata de mujeres: formas agravadas 
de violencia de género 

Un tema que llama mucho la atención del movi- 
miento de mujeres, de derechos humanos y de las au- 
toridades, son los delitos de trata de personas, siendo 
la gran mayoría de víctimas mujeres y niñas. Las po- 
líticas y acciones estatales son débiles y no dan res- 
puestas efectivas a las víctimas ni se están desmante- 


lando las redes clandestinas. Hay tres publicaciones 
que deben ser señaladas en este tema: “Género y Fron- 
tera Norte”, cuya autora es Carmen de la Cruz (2007), 
Resumen del Examen Periódico Universal (UPR), del 
Consejo de Derechos Humanos (2008) e información 
obtenida de una consultoría realizada en el año 2011 
por Pável Uranga (GIZ). 

La sistematización del Proyecto Acceso a la Justicia, 
realizado por De la Cruz (2007) evidencia varias preo- 
cupaciones, “la falta de información sobre la situación 
de las mujeres en la provincia, la violencia intrafami- 
liar, la necesidad de difundir y promover la aplicación 
de la Ley 103..., la percepción de un incremento de la 
violencia doméstica en casos de mujeres refugiadas y 
la necesidad de coordinar entre organizaciones de la 
sociedad civil y las dependencias de la justicia.” 

Según este estudio, la situación de la violencia de 
género en Sucumbíos es alarmante. Recientemente 
(octubre de 2006), se instaló en Lago Agrio una Comi- 
saría de la Mujer y la Familia y existe la Oficina de los 
Derechos Humanos de ISAMIS (Iglesia San Miguel de 
Sucumbíos). Aunque, según la autora del estudio, la 
mayoría de mujeres víctimas de violencia no presen- 
tan denuncias debido a las dificultades encontradas en 
los procesos llevados en las Comisarías, el poco cono- 
cimiento sobre la Ley 103 (Ley contra la violencia a 
la mujer y la familia) y la escasa información sobre la 
problemática y los derechos de las víctimas. 

Según Carmen de la Cruz, una de las problemáticas 
más recurrentes es la explotación con fines sexuales 
de mujeres jóvenes colombianas y ecuatorianas, es- 
pecialmente en la frontera debido a la presencia de 
trabajadores petroleros y de otras industrias, así como 
de miembros de fuerzas militares. Dichos análisis in- 
dican que existen amplias redes organizadas de bares 
donde menores de edad trabajan bajo un régimen de 
explotación y aprovechando la particular situación de 
vulnerabilidad que viven..., sobre todo colombianas, 
de la zona de frontera o desplazadas. 

Camacho (2005) cita un estudio de la Fundación Es- 
peranza en el que se estima que “en el país existen cerca 
de 25 mil mujeres trabajadoras sexuales. Se calcula que 
un 20% (5.200) de ellas son adolescentes de entre 15 y 
17 años, que el 44% tiene al menos un hijo/a y que cerca 
del 70% son inmigrantes de nacionalidad colombiana”. 
Si bien no existen cifras actualizadas respecto a lo que 
ocurre en la frontera norte se puede deducir que esta 
situación es más marcada en las provincias limítrofes 
con Colombia por las condiciones antes mencionadas. 

Con respecto a la trata de personas, la autora se- 
ñala que no existen datos confiables que permita ver 
su dimensión real debido a la clandestinidad en que se 
mueven las redes de trata y el temor y amenaza bajo 
la cual viven sus víctimas. La Mesa de Trabajo sobre 
Trata, integrada por Fundación Esquel, INFA, ISAMIS, 


62 


El correísmo al desnudo 


OIM y CARE que existía el año 2007 identificó casos 
de trata en varias localidades, incluido Lago Agrio. La 
Mesa tenía como objetivo diseñar con los actores/as 
locales políticas públicas para enfrentar el problema. 

Según el Examen Periódico Universal, del Conse- 
jo de Derechos Humanos (2008), los desplazamientos 
de personas desde Colombia “ha llevado al Ecuador a 
aumentar su presencia militar en su frontera con Co- 
lombia. Se han incrementado los incidentes de con- 
flicto armado y violencia. Debido a la violencia, y a la 
poca salubridad de las escuelas, la asistencia escolar 
ha disminuido del 50%. La presencia de soldados, gue- 
rrilleros y traficantes de drogas también ha conllevado 
actos de violencia y acoso contra las mujeres, así como 
la explotación sexual y la trata de personas” (párr. 41). 

Para la producción de la teleserie “Frontera Norte” 
(productor Carlos Enríquez), se levantó una investi- 
gación llevada a cabo por Pável Uranga (2011) quien 
inició el levantamiento de fuentes secundarias, a tra- 
vés de acercamientos a las institucionales públicas 
encargadas del abordaje del tema, pero los resulta- 
dos fueron infructuosos; Uranga señala que: “la base 
estadística que ha presentado el Estado Ecuatoriano 
ante los organismos internacionales [...] es ubicada en 
“estimaciones” del fenómeno de la Trata de Personas 
con fines de Explotación Sexual, o sea, números no 
confiables”. Por este motivo la mayor parte de la infor- 
mación para su análisis se obtuvo de investigaciones 
primarias llevadas a cabo en Lago Agrio y Shushufindi 
(Sucumbíos), donde accedió a las y los actores involu- 
crados en la industria del comercio sexual. 

Por lo antes expuesto no existen datos globales del 
fenómeno de la trata con fines de explotación sexual en 
Ecuador pero se han realizado investigaciones que nos 
permiten una introspectiva de su gravedad y dimensión. 

El Informe Global de la Organización de las Nacio- 
nes Unidas contra la Droga y el Delito (2010), citado 
en la investigación, reproducido por documentos gu- 
bernamentales ecuatorianos, afirma lo siguiente sobre 
la trata en el Ecuador: 66% de las víctimas de trata son 
mujeres, de las cuales 13% son niñas y 9% niños. De 
estos porcentajes el 79% de las víctimas son destinadas 
a la explotación sexual. 

La Dirección de Género del Ministerio del Interior, 
en marzo de 2011, revela un importante dato en el 
Diagnóstico del problema del Proyecto de protección 
y restitución de derechos de las víctimas de violen- 
cia de género en el Ecuador (Piloto Machala y Lago 
Agrio), que “Machala y Lago Agrio, son dos ciudades 
que desafortunadamente comparten un grave proble- 
ma social, la trata de personas con fines de explota- 
ción sexual y laboral, con una alta incidencia de niñas 
y jóvenes que provienen de Colombia”. 

A pesar de que el trabajo sexual es una actividad 
legal, regulada en la investigación realizada por Uran- 


ga “las autoridades desconocen por completo el nú- 
mero, origen, edades, estado de salud y condición de 
las mujeres que trabajan en los prostíbulos de Lago 
Agrio”, y cita que “la investigación realizada por la 
Pastoral Social del Obispado de Sucumbíos, a través 
del servicio de misioneras, reporta la existencia -con- 
firmada por la verificación documental de cada esta- 
blecimiento- en Lago Agrio de 85 prostíbulos legales, 
y más de 200 ilegales. 

Con esta información, Uranga hace una aproximación 
numérica al fenómeno de la prostitución en Lago Agrio: 

• 85 prostíbulos legales, con un promedio de 15 mu- 
jeres por turno, con dos turnos al día: 2.250 mujeres. 

• 200 prostíbulos ilegales, con un promedio de cinco 
mujeres: 1.000 mujeres. 

• Total estimado de mujeres en prostitución en Lago 
Agrio: 3.250 mujeres por día. 

La investigación precedente hace un llamado de 
atención por el hecho de que en Lago Agrio para man- 
tener a la clientela, se cambia a la totalidad de las mu- 
jeres cada 15 días. Con este dato, entonces podemos 
hacer un cálculo mensual y anual de las mujeres que 
trabajan en la prostitución en Lago Agrio, solo con el 
referente del “mercado” legal, sin tomar en cuenta los 
prostíbulos ilegales. Hay 4.500 mujeres al mes, lo cual 
resulta en 54 mil mujeres al año. 

Las fuentes citadas dan cuenta de la preocupante 
problemática de la trata de personas en el Ecuador. 
Aunque se revelen datos “aproximados” por muchas 
y complejas razones: por ser una actividad inmersa 
en poderosas redes nacionales y transnacionales, por 
haber aún una débil respuesta estatal y de colabora- 
ción de la ciudadanía, y por estar cruzada por gran- 
des intereses económicos y políticos, es de interés de 
las organizaciones de mujeres que la reestructuración 
institucional judicial que está en marcha actúe frente 
a esta problemática específica de violencia de género, 
generada por condiciones extremas de vulnerabilidad, 
marcadas por las inequidades económicas, de género 
y por nacionalidad. 

Participación ciudadana: un derecho en ciernes 

El espacio político-público se articuló en ausencia de 
las mujeres, cimentándose en estructuras políticas, so- 
ciales, económicas y culturales androcéntricas, clasis- 
tas y discriminatorias, que negaron como legítimas sus 
demandas y necesidades. “La consideración histórica 
del espacio público como un territorio exclusivamen- 
te masculino generó la invisibilización de los proble- 
mas de las mujeres y las conculcaciones a sus derechos 
como un asunto de Estado” (AMUME, 2008: 10). 


Gayne Villagómez Weir 


63 


Según el Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP), Ecuador tiene una de las más avanzadas 
normativas en América Latina a favor de la igualdad de 
oportunidades para las mujeres, pero persisten las limi- 
taciones en la arena de la participación ciudadana de las 
mujeres y señala que hay una limitación en el país en 
cuanto a la potenciación de procesos más sostenidos de 
participación ciudadana y política e igualdad de oportu- 
nidades para las mujeres, más aún, para las mujeres rura- 
les indígenas que, entre otras causas, es provocado por- 
que aún sigue en vigencia un orden de género patriarcal 
en el país que ha sostenido toda una estructura de in- 
visibilización, discriminación y exclusión histórica de la 
mujer en asuntos públicos. Esto se ve reflejado en el poco 
o nulo acceso de las mujeres a espacios de participación 
o, si bien existe el acceso, la permanencia y la capacidad 
de influencia es limitada (Huambaquete, 2012: 54). 

En la esfera pública el poder que se ejerce tiene un 
alto valor social por la hegemonía de lo masculino y 
de los hombres en este ejercicio; en el espacio privado 
las mujeres desempeñan trabajos de cuidado y manu- 
tención de las relaciones domésticas y comunitarias, a 
lo cual se le ha asignado poco valor social. Sus causas 
tienen raíces en el sistema económico imperante que 
sobrevalora las relaciones que producen réditos eco- 
nómicos directos; asigna un significativo valor social a 
quienes son dueños de las riquezas que el sistema nece- 
sita para mantener en el poder a los grandes grupos eco- 
nómicos, marginando y excluyendo a los seres humanos 
cuyo ciclo de vida, situación de salud, discapacidad, ca- 
pacidades..., no engranan en la matriz de producción y 
consumo acelerado y excesivo que exige el sistema. 

En el ámbito de lo público-político, determinado por 
las estructuras de poder económico, uno de los dere- 
chos que ha quedado restringido en su ejercicio, desde 
la Constitución de 2008 es la participación ciudadana 
que debe ser articulada bajo mecanismos y formas par- 
ticipativas nuevas; que no reproduzcan los patrones 
socioculturales predominantes en la política tradicio- 
nal, por un lado, y por otro, que esa participación no 
se restrinja al mero ejercicio de ser parte en la toma de 
decisiones, sino de darle contenido a esas decisiones. 

No participar en la definición de ciudadanía, sig- 
nifica para las mujeres no participar del pacto social. 
Según la politóloga australiana Carol Pateman, hay una 
“escena originaria” previa al pacto social, donde estos 
roles de exclusión y sometimiento se han establecido, 
que ella llama “contrato sexual”. Es por esta escena 
originaria del contrato sexual, luego enmascarada, que 
maternidad y ciudadanía se presentan como dicotomía, 
materializadas y naturalizadas en la división entre pú- 
blico y privado (Maffía, 2001: 28) 7 . 

La inequidad entre los géneros tiene como una de 
sus primeras causas las cláusulas del contrato fraterno 
y paterno que las sociedades patriarcales suscribieron 


entre sus “legítimos” representantes. De este contrato, 
las mujeres quedamos fuera porque, antes de estable- 
cer el contrato social, los varones acordaron entre sí un 
contrato sexual (RIMISP, 2012: 67). 

Diana Maffía, en su artículo denominado Ciudada- 
nía Sexual, hace referencia a la ciudadanía desde una 
perspectiva de la diversidad de los sujetos que confor- 
man esa ciudadanía: “Debemos cambiar la concepción 
de ciudadanía, sexualizando a los sujetos y consideran- 
do estas diferencias como aspectos que exigen variar 
las respuestas del Estado para satisfacer los mismos 
derechos universales”. 

El hecho es que estos espacios, roles, atributos y 
funciones, a la luz de este contrato sexual, están sexua- 
lizados y jerarquizados. El pacto se selló sin dar cabida 
a los derechos y libertades de las mujeres. Más bien 
dio lugar a la consolidación de un sistema patriarcal 
en el que el sistema político y la política han sido con- 
siderados actividades masculinas por antonomasia, 
provistas de grandes barreras para la incorporación 
de las mujeres a la política y sus organizaciones. 

Definida así, la política diseñó las reglas del jue- 
go político desde las lógicas y las experiencias de los 
hombres, desconociendo aquellas de las mujeres. El 
reconocimiento del derecho de las mujeres a partici- 
par en la política, resultado de su lucha, ha exigido 
una revisión de los contratos patriarcales. 

Las consideraciones sobre cuáles debieran ser 
los nuevos componentes que propulsen transforma- 
ciones profundas y perdurables en las estructuras 
y culturas políticas bajo principios de equidad so- 
cial y de género están vigentes, debiendo dar lugar 
a importantes desarrollos y avances. Hay conoci- 
mientos y herramientas construidas desde el mo- 
vimiento de mujeres (agendas, planes locales y na- 
cionales, construcción de liderazgos, metodologías, 
entre otras); desde las entidades públicas de género 
(planes, intervenciones, recursos económicos y huma- 
nos, liderazgos, mesas de diálogo, interlocución con el 
movimiento de mujeres); hay voluntad política de las 
instituciones políticas, especialmente de los partidos 
(estructuras, culturas, grado de poder o influencia en 
el juego de relaciones de poder) y voluntad política de 
las entidades públicas y la inserción del género en la 
agenda pública (Bonder, 2009). 

La institucionalidad, los mecanismos y las estra- 
tegias de participación ciudadana, determinadas en 
el marco legal vigente, muchas de las cuales aún fal- 
tan poner en marcha, deben responder a las deman- 
das concretas de género para erradicar las relaciones 
desiguales y las estructuras patriarcales de la política. 
Se pueden dimensionar bajo las características de: 

• Presencia: derecho a ser elegidas para cargos de elec- 
ción y de designación (sistema de cuotas y de paridad). 


64 


El correísmo al desnudo 


• Representación: Elegidas/os actúan de acuerdo a los 
intereses de un colectivo (mujeres). 

• Paridad: Cambios profundos en la organización so- 
cial, división sexual del trabajo y responsabilidad pú- 
blica frente a los derechos humanos de las mujeres. 
El “déficit” en la paridad refleja la necesidad de una 
democracia inclusiva (Ibídem, 9). 

• Corresponsabilidad familiar: coparticipación de 
hombres y mujeres en la esfera de lo privado para 
dar paso a mayor participación de las mujeres en 
lo público. 

• Inserción de las agendas de género en las decisiones 
y gestiones de lo público. 

Jubilación de las mujeres a los 25 años: 
¿medida afirmativa o discriminación de género? 

En el mundo laboral también se manifiestan las re- 
laciones de género. La división sexual del trabajo es un 
fenómeno que se expresa en la concentración de las 
mujeres en las tareas del ámbito doméstico y en acti- 
vidades y puestos de trabajo remunerado derivadas de 
este rol. Por lo tanto, el concepto refiere a la presencia 
en todas las sociedades de una inserción diferenciada 
de varones y mujeres en la división del trabajo exis- 
tente en los espacios de la reproducción y en los de la 
producción social. 

Persisten procesos de sexualización de la 
división social y técnica del trabajo: la per- 
manencia de la presencia mayoritaria de las 
mujeres en el trabajo doméstico no remune- 
rado, su menor tasa de actividad laboral, la 
existencia de ocupaciones masculinas y femeninas, 
la distribución diferenciada de varones y mujeres 
por ramas y sectores de actividad, por tipo y tama- 
ño de las empresas, y dentro de ellas por determi- 
nados procesos de trabajo, por secciones, puestos y 
calificaciones laborales. 

De las más de 7 millones de mujeres en Ecuador, 
el 10% son jefas de hogar y, de ellas, el 69,8% son ma- 
dres, según los datos del Instituto Nacional de Esta- 
dísticas y Censos (INEC). 

El 33,4% de las mujeres en edad de trabajar se 
encuentran con empleo, de ellas el 8% son jefas de 
hogar, de las cuales el 97,3% son madres. El salario 
promedio de ellas es de 319,7 dólares mensuales, 
mientras que un hombre, en las mismas condiciones, 
percibe 430,08 dólares promedio. 

Las mujeres en el país se sienten satisfechas con 
su familia con una calificación de ocho, en una escala 
del uno al diez; la misma calificación le da al grado de 
satisfacción de su vida. Pero se sienten medianamen- 
te satisfechas con su profesión y educación, con una 
calificación de seis puntos. 


A diciembre de 2010, el 33,4% de las mujeres 
ecuatorianas en edad de trabajar estuvo empleada, 
frente al 53,8% de hombres. 

Sobre los quehaceres domésticos, el 80% de mu- 
jeres los realizan, frente al 57,3% de hombres que 
asegura cumplir con estas actividades. 

Si consideramos que el seguro social debe ser 
universal y obligatorio para toda la población según 
el mandato constitucional, apenas el 15% de la po- 
blación total tiene cobertura: el 13,8% corresponde 
a las mujeres y el 17.1% a los hombres. 

Las y los afrodescendientes e indígenas ganan 28 
por ciento menos que sus pares blancos. Los hom- 
bres ganan 17 por ciento más que las mujeres con 
iguales edades y niveles de educación, a pesar de 
ser más educadas 8 . 

Estas cifras confirman que si bien es cierto que 
la globalización ha provocado situaciones desfavo- 
rables para toda la clase trabajadora, los efectos en 
las mujeres han sido más graves debido a la hege- 
monía masculina en el ámbito productivo así como 
por la persistencia de la desigualdad en las respon- 
sabilidades en el ámbito reproductivo o doméstico 
que reduce el tiempo, la dedicación y la perspectiva 
de “hacer carrera”, de aceptar ascensos y asumir 
puestos de alta responsabilidad. 

• La falta de corresponsabilidad de tareas del hogar 
obstaculiza el ingreso de las mujeres al espacio pú- 
blico; el mercado laboral exige mayores niveles de 
comprometimiento laboral, mayor involucramiento 
en la academia, en la política, en la ciencia y la tec- 
nología, en carreras no tradicionales para mujeres, 
pero por otro lado ignoran las necesidades de las 
mujeres por lo cual son espacios poco atractivos 
para las mujeres. Por este motivo hay una sobrere- 
presentación de los hombres en lo público y poco 
involucramiento en la vida del hogar. 

• La falta de autonomía económica determina me- 
nos posibilidades de salir de relaciones de violencia, 
de violencia extrema, y de caer en la victimización 
de delitos sexuales transnacionales y de trata. 

• El diferencial salarial no ha sido seriamente en- 
frentado, no ha sido denunciado ni abordado por los 
gremios, como tampoco ha merecido la suficiente 
intervención por parte del Estado. 

• No se han puesto en marcha mecanismos o regula- 
ciones para la corresponsabilidad familiar. 

• No se ha estudiado con seriedad el permiso de pa- 
ternidad; el permiso vigente de tres días es total- 
mente insuficiente como para enfrentar las necesi- 
dades de cuidados del o la recién nacida. 

• La maternidad está sobrevalorada y la 
paternidad subvalorada. 


Gayne Villagómez Weir 


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El género en las políticas sociales 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 plasma el 
modelo político económico, de lo que el Gobierno de- 
fine como el Buen Vivir, bajo cinco principios: justicia 
social y económica, justicia democrática y participati- 
va, justicia intergeneracional e interpersonal, justicia 
transnacional y justicia como imparcialidad. Propone 
una lógica de planificación a partir de doce grandes ob- 
jetivos nacionales y señala como orientación ética del 
Plan, la igualdad y equidad de género, que se persigue 
en cuatro de los doce objetivos (1, 2, 3 y 7), en los cuales 
se señalan políticas públicas específicas. 

El desarrollo e implementación de las políticas 
sociales en Ecuador, sin embargo, no parten de una 
orientación de igualdad de género para superar las re- 
laciones inequitativas entre los sexos, lo cual se puede 
ilustrar con la información recabada de estudios que a 
continuación se citan. 

En primer término, según una investigación rea- 
lizada por Saskya Lugo “en el Ecuador aún existe un 
déficit de información estadística sobre la inversión 
en desarrollo de género y carencias significativas en 
información que puedan mostrar índices en desigual- 
dad socio económica”. Actualmente, señala, la mayo- 
ría de los funcionarios técnicos y técnicas, del sector 
público “no cuentan con espacio para reflexionar 
sobre las necesidades de los sujetos y las diferencias 
que éstas presentan entre las mujeres y los hombres; 
tampoco tienen herramientas para analizar los im- 
pactos diferenciados que sus decisiones y proyectos 
tienen en sus vidas o como mejoran o agudizan sus 
condiciones de desigualdad”. 

Refiriéndose al Informe 5 de Lupa Fiscal, “se pue- 
de apreciar existe una desigualdad significativa en las 
oportunidades educativas, económicas, de salud y de 
bienestar entre hombres y mujeres” (Lugo, 2013: 8). 

Las brechas de género en la economía ecuatoriana 
tienen repercusiones directas en los niveles de justicia 
social y goce de los derechos económicos y sociales 
de las mujeres. En relación con los hombres, tienen 
menor participación en el mercado de trabajo, ocupan 
puestos de menor jerarquía y sus ingresos son meno- 
res por el desempeño del mismo trabajo, a lo que se 
suma el acoso sexual y la discriminación en razón de 
su maternidad, número de hijas/os, estado civil, apa- 
riencia física, entre otros; lo que se demuestra, ade- 
más, en el contexto de la doble o triple jornada de tra- 
bajo que deben desempeñar. 

La reciente publicación del INEC, Mujeres y Hom- 
bres del Ecuador en Cifras III (mayo 2013), presenta 
información que constata las brechas de género. El es- 
tudio revela que la PEA Femenina es de 44.4% según la 
Encuesta Nacional de Empleo de 2012, mientras para 
los hombres es de 70.2%; la brecha salarial, según esta 


misma fuente, es del 16%, porcentaje que ganan los 
hombres más que las mujeres por el mismo trabajo y 
calificaciones laborales; y, las jefaturas femeninas li- 
deradas por mujeres cuentan con menos ingresos que 
las lideradas por hombres. 

La carga global de trabajo remunerado y no remu- 
nerado también difiere por género: las mujeres traba- 
jan un promedio de 16 horas semanales más que los 
hombres, siendo esta brecha mayor en el sector rural. 
En la Encuesta del Uso del Tiempo, del INEC (2007) 
se demostró que las mujeres dedican un promedio de 
23 horas semanales más, al trabajo no remunerado, 
que los hombres. 

La investigación realizada por Gloria Camacho 
revela que “a pesar de la mejora en las condiciones 
de vida experimentada principalmente desde 2006, el 
Ecuador se caracteriza todavía por la persistencia de 
grades desigualdades sociales, regionales, étnicas, de 
género y por grupos de edad” (Camacho, 2010: 7). 

La publicación “Estado de Arte sobre las políti- 
cas, leyes, programas y propuestas desde el Estado y 
la sociedad civil respecto al trabajo reproductivo no 
remunerado y la división sexual del trabajo. Bolivia, 
Ecuador y Perú”, hace una revisión del Bono de De- 
sarrollo Humano y del Crédito de Desarrollo Huma- 
no, y constata que no han sido diseñados desde una 
perspectiva de género, carecen de una estrategia efec- 
tiva para liberar el tiempo de las mujeres. No persi- 
guen un mayor involucramiento de los hombres en 
las tareas del hogar ni ofrecen alternativas colectivas 
de cuidado infantil. Mientras el acceso al crédito pue- 
de incidir positivamente en la autonomía económica 
de las beneficiaras, no resuelve el tema de la división 
sexual del trabajo. Incluso puede aumentar la carga 
total del trabajo en las mujeres, sobre todo, si sigue 
desligado de otros servicios públicos, como el cuidado 
infantil (Staab, 2011: 53). 

El Plan del Buen Vivir, en su Objetivo 2, señala 
como política “Mejorar progresivamente la calidad 
de la educación, con un enfoque de derechos, [y] de 
género...”, pero hace mención a la erradicación de los 
estereotipos de género y la corresponsabilidad fami- 
liar, para ir hacia un cambio del paradigma de género. 
El nuevo plan de desarrollo, que está siendo elabora- 
do, debe considerar con seriedad y a profundidad la 
necesidad de promover una nueva matriz en las re- 
laciones de género y de las parentalidades, que debe 
verse reflejado en las políticas nacionales y locales, 
en la normativa y gestión pública, para erradicar la 
exclusión, discriminación y violencia contra mujeres 
y niñas. Una vertiente muy importante para lograr la 
igualdad social es lograr la igualdad dentro del hogar: 
la repartición equitativa del trabajo doméstico y en la 
economía del cuidado es un factor aún ausente de las 
políticas sociales. 


66 


El correísmo al desnudo 


Áreas de especial preocupación 

1. Es necesario modificar la normativa penal: se ha 
tornado anacrónico, contiene tipos penales inconstitu- 
cionales, mantiene definiciones moralistas y subjetivas 
en las definiciones sobre delitos sexuales y sanciona 
conductas que no deben ser tratadas de forma puniti- 
va. En definitiva el Código Penal responde a la justicia 
retributiva en contradicción con la concepción garan- 
tista de la Constitución, debiendo estar en la línea de 
la justicia restaurativa. 

2. La falta de formación y sensibilidad de géne- 
ro, de funcionarios y funcionarias del sistema de 
justicia, reproduce, en sus actuaciones y decisiones, 
patrones socioculturales patriarcales, revictimizan- 
tes y discriminatorios. El sistema de justicia resulta 
“ineficaz tanto en la cobertura [por la acumulación de 
causas] como en la productividad [...]; pues un pro- 
ceso judicial puede llevar más de 785 días y no ge- 
nerar resultados idóneos, o quedar en la impunidad 
(López, 2009: 2). Esta barrera en el acceso a la justicia 
de las mujeres víctimas de violencia de género obsta- 
culiza realizar una buena investigación, proseguir el 
caso, obtener la sanción y una reparación justa para la 
víctima. “La meta es construir un sistema reparatorio 
legítimo, acorde al daño sufrido por las víctimas, que 
contemple las indemnizaciones respectivas y les ga- 
rantice las condiciones necesarias para vivir una vida 
libre de violencia” (López, 2009: 2). 

3. Hay un débil respeto a la diversidad sexual. La 

normativa secundaria continúa desconociendo la di- 
versidad sexual de las mujeres y de los grupos LGBTI, 
lo cual se traduce en la negación a este sector de su 
condición de ciudadanía y de sujetos jurídicos. Los co- 
lectivos LGTB del país han denunciado prácticas dis- 
criminatorias y de negligencia por parte de funciona- 
rios públicos/as... (Arts. 1 1, 66 y 68) (Arboleda, Villagó- 
mez, 2009). En noviembre de 2008, el Comité CEDAW 
presentó recomendaciones al Estado ecuatoriano en el 
que manifestó su preocupación por la discriminación 
contra mujeres pertenecientes a minorías sexuales y 
recomendó al Estado velar por la investigación de esos 
casos y adoptar las medidas correctivas necesarias con 
arreglo a la Constitución. Esta recomendación se dio 
a raíz de las exposiciones de organizaciones de socie- 
dad civil que trabajan por los derechos de las personas 
LGBTI en las que se denunciaron las violaciones de 
derechos humanos perpetradas en las llamadas “clíni- 
cas de rehabilitación” (Cladem, 2009: 28). 

4. En relación a la situación de violencia sexual en 
los centros de rehabilitación femeninos, la CE- 

DHU ha documentado delitos cometidos por el per- 


sonal masculino, “lo que determina que la integridad 
física, psicológica y sexual de las mujeres privadas de 
libertad en Ecuador esté en permanente riesgo y se 
vulnere el derecho a la protección jurídica de la que 
deben gozar, al estar bajo la responsabilidad absoluta 
del Estado” (Ibídem, 2009: 6). 

5. Este mismo estudio, en relación a las mujeres indí- 
genas revela dos situaciones en cuanto a su derecho 
a vivir una vida sin violencia y acceder a la justicia 
(Ibídem, 2009: 34): 

• Que la vigencia del derecho a la vida libre de vio- 
lencia de las mujeres indígenas está más afectada 
que el de las mujeres mestizas, por lo menos así lo 
refleja la ENDEMAIN realizada en el año 2005: “La 
experiencia del maltrato en la niñez fue más repor- 
tado por las mujeres indígenas, con el 41% que relató 
violencia física y el 35% abuso psicológico, en com- 
paración con las mestizas que reportaron 27% abuso 
físico y 24% abuso psicológico”. 

• Que el acceso a la justicia indígena por parte 
de las mujeres indígenas es más limitado y revela 
profundas inequidades en el tratamiento a hombres 
y mujeres. En la investigación de CEDIS, se estable- 
ce que: “los cabildos (autoridades indígenas) poco 
intervienen en asuntos familiares que interesan o 
afectan en mayor dimensión a las mujeres: violencia 
intrafamiliar, abandono del hogar por infidelidad, 
violaciones [...] las mujeres sienten que no se hace 
verdadera justicia”. 

6. Las políticas y acciones de promoción y preven- 
ción son aún muy débiles, a excepción de la campaña 
Despierta Ecuador, el machismo es violencia, no han exis- 
tido otras acciones relevantes. En esta línea es necesario 
trabajar de forma más sostenida y con mayor profundi- 
dad en la cambio de patrones culturales y estereotipos, 
no solo en el ámbito educativo, sino llevarlo a todos los 
niveles de la administración pública, y en especial, a las 
entidades que trabajan directamente con mujeres vícti- 
mas de violencia de género, como el sistema de salud, de 
justicia, la policía, servicios de atención y asesoramiento. 

7. Preocupa que generalmente las políticas y propuestas 
para combatir la violencia de género no incorpora la 
necesidad de cambios socioeconómicos estructura- 
les, para mejorar la calidad de vida de las mujeres que 
viven en situaciones de pobreza. Propuestas públicas en 
esta línea funcionan como mecanismos de empodera- 
miento para la toma de decisiones frente a situaciones de 
violencia que esté viviendo la mujer o sus hijas e hijos. Se 
debe relacionar de forma directa la violencia de género 
con la falta de acceso a los recursos y a los medios para el 
desarrollo personal y el autosostenimiento. 


Gayne Villagómez Weir 


67 


8 . Patrones socio-culturales vigentes generan vio- 
lencia. Persiste la discriminación y violencia contra 
las mujeres a causa de patrones socio-culturales basa- 
dos en imaginarios sociales y estereotipos androcén- 
tricos. La evaluación de la Ley 103, de combate a la 
violencia, realizada en el 2007 mediante un proceso na- 
cional participativo, concluyó que el Estado ecuatoria- 
no ha cumplido parcialmente y con poca diligencia su 
obligación de adoptar políticas orientadas a prevenir 
la violencia contra la mujer... se limita a responder a la 
violencia contra la mujer una vez que se ha produci- 
do, y en este contexto ha concentrado sus esfuerzos en 
impulsar reformas legislativas, el acceso a la justicia y 
la provisión de servicios. No ha atendido lo referente 
a prevención, que implica la obligación de transformar 
las estructuras y los valores patriarcales que perpetúan 
la violencia de género. Se aproxima la discusión sobre 
el nuevo Código Penal, en el cual se definirán nuevos 
tipos penales respecto a los cuales el movimiento de 
mujeres tiene muchas expectativas y está intervinien- 
do para que sean conceptualizados desde una perspec- 
tiva constitucional, de derechos y de género, para su- 
perar las estructuras androcéntricas. 

9. Escaso control sobre los contenidos sexistas y 
discriminatorios en los medios de comunicación. 

Aunque la actual Constitución prohíbe la publicidad 
que induzca a la violencia, discriminación, racismo, 
toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa o política, 
continúan presentando este tipo de programación y 
publicidad. Frente a esta situación, son prácticamente 
inexistentes estrategias para observar los medios de 
comunicación y detener la utilización de la imagen 
de las mujeres en forma denigrante. Por otra parte, 
los medios de comunicación cubren muy poco los he- 
chos protagonizados por mujeres y cuando lo hacen 
se indaga más sobre su vida personal o imagen que 
sobre el hecho que protagonizan. Sigue habiendo una 
jerarquía en los medios respecto a los cargos que ocu- 
pan las mujeres en comparación a los que ocupan los 
hombres y se puede apreciar que las mujeres cubren 
más temas sociales mientras los hombres, noticias so- 
bre política y economía. 

10. Restricciones a la salud reproductiva de las 
mujeres en Ecuador. La tasa de mortalidad materna, 
según las Estadísticas Vitales del INEC (2006), fue de 
133 por cada 100 mil nacidos vivos, lo cual es elevado, 
más aún cuando el nivel de subregistro estimado su- 
pera el 30%. El aborto en condiciones de riesgo es una 
causa importante de muerte materna; existen alrede- 
dor de 30 mil egresos hospitalarios anuales por esta 
causa y se estima que las prácticas clandestinas son 
elevadas. Sigue habiendo una alta tasa de fecundidad 
especialmente en sectores indígenas y campesinos 


(Arboleda y Villagómez: 2009) 9 . En las políticas aún no 
se toman en cuenta los roles diferenciados de mujeres 
y hombres que inciden en patrones específicos de sa- 
lud, enfermedad y muerte, entre ellos, la reproducción 
y sus consecuencias, el trabajo no remunerado y las 
tareas de cuidado en el hogar, la falta de comprensión 
del autocuidado y los estilos de vida. 

11. Indefinición de la institucionalidad de géne- 
ro. La transición del ex CONAMU hacia los Consejos 
por la Igualdad de Género ha sufrido serios reveces, 
situación que se ha sostenido desde el año 2009; el re- 
sultado final se desconoce y no parece haber la inten- 
ción en esta Asamblea por tratar la Ley de Igualdad 
que estructuraría el Consejo y su funcionamiento te- 
rritorial. Las diversas organizaciones de mujeres han 
generado iniciativas y expresado su preocupación por 
la creación y el diseño del nuevo Consejo Nacional 
de Igualdad. El nuevo marco constitucional prevé la 
creación de los Consejos Nacionales para la Igualdad, 
como órganos responsables para asegurar la plena vi- 
gencia y el ejercicio de los derechos humanos de los 
sectores más excluidos. Los Consejos tendrán la facul- 
tad de formular, transversalizar, hacer observaciones, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas en 
temas relacionados con género, entre otros. 

12. Incipiente y débil transversalización del enfo- 
que de género en las políticas nacionales y locales 
y en la construcción de agendas de género e instru- 
mentos para lograr la igualdad de género que consi- 
dere las necesidades estratégicas de las mujeres en la 
gestión pública, para reformular el paradigma de las 
relaciones entre géneros, implementando mecanismos 
concretos para el empoderamiento y autonomía de las 
mujeres. En esta formulación se requiere contar con 
herramientas para orientar estas acciones. 

13. Las políticas públicas deben considerar acciones 
encaminadas a fomentar/impulsar la corresponsa- 
bilidad familiar, en el ámbito laboral público y pri- 
vado, para erradicar la doble y triple jornada de traba- 
jo de las mujeres y contribuir a desaparecer la división 
sexual del trabajo. La equidad en la vida productiva y 
reproductiva de las personas contribuye a la igualdad 
de oportunidades de las mujeres. 


68 


El correísmo al desnudo 


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Notas 

1 Véanse A/53/38/Rev.l, párr. 337, y A/54/38/Rev.l, primera 
parte, párrs. 56, 228 y 393. 

2 CRC/C/15/Add.l07, párr. 30; CRC/C/CHL/CO/3, párr. 55; y 
CRC/C/URY/CO/2, párr. 51. 

3 CAT/C/PER/CO/4, párr. 23; CAT/C/NIC/CO/1, párr. 16; y 
CAT/C/CR/32/5, párr. 7. 

4 Comité de la CEDAW, “Recomendación general No. 24, Mujer 
y salud (artículo 12),” U.N. Doc. No. A/54/38/Rev.l (1999), pá- 
rrafo 14. 

5 Aunque las estadísticas no especifican la proveniencia ét- 


nica, orientación sexual y muchas veces ni la edad, esto se 
deduce de los datos sobre pobreza. 

6 CDESC, Comentario General No. 14, supra nota 1, párr. 23. 

7 Presentado en el congreso internacional organizado por 
la International Society of Psychosomatic Obstetrics and 
Gynecology en el panel Derechos Humanos y Derechos Re- 
productivos (Bs. As., 27.IV.01) 

8 www.iadb.org > BID Portada > Noticias, 2009, consultado el 
10 de febrero, 2012. 

9 En 2004, el 15,8% de mujeres no tuvo ningún control prena- 
tal (ENDEMAIN 2004). En el área rural la cifra es mayor: 
el 76,4% de las mujeres se realiza controles antes del parto, 
cerca de ocho puntos porcentuales menos que en el área ur- 
bana. Para 2006 la tasa global de fecundidad a nivel nacio- 
nal fue 3,3%: 2,9% en el área urbana y 3,9% en el área rural. 
Esta tasa es aún más alta para las mujeres indígenas (4,9%) 
mientras las mujeres mestizas (3,1%) y blancas (2,9%) tienen 
tasas menores. El análisis de los quintiles económicos de la 
población, revela que existe una relación directa entre nivel 
económico y la fecundidad de las mujeres: el quintil más 
pobre registra una tasa de 5,1% mientras que el quintil más 
rico de apenas 1,9% (Valdivieso y Armas: 2008). 


De la utopía de Montecristi a la 
distopía de la revolución ciudadana 


Ramiro Ávila Santamaría 

Profesor de derecho constitucional, teoría general de los 
derechos humanos, sociología del derecho y garantismo 
penal. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar- 
Ecuador, profesor de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, ravila67@gmail.com 

Introducción 

Han pasado algunos años ya desde que la Constitu- 
ción de Montecristi fuera aprobada y entrara en vigencia. 
La aplicación no ha sido pacífica y parte del problema 
está en que dentro de la Constitución existen tensiones y 
parecería que el Gobierno de tumo no tiene un real com- 
promiso con su concreción. Quizá históricamente no sea 
aún el tiempo para evaluar su impacto. Sin embargo, exis- 
ten ya algunas muestras de que el texto, muchos de sus 
principios y de las condiciones para su realización están 
siendo vulnerados. 

La Constitución de Montecristi, como se discutirá 
más adelante, recoge una innovación fundamental, que 
es un aporte al constitucionalismo global: la utopía an- 
dina. La constitución tiene instituciones que no solo 
abren la puerta a la imaginación de posibilidades de un 
mundo distinto, sino que constituyen una oportunidad 
para la transformación de la realidad. Este proyecto utó- 
pico emergente es enunciado por la Constitución Mon- 
tecristi pero tiene que ser construido paciente, lúcida y 
tenazmente por todos quienes creemos que es necesario 
cambiar la realidad de exclusión, miseria y dolor por la 
que atraviesan muchos de los habitantes de Ecuador. 
Lastimosamente este proyecto utópico no tuvo eco en la 
organización del poder en el mismo texto constitucional, 


ni tampoco por parte del gobierno de la revolución ciuda- 
dana que patrocinó su creación. 

Para discutir sobre el contenido y los riesgos del 
proyecto utópico de Montecristi, este ensayo se divide 
en dos grandes partes. Una primera en la que se trata 
de contextualizar la utopía andina dentro del constitu- 
cionalismo. Por un lado se explica el constitucionalis- 
mo liberal, que se proyecta en la parte orgánica de la 
constitución de Montecristi, y por otro el constitucio- 
nalismo andino que lo encontramos en la parte dog- 
mática y en el preámbulo de la Constitución. Además 
de enumerar las instituciones que son la base del pro- 
yecto utópico andino, se hacen breves explicaciones 
de su contenido y de su potencial emancipador. 

En una segunda parte se hace una evaluación de la 
actuación del gobierno de la revolución ciudadana en 
función de cada una de las instituciones que configuran 
la utopía andina. Finalmente se concluirá que existe un 
alejamiento de ese proyecto utópico por parte del Go- 
bierno y que, a pesar de ello, se requiere seguir teorizan- 
do y luchando por la concreción de la utopía andina, que 
no puede hacérsela sin escuchar activamente la voz del 
movimiento indígena. De lo contrario se corre el riesgo 
de colonizar las instituciones utópicas o de invisibilizar 
su potencial emancipador. 


Ramiro Ávila Santamaría 


71 


La utopía de Montecristi 

La función política de una constitución 

Las Constituciones cobraron importancia en la 
modernidad. El fenómeno del constitucionalismo, de- 
pendiendo de cómo definamos al concepto, podemos 
encontrarlo muchos años atrás. Si entendemos a la 
constitución como un conjunto de normas que orga- 
nizan el poder de un Estado y su sistema jurídico, sin 
duda estamos ante un fenómeno que surge apenas en 
el siglo XVIII. 

Las constituciones son pactos políticos que suelen 
reflejar los problemas, las convicciones y las aspira- 
ciones de los grupos que tienen capacidad de definir 
el derecho y de participar en la organización del Es- 
tado. En este sentido se pueden distinguir varios tipos 
de constitucionalismo: 1) el constitucionalismo liberal, 
2) el constitucionalismo social, 3) el constitucionalismo 
multicultural, 4) el constitucionalismo andino (Ávila, 
2011: 83). ¿Cuáles eran esos problemas, convicciones y 
aspiraciones en cada uno de estos constitucionalismos? 

1 . El constitucionalismo liberal tiene dos fases. Una pri- 
mero, que es conservadora; y otra a la que podríamos 
denominar republicana, tomando las categorías pres- 
tadas de Gargarella (2013: 1). El constitucionalismo 
conservador, que primó durante todo el siglo XIX, era 
profundamente antidemocrático, desconfiaba del pue- 
blo, pretendía construir una nacionalidad y preservar 
los intereses de un pequeño grupo de propietarios vin- 
culados con grandes terratenientes. A finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, los actores no solo son 
los terratenientes sino también el grupo de burgueses- 
comerciantes. El Estado se organiza para proteger esos 
intereses y el de los terratenientes. De ahí que la ciu- 
dadanía siga siendo restringida, y solo puedan tener 
cargos de representación quienes pertenecen a esos 
grupos sociales, y que los derechos reconocidos refle- 
jen sus intereses: la propiedad, los políticos, la libertad 
y la igualdad formal. El principal problema que se re- 
suelve en este constitucionalismo es la legitimación de 
la representación política restringida. 

2. El constitucionalismo social refleja la emergencia 
de un actor social importante y de toda una doctrina 
que lo respalda: el obrero-campesino y el socialismo. 
La ciudadanía se expande ligeramente y también los 
derechos. Emergen los derechos sociales y económi- 
cos, que tienen relación con los problemas relaciona- 
dos con la inequidad en las relaciones laborales. De ahí 
que tenemos derechos tales como el acceso al trabajo, 
al salario justo, a la seguridad social, a la salud y a la 
educación. El principal problema que se intenta resol- 
ver es el de la distribución. 


3. El constitucionalismo multicultural en cambio se ca- 
racteriza por el reconocimiento de la diversidad. Una 
serie de movimientos sociales reivindican sus particu- 
lares necesidades y problemas. La ciudadanía incluye 
a la gran mayoría de personas adultas ecuatorianas 
que habitan en el país y los derechos se multiplican 
en función de las reivindicaciones de los movimientos 
sociales. El principal problema que aborda este consti- 
tucionalismo es el del reconocimiento. 

4. El constitucionalismo andino intenta abordar todos 
los problemas anteriores: representación, redistribu- 
ción y reconocimiento, y agrega un problema más que 
merece ser destacado: la colonialidad (Walsh, 2009: 67). 

A pesar de estas divisiones e importantes diferen- 
cias que se pueden no solo mirar en el tiempo sino 
también en las diversas luchas sociales, hay un proble- 
ma fundamental que tienen todas las constituciones: la 
sala de máquinas (Gargarella, 2013: 55). Existe un claro 
avance en la definición y el contenido de los derechos, 
pero la organización del poder ha sido prácticamente 
intocada desde que se instauró en el constitucionalis- 
mo liberal. Por ello merece una reflexión aparte tanto 
el constitucionalismo liberal como el andino. 

El constitucionalismo liberal 

Con frecuencia se suele preguntar sobre las seme- 
janzas y las diferencias entre la Constitución de 1998 
y la del 2008. La mayoría de los comentaristas, y con 
razón, encuentran muchas semejanzas. Entre otras, 
el régimen presidencial, la expansión de los derechos 
fundamentales, la existencia del control constitucio- 
nal. También los comentaristas encuentran pequeñas 
diferencias. Entre otras, la creación de cinco poderes 
(que en términos prácticos no ha significado en rea- 
lidad más que la creación de dos instituciones y no 
poderes en estricto sentido político), el reforzamiento 
del presidencialismo, el aumento de la retórica cons- 
titucional. Diferencias más, diferencias menos, y más 
allá de las discusiones sobre los detalles semánticos, 
podríamos afirmar, si esto fuera cierto, que ambas 
constituciones tienen una matriz común. 

Esa matriz común se llama “constitucionalismo li- 
beral”. El constitucionalismo liberal tiene ya más de 
doscientos años de existencia y ha influenciado deci- 
didamente en la organización del poder de todos los 
estados contemporáneos. No hay Estado, en particular 
en el mundo occidental, que no se haya organizado 
estableciendo, por ejemplo, la división de poderes, los 
derechos fundamentales, la democracia representati- 
va, la soberanía, la ciudadanía y la nacionalidad. 

El constitucionalismo liberal es harto flexible y va- 
riado. Permite un régimen parlamentario y también 


72 


El correísmo al desnudo 


un régimen presidencialista. Encontramos constitu- 
ciones parcas, como la norteamericana, y también ex- 
tensas, como la ecuatoriana. Distingue constituciones 
en la que los derechos sociales son programáticos, 
como la española, o son directamente exigibles, como 
la venozolana. El constitucionalismo liberal está estre- 
chamente vinculado al sistema económico capitalista 
y al fenómeno de la globalización. En algunos lugares 
tiene más vocación social, y se ha establecido regí- 
menes que se conocen como “estados de bienestar”, 
como sucede en los países nórdicos; en otros lugares, 
en cambio, los servicios públicos son precarios y se 
promueve la satisfacción de necesidades a través de 
un mercado aparentemente desregulado, como sucede 
en Chile y Colombia. En este sentido, el constitucio- 
nalismo se ha adaptado a distintas manifiestaciones 
del capitalismo. 

Sin ánimo de agotar la enumeración de las carac- 
terísticas del constitucionalismo liberal, podríamos 
afirmar que al menos son escenciales algunos elemen- 
tos: el Estado nación, las personas como titulares de 
derechos y ciudadanía y la división de poderes, con la 
finalidad de garantizar la libertad para contratar y la 
propiedad privada (Ackerman, 1992: 90). En este sen- 
tido, no sería liberal una constitución que reconocie- 
ra un Estado con capacidad de extender sus fronteras 
y declarar la guerra, desconociera la dignidad de las 
personas que nacen y viven legalmente en el territo- 
rio estatal, estableciera una monarquía absoluta o el 
despotismo estatal. 

Con esta óptica, sin duda, la constitución de Mon- 
tecristi es parte de la tradición liberal, que se inauguró 
con la Constitución de 1830 (y hasta podríamos remon- 
tarnos a la Constitución de 1812). Esta afirmación no 
significa que entre las constituciones no existan dife- 
rencias o que no se pueda apreciar una tendencia evo- 
lutiva. Pero las diferencias son de intensidad y grados 
de sus elementos, pero no de escencia. Por ejemplo, en 
la constitución de 1830 la ciudadanía, los derechos y 
el presidencialismo eran restringidos. En cambio, en el 
año 2008 la ciudadanía es mucho más extensa (más per- 
sonas son ciudadanas), se reconocen muchos más dere- 
chos que los civiles y políticos, y el presidencialismo es 
reforzado. Pero la tradición liberal es reconocible. Esta 
es una cara de la Constitución de Montecristi. 

Sin embargo, la Constitución de Montecristi reco- 
ge elementos que marcan el camino de lo que podría 
ser un constitucionalismo posliberal. Estos elementos 
son tan importantes que no solo marcan una diferen- 
cia con el constitucionalismo liberal ecuatoriano sino 
que también marcan un hito en el constitucionalismo 
global. Se trata, sin duda, de un constitucionalismo 
emergente y en construcción. La Asamblea Consti- 
tuyente que construyó la constitución de Montecristi 
puso las bases y cimientos, pero lastimosamente no 


pudo construir la edificación que esas bases deman- 
daban. A pesar de lo incipiente, esos elementos son 
suficientes para poder hablar de un constitucionalis- 
mo andino y de un proyecto de vida y de organización 
social distinta a la occidental tradicional, al que vamos 
a llamar “utopia andina”. 

El constitucionalismo andino 

La Constitución de Montecristi reconoce siete ins- 
tituciones que no tienen origen ni tampoco apropiada 
explicación en el constitucionalismo liberal. Esas insti- 
tuciones han aparecido por primera vez en el mundo 
andino. Primero como reivindicaciones sociales y lue- 
go como conquistas jurídicas. Sin duda muchas de esas 
reivindicaciones sociales no son nuevas ni exclusivas 
de los movimientos sociales andinos, pero la origina- 
lidad radica en que se han plasmado por primera vez 
en los textos constitucionales de Ecuador y de Bolivia. 

Las instituciones que brevemente enumeramos y 
describimos sin duda no son “puras” en su enunciado y 
tienen influencia del constitucionalismo liberal, como 
lo haremos notar. Estas son: 1) la plurinacionalidad, 2) 
la Pacha Mama, 3) el sumak kawsay, 4) la democracia 
comunitaria, 5) la justicia indígena, y 6) la intercul- 
turalidad. Estas incipientes instituciones marcan una 
diferencia sustancial y profunda entre el constitucio- 
nalismo liberal y que suelen pasar desapercibidas en 
particular entre los juristas y los constitucionalistas. 

La plurinacionalidad 

La nacionalidad de cada país de la región se cons- 
truyó sobre la base de mucha violencia y sangre. Y esta 
afirmación no es mera retórica. Basta mirar las guerras 
de independencia y todas las guerras que se sucedie- 
ron en el siglo XIX para reafirmar la soberanía territo- 
rial. La nacionalidad se construyó a base de un imagi- 
nario y de una ficticia unidad, que giró alrededor de la 
ecuatorianidad. Esa construcción requirió elementos 
comunes entre todos quienes habitaban Ecuador. Esos 
elementos fueron, por ejemplo, el idioma español, el 
himno nacional, la bandera, la moneda, una historia 
oficial, una religión que procuraban la construcción de 
una sola identidad. La idea fue sentir pertenencia a un 
Estado soberano (Anderson, 1997: 81). 

La identificación de un grupo humano con una na- 
cionalidad no debió de ser fácil y tomó tiempo. Sin em- 
bargo, esa nacionalidad se hizo a costa de desconocer 
la diversidad y, en muchos casos, hasta desaparecerla. 
En otras palabras, se construyó una cultura nacional a 
la medida de quienes gobernaban el Estado a costa de 
desconocer otras culturas. Los mecanismos utilizados 
fueron varios, uno de ellos, por ejemplo, fue la educa- 
ción pública y la implementación de un sistema jurídi- 
co estatal. ¿Qué exactamente se desconoció? Ahora sa- 


Ramiro Ávila Santamaría 


73 


bemos que existen 16 culturas distintas, cada una con 
su idioma y sus formas de entender el mundo. ¿Cuánto 
se perdió y cuánto resistió? No sabemos exactamente 
todo lo que se perdió y cuántas lenguas se dejaron de 
hablar. Lo que sí sabemos es lo que ha resistido. Esas 
comunidades que tienen una identidad diferente a la 
dominante se le ha llamado “nacionalidad”. 

Acá estamos ante una paradoja. La plurinacionali- 
dad desafía la comprensión de la noción de naciona- 
lidad, que en sí misma fue una categoría que tuvo un 
origen excluyente y hasta opresor. Quizá “nacionali- 
dad” no era la mejor palabra para expresar la convi- 
vencia de otras culturas además de la cultura mestiza 
dominante, pero se la utilizó. Lo que urge es recon- 
ceptualizarla en términos que refleje la rein vindicación 
que persigue. En primer lugar, la plurinacionalidad no 
niega la ecuatorianidad que es un gran paraguas, solo 
que ser ecuatoriano no significa ya, por ejemplo, una 
sola lengua o un solo sistema jurídico. En segundo 
lugar, la plurinacionalidad significa la convivencia de 
varias culturas que merecen igual reconocimiento y 
representación. En tercer lugar, dado que cada nacio- 
nalidad conforma el Ecuador, es un deber del Estado 
respetar y promover el desarrollo de cada nacionali- 
dad. Finalmente, la plurinacionalidad tampoco signi- 
fica la constitución de un Estado federal, que es una 
mera organización política, sino que tiene estrechos 
vínculos con la diversidad cultural que no necesaria- 
mente podría expresarse en una organización federal. 

La plurinacionalidad tiene un potencial emancipa- 
dor enorme y es un proyecto a construir (Santos, 2012: 
16). La plurinacionalidad permite la emergencia de sa- 
beres y de voces que no han sido conocidas ni tampoco 
escuchadas. En esos saberes es posible encontrar nue- 
vas formas de convivencia, que ahora, como veremos, 
ya tienen nombre y todavía un contenido casi mítico: 
la pachamama y el sumak kawsay. 

La Pacha Mama 

La Pacha Mama aparece con muchas acepciones 
en la Constitución. Primero en el preámbulo, aparece 
como un ente en el que el ser humano es un elemento y 
además provee de todo lo necesario para su subsisten- 
cia. Enseguida se dice que se pretende construir una 
nueva forma de convivencia basada en la armonía con 
la naturaleza. En segundo lugar aparece como titular 
de derechos y se desarrolla el contenido del derecho. 
Finalmente, aparece en el régimen de desarrollo, en 
el que un objetivo fundamental es preservar y cuidar 
la naturaleza. En otras palabras, la Pacha Mama es el 
fundamento de la constitución, es sujeto de derechos 
y es un objetivo para el desarrollo. 

La noción de derechos es problemática. Por un 
lado, es un concepto que permite el control y hasta la 
restricción de derechos por parte del Estado cuando se 


cumplen ciertas condiciones. Por otro lado, la noción 
de derechos trae aparejada algunas nociones propias 
de la concepción liberal que son difícil de conciliar con 
la naturaleza, tales como el individualismo, la igual- 
dad, la representatividad, la capacidad de obligarse. 
Sin embargo, hoy por hoy no hay un lenguaje más 
poderoso en el derecho para exigir límites y garantías 
por parte del Estado. 

La noción de la Pacha Mama realmente nos puede 
ayudar a encontrar posibles caminos para salir de un 
sistema basado en una concepción de desarrollo que 
es violento, individualista, consumista y en muchos 
sentidos perverso. La modernidad se basa en la sepa- 
ración de naturaleza y ser humano, y en la dominación 
del ser humano a la naturaleza. La relación del ser hu- 
mano con la naturaleza pasó de ser un relación de ne- 
cesidad a una relación de explotación; del valor de uso 
al valor de cambio. Si la naturaleza es sujeto y además 
objeto, entonces es un llamado a retomar el encuentro 
del ser humano con la naturaleza y a establecer rela- 
ciones de mutuo respeto. Es decir, se destruye de raíz 
la base del sistema capitalista. ¿Estamos hablando de 
una nueva forma de comunitarismo? Parecería que sí 
y que sin duda nunca ha dejado de ser una alternativa 
al sistema actual que no tiene viabilidad alguna para 
la sobrevivencia del ser humano. 

El sumak kawsay 

El sumak kawsay o buen vivir es otra noción clave 
en la constitución, que aparece en el preámbulo, como 
un criterio orientador en la clasificación de los dere- 
chos y en el régimen del desarrollo. Por tanto, también 
el buen vivir es fundamento de la constitución, objeti- 
vo del Estado y de la comunidad organizada y también 
es un derecho individual y colectivo. 

Para entender una idea a veces conviene contras- 
tarla. Bauman describe en uno de sus libros a una per- 
sona ejecutiva exitosa, de esas que no saben lo que 
es tener una necesidad básica insatisfecha, que tiene 
deseos ilimitados que se cumplen consumiendo, que 
viajan todo el tiempo por el mundo sin conquistar, que 
viven encerrados en “comunidades” (gate-communi- 
ty) sin conocer a nadie, que ganan anualmente cifras 
de dinero incomprensibles e imposibles de gastar, que 
trabaja todo el día y la única dirección fija es su direc- 
ción de correo de internet, que siente la calidez huma- 
na solo a través de la propaganda, inclementemente 
solo, acumulando bienes materiales que no necesita 
para la sobrevivencia y al mismo tiempo infeliz (2007: 
37). Luego Bauman se pregunta si vale la pena esta 
forma de vida y si es posible universalizarla. La res- 
puesta es negativa. 

El sumak kawsay representa exactamente la idea 
opuesta a la forma de vida que nos venden los medios 
de comunicación, la propaganda, la educación formal 


74 


El correísmo al desnudo 


y el sistema capitalista. La noción se sintetiza en la 
armonía con la naturaleza, con los otros seres vivos y 
con uno mismo. Y acá encontramos la idea de comuni- 
dad, de solidaridad, de inclusión. ¿Qué pasaría con la 
sociedad si es que el modelo de organización social y 
política a la que invita el sumak kawsay se transmiti- 
ría intensamente como se transmite la competencia, el 
consumo y el individualismo? Me late que estaríamos 
hablando de otra sociedad. 

La democracia comunitaria 

La democracia comunitaria aparece en un solo ar- 
tículo (Art. 95), en aquel relacionado con los principios 
de la participación democrática: “La participación de 
la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 
es un derecho, que se ejercerá a través de los meca- 
nismos de la democracia representativa, directa y co- 
munitaria.” No tenemos una definición constitucional 
sobre el alcance, los mecanismos y los procedimientos 
para lograr la democracia comunitaria. 

Debemos entender que la democracia comunitaria 
no es la representativa, que bien conocemos, y tampoco 
es la democracia directa, que está definida en la misma 
constitución (y que es básicamente la consulta popu- 
lar). La democracia comunitaria complementa las otras 
formas de democracia. La práctica de la democracia re- 
presentativa ha demostrado a lo largo de estos años sus 
serias deficiencias para garantizar la participación ciu- 
dadana. La gran diferencia entre la democracia repre- 
sentativa y la comunitaria es que en la primera se res- 
tringe a una intervención puntual, cada cierto tiempo, 
y se termina con el acto eleccionario. La comunitaria, 
en cambio, es permanente. Otra forma de entenderla 
es lo que Dussel llama el “mandar obedeciendo”, que es 
propia de la comunitaria, y el “mandar mandando”, que 
corresponde a la representativa (2009). 

¿Cómo construir una democracia comunitaria? Pa- 
recería, como sugiere el mismo Dussel, que hay que 
construir institucionalidad que vincule la participa- 
ción de abajo hacia arriba en el proceso de toma deci- 
siones. Las autoridades representativas, mandatarios, 
solo pueden hacer lo que se han comprometido con 
las comunidades. Ir más allá requiere de mandato y, 
por tanto, de consulta. Acá encontramos un sueño de 
sociedad, en la que todas las personas y colectividades 
están involucradas, y no hay espacio para la iniciativa 
individual impuesta a todos, por más brillante que la 
idea y la autoridad fueren. 

La justicia indígena 

La justicia indígena, para sorpresa de todos los 
juristas tradicionales, aparece en la constitución de 
Montecristi con la misma jerarquía que la justicia 
estatal (capítulo cuarto). Esto en principio es conse- 
cuente con la declaración de Estado plurinacional. 


En Ecuador existe pluralismo jurídico, esto es, varios 
sistemas jurídicos con normas de reconocimiento y 
validez distinta. En las escuelas de derecho solo he- 
mos aprendido y seguimos enseñando uno solo de los 
derechos existentes y aplicables en el Ecuador. Poco 
sabemos de las formas de administración de justicia 
no estatales, y lo que sabemos está marcado por el es- 
tigma, el drama y la demonización de lo indígena. Es 
decir, nuestra aproximación a las otras normas jurí- 
dicas no estatales está prejuiciada por el racismo que 
sigue latente en nuestra sociedad. 

La justicia estatal ha dado muestras de una siste- 
mática disfuncionalidad. Tiene todos los defectos para 
ser considerada una administración de justicia acepta- 
ble: es cara, lenta, inaccesible, incomprensible, injusta 
(Pásara, 2011). Si miramos la justicia penal, el panora- 
ma es mucho más cruel: detiene arbitrariamente, tor- 
tura, degrada a la persona y a la familia, no rehabilita, 
corrompe (Avila, 2009). Urge el cambio y el paradigma 
dominante parece no resolver el asunto. La mirada 
para la reforma suele ser a países donde existe mayor 
eficiencia, entendida como mayor número de senten- 
cias. Sin embargo se sigue apostando por fortalecer 
una justicia que se basa en la burocracia y en el uso de 
formas jurídicas que siguen siendo inaccesibles para 
la mayoría de la población. 

La justicia indígena tiene algunas virtudes que me- 
recen ser destacadas: la oralidad, la cercanía y com- 
prensión del conficto con la autoridad que lo resuel- 
ve, la inmediatez, la solución reparadora y creativa. 
También tiene defectos y no conviene negarlos, como 
aquel de la discriminación por género y también las 
excepcionales desproporciónales sanciones. La jus- 
ticia indígena puede contribuir a volver a formas de 
entender y hacer la justicia de forma más efectiva y 
cercana a quienes tienen los problemas y sufren los 
dramas de la vida. La justicia estatal resulta un proble- 
ma más a enfrentar en lugar de ser un mecanismo de 
solución de conflictos. 

La interculturalidad 

La interculturalidad es realmente un eje transver- 
sal en toda la constitución. Aparece en varios derechos 
fundamentales, en el régimen de desarrollo, en el régi- 
men del buen vivir, en los principios del Estado. Creo 
que la interculturalidad debe ser entendida como un 
método de actuación y como una constante práctica. 
La interculturalidad es la forma mediante la cual se ma- 
terializa la convivencia y la riqueza de la diversidad. 

La interculturalidad implica por un lado el respeto 
de la cultura diversa y, por otro, el mutuo aprendizaje. 
Toda cultura es dinámica y está en constante cambio 
e intercambio. Tradicionalmente, y esta tendencia per- 
siste, la cultura dominante tiende a asimilar y homolo- 
gar. Los efectos de esta tendencia son múltiples pérdi- 


Ramiro Ávila Santamaría 


75 


das. Se pierden lenguas, tradiciones, historias, cosmo- 
visiones, distintas manifestaciones de espiritualidad, 
conocimientos, étnias y, en general, culturas. Cuando 
el Ecuador se considera un Estado intercultural preci- 
samente hace un llamado a rescatar, a valorar, a apren- 
der de esas culturas que han sido históricamente mar- 
ginadas y silenciadas. De lo que se trata, en palabras de 
Santos, es de “recurrir a una forma de conocimientos 
que no reduzca la realidad a aquello que existe. Rea- 
lismo que incluya realidades suprimidas, silenciadas o 
marginadas, tanto como realidades emergentes o ima- 
ginadas”. (Santos, 2003: 282) 

La práctica y vivencia de la interculturalidad es 
fundamental para la transición del sistema capitalista 
neoliberal en el que vivimos hacia el sumak kawsay y 
el respeto de la Pacha Mama. 

La utopía andina 

La palabra utopía viene del griego. Está compuesta 
por dos elementos: “no” y “lugar”. Juntas significan “un 
lugar que no existe”. Este lugar que no existe es el es- 
pacio en el que se proyecta la sociedad ideal y que se 
llama “utopía”. La utopía tiene una utilidad fundamental 
de acuerdo con el filósofo Arturo Roig. Por un lado sirve 
para criticar lo que existe, la topia, y por otro lado sirve 
para transformar la sociedad (1987: 62). 

En la Constitución de Montecristi tenemos dos 
utopías latentes. La una es la de los derechos y la otra 
es la “andina”. 

La utopía de los derechos es harto atractiva y es fá- 
cil de comprender. Parecería que si todas esas prome- 
sas que están en la parte dogmática de la constitución 
se cumplieran, tendríamos la sociedad ideal. Es decir, 
si nos imaginamos un mundo en el que todos tengan 
agua, hábitat, trabajo digno, salud integral, libertad, 
igualdad, debido proceso cuando nos juzgan, nutrición 
adecuada y más, entonces seríamos dignos y realizados. 
Sin embargo, cada vez son más comunes las voces críti- 
cas que nos advierten del potencial regulador y contro- 
lador de los derechos. Por ejemplo, Agamben sostiene 
que cuando las personas se convirtieron en sujetos de 
derechos, fin de Estado y base de la nación, entonces se 
creó un campo en el cual el Estado tiene la autoridad y la 
discrecionalidad para administrar los derechos y hasta 
para matar la vida misma (2003: 164). Además, se podría 
considerar que la lógica de los derechos es individualis- 
ta, reduccionista y dependiente del Estado; en lugar de 
emancipar, los derechos “sujetan” al individuo al Estado. 
Resulta que para liberar se requiere de abogados y de 
jueces, y de un Estado proveedor (Douzinas, 2000: 20). 
Quizá lo peor de todo es que el discurso y las prácticas 
de los derechos puede convivir con lógicas reacciona- 
rias, liberales, legalistas, individualistas y capitalistas, 
como sugiere Wendy Brown (2002: 18). 


Si compartimos la noción de utopía de Santos, que 
es “la exploración, a través de la imaginación, de nue- 
vas posibilidades humanas y nuevas formas de volun- 
tad, y la oposición de la imaginación a la necesidad de 
lo que existe, solo porque existe, en nombre de algo 
radicalmente mejor por lo que vale la pena luchar y 
al que la humanidad tiene derecho” (2003: 378), en- 
tonces tenemos que concluir que el discurso de los 
derechos humanos no es suficiente. En ese mundo de 
posibilidades es donde calza con perfección las po- 
tencialidades que ofrecen las instituciones y nociones 
que hemos brevemente descrito en el acápite anterior. 

La plurinacionalidad reconoce la diversidad de 
culturas; la Pacha Mama significa la eliminación del 
extractivismo depredador y la práctica de un modelo 
de desarrollo no basado en la acumulación ni en la 
competencia; el sumak kawsay es un llamado a una 
vida comunitarista, solidaria e inclusiva; la democra- 
cia comunitaria es el ideal de una sociedad en la que 
todos participan y se toman decisiones colectivas, y 
las autoridades están sujetas a permanente control y 
obligadas a consultar cuando tomen decisiones im- 
portantes: se manda obedeciendo; la justicia es un 
modelo en la que las comunidades y los grupos socia- 
les recuperan su capacidad para afrontar y resolver 
los conflictos, para integrar y reparar a los infractores 
de las normas, para fortalecer el sentimiento común 
de pertenencia a una comunidad organizada; la inter- 
culturalidad es la convivencia en la diversidad. ¿Es 
un mundo ideal distinto al ofrecido por el discurso de 
derechos y por la forma de vida en esta sociedad capi- 
talista global? Me parece que sí. Ese mundo donde el 
agua es más importante que el oro, donde la pobreza 
es la soledad y no la falta de dinero, donde el éxito y 
la riqueza es tener vínculos afectivos y ser miembro 
reconocido de comunidades y no la acumulación, el 
consumo y el egoísmo. 

Todas esa nociones que no pertenecen a la tradi- 
ción liberal, están en la constitución ecuatoriana. To- 
das esas posibilidades y potencialidades están sobre 
el tapete. Definir las formas, los caminos, los actores, 
los hitos en ese camino no es una tarea fácil. Como 
sostiene Santos, definir un paradigma emergente es 
una tarea tan importante como difícil, pero parece 
que el único camino para pensar el futuro es la uto- 
pía (2003: 377). Sin duda, el proceso constituyente 
de Montecristi fue “el acontecimiento”, en el senti- 
do dado por Badiou. Es decir, fue un momento en el 
que se hizo posible pensar y soñar en lo inexistente 
y que, vistas desde el mundo anterior, fueron consi- 
deradas imposibles (2012: 80). En Montecristi se creía 
que era posible. Y esta utopía no es otra cosa que la 
utopía andina. 


76 


El correísmo al desnudo 


La distopía de la revolución ciudadana 

Si la utopía es el lugar ideal al que se aspira a llegar 
y por el que vale la pena transformar la realidad, la 
topia es el lugar en el que nos encontramos (realidad), 
y a la distopía la entenderemos como la negación de la 
utopía. Lo que afirmamos, e intentaremos demostrar, 
es que el gobierno de la revolución ciudadana ha to- 
mado pasos decididos hacia la afirmación de la topia 
y, por tanto, de la negación de la utopía. 

Para demostrar lo afirmado vamos a seguir cada 
una de las categorías que integran lo que hemos lla- 
mado la utopía andina. 

La plurinacionalidad 

La plurinacionalidad implica el reconocimiento y 
la promoción de la diversidad de naciones que existe 
en el Ecuador. La plurinacionalidad es un proyecto de 
país que implica mucho esfuerzo. Así como se cons- 
truyeron imaginarios para lograr sentir membresía a 
una nación, se deben construir para pertenecer a una 
plurinación. En tanto la nación como la plurinación 
tienen elementos relacionados al territorio, la identi- 
dad, el derecho, la forma de gobierno y los valores. 
En Montecristi se logró el reconocimiento, ahora es 
tiempo de “celebrar la diversidad cultural y el enrique- 
cimiento recíproco de varias culturas” (Sosa, 2012: 22). 
Varias naciones en un solo Estado. Suena fácil, pero 
su construcción tiene elementos de carácter político, 
jurídico, social y cultural. El camino es largo y segura- 
mente tiene que ser lento. 

La falta de regulación o la regulación inadecuada 
del régimen territorial/de propiedad, la relación en- 
tre jurisdicción estatal e indígena, la propiedad de los 
recursos naturales en territorios indígenas por parte 
del Estado, el control de los recursos naturales y la 
consulta sin efectos vinculantes (Grijalva, 2012: 69), 
la eliminación de la educación bilingüe, la falta de 
desarrollo de un mercado comunitario, la marginali- 
zación del tema de la democracia comunitaria, la no 
consideración de representación de las nacionalida- 
des en la asamblea (Grijalva, 2012: 66), los ataques 
gubernamentales y mediáticos a la justicia indígena 
(Grijalva, 2012: 54), la carencia de participación de 
las nacionalidades en la planificación estatal (Gijalva, 
2012: 69), la inercia en la creación de espacios e ins- 
tituciones que hagan posible el diálogo entre cultu- 
ras (Grijalva, 2012: 73). Todas estas iniciativas son un 
atentado contra el proyecto de Estado plurinacional, 
y todas las ha practicado el gobierno de la revolución 
ciudadana. ¿Será que el presidente de la República 
sigue pensando que la plurinacionalidad es una pro- 
puesta radical peligrosa? (Llasag, 2012a: 150). 

El gobierno de la revolución ciudadana en contra co- 
rriente de la construcción del Estado plurinacional, se ha 


empañado en construir un solo imaginario. Al himno 
nacional, la bandera, el escudo, hay que añadirle “Patria 
tierra sagrada” y el logo de la revolución ciudadana. 

La Pacha Mama 

El esclavismo es a los afrodescendientes, lo que 
el extractivismo es a la naturaleza. Por curiosidad, 
mientras escribía este ensayo, en el you tube puse las 
palabras “Correa minería” y me salieron decenas de 
videos. Vi el primer video y escuché frases como estas: 
“hay gente que no quiere el progreso”, “se necesitan 
las minas”, “sí a la minería con responsabilidad am- 
biental”, “estamos hablando del futuro del país”, sin 
minas “volvamos a la edad de los picapiedra” 1 . Si no 
fuera porque escuchaba la voz del presidente y miraba 
su rostro, hubiese creído que eran las de un gerente o 
publicista de una empresa minera. En el mismo video 
se burlaba de quienes, por defender a la naturaleza, se 
oponen a la minería. Este discurso se ha reiterado en 
múltiples foros y de múltiples maneras. 

Destaco tres ideas fuerza. La primera es la tradicio- 
nal noción de progreso que se basa en la acumulación 
de capital y medido por el crecimiento económico. 
Nada distinto a lo que el capitalismo pregona desde 
su creación. El subdesarrollo es la vida primitiva, a la 
que el presidente llama “picapiedra”, haciendo alusión 
a una tira cómica que se desarrolla en la prehistoria, 
y curiosamente la minería nos lleva a la civilización y 
seguramente a la industrialización. La segunda es que 
la naturaleza es tratada como un objeto al que hay que 
explotar en beneficio del ser humano. Si uno escucha 
los discursos para defender el esclavismo, uno se dará 
cuenta que no hay mucha diferencia. Aún suponiendo 
que fuese inevitable explotar la tierra, la considera- 
ción cuando se trata de un sujeto de derechos debe 
ser distinta. Normalmente para restringir un derecho 
se necesita justificar la necesidad y la proporciona- 
lidad de la restricción. Se asume, porque siempre ha 
sucedido así, que la naturaleza da riqueza y punto. El 
tercer elemento, que tiene que ver con la negación, se 
aprecia con claridad no solamente en el hecho de pro- 
mover la minería por sobre el respeto a la naturaleza, 
sino en la denigración del discurso utópico. El presi- 
dente justifica la explotación mediante la negación del 
derecho de la naturaleza. 

El extractivismo es a la naturaleza lo que el puñal 
es al cuerpo de una persona. La tierra se contamina, el 
agua se inutiliza, los bosques desaparecen, el clima se 
altera. Pero no solo es violencia contra la naturaleza, 
sino que viene acompañada de múltiples violencias. 
Acosta nos recuerda algunas: el impacto ambiental en 
la vida de las personas y comunidades, la inestabilidad 
social y económica en las zonas de influencia extrae - 
tivista, la disputa por la renta, el desalojo de comuni- 
dades indígenas, la destrucción de las potencialidades 


Ramiro Ávila Santamaría 


77 


culturales de las comunidades, la creación de conflic- 
tos sociales (2012: 158). 

El extractivismo no se restringe a la explotación 
minera o petrolera, que quizá es la más evidente, 
sino también a otras formas intensivas e insensi- 
bles de producción, tales como el agrario, forestal y 
pesquero (Acosta, 2012: 162). 

El gobierno de la revolución ciudadana tiene como 
pilar para el desarrollo la actividad extractivista, man- 
tiene la actual estructura de acumulación, está inserto 
de modo subordinado en los mercados internacionales, 
se caracteriza por poner en funcionamiento procesos 
productivos competitivos, eficientes, que maximizan 
el lucro y externalizan los impactos, y con una parte 
de las rentas financia programas sociales. A esta for- 
ma de extraer, Acosta la denomina “neo extractivismo”, 
que a pesar de algunas novedades mantiene y repro- 
duce elementos de extractivismo colonial (2012: 169). 

Por estas razones, el proyecto de la revolución ciu- 
dadana, lejos de ser un socialismo del siglo XXI o el 
socialismo del sumak kawsay, “es un proyecto neo- 
desarrollista extractivista, de reforma capitalista. No 
tiene como horizonte un cambio de relaciones socia- 
les, ni un empoderamiento de un poder democrático 
de los movimientos sociales, sino mejorar la calidad 
de vida, es decir la matriz capitalista se mantiene, no 
solo que no cuestiona el capitalismo sino que se lo 
refuerza, su objetivo es en definitiva el desarrollo. A 
esto algunos han llamado posneoliberalismo” (Ogaz, 
2013). Para sostener lo afirmado, Ogaz sostiene que 
la economía capitalista en el gobierno de Correa ha 
funcionado bien, se ha fomentado el consumismo y se 
ha reactivado el mercado. 

El sumak kawsay 

Vamos seis años de revolución ciudadana y de vi- 
gencia de la Constitución de Montecristi. Uno podría 
preguntarse si es que el patrón de consumismo, indi- 
vidualismo y de competencia han cambiado en nues- 
tra vida cotidiana en los últimos seis años. Es decir 
¿hemos sentido el cambio de valores en la revolución 
ciudadana? Nada diferente a lo que hemos vivido en 
otros gobiernos: sentimiento de inseguridad, lucha 
por conseguir méritos para concursar a puestos pú- 
blicos, caminar entre los millones de autos que atra- 
viesan nuestras grandes ciudades, comprar incesante- 
mente cosas que no necesitamos, endeudarnos para 
consumir y consumir, cambiar de auto y de celular. Es 
que seguimos en el mismo sistema. 

El sumak kawsay requiere “propiciar el resca- 
te de las cosmovisiones indígenas de todo el mundo 
en las que los seres humanos no solo que conviven 
con la naturaleza de forma armoniosa, sino que los 
seres humanos forman parte de ella” (Acosta, 2012: 
170). El complemento de la Pacha Mama es el sumak 


kawsay. No se puede dejar de extraer sin cambiar de 
valores en la sociedad y en la economía. Para lograr 
ese cambio, se requiere una transición paradigmática. 
La transición, recuerda Acosta, tiene que ser plural y 
requiere una institucionalidad estatal fuerte encami- 
nada a organizar otra forma de entender la economía, 
y lograr una radical resdistribución de ingresos y ac- 
tivos (2012: 176). La pregunta es si el gobierno de la 
revolución ciudadana está dando muestras claras de 
ir hacia el paradigma del buen vivir. Lastimosamente 
el Gobierno nos invita a ser escépticos. Presentar al 
ITT como si fuera el único sector donde se debe respe- 
tar la naturaleza, aprobar una nueva ley de minería y 
proyectos mineros, construir represas hidroeléctricas, 
incrementar la producción petrolera son síntomas de 
que el extractivismo continuará de forma vigorosa. No 
se trata de detener la producción actual y generar una 
crisis, pero tampoco de radicalizar el extractivismo 
que es exactamente lo contrario que lo que la Pacha 
Mama y el sumak kawsay exigen. 

La democracia comunitaria 

En un reciente documental de Pocho Alvarez, Per- 
secución y condena (2013), se puede apreciar el fun- 
cionamiento de la democracia en la revolución ciu- 
dadana, y la forma cómo se concibe la participación 
popular. “Nosotros no queremos un solo centavo, no- 
sotros lo que queremos es la vida. Una gota de agua no 
es igual a todo el oro del mundo”, expresa uno de los 
defensores indígenas de la laguna Kimsacocha, y que 
sintetiza la lucha en contra de la minería a gran escala. 
Esa voz, ese sentir, en lugar de ser escuchado en un 
foro público, en un proceso de consulta, en una asam- 
blea parlamentaria, intentó ser apagado por el uso del 
sistema penal. En el documental se ven policías tiran- 
do bombas y mujeres indígenas protestando. Carlos 
Pérez G., Federico Guzmán y Efraín Arpi, fueron pro- 
cesados penalmente y condenados por terrorismo a 
un año de cárcel en primera instancia. 

En junio de 2011, en Cuenca, escuché decenas de 
testimonios de líderes campesinos que estaban siendo 
perseguidos penalmente por defender las distintas ma- 
nifestaciones de la naturaleza (Tribunal de los Pueblos 
contra la Criminalización, 2012: 119). Luego, con cifras 
y más información empírica, Amnistía Internacional 
llegó a similares conclusiones en relación a los hechos 
y violación de derechos de los líderes de comunidades 
indígenas que resisten a la represión (Amnistía Inter- 
nacional, 2012). Las personas y las comunidades no 
tienen otra forma de comunicarse efectivamente más 
que protestando. Si bien no es el ideal de democracia 
comunitaria, no deja de ser una manifestación de opi- 
nión que viene desde abajo, desde los mandantes. 

Por otro lado, si una mira de cerca la forma como 
se practica la democracia en Ecuador, podrá constatar 


78 


El correísmo al desnudo 


que existe una democracia representativa tradicional. 
Es decir, una democracia en la que solo se vota y se 
espera la participación de la ciudadanía cada cuatro 
años. Luego hay algunas distorsiones dignas de ser 
mencionadas. Por más que sea un hecho real la heca- 
tombe de los partidos políticos tradicionales, lo cierto 
es que existe un ejercicio del poder que se basa en la 
propaganda, que difunde la imagen del presidente, que 
da mensajes puntuales que no son informativos, que 
no son insumos para tener una opinión crítica, y que 
no permite la participación del receptor del mensaje. 
La base para tomar las decisiones son las encuestas de 
opinión. Vivimos, pues, una “democracia mediática”. 
A la par que se difunde una sola verdad, se desconoce, 
se denosta y se invisibilizan los discursos críticos y 
los de oposición. Es decir, lejos de ser una democracia 
participativa, en la que el disenso es vital para tomar 
la mejor decisión, y peor una comunitaria, donde to- 
das las personas y nacionalidades tienen la genuina 
posibilidad de opinar. 

El fenómeno descrito es lo que Agamben denomina 
“organización democrática-espectacular.” El poder del 
Estado se basa no solo en el monopolio de la violencia 
sino también de la imagen/apariencia (2001: 82), con 
respecto a los cuales resistencia y disenso serán de he- 
cho cada vez más difíciles (2001: 74). 

La justicia indígena 

Si la justicia indígena es reparadora, y la solución 
que ofrece es la inclusión del ofensor y la restaura- 
ción de la armonía, nada se opone más a esta forma de 
entender la justicia que el uso intensivo del derecho 
penal. La justicia penal invisibiliza a la víctima, degra- 
da al victimario y garantiza la reincidencia y la exclu- 
sión social del ofensor. Si además a este sistema se le 
permite multiplicar las conductas criminales, aumen- 
tar las penas, lo que resulta al final es que el aparato 
policial-represor se fortalece. 

Esta apuesta del gobierno de la revolución ciuda- 
dana se manifiesta de múltiples maneras. En primer 
lugar, por las reformas al código penal en el año 2010. 
En segundo lugar por el draconiano y al mismo tiempo 
caduco proyecto de código penal integral presentado 
por el Gobierno nacional a la asamblea parlamentaria 
en el año 2012. En tercer lugar por la primera reforma 
constitucional, mediante referendo, por la que se quitó 
la excepcionalidad de la prisión. En cuarto lugar, por 
el temor de los jueces a ser suspendidos si aplican me- 
didas sustitutivas a la prisión preventiva (Albán, 2013) 
y por la presión para que se produzcan condenas. En 
cuarto lugar, por el aumento sin precedentes de po- 
blación carcelaria, que ha llegado como nunca antes 
a superar los 20 mil presos. El profesor Ernesto Albán 
Gómez sostiene que “se aprecia un afán represor mu- 
cho más acentuado” (2013). 


El desprecio del gobierno de la revolución ciudada- 
na al reconocimiento y práctica de la justicia indígena 
se manifiesta con total claridad en el caso conocido 
como “La Cocha II”. En ese caso la comunidad indí- 
gena había resuelto un caso de asesinato y había apli- 
cado medidas de carácter reparador y de integración 
del ofensor. El presidente, el ministro del interior y 
el fiscal general consideraron que las personas habían 
sido víctimas de una práctica salvaje y habían sufrido 
violaciones a los derechos. El Estado le dio a la comu- 
nidad más de lo mismo: cárcel, no solución al proble- 
ma de la víctima e impunidad (los presos salieron sin 
sentencia por haber caducado la prisión preventiva) 
(Thomas, 2012; Llasag, 2012b). 

Además, el gobierno de la revolución ciudadana ha 
recurrido al conocido recurso de gobiernos autorita- 
rios de crear enemigos y emergencias usando inten- 
sivamente los medios de comunicación, que es lo que 
el profesor Zaffaroni denomina “criminología mediá- 
tica” (2011). Basta mirar, para comprobar, dos hechos. 
El uno el discurso que desarrolló públicamente para 
justificar la detención arbitraria, el enjuiciamiento y la 
condena en el caso conocido como “10 de Luluncoto”. 
Un grupo de jóvenes y activistas políticos se reúnen 
en un departamento en el contexto de una marcha in- 
dígena que reclamaba su derecho al agua. Estos fueron 
acusados mediáticamente de ser un grupo desestabi- 
lizador del Gobierno y que se preparaba a cometer 
actos terroristas. Hechos que nunca se demostraron. 
Como este hecho, son varios y han sido detallados en 
múltiples reportes (Salazar, 2012). Pero la otra práctica 
preocupante es la política denominada “denuncia a los 
más buscados” 2 . El enemigo: el delincuente común feo 
y atroz; la emergencia: la inseguridad ciudadana; el 
mecanismo: la intervención intensiva del sistema pe- 
nal. El uso es perverso porque involucra a la sociedad 
en las actividades policiales de captura, estigmatiza a 
los buscados, incrementa el sentimiento de inseguri- 
dad al hacer sentir que los delincuentes más peligro- 
sos acechan en las calles, promueve la delación y el 
lucro mediante la recopensa. ¿Se puede lograr una so- 
ciedad inclusiva y pacífica con tremendos contenidos 
de campaña? Estos mecanismos de control político y 
social se parecen tanto a esa sociedad dibujada por 
Orwell en 1984 , y que es considerada precisamente 
como una utopía negativa. 

Finalmente, un último comentario en relación a la 
intervención intensiva del Ejecutivo en la administra- 
ción de justicia, que el mismo presidente llamó “meter 
las manos en la justicia”. Los problemas en la adminis- 
tración de justicia son tan profundos y tan enraizados 
en la cultura jurídica formal y burocratizada, que a 
pesar del dinero invertido y de la intervención directa 
del Poder Ejecutivo en los últimos años, no solo que 
no se han solucionado los problemas sino que se han 


Ramiro Ávila Santamaría 


79 


agravado: la independencia judicial está seriamente 
cuestionada. Mientras tanto, la justicia indígena no 
merece la atención del Gobierno sino es para estigma- 
tizar. No hay presupuestos para su promoción y forta- 
lecimiento; y en este Estado plurinacional fallido, solo 
se incentiva la justicia estatal. 

La ¡nterculturalidad 

Si una las dimensiones más importantes de la in- 
terculturalidad es el diálogo en igualdad de condicio- 
nes entre las culturas, y el posterior aprendizaje mu- 
tuo, en el caso del Ecuador no hay nada más lejano a 
ese ideal. Uno de esos actores, y quizá el fundamental, 
es el movimiento indígena. ¿Existe un diálogo entre el 
Gobierno y el movimiento indígena? 

Los indígenas ecuatorianos, que siempre han sido 
actores políticos en resistencia activa y pasiva durante 
toda la historia del Ecuador (Llasag, 2012a: 124), en el 
año 1990 se convirtieron en portadores de una agenda 
para resolver los problemas nacionales y dieron mues- 
tras de ser una organización coordinada y nacional. 

El primer diálogo que se produce entre autorida- 
des indígenas y de Gobierno, sucede en la presidencia 
de Rodrigo Borja, que es un hito en las luchas reivin- 
dicatorías del movimiento indígena. Digamos que se 
inauguró el anhelo de diálogo intercultural. A pesar 
de la importancia, al mismo tiempo es el comienzo de 
lo que será una sistemática y reiterada manipulación y 
traición por parte de los representantes mestizos de la 
cultura dominante a la organización indígena. El diá- 
logo intercultural tendrá como obstáculo el racismo, 
la ambición y la incapacidad de comunicarse en los 
mismos términos con las poblaciones indígenas. 

El primer tropiezo fue la adjudicación de tierras 
en el año 1992, sin entender la lógica de la nacionali- 
dad y comunidad, y primando la noción de propiedad 
de la legislación civil (Llasag, 2012a: 126). El segundo 
fue toda esa lucha indígena en 1994 para evitar la im- 
plementación de la agenda neoliberal, por la que, por 
ejemplo, se intentó parcelar y vender tierras comuni- 
tarias. El tercer obstáculo fue la intromisión de agentes 
disruptores dentro del movimiento y la pretención de 
manejar la lógica de partido político, que se materia- 
liza con la creación de Pachakutik (2012a: 127). Final- 
mente, el último obstáculo en el diálogo intercultural 
se ha manifestado en la activa participación política y 
en la lenta pero eficaz estrategia de los gobiernos por 
desarticular al movimiento indígena (2012a: 128). 

El partido Pachakutik interviente electoralmente 
en 1996 y obtiene algunos escaños en el parlamento 
y algunas alcaldías. En 1996 apoya a la candidatura 
de Bucaram en la segunda vuelta electoral y en 1997 
el movimiento convoca a una movilización nacional 
que acabará con la destitución del presidente. Varios 
indígenas llegan a ser asambleístas en la constituyente 


del año 98. Los indígenas se movilizan para protestar 
contra el gobierno de Mahuad, que acabará renun- 
ciado, en el año 2000. Forman parte de una Junta de 
Salvación que pretende gobernar al país. Apoyan, en 
el año 2003, al candidato Lucio Gutiérrez y garanti- 
zan su triunfo electoral. Al poco tiempo el presidente 
romperá la alianza con los indígenas al pactar con los 
gobiernos de derecha. En el año 2006, un partido polí- 
tico y un movimiento indígena ya fraccionado por las 
estrategias de Gutiérrez, apoya a Correa, que sería el 
líder de la revolución ciudadana. En el 2007 participan 
en la asamblea constiuyente que logrará introducir los 
seis elementos de la utopía andina. Finalmente, en las 
elecciones del año 2013 demuestran la debilidad polí- 
tica y organizativa del partido político indígena. 

De opositor y portador de una propuesta alternati- 
va al Estado nacional, capitalista y colonialista, parte 
de la dirigencia del movimiento pasó a ser parte preci- 
samente de ese Estado. En lugar de lograr la intercul- 
turalidad, al contrario lo que se ha producido es una 
asimilación de los indígenas a las prácticas políticas: 
instrumentalización, negociados, personalismos, co- 
rrupción, repartos de cargos públicos, búsquedas de 
agendas individuales (Llasag, 2012a: 132). 

El gobierno de la revolución ciudadana no es la 
excepción y ha contribuido a debilitar la organiza- 
ción indígena de varias maneras: descalificando a la 
dirigencia al denominarles “indigenistas infantiles”, 
no respetando el derecho a la consulta prelegislati- 
va, promoviendo procesos de consulta formal para la 
extracción minera (Llasag, 2012a: 152), propiciando 
mediante el “bono solidario” la atomización de las co- 
munidades (pudo haber fortalecido las capacidades de 
las comunidades si se lo hacía con su intermediación), 
criminalizando a los líderes indígenas que protestan 
contra la explotación minera y por el agua. ¿Promueve 
la interculturalidad el gobierno de la revolución ciuda- 
dana? La respuesta es categóricamente no. El Gobier- 
no representa a parte de los actores políticos que se 
han encargado de debilitar al movimiento indígena y 
de invisibilizar sus propuestas emancipatorias. 

Sin embargo, los llamados para el diálogo inter- 
cultural se siguen reflejando en las protestas y en las 
marchas, que demuestran que la voz indígena quiere 
ser oída. Sin los indígenas, no hay interculturalidad. 

Reflexiones finales 

1. La originalidad del constitucionalismo andino se 
encuentra en las instituciones que invitan a construir 
la utopía andina. Si bien el comunitarismo que se des- 
prende de ellas no es nuevo en el pensamiento utópico 
global, lo que sí es nuevo es que estén plasmadas en 
el texto constitucional. Siendo ya normas jurídicas, 


80 


El correísmo al desnudo 


el contenido, las potencialidades emancipatorias y la 
aplicación es una tarea que compete a todas las per- 
sonas que estamos inconformes con esta realidad de 
exclusión y dolor que vivimos. 

2. La utopía andina radicaliza y corrige los defectos de 
una utopía que se limita al reconocimiento y exigibili- 
dad de derechos fundamentales. Los derechos funda- 
mentales se adaptan a cualquier sistema económico y 
político, pero si se ensamblan y se interpretan dentro 
del sumak kawsay y la Pacha Mama pueden recuperar 
ese potencial emancipador con el que nacieron. De lo 
contrario, los derechos fundamentales serán una efi- 
caz herramienta de control y regulación social. 

3. El gobierno de la revolución ciudadana no cami- 
na por el sendero utópico marcado por la Constitu- 
ción de Montecristi. Sin duda se trata de un Gobierno 
que se ha dedicado a modernizar al Estado y hacer 
más eficiente la inserción del Ecuador a un sistema 
global capitalista. 

4. Al estar reconocida la utopía andina en la 
Constitución, y al haber sido esta aprobada por una 
gran mayoría de ecuatorianos, sigue siendo el sueño 
por transformar la realidad y vivir en un mundo 
donde todas las posibilidades emancipatorias sean 
realidad. No se puede construir la utopía sin una gran 
participación de las personas y colectividades en 
general, y sin la participación de los pueblos indígenas 
en particular, quienes han sido los proponentes de 
las instituciones que conforman la utopía andina, 
y sin los cuales su contenido corre el riesgo de ser 
invisibilizado o simplemente colonizado una vez más. 
Este reto es tanto para quienes conforman el Estado, 
para quienes nos interesa la tranformación social, 
como para quienes la propusieron. Llasag sostiene 
que el movimiento indígena debe fortalecerse 
alrededor de la construcción del Estado plurinacional 
y que debe se activo en el desarrollo de la propuesta 
para que sea viable. (2012a: 372) 

5. La utopía andina plasmada en la Constitución de 
Montecristi es fruto de muchos años de reivindicacio- 
nes y propuestas del movimiento indígena. Hacerla 
realidad requiere muchas condiciones. Una de ellas, 
y quizá la base, insistimos, es que no se puede cons- 
truirla sin la voz, la interacción y la sabiduría indí- 
gena. Uno de los grandes errores del gobierno de la 
revolución ciudadana ha sido invisibilizar la utopía 
andina, debilitar al movimiento indígena y crimina- 
lizar a los dirigentes indígenas que protestan usando 
la figura del terrorismo y sabotaje. La importancia del 
movimiento indígena en el constitucionalismo trans- 
formador ha sido destacado por Santos: 


Lo que verdaderamente distingue las luchas in- 
dígenas de las restantes luchas sociales en el con- 
tinente americano es el hecho de reivindicar una 
precedencia histórica y una autonomía cultural 
que desafían todo el edificio jurídico y político del 
Estado moderno colonial. Por esta razón, las luchas 
indígenas tienen potencial para radicalizar (en el 
sentido de ir a las raíces) los procesos de transfor- 
mación social, sobre todo cuando asumen una di- 
mensión constituyente. (2012: 14). 

La utopía andina es un proyecto colectivo. Hemos 
sido testigos de que la falta de diálogos interculturales 
lo único que hace es que el gobierno de la revolución 
ciudadana pierda el horizonte utópico. El Gobierno 
requiere escuchar muchas voces y de humildad para 
poder asimilar las críticas y avanzar. Sin la voz de los 
indígenas no hacemos sino continuar con el proceso 
colonizador de lo diverso y fortalecer un sistema eco- 
nómico que oprime, excluye y causa dolor. 


Ramiro Ávila Santamaría 


81 


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Notas 

1 Rafael Correa defiende la minería en su país. En: http://www. 
youtube.com/watch?v=JU_SDD-o860 (visita 1 de abril 2013). 

2 http://www.ministeriointerior.gob.ec/50-000-aT00-000-dolares- 
de-recompensa-por-reos-profugos-lista-con-fotos/ 


La negación del sujeto político 
indígena en tiempos de la 
Revolución Ciudadana 


Freddy Javier Álvarez González 

Filósofo e Investigador, Universidad de París-VIII. Profesor 
de varias universidades. Comprometido con los pueblos y 
nacionalidades indígenas del Ecuador y otros grupos coloni- 
zados, dominados y marginados, alvarez.freddy@gmail.com 

¿Pueden los indígenas ser considerados sujetos 
de la política pública? Desde que la economía ocupa 
el puesto de la política, el nuevo sujeto emergente se 
piensa más allá de la Izquierda y la Derecha, la ética 
es su carta de presentación y la educación es su aval. 
En consecuencia, mientras la vieja Derecha, acostum- 
brada a ocupar el lugar del poder, es negada; la nueva 
Derecha de la empresa, es la aliada. La vieja Izquier- 
da es un lastre para el plan económico y el ejercicio 
del poder compartido. El discurso moral se encarga 
de anular al sujeto político de la vieja Izquierda (como 
los indígenas), por lo tanto devienen opositores que 
no merecen ser escuchados porque sus prácticas no 
corresponden con sus discursos, y porque son causa 
del ‘atraso’. El conocimiento es la vía de articulación 
con una universidad que dejó de ser la conciencia de la 
sociedad para convertirse en la fuente de los variados 
mecanismos del desarrollo y la economía. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana, lo mismo 
que los gobiernos de Derecha, critica, con nuevos ar- 
gumentos, a las organizaciones indígenas como corpo- 
rativistas, en crisis de representatividad, encerradas en 
reclamos etnicistas; mientras busca dividirlos creando 
organizaciones paralelas, ofreciendo puestos de traba- 
jo en el Estado para los indígenas de organizaciones 
aliadas, con dinero ofrecido para algunos proyectos; 


o por medio de información deslegitimadora, avalada 
por algunos intelectuales. Porque los indígenas son cor- 
porativistas, sus instituciones deben volver a las manos 
del Gobierno, falsa garantía de universalidad y neutra- 
lidad. Porque los pueblos indígenas pasan por una cri- 
sis de representatividad, el Gobierno no reconoce a la 
dirigencia actual, buscando ir directamente a las bases 
por medio de políticas que mínimamente atenúan el 
extr activismo. Porque las organizaciones indígenas tie- 
nen una agenda que implica el reclamo por la identidad 
y por el respeto de sus modos de vida, el poder los acusa 
de ser culpables de su propio subdesarrollo, y desde su 
condición de minoría electoral, intentar imponer una 
agenda sobre la mayoría electoral. En suma, el poder 
no reconoce al sujeto político de pueblos y naciones 
indígenas, ni dicho sujeto puede existir dentro de la 
nueva geografía de la economía mundial. 

La negación del sujeto político indígena desde el 
gobierno de Correa ocurre, aparentemente, por inter- 
medio de la afirmación del sujeto político ciudadano, 
un ser etéreo, con solo derechos individuales, univer- 
sal, consumista, anónimo, blanco, heteronormativo, 
disciplinado, respetuoso del orden público, respon- 
sable con el Estado, educado y apático por lo social, 
sensible por la seguridad de la propiedad privada, y 
no necesariamente alineado a la política del Gobierno, 


Freddy Javier Álvarez González 


83 


pues el ideal es ser indiferente a ella. El ciudadano es 
citado a través de cifras, modelado en discursos en los 
que nunca tiene voz propia, y soñador con el Vivir 
Bien que contradictoriamente se fundamenta en el de- 
sarrollo occidental en crisis. En efecto, el sujeto de la 
Revolución Ciudadana es de origen occidental aunque 
se reivindique desde el Sur, es capitalista, aunque lu- 
che contra el neoliberalismo, es antiecológico aunque 
admite que se debe respetar la naturaleza, y antisocial, 
aunque admite su desconfianza con los movimien- 
tos sociales, y se sostenga en la socialización de las 
redes sociales virtuales. De este modo, el ciudadano 
occidental de Derecha o de Izquierda narra la ley, la 
economía, la política y la ideología (Spivak, 2010) en 
las cuales los indígenas, y otras culturas, enfrentan la 
obligatoriedad del ser único y colonizado. 

Si para la Izquierda tradicional, el sujeto político 
de la revolución debían ser los trabajadores críticos 
provenientes de la lucha de clases, sujetos despojados, 
conscientes y definidos bajo rasgos crísticos; el sujeto 
actual que operativiza la Revolución Ciudadana es el 
empleado del Gobierno, sin contratos fijos pero con 
muy “buenos” sueldos, un sujeto emprendedor, ca- 
pacitado para el mercado, formado en el uso de las 
modernas tecnologías, bilingüe, con la lealtad como 
ética, convencido de estar fuera de la ideología, sin 
tiempo para el amor y la familia, signo inequívoco de 
su compromiso incondicional, exigido de resultados 
por lo tanto sacrificado, ambicioso, capaz de pensar 
varias cosas al mismo tiempo, flexible dentro de una 
institución pública que funciona como una corpora- 
ción privada, impulsador del modelo de empresa para 
rescatar a lo público, y obediente ciego con las reglas 
verticales provenientes de la gobernabilidad. 

Quienes mayor problema tienen para acoplarse 
dentro de la maquinaria estatal son los actores con 
alguna experiencia en la Izquierda. Sin embargo so- 
breviven mediante la construcción de la política de 
la represión y la manipulación a los movimientos y 
líderes sociales en la oposición, por lo que, los más 
aptos son los sujetos que se autodefinen fuera de la 
política de la Izquierda y la Derecha, provenientes de 
una educación instrumental, sin esencialismos, y cíni- 
cos analistas de la realpolitik. Los últimos son quienes 
ocupan los importantes lugares, y quienes preparan 
los mecanismos y documentos para que funcione la 
política de la apariencia. 

En el nuevo contexto político de la Revolución 
Ciudadana, el sujeto político colectivo indígena no 
existe, pues es disuelto en la sociedad de mercado, es 
decir, solo puede aparecer como individuo beneficia- 
rio de las políticas, emprendedor económico, creyen- 
te del desarrollo, o cliente del Estado de servicios. La 
negación del sujeto político colectivo lo ubica en el 
espacio de la cultura y del patrimonio. En efecto, el lu- 


gar privilegiado de la cultura es el conocimiento, pero 
en tanto que mera objetualidad. En otras palabras, el 
sujeto colectivo indígena es un objeto más del cono- 
cimiento despolitizado, el cual puede ser presentado 
pero a partir de intermediarios, en otras palabras, no 
habla por sí mismo, necesita de ventrílocuos, en bre- 
ve, requiere ser hablado. Sus conocimientos son solo 
curiosidades nostálgicas para un futuro que no admite 
corrección alguna. 

Obviamente que el interés por el conocimiento 
de nuestra Epoca, visibiliza a los pueblos y naciones 
indígenas. Por ejemplo, las teorías poscoloniales jue- 
gan un papel emancipador cuando se acepta que otras 
epistemes fueron negadas, por tal razón hoy son muy 
apetecidas por los intelectuales. También los aportes 
de Foucault en torno al poder que se ejerce por medio 
del saber, ha logrado tejer otras maneras llamativas 
de relación y resistencia. Por medio de la valoración 
actual de las epistemes, los indígenas aparecen con sa- 
beres a los que se les puede dar algún valor. En sentido 
estricto, el conocimiento es el actual lugar de reden- 
ción para el sujeto colectivo, lo mismo que la autocon- 
ciencia es el lugar de la libertad para Hegel. Sin em- 
bargo, los nuevos escenarios del conocimiento siguen 
dominados por el intelectualismo. En realidad, el decir 
es intelectual y su autoridad es institucional; enton- 
ces el reconocimiento del sujeto indígena es un hablar 
sobre él, porque su decir nunca puede ser académico. 
Su emancipación es para ellos, porque sus acciones no 
contienen los elementos imprescindibles de la eman- 
cipación pensada por la academia. De esta manera, el 
criticado conocimiento moderno sigue condenando al 
saber indígena a una premodernidad donde el sujeto 
indígena es convertido en una mera referencia sin bi- 
bliografía, etapa final de la despolitización del saber 
en la cultura mundial del mercado. 

Paradójicamente, los pueblos y naciones indíge- 
nas, reconocidos como poseedores de conocimientos 
por el sujeto occidental, son negados ahora como su- 
jetos políticos con voz propia. Su crítica, se piensa, es 
influenciada por poderes externos desestabilizadores, 
o es conducida por liderazgos equivocados. En efecto, 
ella pretende hacer girar la dirección de la economía, 
lo cual es insostenible para el poder hegemónico. Pa- 
reciera que el único gesto permitido es el agradeci- 
miento con aquellos tecnócratas, quienes creen ha- 
ber descubierto la emancipación por la vía del sujeto 
individual y por medio del desarrollo. Inclusive, el 
sujeto político indígena emerge algunas veces como 
sujeto de la diferencia para volver a desaparecer en 
la relación mecánica entre interés y deseo (Deleuze y 
Guattari, 1975). La gravitación del deseo bien pudie- 
ra visibilizarlos, sin embargo no es posible porque el 
sujeto del deseo, como producción o como falta, es el 
mismo sujeto del Capitalismo. 


84 


El correísmo al desnudo 


La voz del sujeto político indígena es negada 
por el agente que se adjudica la voz de la mayoría, 
pero que en realidad es la voz del Uno. La voz úni- 
ca de la democracia del número, en el discurso del 
Gobierno, ha sido planificada para escucharse a 
sí misma por medio de los mecanismos de la co- 
municación. Ella no se piensa política pues ha- 
bla a través de la técnica. La dimensión política 
de la voz única está compuesta por datos económicos 
los cuales son presentados como la base de los de- 
rechos y los ángeles de la revolución. Dicha voz no 
admite contra-replica, por tal motivo, habla y exige 
escucha y cuando de pronto escucha lo que no quiere 
escuchar, insulta. La contestación de todo tipo de opo- 
sición, externa e interna, es el camino confiado para 
sostener la legitimidad que requiere la legalidad. 

La voz del sujeto indígena no puede ser desco- 
dificada por el poder dominador. El límite de la co- 
municación es el abismo intraducibie de la emanci- 
pación indígena. En consecuencia su voz no puede 
ser comunicada. Por tal motivo, la voz de la política 
del Levantamiento enuncia palabras que el poder 
busca apropiarse teniendo la obligación de cambiar 
sus significados. 

La voz política del indígena, pronunciada en el Le- 
vantamiento, no sigue las reglas del monolingüismo 
(Derrida, 1996). Su voz es puro contrapoder 1 . El poder 
tiende a ser ciego porque solo habla con quien está de 
acuerdo y le alaba. El levantamiento es comprendido 
por el poder como mala fe o falta de información. 
Sin embargo, el desacuerdo histórico de los pueblos 
indígenas con Occidente no se basa en la incapacidad 
de escucha o la imposibilidad de pronunciar su voz. 
Su rabia nace debido a la expropiación, el robo y el 
despojo, la imposición de modelos, y nada de esto se 
arregla con buena fe, con promesas, o con leyes. La 
voz de los indígenas nos recuerda que no somos más 
que bandidos de sus riquezas y de la Pacha mama en 
sus territorios, que en realidad nos interesan las cosas 
y no las personas porque la felicidad la hemos coloca- 
do en la ambición por el dinero y que por él, estamos 
dispuestos a cualquier cosa. 

No hay diálogo entre el gobierno de la Revolución 
Ciudadana y los indígenas, porque lo único que re- 
quiere este es obediencia, porque el poder está seguro 
de poseer la verdad. No hay como hablar con quien 
solo está interesado en demostrar que su dominación 
es necesaria para su proyecto de cambio, porque cree 
que lo importante es hacer las cosas y no quien las 
hace, o porque los problemas que tenemos se deben 
solucionar ahora sin pensar más en el mañana. De 
hecho, el buen sentido de la escucha ha sido siempre 
negado porque la historia colonial no se ha roto para 
la pseudo izquierda. No hay emancipación cuando se 
sigue pensando que el indio es bruto, borracho, ma- 


chista, infantil y manipulable, en consecuencia, su voz 
sigue siendo inaudible para los nuevos funcionarios 
del orden de la Polis. 

La cuestión fundamental de un sujeto político es 
su voz, pero ¿qué es hablar para un indígena en un 
idioma que no es el suyo? ¿Qué puede decir el sujeto 
colectivo indígena dentro de un mundo ajeno y perdi- 
do en el individualismo? ¿Puede ser escuchada su voz 
dentro de una sociedad que prolonga la violencia de la 
conquista y la colonialidad del poder por medio de la 
intromisión del desarrollo y el saqueo? 

Para Spivak la voz de los subalternos no puede ser 
escuchada, su registro es extraño, no solo para Occi- 
dente sino también para el discurso que se pretende 
emancipador de Occidente. No obstante, la subalter- 
nalidad abandonada a la imposibilidad interpretativa 
es relativa, porque el sujeto político indígena es in- 
tercultural por historia, lo cual significa que se define 
entre varios mundos donde habita, al mismo tiempo, 
rasgado y definido, entre lo propio y lo ajeno, el pasa- 
do y el futuro, idéntico a sí mismo y perdido en lo otro. 
Luego, los dos actos de comprensión e incomprensión 
no son completos ni cerrados en sí mismos, ya que 
siempre hay algo que podemos comprender entre lo 
incomprensible, y hay algo incomprensible en lo que 
comprendemos. Por lo tanto, hay un acto inaugural 
bajo la perspectiva de la emancipación y es el sujeto 
político colectivo intercultural. 

La Interculturalidad tiene cercanía con la Alteri- 
dad pero la interrelación, no sostiene la noción de la 
irreductibilidad del otro. La irreductibilidad del otro 
anula de la política por caída en la mística. El Otro es 
otro en tanto que otro , pero en relación e interrelación, 
intervenido como oprimido, inferior y subdesarrolla- 
do, y en interrelación como alguien que no renuncia a 
la construcción de lo común. La Multiculturalidad del 
Amo es la obligación que tienen los otros y las otras a 
vivir en el único mundo definido por el tiempo de la 
Modernidad, mientras que para el sujeto político indí- 
gena la Interculturalidad es inaugurada con la memo- 
ria de otro origen distinto al instituido por el conquis- 
tador quien ha transitado rompiendo la armonía entre 
la naturaleza, los dioses y los pueblos por medio de 
la irrupción violenta de un origen inauténtico donde 
la cascada dejó de ser el lugar donde habita Arutam 2 
para convertirse en la hidroeléctrica del progreso. 

La interculturalidad es temporal y espacial. El fu- 
turo o quipa es ciego cuando corta con el pasado o 
nawpa , porque caminar hacia el futuro es referirse al 
pasado, en el presente o kay. El presente es un tejido 
del pasado y futuro. El espacio de la interculturalidad 
no es el fragmento. Cada espacio es Hologramático, 
porque la parte refleja al todo, y el todo se reproduce 
en la parte. La novedad nace en la repetición, y la sin- 
gularidad está relacionada con la universalidad. 


Freddy Javier Álvarez González 


85 


El sujeto político indígena intercultural es alguien 
que habita dentro de una matriz cultural y política do- 
minante, por eso la necesidad de una Epistemología y 
una política de la Interculturalidad. El aparece bajo la 
condición de irreversible heterogéneo, en la interrela- 
ción que lo destruye y reconstruye. El es irrepresen- 
table cuando su pasado es desechado por un futuro 
determinado por el poderoso, y es amenazado en la to- 
lerancia del multiculturalismo. El indígena es obligado 
a la representación cuando viene de la participación, 
debe establecerse en el egoísmo de la individualidad 
cuando habita en la solidaridad. En efecto, el sujeto 
intercultural es un conectado/rasgado y como tal se 
auto comprende, identifica y lucha. 

El sujeto intercultural indígena está entre varios 
mundos, nunca es lo que se repite, es siempre lo nue- 
vo, puede relacionar el espacio con el tiempo, propio 
y ajeno y buscar el pasado en el futuro. El saber in- 
tercultural no es lo mismo ni lo otro, no es la suma, 
mucho menos la imposición, es el resultado del cruce, 
es lo radicalmente inaudito. De ahí, que su voz sea 
singular y la decisión política de no querer recono- 
cer su presencia nos impida celebrar la inauguración 
constante de la vida. 


Referencias bibliográficas 

Deleuze G. y Guattari, F. (1975) V Anti-Oedipe: Capitalisme et 
schizophrenie. París: Editions de Minuit. 

Derrida, J (1996) Le monolinguisme de V autre: ou La prothese d’ 
origine. París: Galilee. 

Spivak, G. (2010) Can the Subaltern Speak?: reflections on the history 
ofan idea. New York: Columbia University Press. 

Notas 

1 Alguna vez le escuché a uno de los asesores de un Minis- 
tro decir que los cambios en la dirección de Salud Inter- 
cultural no iban a ser socializados a los indígenas porque 
ellos siempre se oponen a cualquier cambio. 

2 Arutam es un dios perteneciente a la cosmovisión de la 
nacionalidad Shuar que se encuentra en la selva y se reve- 
la en las cascadas. 


Consulta previa en el Ecuador: 
la mirada de los organismos 
internacionales de Derechos 
Humanos 


Mario Meló 

Abogado ecuatoriano. Profesor de Derechos Humanos 
en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Asesor de la Fundación 
Pachamama. 


Introducción 

Los mecanismos internacionales de protección de 
Derechos Humanos del Sistema de la ONU y del Siste- 
ma Interamericano, han cobrado creciente importan- 
cia en el fortalecimiento de la democracia y el estado 
de derecho en América Latina. Las observaciones de 
los órganos de supervisión de los tratados de derechos 
humanos dan luz respecto al nivel de respeto que los 
derechos obtienen en nuestros países y a menudo lo- 
gran incidir para que los gobernantes adopten mayores 
y mejores medidas para su garantía y plena vigencia. 
Por otra parte, las decisiones de la Comisión Interame- 
ricana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos establecen importantes pre- 
cedentes que promueven una mayor y más profunda 
protección de la dignidad humana en el continente. 

Los organismos internacionales de derechos huma- 
nos cumplen sus atribuciones, a partir de la información 
que los propios Estados aportan a través de los reportes 
que periódicamente deben rendir respecto al cumpli- 
miento de los deberes asumidos respecto a los instru- 
mentos internacionales de la materia, mientras que es 


cada vez más importante la participación activa de las or- 
ganizaciones de la sociedad civil, aportando información 
mediante informes alternativos o “informes sombra” y 
haciendo uso de los mecanismos de reclamo previstos 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

En los últimos años, la situación de los derechos 
humanos en Ecuador ha sido objeto de observación y 
análisis por parte de varios órganos internacionales. 
Solo en 2012, se hicieron públicas las observaciones 
y recomendaciones hechas al Ecuador por el Comité 
contra Toda Forma de Discriminación Racial (CERD) 1 , 
por el Comité sobre los Derechos Económicos, Socia- 
les y Culturales (CDESC) 2 y por el Consejo de Dere- 
chos Humanos de la ONU como resultado del Examen 
Periódico Universal (EPU) 3 . 

En esos instrumentos ha habido importantes re- 
conocimientos al país por avances sustanciales en va- 
rios órdenes, especialmente vinculados con la incor- 
poración de derechos en la Constitución de 2008 y en 
documentos de política pública. Así también se han 
evidenciado falencias en el cumplimiento de los debe- 
res internacionales del Estado ecuatoriano en materia 
de derechos humanos. 


Mario Meló 


87 


Aunque diversas situaciones de derechos humanos 
en el Ecuador han sido abordadas en estos documentos, 
en el presente trabajo nos centramos en el derecho a la 
Consulta Previa a los pueblos indígenas que, siendo un 
tema crucial en el país debido a las políticas de amplia- 
ción de las fronteras extractivas de recursos naturales 
que impulsa el Gobierno Nacional afectando a las po- 
blaciones locales especialmente indígenas, ha merecido 
atención especial de los organismos internacionales. 

El Informe del CERD 

En sus observaciones generales sobre nuestro país 
(octubre, 2012), el CERD señala beneplácito por la 
aprobación de la Constitución de 2008, especialmente 
en relación a la definición del Ecuador como un Esta- 
do plurinacional y multicultural y el reconocimiento 
de los derechos de la Naturaleza. También destaca la 
aprobación de la Ley Orgánica de Educación Inter- 
cultural de 2011, el Plan Nacional para el Buen Vivir 
2009-2013 y el Plan Plurinacional para Eliminar la 
Discriminación Racial y la Exclusión Etnica y Cul- 
tural, aunque sobre este documento señala la escasa 
participación de los pueblos y nacionalidades en su 
elaboración. De igual manera, hace claros y contun- 
dentes señalamientos respecto a varias situaciones 
en las cuales las actuaciones del Estado ecuatoriano 
no se ajustan a sus deberes internacionales en mate- 
ria de derechos humanos. 

Sobre Consulta Previa, el Comité lamenta la au- 
sencia de avances en la aprobación de una Ley de 
Consulta por parte de la Asamblea Nacional, aunque 
le recuerda al Estado que la falta de normas que regla- 
menten la aplicación del Convenio 169 de la OIT so- 
bre derechos de los Pueblos Indígenas “no es obstáculo 
para su aplicación y nota con preocupación la ausencia 
de la implementación sistemática y reglamentada de 
la consulta efectiva con los pueblos indígenas a fin de 
obtener su acuerdo previo, libre e informado frente a la 
ejecución de la extracción de recursos naturales u otras 
cuestiones que les afecten ”. 

Esta declaración por parte del CERD es impor- 
tante porque ratifica que, de conformidad con el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
el objetivo de la consulta previa a los pueblos in- 
dígenas no puede ser otro que obtener su con- 
sentimiento o acuerdo libre, previo e informado. 
Más aún, preocupa al Comité “las declaraciones pú- 
blicas justificando la ausencia de consultas con pue- 
blos indígenas, dada la importancia de los proyectos 
extractivos para el desarrollo económico del Estado 
parte”, ratificando así que el desarrollo económico 
no puede justificar la violación de derechos huma- 
nos al ejecutar los proyectos. 


Partiendo de sus preocupaciones, el Comité “ex- 
horta a que el Estado parte aumente los esfuerzos para 
establecer mecanismos de diálogo constructivo y de par- 
ticipación, y lo insta a implementar las medidas nece- 
sarias para establecer procesos de consulta efectiva con 
las comunidades afectadas, de acuerdo a los estándares 
internacionales, ante cualquier proyecto que pudiera 
afectar al territorio de los pueblos indígenas o tener un 
impacto sobre la subsistencia de estos”. 

El Informe del CDESC 

En sus observaciones finales sobre el Tercer Infor- 
me del Ecuador respecto al cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos y Sociales, 
aprobadas en noviembre de 2012, el CDESC reiteró su 
“preocupación por la ausencia de consultas que permi- 
tan expresar el consentimiento de los pueblos y naciona- 
lidades indígenas de manera previa, libre e informada 
sobre los proyectos de explotación de recursos naturales 
que les afectan Es importante la manera como el Co- 
mité destaca la expresión del consentimiento de los 
pueblos y nacionalidades como finalidad de las con- 
sultas que se les realice. 

El PIDESC, además, manifiesta una preocupación 
particular respecto al Decreto Ejecutivo 1247 del 19 de 
julio de 20 12 4 , que regula los procedimientos de con- 
sulta a los pueblos indígenas en relación a actividades 
hidrocarburíferas y que fue expedido “en ausencia de 
consultas con los pueblos y nacionalidades indígenas”. 

En el contexto de la convocatoria a la Décimo Pri- 
mera Ronda de licitaciones petroleras o Ronda Suro- 
riente convocada por el Estado ecuatoriano a fines 
de 2012 y que llevó a que se realicen, al amparo del 
Decreto 1247 un débil proceso de consulta o “socia- 
lización” entre algunas comunidades indígenas afec- 
tadas, resulta relevante que el Comité haya manifes- 
tado que “le preocupa que las actividades que adelanta 
el Estado parte en materia de información, oficinas de 
consultas permanentes así como los recorridos itineran- 
tes en relación con proyectos de explotación minera y de 
hidrocarburos estén limitadas a la socialización de los 
proyectos y sigan siendo insuficientes para permitir el 
diálogo intercultural y la expresión del consentimiento 
de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el marco 
de su derecho a la consulta”. 

Como corolario de sus preocupaciones, el CDESC 
concluye con la siguiente recomendación: 

El Comité insta al Estado parte a que en el ámbito de 
las actividades de exploración y explotación minera 
y de hidrocarburos, realice consultas que incluyan la 
expresión libre del consentimiento frente a la proce- 
dencia o no de un proyecto, espacios y tiempos sufi- 


88 


El correísmo al desnudo 


cientes para la reflexión y la toma de decisiones así 
como las medidas de salvaguarda de la integridad 
cultural y de reparación. Los procesos de consulta 
deberían respetar los protocolos de consultas comu- 
nitarias ya desarrollados y las decisiones que surjan 
de los mismos. 

El EPU 

Entre el 4 y 5 de julio de 2012 correspondió a 
Ecuador someterse al Examen Periódico Universal, 
novedoso mecanismo instaurado por el Consejo de 
Derechos Humanos en 2007. En su exposición, el 
Ecuador sostuvo: 

30. Como conclusión, la delegación señaló que el 
Ecuador se consideraba un Estado plurinacional e 
intercultural y, por lo tanto, había hecho hincapié en 
los derechos de los pueblos indígenas, los afroecuato- 
rianos y los montubios. 

Resulta interesante que en el diálogo interactivo 
con el Grupo de Trabajo encargado de realizar el exa- 
men, Alemania haya cuestionado a Ecuador respecto 
al derecho a la consulta de los pueblos indígenas: 

62. Alemania se mostró complacida porque la Cons- 
titución del Ecuador reconociera los derechos de los 
pueblos indígenas. Sin embargo, observó que todavía 
no se había aprobado ningún mecanismo para que 
ejercieran su derecho a ser consultados. 

Ecuador dio respuesta sobre este punto haciendo 
referencia a avances formales en la aprobación de ins- 
trumentos y mecanismos: la ratificación del Conve- 
nio N° 169 (1989) de la Organización Internacional del 
Trabajo y la Constitución de 2008 que prevén la con- 
sulta previa de los pueblos indígenas. Además seña- 
ló que “La Constitución disponía que las comunidades 
indígenas recibieran un porcentaje de los beneficios de 
los proyectos de desarrollo y, en su caso, una indemni- 
zación. Además, los tribunales habían dispuesto la ma- 
nera en que se debían celebrar las consultas previas, que 
requerían la participación de las autoridades indígenas 
y el diálogo con ellas y la realización de estudios sobre el 
impacto cultural, ambiental y social previos a la ejecu- 
ción de proyectos de extracción de petróleo o minerales”. 

Al final del Examen se aprobaron algunas reco- 
mendaciones que cuentan con el apoyo del Ecuador 
porque considera que se han aplicado ya o se están 
aplicando. Respecto a la consulta se recomendó: 

135.57 Adoptar medidas especiales para la realiza- 
ción de los derechos colectivos de los pueblos indíge- 


nas y el establecimiento de mecanismos que garan- 
ticen su derecho a ser consultados (Hungría); adop- 
tar medidas efectivas para seguir fortaleciendo los 
mecanismos existentes de consulta con la población 
indígena sobre cuestiones que afecten a sus derechos 
económicos y sociales (Malasia); seguir mejoran- 
do la promoción y la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, en particular el respeto de su 
diversidad cultural y lingüística, y seguir ideando 
programas y políticas para los pueblos indígenas, en 
particular centrados en las mujeres y los niños (Ma- 
rruecos); institucionalizar el derecho de la población 
indígena a ser consultada y recabar la participación 
de la sociedad civil y los grupos indígenas en la ela- 
boración de un mecanismo de consulta efectivo que 
esté en conformidad con los compromisos del Ecuador 
en virtud del Convenio N°. 169 de la OIT (Noruega)... 

También se incluyeron algunas recomendaciones 
que no contaron con el apoyo del Ecuador y sobre las 
cuales realizó comentarios. Por iniciativa de Alemania 
se incluyó la siguiente: 

136.3 Establecer procedimientos de consulta claros 
para el ejercicio del derecho al consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas de con- 
formidad con la Constitución (Alemania)... 

Muy apegada al Derecho Internacional de los De- 
rechos Humanos, Alemania aboga por una consulta 
que sea vehículo idóneo para el ejercicio del derecho 
al consentimiento. Sin embrago, los representantes 
de nuestro país, apegados a un libreto ya conoci- 
do, rechazan la recomendación y la observan en los 
siguientes términos: 

La Constitución del Estado ecuatoriano establece la 
consulta como un derecho de todos los ecuatorianos. 
En particular, en el caso de las comunidades, los 
pueblos y las nacionalidades, establece una consulta 
previa, libre e informada, pero no su consentimiento. 
Además, es necesario indicar que el Ecuador recono- 
ce la existencia de pueblos indígenas que viven vo- 
luntariamente aislados, lo cual implica la obligación 
de garantizar sus vidas, respetar y hacer respetar su 
libre determinación y voluntad de permanecer aisla- 
dos y defender la validez de sus derechos, por lo que 
es inviable obtener su consentimiento. 

Observación débil y poco fundamentada en la me- 
dida en que si bien la Constitución establece a la con- 
sulta como derecho de todos los ecuatorianos y ecua- 
torianas, la recomendación propuesta por Alemania 
se refiere explícitamente a la consulta a los pueblos 
indígenas, que está sujeta al derecho internacional 


Mario Meló 


89 


como lo reconoce el Art. 57 del propio texto constitu- 
cional y el consentimiento libre, previo e informado 
está reconocido en la Declaración de Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Conve- 
nio 169 de la OIT y en la jurisprudencia de la Corte In- 
teramericana que por disposición de la misma Consti- 
tución forman parte del bloque de constitucionalidad 
ecuatoriano y por ello debe ser respetado, tutelado y 
garantizado por el Estado. 

Peor aún, la referencia a los pueblos indígenas en 
aislamiento no viene al caso. No se pretende que se 
hagan consultas para conseguir el consentimiento de 
dichos pueblos sino de los que están integrados en el 
Estado plurinacional. Las Directrices para la protec- 
ción de los derechos de los pueblos indígenas en ais- 
lamiento y en contacto inicial de la Región Amazóni- 
ca, el Gran Chaco y la Región Oriental del Paraguay, 
elaboradas por la oficina del Alto Comisionado de Na- 
ciones Unidas para los Derechos Humanos 5 , al tratar 
sobre ese espinoso tema señalaron que “en el caso de 
los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, el dere- 
cho de consulta con el fin de obtener su consentimiento 
previo, libre e informado debe interpretarse teniendo en 
cuenta su decisión de mantenerse en aislamiento y la ne- 
cesidad de mayor protección de los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario dada su situación de vulnerabi- 
lidad, lo que se puede ver reflejado en su decisión de no 
usar este tipo de mecanismos de participación y consulta. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El 27 de junio de 2012, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos dictó sentencia en el Caso del Pue- 
blo Kichwa de Sarayaku, condenando al Estado ecua- 
toriano por la violación en contra del referido pueblo 
indígena de los derechos a la consulta, a la propiedad 
comunal indígena y a la identidad cultural, así como 
por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a 
la vida e integridad personal de sus miembros. 

Desde el punto de vista jurídico, la sentencia abor- 
da varios temas importantes. La Corte, por primera vez 
en su jurisprudencia reconoce a los Pueblos Indígenas 
como sujetos colectivos de derechos. (Numeral 231 de 
la sentencia). Reconoce que el deber de consultar es 
un Principio de Derecho Internacional (Numeral 164 
de la sentencia) y define que el deber de consultar co- 
rresponde al Estado y no puede delegarlo a empresas 
o terceros interesados (Numeral 187 de la sentencia). 

Respecto al derecho a la consulta libre, previa e in- 
formada a los pueblos indígenas desarrolla importantes 
estándares para su aplicación. Con lo cual la sentencia 
del caso Sarayaku hace un aporte capital, siendo una 
sentencia vinculante para el Estado ecuatoriano y pre- 
cedente obligatorio en los países del sistema de la OEA. 


La Corte ha sido muy clara y reiterativa respec- 
to a que “las consultas deben realizarse de buena fe, a 
través de procedimientos culturalmente adecuados y de- 
ben tener como fin llegar a un acuerdo, (párr. 177 de la 
Sentencia) y a que “la consulta no debe agotarse en un 
mero trámite formal, sino que debe concebirse como “un 
verdadero instrumento de participación”, “que debe res- 
ponder al objetivo último de establecer un diálogo entre 
las partes basado en principios de confianza y respeto 
mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las 
mismas” ( párr. 186 de la Sentencia). 

Prescribe, además que “como garantía de no repe- 
tición, que en el eventual caso que se pretenda realizar 
actividades o proyectos de exploración o extracción 
de recursos naturales, o planes de inversión o desa- 
rrollo de cualquier otra índole que impliquen poten- 
ciales afectaciones al territorio Sarayaku o a aspectos 
esenciales de su cosmovisión o de su vida e identidad 
culturales, el Pueblo Sarayaku deberá ser previa, ade- 
cuada y efectivamente consultado, de plena conformi- 
dad con los estándares internacionales aplicables a la 
materia” (párr. 299 de la Sentencia). 

El estándar respecto a la necesidad de obtener el 
consentimiento de los pueblos indígenas ha sido ya 
establecido por la Corte Interamericana en la senten- 
cia del Caso Saramaka v. Surinam en el cual la Corte 
dijo que cuando se trate de planes de desarrollo o de 
inversión a gran escala que tendrían un mayor im- 
pacto dentro del territorio, el Estado tiene la obliga- 
ción, no solo de consultar, sino también debe obtener 
el consentimiento libre, informado y previo de estos, 
según sus costumbres y tradiciones. 

Consecuentemente, al disponer que las consultas 
se realicen de conformidad con los estándares interna- 
cionales, la sentencia del Caso Sarayaku remite al pre- 
cedente de la sentencia de Saramaka v. Surinam res- 
pecto al consentimiento de los consultados: “135. Asi- 
mismo, la Corte considera que, cuando se trate de planes 
de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían 
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Es- 
tado tiene la obligación, no solo de consultar a los Sara- 
makas, sino también debe obtener el consentimiento li- 
bre, informado y previo de estos, según sus costumbres y 
tradiciones.” (Sentencia Caso Saramaka, 2007). 

Entre las medidas de reparación que la Corte In- 
teramericana dispone cumplir al Estado ecuatoria- 
no destaca que “El Estado debe adoptar las medidas 
legislativas, administrativas o de otra índole que sean 
necesarias para poner plenamente en marcha y hacer 
efectivo, en un plazo razonable, el derecho a la consulta 
previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales 
y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejer- 
cicio, para lo cual debe asegurar la participación de las 
propias comunidades”. 


90 


El correísmo al desnudo 


Comentarios finales 

El cumplimiento del derecho a la consulta a los 
pueblos indígenas es una deuda pendiente por parte 
del Estado ecuatoriano. Los reiterados pronuncia- 
mientos de los organismos internacionales respecto a 
la ausencia de consultas idóneas a los pueblos y na- 
cionalidades indígenas del Ecuador y la actitud poco 
receptiva por parte de los personeros competentes en 
el Estado ecuatoriano respecto a las recomendaciones 
que a ese respecto se le formulan, dejan ver una escasa 
voluntad política de cumplimiento de este derecho. 

La política de ampliación de las actividades extrac- 
tivas de hidrocarburos y minería en los territorios de 
comunidades locales indígenas, mestizas, afroecua- 
torianas y montubias, como principal mecanismo de 
financiamiento del Estado, lleva a que se quiera pasar 
por alto el derecho al consentimiento libre, previo e 
informado que tienen los afectados por estos proyec- 
tos, de acuerdo con los estándares internacionales de 
derechos humanos. Los organismos internacionales 
han señalado los incumplimientos del Estado ecua- 
toriano en ese ámbito y han hecho recomendaciones 
concretas que se necesita asumir. 

El respeto de los deberes internacionales en ma- 
teria de derechos humanos caracteriza a los gobier- 
nos democráticos. Por tanto es de esperarse que las 
recomendaciones hechas en torno a la consulta pre- 
via por los organismos de supervisión y las medidas 
reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana 
en la sentencia del Caso Sarayaku sean asumidas con 
responsabilidad para un cumplimiento pleno que ge- 
nere mejores condiciones para el pleno respecto de los 
derechos indígenas. 

La omisión del cumplimiento de esos deberes en 
relación a los proyectos extractivos llevará, con segu- 
ridad a enfrentamientos con las comunidades afecta- 
das, el deterioro de la seguridad y la paz social en las 
zonas de extracción y sus repercusiones con seguridad 
se harán sentir a nivel nacional e internacional. 


Notas 

1 CERD/C/ECU/CO/20-22, 24 de octubre de 2012. 

2 E/C.12/ECU/CO/3, 13 de diciembre de 2012. 

3 A/HRC/21/4, 5 de julio de 2012. 

4 Publicado en el Registro Oficial 759 del 2 de agosto 
de 2012. 

5 Febrero de 2012. 


Estado autoritario, 
disciplinamiento ciudadano 
y control social 

Decio Machado 

Analista político, consultor internacional y especialista en 
comunicación, marketing político y gestión ambiental. Socio 
fundador del periódico español Diagonal y colaborador de 
varios medios de comunicación en Europa y América Latina. 


El problema de fondo relativo a los derechos es hoy 
no tanto el de justificarlos, sino el de protegerlos. 

No es un problema filosófico, sino político. 

Noberto Bobbio 

Introducción al concepto de autoritarismo 

Desde la ciencia política se identifica al autorita- 
rismo como una doctrina política que aboga por el 
principio del gobierno absoluto. El término califica a 
los estados que pretenden gestionar el poder político 
mediante mecanismos que se encuentran en contra- 
dicción con el concepto clásico de libertad. 

El autoritarismo es definido como una forma de 
gobierno caracterizado por su énfasis en la autoridad 
del Estado. Se da en sistemas controlados por legisla- 
dores electos, lo que suele permitir un cierto grado de 
libertad; y puede definirse como un comportamiento 
político en el que sobresale una persona o institución 
en el ejercicio de su autoridad. El autoritarismo se ex- 
presa entonces como el uso abusivo del poder, condi- 
ción que implica que la autoridad sea frecuentemente 
confundida con el despotismo. 

Históricamente, los regímenes autoritarios en 
América Latina se han caracterizado por ejercer deter- 


minados niveles de represión contra líderes sociales 
disidentes, todo ello bajo la lógica del control social, 
pero manteniendo -en términos generales- a la ciuda- 
danía exenta de este tipo de prácticas, y pretendiendo 
respecto a esta estrictamente su alienamiento. 

No se debe confundir entonces Estado autoritario 
con Estado totalitario, pues el segundo se caracteriza 
por ejercer fuerte intervención en todos los órdenes 
de la vida nacional, concentrando la totalidad de po- 
deres en manos del Ejecutivo o partido de gobierno, el 
cual no permite la actuación de otros partidos. 

Para autores como Friedrich y Brzezinski 1 , la teoría 
propia del modelo totalitarista gira en torno a los es- 
fuerzos del Régimen por remodelar y transformar a los 
seres humanos bajo su control a imagen de su ideología. 
Por ende, sostienen que la esencia del totalitarismo 
debe buscarse no solo en el control total que ese ré- 
gimen ejerce sobre la vida diaria de sus ciudadanos; 
sino también sobre sus pensamientos y actitudes. Esto 
marca una diferencia sustancial respecto al autorita- 
rismo, dado que este último engloba a aquellos siste- 
mas políticos que a pesar de contar con un pluralismo 
limitado, sin una ideología “dura” y bien elaborada 
que cumpla el rol de direccionamiento ideológico al 
conjunto de la sociedad, mantienen una mentalidad 
peculiar -justificación ideológica del Régimen-, en los 


92 


El correísmo al desnudo 


que su líder ejerce el poder dentro de un límite formal- 
mente mal definido (Morlino, 1995). 

Gatopardismo del neopopulismo 
autoritario ecuatoriano 

Partiremos del principio de aceptar como defini- 
ción de populismo a “un estilo de hacer política sus- 
tentado en la movilización de las masas y el liderazgo 
carismático, que surge como parte de procesos de mo- 
dernización social y política muy limitados” (Ibarra, 
2004). En su versión actual, según Ernesto Laclau, el 
“pueblo” no opera en el populismo como un dato pri- 
mario sino que es el fruto de una construcción. El po- 
pulismo tiene más perfil político que económico, y tie- 
ne su origen en un conflicto real o imaginario sobre el 
que el líder carismático construye una retórica antiéli- 
te que desafía al statu quo utilizando redes clientelares 
a fin de legitimar su liderazgo a través de los votos. 

El populismo tiene como objetivo habitual, obtener 
legitimación social mientras se mantiene en el poder 
una élite específica que controla la hegemonía política 
a costa de la popularidad de su líder. En este sentido, 
la distancia entre el discurso y la praxis se acrecientan, 
desarrollándose medidas populistas que bajo discur- 
sos rupturistas posicionan beneficios limitados para 
la población, pero que lejos están de significar trans- 
formaciones profundas en los pilares del Estado ni en 
las relaciones sociales, económicas y políticas que se 
desarrollan en el país. 

El discurso del socialismo del siglo XXI en el Ecua- 
dor aparece como una “tercera vía” 2 superadora res- 
pecto a la resolución del tradicional conflicto existen- 
te entre el neoliberalismo y los sectores populares en 
resistencia. La economía se dinamiza fruto del creci- 
miento de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía y 
la modernización de las infraestructuras existentes en 
el país, lo que permite que las cien primeras empresas 
que operan en el mercado nacional obtengan 50% más 
de utilidades que en los gobiernos inmediatamente 
anteriores y el sistema financiero privado haya obte- 
nido resultados aún mejores (tan solo el incremento 
en concepto de pago de Impuesto de la Renta de los 
grandes grupos económicos entre el ejercicio 2010 y 
2011 -USD 650 millones y USD 798 millones respec- 
tivamente- es del 23,61%), todo ello en una economía 
hiperconcentrada que beneficia fundamentalmente a 
los grandes capitales, a la par que el presidente Rafael 
Correa mantiene un discurso de carácter confrontati- 
vo, populista y propagandístico con los sectores do- 
minantes. De forma paralela, a través de su máximo 
líder, la mal llamada “revolución ciudadana” posiciona 
su satisfacción, tras los comicios presidenciales de fe- 
brero de 2013, por la conformación de una “derecha 


ideológica” encabezada por el propietario de la segun- 
da más grande institución financiera del país, mien- 
tras indica que los principales enemigos del “proceso 
revolucionario” son: el ecologismo, el izquierdismo 
“infantil” y las organizaciones indígenas más referen- 
ciales de su tejido social (la CONAIE es el principal 
movimiento social existente en el Ecuador). 

El uso y abuso de la propaganda oficial en benefi- 
cio del poder, se combina con un vehemente ataque 
a los medios de comunicación privados -los cuales 
responden a intereses de grupos políticos vinculados 
al conservadurismo declarado- acusándolos de prác- 
ticamente todos los males existentes en el país. Se es- 
tablece una lógica política en la cual el líder máximo 
del proceso expresa violencia simbólica (destrozando 
diarios en espacios o foros públicos) o verbal (califi- 
cando a los trabajadores de los periódicos privados, 
entre otros adjetivos, como “sicarios de tinta”), mien- 
tras se construye el único “monopolio informativo” 
existente en el país bajo el auspicio del Gobierno. Esta 
aptitud choca con el derecho constitucional a expresar 
libremente las ideas en una sociedad que se considera 
aún democrática. 

La sumisión de la razón a la voluntad y la acción 
pasó a ser referencial en el control social, buscando 
el adoctrinamiento de una base política a la que se le 
educa bajo un fuerte nacionalismo identitario y dis- 
curso del victimismo político (periódicamente se de- 
nuncian operaciones desestabilizadoras como parte de 
una estrategia internacional contra el Gobierno ecua- 
toriano, sobre la cual a pesar de haber algo de verdad, 
hasta ahora nunca se han posicionado públicamente 
pruebas) y que pasó a calificar de mal ciudadano o 
antipatriota a todo aquel que expresa públicamente 
sus disidencias. 

Orígenes del Derecho y 
el neoconstitucionalismo 

Empezaré por indicar la obviedad de que todo pro- 
yecto político, jurídico, social o científico está integra- 
do bajo un contexto, en un espacio y tiempo determi- 
nados que depende de la ideología dominante, lo que 
impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder. 
Incluso las “ciencias” están inmersas en dicha condi- 
ción. Todo conocimiento conlleva y es producido por 
interés, por voluntad, voluntad de poder y de verdad 
(Aguilera y González, 2011). 

En este sentido, el Derecho es construido y trans- 
formado por intereses de ciertas clases o grupos que 
se encuentran en un contexto determinado o que en 
un momento específico pueden producir “saber” por 
condiciones inherentes al poder. El Derecho es enton- 
ces, un campo social en el cual sus operadores configu- 


Dedo Machado 


93 


ran realidades sociales de acuerdo con sus propios tér- 
minos y racionalidades (Bordieu, 1997), simplificando 
la complejidad social a un código básico que se reduce 
al binomio “legal/ilegal” (Luhmann, 2004). 

Los discursos del saber (Foucault, 1970), en mu- 
chos casos, se despliegan mediante herramientas de 
poder, implementadas a través de la disciplina, vigi- 
lancia y control entramados en el Corpus institucional, 
los cuales a su vez, justifican y reproducen sus prácti- 
cas de manera constante y en forma de subsistencia. 
Una vez que el sistema legal aborda determinada si- 
tuación le aplica su “código operacional”, lo que tiene 
el efecto de limitar los hechos y la consideración de 
estos a su racionalidad legal (Teubner, 1997): las cosas 
pasan a una lógica binaria que se limita a definirlos 
como legales o ilegales. Es así que una movilización 
estudiantil como la protagonizada por los estudiantes 
del Central Técnico (detenidos los mayores de edad 
cinco días después del último triunfo electoral del 
presidente Correa) o un paro obrero (como el reali- 
zado por los trabajadores del Coca Codo Sinclair en 
la segunda quincena de noviembre de 2012 ante la ex- 
plotación laboral al que fueron sometidos por la cons- 
tructora concesionaria china), bajo este tipo de visión 
será apenas una acción legal o ilegal; una ocupación 
de tierras (como las protagonizadas por los ciudadanos 
desalojados entre 2011 y 2013 en el noroeste de Gua- 
yaquil) pasa a ser simplemente una acción, amparada 
o no, por el Código Civil; una agresión física (como 
la protagonizada en abril del presente año por un em- 
bajador ecuatoriano sobre dos ciudadanas peruanas 
en Lima), estará amparada por la doctrina penal de la 
legítima defensa o no será procedente y por lo tanto 
sancionable. Esta lógica operacional del sistema legal 
excluirá cualquier otra forma de abordar estos hechos, 
con todas las implicaciones que esto conlleve. 

Es entonces cuando interviene el “saber” como me- 
canismo donde se sustenta la justificación del método. 
Un caso emblemático de este mecanismo es el sistema 
penitenciario: la prisión pasa de ser el resultado de los 
intereses de determinadas élites dominantes -las cua- 
les inventaron el encierro para determinadas personas 
dominadas que “incomodaban” y “perjudicaban” sus 
intereses-, a tener a partir del siglo XIX mediante el 
positivismo jurídico y científico, un discurso de jus- 
tificación social. El ejercicio del poder pasa entonces 
de tan solo reprimir y castigar, a convertirse también 
en “productor de verdad”. Por ello, el Derecho -orden 
normativo e institucional de la conducta humana en 
sociedad inspirado teóricamente en postulados de jus- 
ticia- no es más que el resultado del enfrentamiento 
entre diferentes actores en conflicto de intereses, pues 
es desde ese conflicto desde donde mismamente nace. 

Mediante la formalización a través del Derecho, las 
respuestas a los conflictos de poder adquieren un aura 


de legitimidad y neutralidad, dotándose de respuestas 
normativas que pretenden garantizar la solución no 
arbitraria de los conflictos sociales. Este sería el caso 
de sentencias tan discutibles en esencia y forma como 
las protagonizadas en los últimos años por la justicia 
ecuatoriana: 10 de Luluncoto, líderes sociales de Quim- 
sacocha, los periodistas Calderón y Zurita por el libro 
Gran Hermano, 40 millones de dólares sobre periódico 
El Universo y el caso “Chucky Seven”, entre otros. Que- 
da claro entonces, que el efecto de universalización es 
uno de los mecanismos aplicados por los más podero- 
sos, a través del cual se ejerce la dominación simbólica 
y la imposición legitimada de un orden social. 

El poder en general, articula diversas formas dife- 
rentes para emerger y legitimarse, utilizando fórmulas 
más o menos explícitas, lo que abre un abanico que va 
desde la manipulación psicológica hasta la violencia 
física. En ese contexto, es el Derecho quien instrumen- 
taliza el poder, encubriéndolo y difuminándolo; justifi- 
cándolo y convirtiéndolo en “orden” social y político. 

A su vez, todos los mecanismos de poder están 
acompañados de ideología. Las verdades (paradigma 
del saber) se transforman en función del Régimen, en 
los discursos en el que se hallan sumergidas. Las Leyes 
y el Derecho se reconfiguran según el sistema político 
del que forman parte, generando mecanismos de po- 
der adaptados a la ideología dominante, en función del 
momento histórico y sus circunstancias. 

En ese contexto, el Estado constitucional se en- 
cuentra siempre en permanente transformación y su- 
jetos a la presión de la política del movimiento (Viejo, 
2009). Uno de los elementos referenciales en la actua- 
lidad de dicha transformación tiene que ver con los 
planteamientos discursivos que permiten la compre- 
sión de lo que significa Constitución, derechos funda- 
mentales y normas de principios, entre otros. 

En la actualidad, la masiva presencia de principios 
existentes en las constituciones latinoamericanas, es- 
pecialmente en el llamado neoconstitucionalismo, exi- 
gen lógicas argumentativas, ya no solo basadas en la 
subsunción, sino también en la ponderación y en el 
juicio de proporcionalidad (Guastini, 2010). 

El discurso de la ponderación y el principio de pro- 
porcionalidad son en la actualidad técnicas de inter- 
pretación (Carbonell, 2013) que deberían tener como 
finalidad tutelarlos de mejor manera, expandiendo 
todo lo posible su ámbito de protección. Es por ello 
que para los sectores más conservadores, estos princi- 
pios generan de manera habitual rechazo y desagrado. 
En la práctica ecuatoriana, las sentencias anterior- 
mente referenciadas manifiestan que dicho principio 
queda altamente cuestionado. 

En el neoconstitucionalismo, el Estado incluso de- 
bería perder su rol histórico, pasando a ostentar como 
papel principal estar al servicio de la satisfacción de 


94 


El correísmo al desnudo 


los derechos fundamentales (Ferrajoli, 2007). Es decir, 
el Estado debería dejar de justificarse a sí mismo, para 
pasar a ejercer una mera función instrumental. 

Quizás por ello, escarbando en la Constitución de 
Montecristi, no es gratuito afirmar que es el ámbito de 
los derechos es donde el texto es sin duda más genero- 
so (Machado, 2012). Prácticamente el conjunto de los 
86 primeros artículos de la Carta Magna ecuatoriana 
están dedicados a señalar los derechos -en materia de 
cultura, educación, ciencia, salud, alimentación, tec- 
nología, ambiente, agua, naturaleza, seguridad o buen 
vivir- de los que gozarán individuos y grupos sociales. 

No podemos olvidar a su vez, la indiscutible nece- 
sidad que tienen todos los sistemas políticos -indepen- 
dientemente de su modelo constitucional- de que sus 
ciudadanos crean en su sistema judicial, pues perder 
la fe en la justicia puede implicar dos cuestiones entre 
sí contrapuestas: un buen caldo de cultivo para todo 
tipo de populismo incontrolable o las bases sobre las 
que poder comenzar a discutir coherentemente sobre 
la genealogía del poder con el fin de transformarlo. 

Bajo estas premisas, tenemos dos líneas que se 
cruzan en el Ecuador: por un lado, una Constitución 
que apuesta por crear sujetos de derechos, algunos 
incluso innovadores como es el caso de la naturale- 
za; y por otro, una ciudadanía que apoyó la Consulta/ 
Referendo del 7 de mayo de 2011 propugnada por el 
Presidente de la República, en busca de una reforma 
del sistema judicial que permitiera hipotéticamente su 
correcto funcionamiento, con el fin de que el Estado 
realmente ejerza su principal rol: la protección de in- 
dividuos y grupos, así como generar las condiciones 
posibles para el bienestar social. 

Ambas circunstancias hoy cuestionadas: ni la 
Constitución se cumple en su totalidad, están varios 
de sus mandatos violentados de forma permanente; 
ni la reforma judicial ha significado independencia y 
credibilidad en los procesos por parte de la población. 

Ecuador: ¿Estado autoritario? 

Max Horkheimer, uno de los principales expo- 
nentes de la Primera Teoría Crítica, entiende el Esta- 
do autoritario como un fenómeno sociológico que se 
origina tras circunstancias históricas donde surge la 
anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como 
la vía para la superación de los problemas existentes. 
Es desde ese consenso ciudadano desde donde se legi- 
tima un Estado autoritario, y no a través del uso de la 
fuerza o el abuso del poder. 

En el caso del Ecuador, desde la reinstauración de la 
democracia liberal y el “Estado de derecho burgués” 3 , 
el sistema político nacional ha estado en crisis perma- 
nente, agudizándose esta con el paso del tiempo. 


Tras la muerte de Jaime Roídos (primer presidente 
democrático tras el período de gobiernos militares que 
se dio entre 1972 y 1979) en un sospechoso accidente 
de aviación el 24 de mayo de 1981, le sucede su vice- 
presidente democratacristiano Osvaldo Hurtado, cuyo 
Gobierno se caracterizó por carecer de hoja de ruta en 
materia de política económica, la devaluación del su- 
cre (moneda nacional de entonces), la deshonestidad 
de sus funcionarios de aduanas -cuyos puestos claves 
fueron repartidos entre determinados grupos de poder 
político-económicos-, ineficacia para el control del pe- 
culado y diversos escándalos de negociados como el 
caso de Isla Santay, importación de arroz con gorgojo, 
los sucesos de La Previsora o despiltarros en los con- 
tratos para la exploración de gas en el golfo de Guaya- 
quil; en 1984 accede a la presidencia León Febres-Cor- 
dero, quien durante su mandato sufre varios intentos 
de golpes de Estado e incluso un breve secuestro, sien- 
do duramente cuestionado por la represión y violación 
de derechos humanos ejercida durante su mandato, así 
como por sacrificar la economía nacional por atender 
el servicio de la deuda externa; en 1988 accede a Caron- 
delet Rodrigo Borja, quien durante su gestión vivió un 
importante alzamiento social que le dio protagonismo 
al movimiento indígena, fruto de la continuidad en las 
políticas económicas que se habían puesto en marcha 
durante la legislatura de Hurtado y que alcanzaron su 
cénit con el gobierno de Febres-Cordero; en 1992 llega 
a la presidencia Sixto Durán Ballén, implementador de 
las políticas neoliberales en el país y el primero que 
comienza a reducir drásticamente al Estado (bajo el 
denominado Consenso de Washington se impusie- 
ron medidas económicas que integraron políticas de 
ajuste estructural, reformas estructurales del Estado, 
privatización de empresas públicas, liberalización del 
comercio, amplias garantías jurídicas para las inver- 
siones extranjeras y flexibilización laboral); en 1996 
accede a la presidencia Abdalá Bucaram, pero su de- 
sastrosa gestión económica, sumada a sus frecuentes 
escándalos desembocó en protestas populares masivas 
y una huelga general, siendo destituido en febrero de 
1997 por “incapacidad mental”, asumiendo su cargo 
Rosalía Arteaga durante apenas dos días, y posterior- 
mente Fabián Alarcón -hasta entonces presidente del 
Legislativo-, quien dejó como herencia de su mandato 
la expansión de la pobreza, el crecimiento del desem- 
pleo y el deterioro de los salarios reales para los tra- 
bajadores; en 1999 es elegido como mandatario Jamil 
Mahuad, quien decretó un feriado bancario -la mitad 
del sistema financiero ecuatoriano colapso y miles de 
ahorristas perdieron su dinero- y en enero del 2000 
dolariza en país, eliminando todo tipo de soberanía 
monetaria, siendo en ese mismo mes derrocado por 
un alzamiento cívico-militar, asumiendo el Gobierno 
su vicepresidente Gustavo Noboa, quien realizó vagas 


Dedo Machado 


95 


promesas de justicia social y de lucha contra la co- 
rrupción, prosiguiendo con la campaña de privatiza- 
ciones y la continuidad de las políticas neoliberales en 
el país; el 2002 accede al Gobierno el excoronel Lucio 
Gutiérrez, quien protagonizó un mandato saturado de 
acusaciones de nepotismo y degradando el aparato del 
Estado a un nivel de ineficiencia y corrupción equiva- 
lente al de determinados países africanos, lo que le lle- 
vará a no terminar su legislatura, escapando de forma 
rocambolesca por los tejados del palacio presidencial 
ante importantes movilizaciones sociales en la ciudad 
de Quito, siendo investido como sucesor su vicepresi- 
dente Alfredo Palacios, un personaje carente de caris- 
ma y liderazgo que mantuvo la ineficiencia adminis- 
trativa existente en el país y demostró su incapacidad 
de llevar adelante la anhelada transformación política 
que la ciudadanía requería. 

En resumen, desde la forzada sucesión de Jaime 
Roídos hasta la toma de posesión de Rafael Correa 
Delgado, el sillón presidencial no ha sido ocupado más 
que por presidentes de marcada mediocridad política 
que llevaron al país al caos económico, configurán- 
dose una institucionalidad de pronunciada corrupción 
y deslegitimidad social. Esta situación determinó un 
escenario político donde ningún gobierno desde 1996 
terminó su legislatura y donde los movimientos so- 
ciales asumieron un rol de importante protagonismo 
político en la presión, movilización social e incluso de- 
rrocamientos presidenciales. 

Dicha situación conllevó que durante el proce- 
so electoral que tuvo lugar en el segundo semestre 
de 2006, el actual mandatario ecuatoriano ganará las 
elecciones con un discurso articulado contra la “par- 
tidocracia” y un caduco sistema político carente de 
credibilidad y legitimación social entre la ciudadanía. 

Volviendo a la teoría, otro elemento a tener en 
cuenta es que según Horkheimer y Adorno, el autori- 
tarismo no tiene una sola cara, sino que puede adquirir 
diferentes formas y mimetizarse de acuerdo a como lo 
aconseje su estrategia para la consolidación del siste- 
ma capitalista (incluyendo en ello lo que Otto Rühle 4 
definió como capitalismo de estado), situación que se 
dio en el Ecuador bajo la lógica de gatopardismo po- 
lítico que ha caracterizado al actual Gobierno (hacer 
que todo cambie para que en realidad no cambie nada). 

Orden y progreso 

El Estado autoritario unifica al conjunto de la so- 
ciedad, anteriormente dividida, bajo el criterio de lo- 
grar un concreto objetivo: la construcción de un futuro 
en donde se logre superar las causas que generaron la 
crisis. A partir de esa premisa, se justifica el recorte 
de libertades y derechos con la finalidad de combatir 


el “libertinaje” y la “inmoralidad” (términos acuñados 
por el régimen correísta para calificar el accionar de la 
prensa privada o de determinados movimientos socia- 
les), enarbolando principios convertidos en valores su- 
premos, como la autoridad, disciplina, Patria y orden. 

Desde el plano ideológico, lo que se califica como 
aislado o atrasado, pasa a ser de antemano condenado. 
La transformación deducida en el rigor de una selec- 
ción darwiniana (“miedo al provenir” que domina a 
“nostálgicos del pasado”, es decir, a los “ciudadanos 
más débiles”, aquellos que no se atreven a afrontar el 
“choque del futuro” y no pueden “asumir su tiempo”) 
pasa a estar “debidamente” fundamentada: el provenir 
se encuentra en el progreso “técnico”, en la apertura, 
en la movilidad, en la competencia, en la profesionali- 
zación y en la comunicación. 

Esta es la parte del debate más importante de cla- 
rificar hacia aquellos que entienden que el correísmo 
es una política progresista de marcado carácter trans- 
formador. No reconocer los diferentes tipos de pensa- 
miento conservador, el conservadurismo declarado y 
conservadurismo reconvertido o progresista (Bordieu 
y Boltanky, 2008) significa no entender el conflicto de 
clases y la lucha por una radical transformación sisté- 
mica y social. Es así que el pensamiento de la derecha 
más rancia, el conservadurismo declarado, tiene como 
centro el sentimiento de la declinación, la desesperan- 
za y el miedo al porvenir, disposiciones que denuncia 
y combate la nueva burguesía (Beauvoir, 1955), el con- 
servadurismo reconvertido. El pensamiento conserva- 
dor más reaccionario pasa a ser confundido, en situa- 
ciones coyunturales, con posicionamientos indígenas 
y rurales, espacios los cuales pretenden ser liquidados 
por los nuevos planificadores -tecnócratas de la felici- 
dad- que prestan una atención condescendiente e in- 
quieta a estos excluidos mientras buscan eliminar las 
realidades a las que ellos aún se aferran. Mientras el 
conservadurismo declarado -lo que en Ecuador podría 
representar la ideología socialcristiana y su entor- 
no- aboga por la perpetuación del pasado y condena 
cualquier proyecto innovador; la nueva burguesía solo 
habla de proyectos superadores de un pasado al que 
no debemos volver. 

En una combinación aparentemente contradicto- 
ria, el conservadurismo progresista no es más que una 
fracción de la clase dominante que da como “ley sub- 
jetiva” lo que constituye la ley objetiva de su perpe- 
tuación, es decir, cambiar para conservar. 

Una “nueva Patria” ya es de todos 

Esta ha sido la lógica político-dialéctica en la que se 
ha desarrollado el correísmo. Así, el presidente Correa, 
vocero único del proceso político definido como Revo- 
lución Ciudadana, indica en la mayoría de sus discursos 


96 


El correísmo al desnudo 


que se está construyendo la “Patria nueva”, superadora 
de la “patria vieja” donde dominaban unas cuantas éli- 
tes y grupos de poder ilegítimos, acompañando dicho 
discurso con los impetuosos acordes de “Patria, Tierra 
sagrada...” que gracias a las campañas presidenciales y 
el aparato de propaganda gubernamental, es asociada 
por el conjunto de los ciudadanos con su imagen y el 
color verdeflex que impregna su partido. 

Los regímenes autoritarios han tenido siempre 
gran necesidad de altas dosis de política. Deben con- 
vencer a la opinión pública de que sus gobiernos son 
únicos e insustituibles, y que todos los que les pre- 
cedieron fueron notablemente peores. Deben mante- 
nerse en tensión preelectoral cada día, pues es en ese 
posicionamiento desde donde construyen su legitimi- 
dad social. La propaganda “oficialista” actúa de dos 
formas: por medio del exhibicionismo triunfalista de 
sus logros sociales y políticos; y por la intimidación 
disimulada o manifiesta a la crítica de los medios de 
comunicación no subordinados y a la acción de la disi- 
dencia política organizada. Todo ello con el abuso sin 
rubor del culto a la personalidad del líder y el uso de 
toda nueva tecnología posible. 

Criminalización de la disidencia 
como doctrina de reeducación social 

Desde los sucesos de Dayuma (diciembre de 2007), 
donde -según diversas organizaciones defensoras de 
Derechos Humanos- las Fuerzas Armadas actuaron de 
forma desproporcionada contra los moradores locales; 
y especialmente desde las primeras movilizaciones 
antimineras (2008 y sobre todo a partir de 2009) por 
parte de comunidades afectadas y el movimiento indí- 
gena en general, el Régimen pasó a acuñar los térmi- 
nos “garroteros” y “tirapiedras” (los mismos que han 
utilizado para definir las prácticas políticas del Movi- 
miento Popular Democrático -MPD-) para calificar a 
cualquier activista social que se movilice contra sus 
políticas, especialmente la extractivista, amenazando 
sistemáticamente con la aplicación de todo el “peso” 
de la ley. Salve decir en este caso, que dicha ley es 
la legislación antiterrorista proveniente de la época 
de la dictadura militar, y que un informe presentado 
en diciembre de 2011 por la Defensoría del Pueblo 
del Ecuador señala textualmente: “En nuestro país se 
evidencian procesos de criminalización de las activi- 
dades realizadas por los y las defensoras de derechos 
humanos y de la naturaleza, principalmente, cuando 
estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el 
Estado ecuatoriano” 5 . 

Es así que el Código Penal, elaborado en tiempos 
de la dictadura militar, tipifica de la siguiente manera 
el delito de terrorismo y sabotaje: en su artículo 158, 
se indica que se reprime con reclusión mayor ordina- 


ria de ocho a doce años y multa de mil a dos mil sucres 
a quienes destruyan o afecten servicios básicos, fábri- 
cas, centros comerciales, puertos, embalses, minas, ve- 
hículos, instalaciones de servicios básicos o espacios 
de producción con el propósito de producir alarma 
colectiva; mientras que el artículo 160.1 determina re- 
clusión mayor de 4 a 8 años y multa de veinte mil a 
cincuenta mil sucres contra quienes “individualmente 
o formando asociaciones” cometieren delitos contra la 
seguridad común de las personas o de grupos huma- 
nos o de sus bienes, asaltando, violentando o destru- 
yendo, allanando o invadiendo lugares, sustrayendo o 
apoderándose de bienes o valores secuestrados para 
demandar el cambio de leyes o de órdenes y dispo- 
siciones legalmente expedidas o exigir la libertad de 
presos; ocupando lugares públicos o levantando barri- 
cadas para enfrentar a la fuerza pública en reclamo de 
sus intenciones. 

Es con este tipo de legislación con la cual se está 
criminalizando en la actualidad a la protesta social en 
Ecuador, y si bien es cierto que la figura del sabota- 
je y terrorismo siempre ha existido en la normativa 
penal ecuatoriana, también lo es que otros gobiernos 
anteriores al del presidente Correa no la aplicaron. 
La paradoja actual, es que aunque durante el proceso 
constituyente los movimientos sociales lograron posi- 
cionar la garantía de derechos como un requisito im- 
prescindible para la transformación hacia formas más 
justas y al mismo tiempo armónicas con la naturaleza, 
también lo es que después de 2008 se han levantado 
procesos judiciales contra líderes y dirigentes socia- 
les, maestros, estudiantes, trabajadores públicos, pe- 
riodistas, indígenas y campesinos, hasta un número 
estimado en torno a doscientas personas involucradas 
en procesos de judicialización por sus acciones de pro- 
testa, rechazo o movilización ante proyectos y políti- 
cas desarrollistas de alto impacto ambiental y social. 

En el desarrollo de esta lógica, el Gobierno termina 
por dirigir una forma de construcción del individuo 
-reeducación y disciplinamiento- para su correcto de- 
sarrollo político, justificándose el Estado como guía 
debido a la inmadurez ciudadana. El tratamiento des- 
de el poder hacia la disidencia, define el desarrollo de 
un germen interior que tiene todo Estado autoritario 
en su fase inicial: el monopolio de la violencia. 

Es así que el nuevo Estado Moderno en conforma- 
ción en el Ecuador, pasa a superar la lógica del contrato 
social (acuerdo hipotético realizado en el interior de 
una sociedad por el que se adquieren derechos y de- 
beres del Estado y de sus ciudadanos), convirtiéndose 
estrictamente en un acuerdo entre grupos de intereses 
y el mismo Estado. El Derecho pasa a ser identifica- 
do con la moral en vigor (Newmann, 1944) perdiendo 
cualquier capacidad ética mínima, mientras la racio- 
nalidad es remplazada por una técnica de dominación 


Dedo Machado 


97 


que establece una noción autoritaria y organizativa de 
la sociedad. En la práctica, supone el fracaso del positi- 
vismo jurídico y del neoconstitucionalismo garantista. 

Inviabilidad del derecho a la resistencia 

La Asamblea Constituyente de Montecristi consagró 
directamente, y por primera vez en la Historia, el dere- 
cho a la resistencia, dándose así un estadio de superación 
sobre la Constitución de 1998, en la cual se reconocía en 
su artículo 188 el derecho a la objeción de conciencia. 

La misma formulación del artículo 1 de la Consti- 
tución de Montecristi, donde se hace referencia a la 
llegada al “Estado Constitucional de derechos y justi- 
cia”, debería haber significado un cambio paradigmá- 
tico de un modelo de Estado a otro nuevo, de cuya na- 
turaleza exacta se necesita aun tomar conciencia a fin 
de posicionar el artículo 98 de la Carta Magna, donde 
se consagran dicho derecho a la resistencia. 

La Constitución de Montecristi impone el someti- 
miento del Estado -de todos los poderes públicos- a los 
derechos. Su artículo 11 en su apartado 9 llega a indi- 
car que: “El más alto deber del Estado consiste en res- 
petar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución”. Y en su artículo 84 se reincide diciendo: 
“[...] en ningún caso, la reforma de la Constitución, 
la leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 
público atentarán contra los derechos que reconoce la 
Constitución”. Quedando definido en el artículo 172 
que: “Las juezas y jueces administrarán justicia con 
sujeción a la Constitución, a los instrumentos interna- 
cionales de derechos humanos y a la ley”. 

A priori, la amplia formulación del artículo 98 de 
la Constitución de Montecristi se hace idónea para 
incorporar el conjunto de argumentos anteriormente 
explicitados: “Los individuos y los colectivos podrán 
ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u 
omisiones del poder público o de las personas natu- 
rales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan 
vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el 
reconocimiento de nuevos derechos”. 

Es así que la invocación de derechos a la resisten- 
cia a nivel intrasistémico (actos ilegales, públicos o co- 
lectivos, no violentos y enfocados a transformar una 
ley injusta) con apoyo en los instrumentos procesales 
reconocidos por la propia Constitución, se convierte 
en el última herramienta posible que permita reducir 
la distancia entre lo prescrito formalmente y su con- 
creta aplicación (Bobbio, 2008), con la finalidad de que 
los derechos por estar normativizados no queden en 
papel mojado y que el ejercicio del poder político y del 
Presidente de la República no genere injusticias o trai- 
cione lo que emana del primer artículo constitucional. 

A pesar de que en su sentido moderno consolidado 
el derecho de (o a la) resistencia presupone una cul- 


tura jurídica y política que implica nociones distintas 
de poder, derecho y fuerza, subordinando el ejercicio 
del primero a un ideal de justicia que se refleja en el 
derecho y que puede ser invocado como última opción 
para rehabilitar la legitimidad de las instituciones po- 
líticas o fundar un nuevo orden legal (Franco y Tarzia, 
2011). En el caso ecuatoriano, tal práctica no puede ser 
definida más que como un rotundo fracaso. 

Ha sido el propio Presidente de la República, por 
acción y omisión, quien ha alentado a grupos econó- 
micos extranjeros, autoridades locales, empresarios 
nacionales y a la propia Fiscalía General del Estado, a 
proceder con las demandas contra los que vienen a ser 
considerados por la ideología dominante como deses- 
tabilizadores, enemigos del Régimen y del proceso de 
cambio en curso. Dicha situación conlleva reacciones 
como la de los padres de familia de estudiantes proce- 
sados tras la movilización del colegio Central Técnico 
de Quito, los cuales dirigieron al presidente Correa y 
no al juez de turno, una carta pidiendo disculpas por 
la actuación de sus hijos con el fin de evitar que estos 
fueran sancionados por la justicia. 

Control de los medios 

La libertad de expresión, según la Corte Inte- 
ramericana de Derechos Humanos (CIDH), “es un 
elemento sobre el cual se basa la existencia de una 
sociedad democrática. Es indispensable para la for- 
mación de la opinión pública [...]. Es, en fin, condi- 
ción para que la comunidad, a la hora de ejercer sus 
opciones esté suficientemente informada” 6 . Por su 
parte, la libertad de pensamiento se enmarca en la 
facultad que tiene toda persona de desarrollar ideas, 
analizarlas, sintetizarlas, juzgarlas o en general con- 
siderarlas en el sentido que consideren adecuadas 
(Morales, 2012). Sin libertad de expresión no existirá la 
posibilidad de manifestar aquellas ideas a quien consi- 
dere pertinente hacerlo. 

Aunque la libertad de expresión sea un derecho 
de vital importancia para el sistema democrático, no 
consta ni debe constar de una protección absoluta, lo 
que tampoco quiere decir que deben imponerse fil- 
tros sumamente difíciles de superar para sancionar al 
quien hiciere un uso abusivo de este derecho. Hay que 
tipificar de forma que sea efectiva la tutela a quienes 
han sido lesionados en su reputación por el abuso de 
la libertad de expresión, pero a la par de no deterio- 
rar las posibilidades de expresión e información, dado 
que la libertad de expresión forma parte de derechos 
subjetivos que corresponden umversalmente a todos y 
todas (Ferrajoli, 2009). 

La aplicación de la justicia en esta materia está 
conllevando a que bajo el arcaico principio del dura 
lex sed lex (la ley es dura), se hallan dictaminando sen- 


98 


El correísmo al desnudo 


tencias carentes del principio de proporcionalidad en 
las cuales se pretendió castigar severamente a medios 
y periodistas de investigación que habían sido denun- 
ciados por el mandatario en calidad de ciudadano. Di- 
cha estrategia ha conllevado lo que se buscaba desde 
el punto de vista de las limitaciones en el accionar 
periodístico, autocensurándose medios y periodistas 
durante la fase de elaboración de la noticia, crónica o 
artículo de opinión. 

Rol del partido 

Por su parte, con el debilitamiento de los movi- 
mientos sociales y otras herramientas de intervención 
ciudadana para incidir en las políticas públicas, la po- 
lítica pasa a entenderse de una forma grupalmente 
más restringida. Se desarrolla la “profesionalización 
de la política” (Kirchheimer, 1966), convirtiéndose en 
un campo de especialización donde solo tienen par- 
ticipación un cierto grupo de personas que manejan 
técnicas aplicas a la consecución de sus objetivos fun- 
damentales: liderar y dirigir el actuar de las masas a 
través de estrategias de convencimiento y sugestión. 

En sintonía con esta “profesionalización” la política 
se transforma, adecuando al interviniente en política a 
criterios que tienen que ver con la obtención de cargos 
y posicionamientos en la estructura social del partido o 
del Estado, pues desde ahí ejerce su poder y se legitima 
sobre sus bases y el conjunto de la sociedad. 

Se olvidan entonces los pensadores teóricos y le- 
gitimadores del oficialismo, que la movilización social 
es un proceso de organización social que se realiza a 
través de formas múltiples y mecanismos varios, que 
busca objetivos plurales, resignificando socialmente 
las instituciones, los sujetos y la democracia participa- 
tiva, pasando los actores sociales a ser estigmatizados 
por su crítica al Régimen y al nuevo pensamiento do- 
minante. Se ignora también por parte del Estado, que 
la movilización social es en la práctica, la única forma 
efectiva de participación para múltiples sectores so- 
ciales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin 
movilización estos sectores quedan sin mecanismos 
efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los 
cuales venían ya históricamente siendo excluidos. 

Desde esa perspectiva, para un gobierno que se lla- 
ma a sí mismo “revolucionario”, propiciar condiciones 
para la movilización social y política de los sectores 
organizados de la sociedad, debería ser un objetivo 
institucional en la búsqueda de conformar mayores 
niveles de autonomía, organización y participación de 
la población en asuntos públicos (Machado, 2012). 

Lejos de esta visión, el correísmo se caracteriza por 
el intento de control -mayoritariamente exitoso- sobre 
el conjunto de organizaciones sociales, anulando su 
capacidad de movilización y entendiendo a esta como 


un elemento de desestabilización política. Para tal fin 
el Estado llegó a estructurar todo un aparato políti- 
co que tan solo desde las instituciones públicas dan 
trabajo a 250 burócratas en el Ministerio Coordinador 
de la Política; 2.800 burócratas más en la Secretaría 
de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación; y 
otros 2.500 burócratas en el Vice Ministerio de Go- 
bernabilidad (perteneciente al Ministerio del Interior). 

El objetivo central del proyecto político correísta 
pasa a ser el monopolio de la vida política, lo cual le 
ha llevado a pasar de la utilización instrumental de 
lo popular al desprecio y control sobre todo tipo de 
articulación social. Para Gramsci, hegemonía es una 
composición de dominación y dirección, lo cual sig- 
nifica presencia ideológica en la sociedad y el Esta- 
do, así como el control sobre la dirección económica 
(control de los medios de producción). Sin embargo, 
el correísmo confundió hegemonía con el monopolio 
de la vida política, y suponiendo que tras los resulta- 
dos electorales de febrero de 2013 se haya conseguido 
dicho monopolio, está lejos de construir una nueva 
hegemonía dado que se mantiene el mismo sistema 
de acumulación y matriz productiva heredada de la 
época neoliberal. 

Pero además, el partido oficialista Alianza País se 
ha ido constituyendo ya no solo en una máquina elec- 
toral, sino también en una agencia de empleo y colo- 
cación para sus afiliados en las diversas estructuras del 
Estado (locales, regionales y del Gobierno central). La 
organización perdió su rol, si es que alguna vez lo tuvo, 
como espacio de elaboración de un proyecto político 
en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de 
debate y generación de participación política. En las 
dos convenciones nacionales desarrolladas por Alianza 
País desde su fundación (la primera en Guayaquil en 
noviembre de 2010 y la segunda en Quito, en el Esta- 
dio del Aucas, en noviembre de 2012) no se ha llevado 
a debate ni un solo documento interno programático, 
no han existido tendencias ni discusión política algu- 
na. Como es normal, el modelo de Estado autoritario 
se replica en un modelo político-partidista piramidal 
donde el líder determina prácticamente todo. 

Cargos públicos del oficialismo ecuatoriano, mu- 
chos de ellos sin trayectoria política previa y carente 
de cualquier tipo de ideología más allá del arribismo 
político, ocupan los principales puestos en las es- 
tructuras provinciales y nacionales de Alianza País, 
aspirando desde allí a convertirse en herederos del 
mandatario o personas de su máxima confianza, para 
emprender o mantenerse en una especie de carrera de 
ascenso político que recuerda a los manuales de busi- 
ness empresarial aplicados en las corporaciones trans- 
nacionales por yuppies y ejecutivos internacionales. 

El actual estado de situación nos permite incluso 
entresacar determinadas similitudes -marcadas por 


Dedo Machado 


99 


las diferencias en el tiempo y en el modelo de Estado 
(totalitarismo vs autoritarismo)- de estética y forma 
entre el neopopulismo ecuatoriano y las característi- 
cas enumeradas por Emilio Gentile 7 en su clásico li- 
bro El culto del littorio , el cual constituye una travesía 
por el universo simbólico y litúrgico del fascismo, a 
significarse entre estos los siguientes: la creación de 
una religión de la patria; la refundación del país pro- 
movida bajo un apostolado de revolucionarios para la 
resurrección de la “nueva patria” (la “nueva Italia” en 
el caso fascista); el culto a los mártires y la utilización 
de simbologías histórico nacionales; la apelación a la 
fuerza de la fe en el líder; la ira destructiva contra los 
símbolos de otras ideologías; la retórica revoluciona- 
ria, socialista, de justicia e igualdad social; el concep- 
to de la verdad única, lo cual permite emprender una 
“cruzada” contra los profanadores de la patria; una 
extensa parafernalia mediática que permite compen- 
sar las limitaciones retóricas e intelectuales del líder; 
la “conversión” de todos los ciudadanos a la doctrina 
oficial; una filiación al nacionalismo más fuerte que a 
la libertad; el pensamiento único alineado al partido 
gobernante; el monopolio de simbologías con el fin de 
reescribir la historia; el culto al líder con su corres- 
pondiente elevación a los altares junto a la patria; la 
utilización del calificativo “revolucionario” para todo; 
los intelectuales orgánicos en labores de transfor- 
mación del mito en culto; la sacralización del Estado 
(definido en Italia como “arcángel mundano”); una 
estética del poder autoritaria, irónica y avasalladora 
que se convierte en estética de la vulgaridad y el mal 
gusto; la construcción de una rivalidad con la Iglesia 
católica por el control y la formación de conciencias; 
una retórica ampulosa y florida; cierta manía de prota- 
gonismo mundial por parte de su líder; un discurso de 
dialéctica elemental en el cual se usa un léxico fácil y 
referencias a lugares comunes; un sistema político al- 
tamente jerárquico basado en la voluntad del líder so- 
bre un entorno de mediocres; la discriminación entre 
“buenos” y “malos” ciudadanos; la elevación de anóni- 
mos pequeños burgueses al templo de la “Historia” y 
que se consideraran artífices de esta; la presencia del 
máximo líder en lugares geográficos del país a los que 
nunca ningún presidente había llegado antes, proyec- 
tando ante el pueblo cierta sensación de cercanía al 
poder; el hiperpersonalismo de su máximo dirigente, 
emitiendo una imagen del líder rodeado de indignos 
que lejos estaban de poder igualarle y mucho menos 
reemplazarle; y, la cooptación al proyecto político de 
una mezcla oportunistas, pragmáticos y convencidos. 

El Estado de Bienestar 

La conformación del Estado de Bienestar, entendido 
como un Régimen capitalista de intervención estatal 


destinado a asegurar la continuidad del ciclo económi- 
co y una cierta redistribución social de los recursos, se 
convierte en el principal mecanismo de “legitimación” 
y “control social” (Habermas, 1989) que pretende la 
anulación de todo tipo de alternativas emancipatorias 
desde una perspectiva social y económica. 

Los criminalizados, enjuiciados y encarcelados des- 
de el ámbito social son los cuestionadores de este mo- 
delo, los cuales en la mayoría de los casos, consideran 
que el tan manipulado término de “buen vivir” debería 
ser un elemento superador de las lógicas de desarrollo 
clásico que se siguen repitiendo en este Gobierno. 

La carga de violencia y control social asociada al 
modelo neoextractivista y desarrollista que se imple- 
menta en el Ecuador (esta situación tiene carácter con- 
tinental) se realiza de forma tan acelerada como acele- 
rada es la imposición del modelo de Estado autoritario. 
Esta situación hace que cada vez más el derecho a la 
libertad de los pueblos, cuya primera representación 
escrita fue la palabra cuneiforme sumeria Ama-gi 8 , se 
reafirme en su incoherencia con lo que fue el origen 
del mal llamado proceso de “revolución ciudadana”. 

Las consecuencias 

Igual que para Marcel Proust es imposible disociar 
la música o la literatura de los conjuntos arquitectóni- 
cos o de la vida micro social en los salones de la aristo- 
cracia; el capitalismo -también el posneoliberal desa- 
rrollista y neoextractivista-, no funciona únicamente 
en su esfera económica, actuando a su vez a través de 
un modo de control de la subjetivación, “cultura de 
equivalencia” (Guattari y Rolnik, 2005), lo que viene 
a significar que el control del poder del mercado va 
en paralelo al control del poder sobre la subjetividad. 

Mientras en las lógicas de control sobre las disi- 
dencias se acentúa una práctica política que conlleva 
el recorte de libertades y la implementación del miedo 
(temor a la movilización reivindicativa, asociación con 
organizaciones criminalizadas o autocensura de perio- 
distas y cronistas políticos), las mayorías lo aceptan, 
en su priorización por la mejor situación económica 
(según datos oficiales, la evolución de ingresos fami- 
liares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta 
básica familiar de tan solo un 66,7%, mientras que en 
2012 ese porcentaje se elevó al 92,43% y se estima que 
en el presente año llegue al 103%). 

Los derechos y libertades, que fueron factores vi- 
tales en los orígenes de la sociedad industrial se de- 
bilitan ahora, perdiendo racionalidad y su contenido 
tradicional. Bajo las condiciones de un creciente nivel 
de vida (desde la perspectiva consumista y no desde 
su calidad), la disconformidad con el sistema apare- 
ce como socialmente inútil, y más aún si aparece con 


100 


El correísmo al desnudo 


tangibles desventajas económicas (se pierde como- 
didad) y políticas (exposición al riesgo a ser repri- 
mido) y pone en peligro el buen funcionamiento del 
conjunto (una sociedad en evolución desarrollista). 
En la fase actual de modernización del capitalismo 
ecuatoriano, la “sociedad libre” ya no puede ser de- 
finida en términos clásicos, requiere nuevos modos 
de realización, y corresponde al aparato de propagan- 
da del gobierno ir definiéndoselos al conjunto de la 
población paulatinamente. 

La libertad política no puede conceptualizarse 
como antes porque implicaría la liberación de las per- 
sonas de una política sobre la que no ejercen ningún 
control efectivo. Lo mismo sucede con la libertad inte- 
lectual, dado que de lo contrario podría restaurarse el 
pensamiento individual cada vez más absorbido por la 
comunicación y el adoctrinamiento de masas. 

Como fenómeno educacional, se refleja un proceso 
de conservadurismo en la sociedad ecuatoriana, donde 
se establece entre otros valores que todo lo que haga el 
líder es adecuado per se, dado que él es el que sabe lo 
que hay que hacer -aquello de “confíen en mí” expre- 
sado por el mandatario en el Referendo/Consulta del 7 
de mayo de 201 1 ante la insuficiencia argumental para 
justificar los cambios del texto constitucional-. 

En la práctica, supone el debilitamiento del tejido 
social autónomo existente y un mayor control sobre 
una sociedad, que en general empieza a aceptar pres- 
cindir de los escasos canales existentes para su real ex- 
presión y el potencial de reivindicación que conlleve. 

Siguiendo a Holloway, se exagera la “autonomía 
relativa” del Estado y de la política institucional como 
herramienta de cambio social. La ilusión de que el Es- 
tado puede impulsar por sí mismo un cambio radical 
en la sociedad conlleva el olvido respecto a que el Es- 
tado no es más que una forma de relación social enrai- 
zada en las relaciones sociales capitalistas separando a 
las personas del control de sus propias condiciones de 
producción y, por último, de sus propias vidas. 


Dedo Machado 


101 


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Notas 

1 Los politólogos Cari Friedrich y Zbigniew Brzezinski son 
referentes de la utilización del término totalitarismo en 
las ciencias sociales, definiendo como paradigmas de este 
modelo político a los regímenes de la Unión Soviética y los 
fascismos de la primera mitad del siglo pasado. 

2 “Tercera vía” es el nombre que se ha dado a una variedad 
de aproximaciones teóricas y propuestas políticas que, 
en general, sugieren un sistema económico de economía 
mixta, y el centrismo o reformismo como ideología. 

3 La doctrina burguesa jurídico-política consta de dos gran- 
des apartados hoy: La doctrina del Estado de derecho y la 
doctrina de la separación de los tres poderes del Estado. 

4 Otto Rühle, comunista de izquierda alemán que se unió 
al Partido Social Demócrata Alemán en 1900 y votó jun- 
to a Karl Liebknecht contra los créditos de guerra en el 
Reichstag en 1915 y fue un miembro de la Liga Espartaco 
hasta 1917. 

5 http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_crimina- 
lizacion_defensoresydefensoras.pdf 

6 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviem- 
bre de 1985 sobre colegiación obligatoria de periodistas. 

7 Emilio Gentile es un historiador italiano especializado 
en los temas de las religiones políticas, el totalitarismo y 
el fascismo. 

8 Ama-gi es una palabra sumeria que expresa la manumi- 
sión de los esclavos. Traducida literalmente, significa “re- 
torno a la madre” en la medida que los antiguos esclavos 
“retornaban a sus madres” cuando recobraban su libertad. 


El carácter del Estado en la 
Revolución Ciudadana 

Fernando Vega 

Teólogo, Químico, Ex Asambleísta Constituyente, excandidato 
a la Asamblea Nacional del Ecuador. 


Transcurridos casi siete años de iniciado el 
proceso de la revolución ciudadana varios son los 
análisis y evaluaciones que se han realizado tanto 
desde dentro del propio Gobierno como desde fuera 
de la pluma de los críticos del Régimen. Dejando 
de lado las posturas simplistas de cierta oposición 
y aún de algunas de las declaraciones oficiales en 
las que todo es blanco o negro sin lugar a cualquier 
escala de grises, merece la pena continuar inten- 
tando comprender el origen, el rumbo y el posible 
futuro de la revolución ciudadana. Siendo, como 
es la realidad, tan compleja no se pueden abordar 
todos los temas posibles por lo que en este trabajo 
me concentraré en unas cuantas reflexiones sobre 
el carácter del Estado que se propuso construir 
PAÍS en el proyecto original, al que podríamos lla- 
mar el Estado soñado, el Estado que se diseñó en 
la Asamblea Constituyente, como proyecto de vida 
en común, y, finalmente, el Estado real que se está 
construyendo en el día a día de las concreciones 
prácticas del correísmo. 

Algunas preguntas surgen a la hora de comen- 
zar estas reflexiones ¿Cuál era el carácter del Esta- 
do soñado por PAÍS en los albores de la revolución 
ciudadana? ¿En qué medida el Estado caracterizado 
por la Constitución de 2008 ha sido el marco para 
el aterrizaje de los sueños y la hoja de ruta para su 
concreción? y ¿El Estado que se ha ido construyendo 
en los años posteriores a la Constituyente, en qué 
medida es fiel a los sueños originales y a la propues- 
ta constitucional? ¿Hacia dónde podrá evolucionar 


el carácter del Estado, tras la victoria de Correa para 
su tercer mandato presidencial? Son preguntas que 
deben merecer un intento de respuesta. Para inten- 
tarlo parece necesario tener en cuenta no solo los 
aspectos teóricos relativos a las temas a tratar, sino 
los datos de la historia reciente y las actuaciones, 
tanto de los protagonistas del poder, como de aque- 
llos que actúan desde la ciudadanía y se atreven a 
cuestionar al poder reinante. 

Desde el punto de vista de la teoría del Estado 
-término creado por Maquiavelo-, los especialistas 
se dividen en dos corrientes, aquellos que destacan 
los elementos de acuerdo o pacto social para cons- 
truir un conjunto de normas y leyes para vivir en un 
territorio con libertad y seguridad, como es el caso 
de Cicerón, San Agustín, Hobbs, y otros autores mo- 
dernos y cuya realización pretende plasmarse en los 
Estados democráticos de derechos. Citemos como 
ejemplo la definición de H. Grocio: “La asociación 
perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus 
derechos y para la utilidad común. Es la asociación 
política soberana que dispone de un territorio pro- 
pio, con una organización específica y un supremo 
poder facultado para crear el derecho positivo”. 

Por otro lado están aquellos que destacan los 
elementos coercitivos en la construcción del Esta- 
do, como es el caso de Marx, Max Weber, Hermán 
Heller y otros como F. Oppenheimer que lo expresa 
de manera extrema: “Estado es la institución social 
impuesta por el grupo victorioso al derrotado con el 
propósito de regular su dominio y de agruparse con- 


Fernando Vega 


103 


tra la rebelión interna y los ataques del exterior”; de 
manera más suave M. Weber afirma que el “Estado 
es la coacción legítima, la fuerza bruta como última 
razón que mantiene el monopolio de la violencia”. 
Carlos Marx coincide en definir al Estado como el 
reino de la fuerza, no en función del bien común 
sino del interés de clase, no tiene como fin el bienes- 
tar de todos, sino de los que detentan el poder. Hay, 
pues una tendencia a considerar el Estado como una 
dictadura, en la que lo relevante no es el cómo se 
gobierna, sino quien lo hace. Al final de este tra- 
bajo aspiramos a que los lectores podrán dilucidar 
cómo estos conceptos están en pugna en la realidad 
política ecuatoriana. 

El Estado soñado 

En esta parte analizaremos del documento “Plan 
de Gobierno de Alianza PAÍS 2007-2011, un pri- 
mer paso para la transformación radical del Ecua- 
dor” que se presenta como “Propuesta en construc- 
ción colectiva” con fecha 26 de noviembre de 2006 
que fuera ampliamente difundido entre la dirigencia 
y las bases del naciente movimiento. Para comenzar 
es importante ubicar históricamente el momento y 
el lugar en el que surgen los sueños. El documento 
de Alianza PAIS reconoce que el País Soñado se ins- 
cribe en continuidad de las luchas históricas y los 
sueños de los pueblos del Ecuador por conseguir un 
país más justo y solidario. 

En continuidad con esos sueños y luchas el País 
Soñado se ubica en 2006 cuando los ecuatorianos esta- 
mos asistiendo a la crisis terminal del Estado, surgida 
y alimentada en las últimas décadas de vuelta a la de- 
mocracia después de la dictadura militar, a manos de 
los vientos neoliberales de la privatización y del domi- 
nio de los organismos multinacionales, la deuda exter- 
na, el congelamiento bancario, la corrupción, la ines- 
tabilidad política, especialmente en la última década. 

Estos sueños se nutren de la diversidad, que lejos 
de ser un obstáculo son una fortaleza: “Somos un país 
de distintos y diversos pueblos y cosmovisiones, con dis- 
tintas historias y urgencias, pero que compartimos ne- 
cesidades y sueños comunes. Nuestro país se caracteriza 
por contingentes colectivos con identidades diferencia- 
das: indígenas, mestizos, cholos, afroecuatorianos, blan- 
cos. Esa diversidad no es un obstáculo, sino una fortaleza 
[...] Requerimos prácticas que potencien la intercultura- 
lidad de ida y vuelta, que respete y valore al otro” 

Carácter colectivo del País Soñado 

Es fácil entender que la frustración acumulada y 
las esperanzas represadas durante décadas de par- 


tidocracia neoliberal encontró el terreno abonado, 
la coyuntura histórica para soñar con un Estado 
diferente, de manera que la propuesta de PAÍS fue 
expresión y eco de la mayoría de los ecuatorianos de 
todas las regiones y estratos sociales. Por todo ello 
el País Soñado es el fruto de una minga colectiva 
de sueños compartidos, tal como lo refleja una nota 
del propio documento calificado de “documento co- 
lectivo en construcción”, como una construcción 
colectiva de amplísima participación. De hecho al 
final del documento consta una larga lista de apor- 
tes y participaciones tanto de personas naturales 
como de instituciones. Por eso no cabe duda que la 
gran mayoría de ecuatorianos podía ver reflejado en 
la propuesta soñada por PAÍS sus propios sueños, 
anhelos y reivindicaciones: 

Este Programa sintetiza un conjunto de ideas y pro- 
puestas que hemos recogido a lo largo y ancho de la 
Patria, resume los sueños de la mayoría de habitan- 
tes del Ecuador, de todas sus regiones Costa, Sierra, 
Amazonia y Galápagos, e incluso, de nuestros compa- 
triotas que se encuentran fuera por efecto de la emi- 
gración. Este programa lo construimos en plural, con 
la participación de amplios sectores de ciudadanos y 
ciudadanas, [...] en esta minga por un nuevo PAÍS. 

El carácter colectivo del documento se proyecta al 
futuro, en un nuevo estilo y forma de hacer la política 
y el Gobierno, precisamente porque se trata de superar 
los viejos caudillismos, personalismos y el dominio de 
grupos plutocráticos. Lo podemos leer con todas sus 
letras en las páginas 9 y 13 del Plan de Gobierno, den- 
tro del acápite ¿Por qué necesitamos el cambio? 

No estamos preparando la victoria de una persona. 
No estamos preparando la victoria de un grupo. Es- 
tamos construyendo la victoria de todo un pueblo 
[...] No proponemos seguir a líderes mesiánicos. La 
construcción de un nuevo país no implica crear un 
nuevo régimen de dominación [...] no creemos en 
liderazgos individuales que conduzcan a la consti- 
tución de estructuras verticales y caudillescas, sino 
en liderazgos colectivos sustentados en la autocríti- 
ca, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto 
a otras opiniones y en la humildad. 

Así mismo en la sección sobre las Bases pro- 
gramáticas del Ecuador que soñamos se convoca 
a una minga general para la construcción colectiva 
del sueño una vez llegados al poder: 

Los medios y los instrumentos tienen que llevarnos 
a un fin compartido: un buen vivir en armonía con 
la naturaleza. Se trata de una propuesta incluyente. 


104 


El correísmo al desnudo 


Esto quiere decir que pensamos en todos los sectores 
de la sociedad ecuatoriana, particularmente en los 
sectores populares, en los desposeídos, en los margi- 
nados, pero no solo como sujetos pasivos, si no como 
protagonistas en este proceso de cambio, para que 
desde ahora puedan adueñarse del presente y sobre 
todo de su futuro. 

Contenidos del Sueño colectivo 

En el Capítulo 1 del documento bajo el título El 
País que Soñamos se habla del “país/Estado soña- 
do” 40 veces de modo explícito y otras 30 más de ma- 
nera implícita. Allí se describen los sueños compar- 
tidos; otros términos como “queremos”, “deseamos”; 
contribuyen también a la descripción de la utopía que 
impulsa la Revolución Ciudadana: la palabra “revolu- 
ción” se usa 28 veces y se expresa como necesidad de 
“cambio” (33 veces), “reforma” (31 veces), “transforma- 
ción” (24 veces), “alternativo” (14 veces) y otros más. 
Un resumen apretado de los atributos del País soñado 
en los que aparece este lenguaje: 

Se sueña con un País/Estado social de derecho 
democrático que garantice la justicia, en una 
democracia participativa, deliberativa y consen- 
sual, donde se garantice la libertad de opinión, la 
disidencia y la crítica y la vigencia de los dere- 
chos humanos; una Justicia independiente de los 
otros poderes del Estado y de los poderes fácticos; 
en un Estado plurinacional, inclusivo respetuoso 
de las diferencias y exento de discriminación; un 
Estado, eficiente, transparente, solidario y mo- 
derno que se gobierne de manera descentraliza- 
da que fomente el desarrollo local y haga justicia 
a los territorios; un País en el que todos sus ha- 
bitante vivan en armonía con la naturaleza; un 
Estado que destierre la pobreza y la mendicidad 
y se logre la soberanía alimentaria; en una eco- 
nomía social y solidaria que genere riqueza para 
todos; en una gestión fiscal redistributiva; una 
sociedad de paz y de convivencia armónica y sin 
violencia; Un Estado que tenga como motor del 
desarrollo la educación, la salud y el trabajo; Un 
Estado soberano en el concierto internacional y 
en busca de la unidad Latinoamericana. 

El Estado en los cinco Ejes de la 
Revolución ciudadana 

En la cuarta parte del documento se exponen 
los cinco grandes ejes de la Revolución Ciudadana: 

1) Revolución constitucional y democrática, 2) Revo- 
lución ética: combate frontal a la corrupción, 3) Re- 


volución económica y productiva, 4) Revolución edu- 
cativa y de la salud, y 5) Revolución por la dignidad, 
la soberanía y la integración latinoamericana. 

En el Capítulo 4.1 sobre la Revolución Cons- 
titucional y Democrática, en la pág. 19 se dice que 
una de las tareas de la Constituyente será la de “Ge- 
nerar un Estado descentralizado que transfiera no solo 
competencias sino recursos y poder de decisión para 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía [...] y aca- 
bar con el centralismo excluyente e ineficiente” 

Se continúa en la pág. 20: “Hay reformas que pare- 
cen importantes: Despartidizar las instancias de control 
del Estado para disminuir la influencia de los grupos de 
poder”. Luego se mencionan las reformas que se lleva- 
rán a cabo para mejorar la función electoral: su divi- 
sión en dos entes, uno técnico y otro judicial, la elimina- 
ción del voto en plancha y la revocatoria del mandato”. 

En la pág. 21 se enumeran los compromisos que 
deberá cumplir la Asamblea Constituyente para im- 
pulsar la reforma política para construir la demo- 
cracia participativa radical, incluyente, que respete 
y construya los Derechos Humanos, enfrentando y 
superando el corporativismo y la desinstituciona- 
lización del Estado: “Independencia y corresponsabi- 
lidad de las funciones del Estado”, “Reestructuración 
y fortalecimiento de los organismos de control”, “Re- 
estructuración y fortalecimiento de las entidades del 
Estado”, “Participación ciudadana”, “Planificación de- 
mocrática” y “transformación del sistema electoral”. 

Subrayemos los contendidos de los textos más 
significativos de estos acápites, pág. 22: Apostamos 

Por una Función Judicial autónoma, independiente 
y no manejada por los partidos políticos, menos aún 
por los grupos de poder económico. Por una Función 
Legislativa que recupere la capacidad de legislar, 
fiscalizar y representar los intereses populares dis- 
tanciados del alcance de los grupos de poder y de 
la partidocracia vinculada al poder oligárquico. Por 
la creación de una instancia de justicia electoral y 
no de representación directa de los partidos como 
jueces y parte. [...] Las campañas electorales deben 
garantizar el acceso equitativo de la sociedad a los 
espacios de comunicación, estableciendo no solo un 
techo al gasto electoral, sino asegurar un piso mí- 
nimo a todos los candidatos y las candidatas, entre 
otras muchas reformas que deberán dar paso a un 
proceso de despartidización y descorporativización 
de las instancias de ejecución y acción electorales. 

Sobre la descentralización del Estado se propone: 

Proponemos ir a un proceso agresivo de descentrali- 
zación, de desconcentración y de correctas autono- 


Fernando Vega 


105 


mías. Esto mejorará la calidad de la administración 
pública y la transparencia, lo que elevará la calidad 
de la democracia en tanto crezcan y se consoliden 
las instancias de participación y control, de la ciu- 
dadanía [...] La sociedad debe conocer y aprobar, a 
través de un amplio debate, propuestas de descen- 
tralización y autonomía sustentadas en la razón y 
la solidaridad. 

Cuando se habla de la Revolución Ética se afir- 
ma que “el funcionamiento de una sociedad depende 
de la confianza mutua y del uso de normas explícitas 
e implícitas que sean cumplidas por toda la ciudada- 
nía” y a continuación se menciona a la corrupción 
“como un lastre que impide fortalecer la confianza”. Si 
se echa de menos, en el documento un mayor énfasis 
sobre los temas éticos y un mayor desarrollo de las 
estrategias para la lucha contra la corrupción y la 
superación de la inseguridad. 

Conclusiones 

En síntesis: El Plan de Gobierno de Alianza 
PAÍS de 2006 apunta a rescatar y reconstruir el Es- 
tado ecuatoriano superando sus falencias históricas 
y de manera muy especial de los efectos destructo- 
res de la legislación y las políticas implementadas 
por los gobiernos neoliberales de las últimas déca- 
das que lo habían sumido en una situación de Esta- 
do casi fracasado, incapaz de cumplir los fines para 
los cuales debe existir. 

Se aspira a construir un Estado moderno y efi- 
ciente, democrático y participativo, con un énfasis 
muy importante en la tareas de proteger los Dere- 
chos Humanos; un Estado con instituciones sólidas 
y confiables que generen estabilidad y seguridad; 
una República con una auténtica independencia y 
coordinación de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial; una democracia electoral igualitaria con 
participación de partidos políticos fuertes; se apues- 
ta por un Estado descentralizado para promover la 
autonomía de los territorios y hacer justicia a sus ne- 
cesidades; se aspira a construir una administración 
transparente y con eficientes mecanismos de control 
para combatir la corrupción. 

Se subraya con fuerza la necesidad de un Estado 
inclusivo que haga justicia a la diversidad cultural de 
la población, a las condiciones específicas de los gru- 
pos humanos más necesitados de protección y mere- 
cedores de acciones positivas. Al mismo tiempo se su- 
braya la necesidad de un Estado comprometido con la 
sustentabilidad de la biodiversidad y la protección del 
patrimonio natural sobre la base de una propuesta de 
desarrollo que pone en el centro la dignidad de los se- 
res humanos viviendo en armonía con la naturaleza. 


Aunque no es parte constitutiva del Estado, sin 
embargo se diseña un modelo de economía social 
y solidaria, moderna y competitiva, en la que se 
conjugan de manera equilibrada Estado, mercado y 
sociedad. Finalmente se vislumbra al Estado ecua- 
toriano como parte y protagonista del proceso de 
emancipación y soberanía e integración Latinoa- 
mericana, para superar la dependencia económica y 
política de los poderes transnacionales. 

El documento se cuida mucho de identificar la 
propuesta con alguna corriente de izquierda; no hay 
alusiones al socialismo del siglo XXI. El énfasis re- 
volucionario radica en la recuperación y moderniza- 
ción del Estado y en la implementación de políticas 
sociales inclusivas que hagan justicia social, territo- 
rial, étnica e impulsen la participación y el sentido 
de pertenecía al Estado de todos sus habitantes, bajo 
la categoría de ciudadanos. 

Hay que decir también que el carácter del do- 
cumento es más bien poético en el mejor sentido 
de la palabra, portador de sueños y generador de 
energías y esperanzas. Por ello mismo es portador 
de una propuesta germinal, en construcción, que 
está abierta a diversas interpretaciones y que más 
adelante deberá aterrizar en concreciones más pre- 
cisas. Por ello es muy posible que si bien el texto es 
un espacio de convergencia para la mayoría de sus 
autores y lectores, era previsible que las posteriores 
interpretaciones y concreciones pudieran generar 
divergencias y tensiones. 

Importancia de la Constituyente 

Antes de entrar en el análisis del Texto Constitu- 
cional, que abordaremos en el siguiente apartado, de- 
bemos quedarnos todavía por un momento en el Plan 
de Gobierno de Alianza PAÍS 2006, y releer el primer 
eje de los cinco propuestos para la transformación del 
Ecuador, en concreto el acápite dedicado a la Revolu- 
ción Constitucional y Democrática. Es importante 
recuperar cuál era la importancia y el peso de la pro- 
puesta de la convocatoria a la Asamblea Constituyen- 
te y de la nueva Constitución a ser redactada. 

De llegar al poder, PAÍS se compromete a llamar 
al pueblo a una consulta popular para convocar y fi- 
jar los términos y alcances de una Asamblea Consti- 
tuyente de plenos poderes. La convicción de que una 
nueva constitución era indispensable para lograr 
cambiar el Estado y construir el país de los sueños, 
era tan fuerte que PAÍS no presentó candidatos para 
el Congreso, lo cual era coherente con la intención 
de establecer un nuevo orden jurídico e institucio- 
nal por medio de un proceso constituyente. 

Las tareas encomendadas a la Constituyente se 
explican en dos acápites: Reforma política del Es- 


106 


El correísmo al desnudo 


tado y Descentralización de la gestión del Esta- 
do. En el primer acápite se desagregan: “Independen- 
cia y corresponsabilidad de las funciones del Estado; 
Reestructuración y fortalecimiento de los organismos 
de control; Reestructuración y fortalecimiento de las 
entidades del Estado; Revocatoria del mandato; Parti- 
cipación ciudadana y Transformación del sistema elec- 
toral”. En el segundo acápite: “diseñar un proceso pro- 
gresivo de desconcentración y de correcta autonomías; 
Fortalecer los procesos de desarrollo local y asegurar 
una distribución de los recursos fiscales para fortalecer 
los gobiernos locales con énfasis en la satisfacción de 
necesidades y desarrollo económico inclusivo”. 

El Estado diseñado 

En esta parte analizaremos el texto de la Consti- 
tución de 2008, que constituye la concreción del Es- 
tado soñado por PAÍS. En efecto, ganadas las eleccio- 
nes, el flamante gobierno de la Revolución puso toda 
la carne en el asador para llevar a cabo las ofertas 
de campaña, de manera especial la de la convocato- 
ria a la Constituyente. Sin detenernos en los detalles 
que condujeron a ella, la Asamblea Constituyente se 
instaló en Montecristi el 30 de noviembre de 2007 y 
comenzó su trabajo bajo la presidencia de Alberto 
Acosta. Para ello la Asamblea trabajó en 10 mesas. 
Para redactar la nueva Constitución los asambleís- 
tas contaban con seis meses de plazo con dos más 
de prórroga. Dejando para luego algunos incidentes 
dignos de comentario, el texto Constitucional fue 
aprobado por la Asamblea el 24 de julio de 2008 y 
aprobado en plebiscito el 28 de septiembre de 2008. 

El Estado diseñado en la 
Constitución de 2008 

En el título I se establecen los elementos cons- 
titutivos del Estado relativos a sus clásicos compo- 
nentes, a saber: Capítulo primero: Caracterización 
del Estado (Art. 1), símbolos e idiomas (Art. 2) y sus 
deberes primordiales (Art. 3), Definición del Territo- 
rio (Art. 4 y 5) y Determinación del pueblo de per- 
tenencia (Cap. segundo: Ciudadanas y ciudadanos. 
Arts. 6, 7 y 8). De ello nos interesa en particular los 
artículos sobre el carácter y deberes del Estado, y al- 
gún comentario sobre lo restante. 

Así el carácter de Estado se diseñó en el Art. 1: 

El Ecuador es un Estado constitucional de de- 
rechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, pluri- 
nacional y laico. Se organiza deforma de repú- 
blica y se gobierna de manera descentralizada. 


La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad 
es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a 
través de los órganos del poder público de las 
formas de participación directa previstas en la 
Constitución. Los recursos no renovables del te- 
rritorio del Estado pertenecen a su patrimonio 
inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

Bien puede decirse que el Art. 1 de la Constitución 
concreta el diseño del Estado muy en consonancia 
con las características del Estado Soñado. La expre- 
sión “de derechos y justicia” profundizó, en la línea 
del derecho constitucional progresivo, el carácter 
garantista del Estado Ecuatoriano. Sin embargo sor- 
prende la alusión a los recursos no renovables, en este 
artículo, ya que su lugar propio serían los Art. 4 y 5. 
Este énfasis anticipado, tiene sin duda un significado 
que anuncia la importancia de los recursos no reno- 
vables en manos del Estado, una preocupación muy 
recurrente del presidente en funciones. 

El Art. 2 además de reconfirmar los símbolos 
patrios hace justicia a la pluriculturalidad de la po- 
blación del Ecuador, admitiendo “el castellano, el 
kichwa y el Shuar como idiomas de relación inter- 
cultural y a los demás idiomas como de uso oficial 
en las zonas donde habitan. El Estado se compro- 
mete a su conservación y uso” Hay que decir que 
el artículo fue muy debatido y estuvo a punto de fra- 
casar por cierta oposición de los círculos cercanos al 
Ejecutivo; salió adelante gracias a la insistencia de 
algunos asambleístas que en algún momento fueran 
calificados como “infiltrados”. 

En el Art. 3 se enuncian los deberes primordiales 
del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efec- 
tivo goce de los derechos establecidos en la cons- 
titución y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educación, la salud, la alimen- 
tación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. 2. Garantizar y defender la soberanía 
nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la 
diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sus- 
tento del quehacer público y el ordenamiento ju- 
rídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradi- 
car la pobreza, promover el desarrollo sustentable 
y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover 
el desarrollo equitativo y solidario de todo el te- 
rritorio, mediante el fortalecimiento del proceso 
de autonomías y descentralización. 7. Proteger el 
patrimonio natural y cultural del país. 8. Garan- 
tizar a sus habitantes el derecho a una cultura 
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática libre de corrupción. 


Fernando Vega 


107 


Especial atención damos al primero de los deberes 
del Estado, que se desarrollan en el Título II sobre los 
Derechos, de manera especial en el Capítulo prime- 
ro sobre los principios de aplicación de los derechos, y 
en el Título III sobre las Garantías Constituciona- 
les, que confieren a la Constitución de 2008 el carácter 
garantista, tan celebrado en su momento, pero desti- 
nado a futuras controversias. A muestra de ejemplo, el 
primer deber del Estado se formula de mejor manera 
en el Art. 11, literal 9: “El más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos ga- 
rantizados en la Constitución”. No cabe duda que en 
este aspecto la Constitución aterrizó al Ecuador Soña- 
do colocando estándares muy elevados y avanzados, 
que demandarían al Estado muchas exigencias. 

El Estado de Justica, Derechos y Garantías 

Insistiendo en el Título II en lo que se refiere a los 
principios de aplicación de los derechos, algunos de 
ellos suscitaron gran resistencia en los asambleístas de 
oposición presentes en la Asamblea, aferrados a las año- 
ranzas del viejo país, por ejemplo el Art. 11, numeral 3: 

Los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacio- 
nales serán de inmediata aplicación por y ante 
cualquier servidor público, administrativo o 
judicial, de oficio o a petición de parte. Para el 
ejercicio de los derechos y las garantías no se 
exigirán condiciones o requisitos que no estén 
establecidos en la constitución o en la ley. No 
podrá alegarse falta de norma jurídica para 
justificar su violación o desconocimiento. 

Hasta el día de hoy el propio Gobierno ha incum- 
plido este principio y muy pocos jueces se han atre- 
vido a aplicarlo. 

Otros numerales del Art. 11 son igualmente exigentes: 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el 
contenido de los derechos ni de las garantías 
constitucionales. 5. En materia de derechos y 
garantías... deberán aplicar la norma y la in- 
terpretación que más favorezcan su efectiva 
vigencia. 6. Todos los principios y derechos son 
inalienables, irrenunciables, indivisibles, in- 
terdependientes y de igual jerarquía. [...] 8. El 
contenido de los derechos se desarrollará defor- 
ma progresiva a través de las normas, jurispru- 
dencia y políticas públicas [...] será inconstitu- 
cional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule in- 
justificadamente el ejercicio de derechos”. 


Es indispensable hacer un seguimiento del cum- 
plimiento de estos artículos de la Constitución; po- 
demos quedar asombrados de lo que puede estar 
sucediendo. Lo de injustificadamente, no es discre- 
cional, como veremos en seguida. 

Los avances en tema de derechos y garantías fue- 
ron considerados tan importantes por la mayoría de 
asambleístas constituyentes que merecieron un can- 
dado especial en lo referente a las posibles reformas 
constitucionales futuras. 

En el mismo Título II de Derechos, viene el ca- 
tálogo de los Derechos del Buen vivir (Cap. 2 o , Art. 
12-34); Los Derechos de las personas y grupos de aten- 
ción prioritaria (Cap. 3 o , Art. 35-55); Los Derechos de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades (Cap. 4 o , 
Art. 56-60); Derechos de participación (Cap. 5 o , Art. 
61-65); Derechos de libertad (Cap. 6 o , Art. 66-70); Los 
Derechos de la naturaleza (Cap. 7 o , Art. 71-74); Los De- 
rechos de protección (Cap. 8 o , Art. 75-82) y finalmente 
el Cap. 9 o de las Responsabilidades de los ecuatorianos 
y ecuatorianas (Art. 83). Además está el Título III de 
las Garantías Constitucionales: normativas (Cap. 
I o , Art. 84), de políticas, servicios y participación (Cap. 
2 o , Art. 85) y jurisdiccionales (Cap. 3 o , Art. 86-94). 

Como puede constatarse el tema de los Derechos 
y Garantías ocupa casi una cuarta parte del texto 
Constitucional. Imposible un análisis exhaustivo. 
Apenas destacar un par de temas controvertidos. El 
Art. 57, numeral 7 sobre el derecho colectivo de los 
pueblos y nacionalidades a la consulta previa, libre 
e informada fue objeto de fuertes tensiones entre los 
asambleístas de PAÍS y el Ejecutivo. Al final del ar- 
tículo quedó de la siguiente manera: “La consulta 
que deban realizar las autoridades competentes 
será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviere el 
consentimiento de la comunidad consultada, se 
procederá conforme a la Constitución y a la ley”. 

Como se puede colegir, el texto Constitucional 
dejó sin resolver un tema tan importante, mediante 
una formulación tautológica: “se procederá confor- 
me a la Constitución”, siendo que la constitución 
no dice nada y luego deja abierta la cuestión para 
que la ley lo determine. Además está lo formulado 
en el Art. 398 dentro del Capítulo de protección de 
la Biodiversidad y recursos naturales: “Si del proceso 
de consulta resulta una oposición mayoritaria de 
la comunidad, la decisión de ejecutar o no el pro- 
yecto será adoptada por resolución debidamente 
motivada de la instancia administrativa superior 
correspondiente de acuerdo por la ley”; es decir la 
decisión queda a discreción de autoridades adminis- 
trativas. Como luego se verá, este “gol” del Ejecutivo 
a la consulta previa será la base para las famosas “so- 
cializaciones” que ya conocemos y la frase famosa de 
que ciertos proyectos “van porque van”. 


108 


El correísmo al desnudo 


Otro tema de controversia tiene que ver con la 
Garantía Constitucional de la Acción de protec- 
ción (Amparo constitucional de la Const. de 1998) 
del Art. 88: “La acción de protección tendrá por 
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos 
reconocidos por la Constitución y podrá interpo- 
nerse cuando exista una vulneración de derechos 
constitucionales [...] si la violación del derecho 
provoca daño grave [...] o si la persona afectada 
se encuentra en estado de subordinación, inde- 
fensión o discriminación”. Esta y otras garantías 
tratan de poner límites al poder de los distintos fun- 
cionarios del Estado y evitar daños irreparables al 
ciudadano común. El uso y abuso de esta garantía, 
como veremos, será causa de grandes polémicas. 

Para agotar lo polémico de esta primera parte de 
la Constitución, hay que destacar la novedad de los 
Derechos de la naturaleza, que fueron combatidos 
por los asambleístas de la derecha tradicional y ju- 
ristas fundamentalistas; sin embargo la novedad ha 
tenido buena acogida en ambientes internacionales 
sensibles a la defensa de la vida y la naturaleza, tan 
amenazada por prácticas extractivas depredadoras. 
Otra discrepancia que hubo al interior de PAÍS tuvo 
que ver con temas relativos al aborto y al matri- 
monio de personas del mismo sexo, donde el Pre- 
sidente puso el veto frente a ciertas aspiraciones de 
sectores cercanos a Ruptura de los 25. 

La organización el Estado republicano 

En el Título IV sobre la Organización y Par- 
ticipación del poder, el capítulo primero sobre 
la Participación en democracia la Constitución 
avanza de manera importante, en cuanto a su or- 
ganización, participación en los distintos niveles de 
poder, las iniciativas del pueblo para la democracia 
directa y las reglas de juego para la participación 
de los partidos políticos y su representación. Es este 
último punto el Art. 115 establece: “El Estado, a tra- 
vés de los medios de comunicación, garantizará 
de forma equitativa e igualitaria la promoción 
electoral que propicie el debate y la difusión de 
las propuestas programáticas de las candidatu- 
ras [...] se prohíbe el uso de recursos y la infraes- 
tructura estatales, así como la publicidad guber- 
namental en todos los niveles de gobierno, para la 
campaña electoral”. 

En lo que respecta a las Funciones Legislativa y 
Ejecutiva del Estado (Art. 118-140 y Art. 141-166, 
respectivamente), el diseño constitucional debía 
ser fiel a los sueños de una República con inde- 
pendencia de poderes y su coordinación para lo- 
grar los fines del Estado. Pues bien en el diseño del 
Legislativo y el Ejecutivo y sus relaciones, el debate 


Constitucional más importante se estableció en torno 
al diseño de un Ejecutivo fuerte. La reciente histo- 
ria de inestabilidad política con el correspondiente 
desfile de presidentes que llevaron al Ecuador a su 
crisis política, económica y social, parecía demandar 
el diseño de un Ejecutivo fuerte, tanto más cuanto el 
proceso de cambio a implementarse podría encontrar 
tropiezos e intentos desestabilizadores. 

Los temores y advertencias, tanto de la oposición 
como de sectores más del centro, se expresaban en el 
peligro de la implantación de un hiperpresidencia- 
lismo. El diseño de artículos sobre el veto presi- 
dencial (Art. 138-139) y la muerte cruzada (Art. 
148) ocuparon el centro del debate. Aunque muchos 
asambleístas de PAÍS estaban conscientes del peli- 
gro, sin embargo se confiaba que, estando la figura 
del presidente Correa en el poder, el equilibrio demo- 
crático estaría asegurado. No cabe duda que en este 
punto la Asamblea Constituyente diseñó un Ejecu- 
tivo hecho a la medida del Presidente reinante. Los 
temores se verán pronto confirmados. Al respecto el 
país soñado al pasar al diseño, colocaba en horizonte 
algunas posibles pesadillas. 

Justicia independiente y autónoma 

Por lo que respecta a la Función Judicial, la 
Asamblea Constituyente apostó por las doctrinas 
del neoconstitucionalismo que rigen en los Estados 
modernos y han contribuido al mejoramiento de la 
administración de la justicia y a la seguridad jurí- 
dica. La mesa ocho encargada del tema trabajó en 
coordinación con el Ministerio de Justicia y los de- 
más órganos del sector. A partir del diagnóstico de 
la lamentable situación en la Justicia hubo un amplio 
consenso para diseñar la Función Judicial soñada 
por los ecuatorianos basada en tres pilares: La in- 
dependencia interna y externa y la autonomía 
de los órganos de la Función Judicial (Art. 168); 
El fortalecimiento del Consejo de la Judicatura y 
la carrera judicial (Art. 170), la introducción del 
pluralismo jurídico (justicia indígena Art. 171) y 
la instauración del Control constitucional por la 
Corte Constitucional (Art. 424-440). 

Por aquel entonces, salvo los opositores que 
añoraban el viejo país -en especial la derecha so- 
cialcristiana-, la Asamblea, en amplia mayoría que 
rebasó la de PAÍS, apoyó el diseño de la justicia del 
país deseado y soñado. El Régimen de Transición 
(Art. 20-26) estableció los procedimientos para que 
la Función Judicial iniciara de manera independiente 
y autónoma el proceso de renovación. Sin embargo, 
hay que decir, que una vez aprobada la Constitución, 
los judiciales responsables de la renovación no estu- 
vieron a la altura de las exigencias y hubo poca coor- 


Fernando Vega 


109 


dinación y apoyo del Ejecutivo; de alguna manera 
el proceso de renovación judicial aparecía un poco 
ajeno a las prioridades de la Revolución Ciudadana y 
parecía condenada al fracaso. 

El Estado participativo y transparente 

Los sueños de un país con una fuerte participa- 
ción ciudadana se plasmó en el diseño de lo que se 
llamó el “quinto poder”, expresado en la Función de 
Transparencia y Control Social (Art. 204-2010) 
y en el diseño de los órganos de control como la 
Contraloría General del Estado (Art. 211-212), las su- 
perintendencias (Art. 213) y la defensoría del Pueblo 
(Art. 214-216). Hay que decir que el énfasis del diseño 
recayó en la vertiente de la institucionalización de la 
participación para la organización de los concursos 
para elección de cargos públicos y se desdibujó total- 
mente la tarea fiscalizadora y lucha contra la corrup- 
ción, al desaparecer a la Comisión Cívica de Control 
de la Corrupción, este aspecto quedó en un segun- 
do plano, a pesar que la Constitución permite que la 
Función sea parte procesal en la lucha contra la co- 
rrupción. El futuro de esta nueva función del Estado 
tendrá un desarrollo aparentemente insospechado y 
frustrante, como veremos. 

El Estado descentralizado 

El Título V sobre la Organización Territorial 
del Estado (Art. 238-259), diseña el sueño de un 
país descentralizado y que propicie un desarrollo ar- 
mónico y justo de los distintos territorios y pueblos 
del Ecuador para hacer justicia social y territorial y 
potenciar la creación de regiones autónomas y for- 
talecer a los GADs (Gobiernos Descentralizados au- 
tónomos). Sin embargo el Régimen de Competen- 
cias concurrentes y exclusivas y su financiamiento 
(Art. 260-274) entre los distintos niveles de poder y 
su articulación con los ministerios del Gobierno cen- 
tral causaban serias preocupaciones a muchos asam- 
bleístas y a los actores de los territorios que seguían 
el proceso constitucional. Podía preverse conflictos 
en el futuro y de hecho en este tema irían aparecien- 
do concreciones que, lejos de favorecer la descentrali- 
zación, producirían un mayor centralismo. 

Ante el desmantelamiento de la planificación 
del Estado operada por la época neoliberal, el país 
soñado exigía retomar con fuerza los procesos de 
planificación en el marco de las nuevas estrategias 
para el desarrollo trabajadas en el anteproyecto po- 
lítico de PAÍS. El diseño de un Ecuador planificado 
se plasmó en el Título VI sobre el Régimen de De- 
sarrollo (Art. 275-339). El diseño consagró el prin- 
cipio de una planificación participativa del desa- 


rrollo (Art. 279-280) para garantizar la soberanía 
alimentaria, económica, energética y garantizar el 
manejo de los sectores estratégicos y los servicios 
públicos. En éste título se sientan también las bases 
para el diseño de un modelo económico social y so- 
lidario que promueva el trabajo y la producción y la 
democratización de los factores de producción y el 
comercio justo. De aquí nace la Senplades encargada 
de diseñar el Plan nacional para el Buen vivir. 

El Estado del Buen Vivir inclusivo 

Precisamente, en el Título VII la Constitución di- 
seña el Régimen del Buen Vivir que incluye un Sis- 
tema Nacional de Inclusión Social (Cap. I o Art. 
340-394)) que garantiza el acceso inclusivo y parti- 
cipativo de la población a la educación, a la salud, se- 
guridad social, la gestión de riesgos, cultura física y 
deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 
información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tec- 
nología, población, seguridad humana y transporte. 
En el Cap. 2 o Biodiversidad y Recursos Naturales 
(Art. 395-415) se desarrollan los principios y garan- 
tías para un desarrollo sustentable en coherencia con 
los Derechos de la Naturaleza, la protección y conser- 
vación de los ecosistemas, la biodiversidad y el patri- 
monio natural y su uso social. Hay un énfasis en la 
soberanía y propiedad del Estado sobre los Recursos 
Naturales y Estratégicos que posibilitan un manejo 
centralista y vertical de los mismos. 

El Estado soberano 

Así llegamos al Título VIII sobre las Rela- 
ciones Internacionales (Art. 416-423) en el cual 
se aseguran los principios (Art. 416) y normas que 
garantizan el diseño de un Ecuador soberano, in- 
sertados en el concierto de los demás estados y de 
manera especial en los procesos de integración La- 
tinoamérica. Ya en el Art. 5 se había declarado te- 
rritorio de paz y la prohibición del establecimiento 
de bases extranjeras con propósitos militares en el 
territorio, ahora se reitera en el Art. 416, numeral 4. 
Hay que destacar el principio de la ciudadanía uni- 
versal y la libre movilidad de los habitantes del pla- 
neta en el numeral 5. Se promueve la conformación 
de un orden global multipolar en el numeral 10. 

A partir del Art. 417 se equiparan los tratados 
internacionales con la Constitución y se ordena 
que “En el caso de que los tratados y otros instru- 
mentos relacionados con los derechos humanos 
se aplicarán los principios pro ser humano, de no 
restricción de derechos, de aplicabilidad directa 
y de clausula abierta establecidos en la Consti- 
tución”. En el tema de los tratados internacionales, 


110 


El correísmo al desnudo 


estos se supeditan a la aprobación de la Asamblea 
nacional en casos específicos; entre ellos, los que se 
refieran a los derechos y garantías establecidas en la 
constitución (Art. 418, numeral 4) y los que compro- 
metan el patrimonio natural y en especial el agua, la 
biodiversidad y su patrimonio genético (numeral 8). 

En el Art. 420 se prevé la posibilidad de ratifica- 
ción o denuncia de los tratados internacionales vía 
referendo. Art. 421: la aplicación de los instrumen- 
tos comerciales no podrán menoscabar los derechos 
del buen vivir. Art. 422: Se prohíbe celebrar trata- 
dos internacionales en los que el Estado ecuatoriano 
ceda jurisdicción y soberanía a instancias de arbi- 
traje internacional en controversias del Estado con 
personas o entidades privadas. Se estableces restric- 
ciones en lo referente a soluciones con problemas 
relacionados con la deuda externa. Como podemos 
constatar, en el ámbito de las relaciones internacio- 
nales, hay mucha coincidencia entre el país soñado 
y el diseño constitucional. 

El Estado Constitucional y la 
seguridad jurídica 

Finalmente abordamos el Título IX sobre la 
Supremacía de la Constitución donde se trata 
de los Principios (Art. 424-428), este título incor- 
pora a la Constitución los principios, instituciones y 
candados del neoconstitucionalismo moderno, para 
superar el viejo vicio de las constituciones ecuato- 
rianas que quedaban escritas en el papel, pero de 
poco servían para orientar el ordenamiento jurídico 
secundario y que muchas veces no encontraba cau- 
ses para su aplicabilidad. 

Se establece la constitución como norma supre- 
ma y la nulidad de cualquier ordenamiento jurídico 
que la contradiga (Art. 412); se ratifica el principio 
de aplicación directa y cumplimiento inmediato de 
la Constitución y de los tratados internacionales de 
Derechos Humanos (Art. 416) y la obligatoriedad del 
principio de aplicación del derecho progresivo, es 
decir de las formulaciones más favorables y la obli- 
gatoriedad de los jueces de suspender toda acción 
en caso de duda y obligatoria consulta a la Corte 
Constitucional (Art. 428). 

En este mismo título se diseña la Corte Consti- 
tucional (Art. 429-440). Se trata del órgano más 
importante creado por la Constituyente ya que está 
encargada del control e interpretación constitucio- 
nal (Art. 429), dotada de total independencia y au- 
tonomía (Art. 430); además los nueve miembros de 
la Corte gozan de una extremada inmunidad ya que 
no están sometidos ajuicio político. Solo podrán ser 
acusados por el fiscal general y juzgados y condena- 
do por las dos terceras partes del pleno de la Corte 


Nacional de Justicia (Art. 431). Sus miembros duran 
nueve años y serán removidos en un tercio cada tres 
años. Son designados por una comisión formada por 
delegados de las funciones del Estado mediante un 
concurso público y veeduría ciudadana (Art. 434). 
La Corte conocerá las acciones de inconstitucionali- 
dad de oficio y a petición de parte de todos los actos 
legislativos, administrativos y de Gobierno que vul- 
neren los derechos constitucionales y expedir sen- 
tencias que creen jurisprudencia (Art. 436). 

Es importante registrar el texto del Art. 437: 
“Los ciudadanos en forma individual o colecti- 
va podrán presentar una acción extraordinaria 
de protección contra sentencias, autos y reso- 
luciones con fuerza de sentencia”, bajo ciertas 
condiciones. Este artículo fue muy cuestionado por 
la los asambleístas de la oposición, aduciendo que 
se estaba creando una cuarta instancia. Sin embar- 
go fue defendida por la mayoría de asambleístas de 
PAÍS con plena conciencia de que se quería asegu- 
rar que los derechos y garantías constitucionales no 
quedaran en letra muerta. Como se verá, este artícu- 
lo tendrá luego su historia. 

Así mismo el Título concluye el texto constitu- 
cional con el Capítulo referente a las Reformas 
de la Constitución (Art. 441-444), en los que se 
trata de las enmienda (Art. 441), de la reforma par- 
cial (Art. 442) y de las reformas que impliquen tocar 
los derechos y garantías constitucionales que solo 
podrá ser realizada mediante calificación de la Cor- 
te Constitucional y convocatoria a una nueva cons- 
tituyente, previa consulta popular (Art. 443-444). 
Los candados colocados por los constituyentes aspi- 
ran a dar a la Constitución la estabilidad y seriedad 
necesaria para que el diseño del Estado perdure por 
largo tiempo y no esté sujeta al manoseo permanen- 
te de los gobiernos de turno. Estos candados ya han 
sido objeto de controversia luego del plebiscito apro- 
batorio de septiembre de 2008. 

Algunos hechos importantes 

Tras este somero recorrido por el texto constitu- 
cional y al constatar el diseño de Estado propuesto, 
es necesario resaltar algunos hechos conexos con el 
desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente. Lo 
primero que hay que decir es que aunque se convocó 
a una asamblea de plenos poderes, en la práctica, 
los poderes de la constituyente fueron limitados. 
Estos límites no vinieron de la propia Asamblea, 
que siempre reivindicó los plenos poderes frente a 
las protestas de la oposición, sino de un acuerdo al 
interno de los círculos del buró político de PAÍS y 
el presidente Rafael Correa. A este propósito el dis- 
curso de Correa en la inauguración reflejó tensiones 


Fernando Vega 


111 


con el presidente de la Asamblea, Alberto Acosta. 
Además Correa fijó ciertos límites doctrinales que 
la Asamblea no podría transgredir. 

Durante la aprobación de los textos constitucio- 
nales surgieron importantes discrepancias entre el 
Ejecutivo en funciones y la Asamblea presidida por 
Alberto Acosta en algunos temas, de manera espe- 
cial en aquellos relativos a la plurinacionalidad 
del Estado, los derechos colectivos, particular- 
mente, la consulta previa, los derechos sexuales 
y reproductivos y el control del Estado sobre los 
recursos naturales. Parecía claro que, PAÍS coinci- 
día y consensuaba democráticamente la mayoría de 
los textos, pero ya se manifestaba, en importantes 
detalles, un conflicto entre tendencias difícilmen- 
te conciliables. En los puntos decisivos se impuso 
Correa. Hay que recordar que algunos asambleístas 
fueron calificados por el presidente como “infiltra- 
dos” y acusados de tener “agenda propia”. 

Sin duda el incidente más importante ocurri- 
do durante la Asamblea Constituyente ocurrió un 
mes antes de su finalización, con la sustitución de 
la presidencia de Alberto Acosta por la de Fernan- 
do Cordero, el 27 de junio de 2008. Esta sustitución 
fue fruto de un grave conflicto interno de PAÍS. El 
plebiscito de convocatoria a la Asamblea había pre- 
visto seis meses y dos más como plazo para elaborar 
la nueva constitución. A punto de agotarse el plazo 
ya prorrogado se hizo evidente que se necesitaría 
algún tiempo más (un mes por lo menos) para lograr 
culminar la redacción y aprobación del texto cons- 
titucional; Acosta lo planteó en el buró político de 
PAÍS y allí ardió Troya. 

Correa ya venía acusando al presidente consti- 
tuyente de ser “demasiado democrático” y no fal- 
taron quienes atribuían a la conducción de Acosta 
el retraso de la Asamblea, ya que de hecho Correa 
hubiera deseado poder tener la constitución para el 
24 de mayo de 2008. 

Se le pidió a Acosta dar un paso al costado y Fer- 
nando Cordero se ofreció para terminar la constitu- 
ción en el tiempo previsto. Ello requería trabajar a 
presión, forzando los procesos y reglamentos de la 
Asamblea y disminuyendo la calidad democrática de 
la misma. La oposición, que de haberse dado la pro- 
rroga, hubiera escandalizado a la opinión pública, de 
todas maneras encontró sobrados motivos y oportu- 
nidades para hacerlo, a propósito del irregular funcio- 
namiento de la Asamblea en su último mes de trabajo. 

Si bien los textos constitucionales ya habían sido 
trabajados en las mesas -no había la Constitución 
bajo el brazo-, traída desde Venezuela, como brama- 
ba la oposición- sin embargo, hay que insistir en que 
la calidad del proceso cayó de manera importante. 
Los asambleístas que hasta entonces habían votado 


con PAÍS, se sumaron a los opositores, dejando de 
asistir a las mesas. Los últimos textos encontraron 
dificultades para contar con el quorum en las mesas; 
una comisión del buró y asambleístas debió encar- 
garse de elaborar el régimen de transición; la comi- 
sión de redacción debió reducir casi cien artículos de 
los textos salidos de las mesas. Los asambleístas no 
conocieron el texto definitivo casi hasta el momento 
de la votación. La aprobación del texto definitivo se 
hizo contra reloj con asambleístas cansados y medio 
dormidos lo que valió que el secretario de la Asam- 
blea hiciera la histórica llamada a los asambleístas: 
“despiértense y voten”. 

Conclusiones 

Si contrastamos los elementos del “País Soñado” 
del Plan de Gobierno de PAÍS 2007-2011 y el texto 
de la Constitución de 2008, podemos percibir que 
el texto constitucional “diseñó un país” recogiendo 
prácticamente todos los elementos del país soñado. 
Sin embargo en algunos aspectos la Constitución 
llevó los temas de derechos y garantías constitu- 
cionales más allá de las formulaciones del Plan de 
PAÍS, poniendo muy en alto los estándares exigidos 
al Estado para su cumplimiento, nivel que quizá no 
fue suficientemente reflexionado y asumido por la 
mayoría del buró político de PAÍS y del propio pre- 
sidente Correa. Lo mismo ocurrió con los temas re- 
lacionados con la plurinacionalidad, los derechos de 
la naturaleza y el concepto del “Buen Vivir”. 

Los incidentes y discrepancias acontecidas du- 
rante la realización de la Asamblea y que hizo crisis 
en la sustitución de Alberto Acosta por Fernando 
Cordero, ya revelaron que había dos maneras de en- 
tender aspectos importantes del “País Soñado”. En 
estos aspectos uno era el sueño de los movimientos 
sociales y de los asambleístas vinculados con estos 
sectores y otro era el sueño del presidente Rafael 
Correa. Hay que decir que a la hora de concretar el 
diseño del Estado deseado en el texto de la Constitu- 
ción, el presidente Correa tuvo la habilidad de que el 
diseño favoreciera, en aspectos claves, un proyecto 
propio, que se distanciaba del consenso general lo- 
grado en la minga convocada para soñar el Ecuador 
de todos y todas. El país de la Constitución se pres- 
taría para que algunos de los soñadores de primera 
hora quedaran excluidos en el futuro. 

Por lo que se refiere a la importancia misma de 
la Constituyente y la Constitución por ella elabora- 
da, cabe decir que el presidente Correa estaba más 
empeñado en tener una nueva Constitución que 
una buena Constitución, suficientemente debatida y 
consensuada; y aunque esta fuera celebrada como 
“un canto a la vida” y la “constitución para 300 años”, 


112 


El correísmo al desnudo 


pronto se podría colegir que la constituyente fue im- 
portante en ese momento para los intereses políticos 
de un PAÍS ya liderado, hegemónicamente, por Rafael 
Correa, pero, se podía anticipar que la Constitución 
no tendría el carácter de “proyecto de vida en común” 
o “nuevo pacto social” y que no tendría la importan- 
cia que le confirió la convocatoria popular y la na- 
turaleza y vigencia futura de los artículos constitu- 
cionales no tendrían el peso que se esperaba. Incluso 
llegará a ser una camisa de fuerza incómoda para el 
presidente. Alguien se había apropiado tanto de los 
sueños que los había convertido en su sueño personal. 

El Estado en proceso de ejecución 

Hay que comenzar reconociendo la enorme tarea y 
riesgo que implicaba para PAÍS y Rafael Correa ganar 
las elecciones y tratar de hacer realidad el “país soña- 
do” por la mayoría de los ecuatorianos. El contar con 
el “diseño del nuevo Ecuador” de la Constitución de 
2008, ayudaría mucho en la tarea, pero también gene- 
raría dificultades, como podemos entender a partir de 
los pronunciamientos del propio presidente de la Re- 
pública y de las iniciativas generadas por él. Cabe aquí 
traer a colación lo dicho hace varios siglos por Nicolás 
Maquiavelo en su obra “El Príncipe” en el capítulo “So- 
bre los principados que se adquieren por el valor 
personal y las armas propias”, el pasaje que citamos 
a continuación tiene el valor de profecía sobre los acon- 
tecimientos que suceden en el Ecuador de hoy: 

Los que llegan a ser príncipes por esos medios (valor 
personal y armas propias), no adquieren soberanía sin 
trabajo, pero la conservan fácilmente, y las dificultades 
con que tropieza al conseguirla provienen en gran par- 
te de las nuevas leyes de las nuevas instituciones que 
se ven obligados a introducir, para fundamentar el Es- 
tado y para proveer a su seguridad. Nótese bien que no 
hay cosa más ardua de manejar, ni que se lleve a cabo 
con más peligro, ni cuyo acierto sea más dudoso, que el 
obrar como jefe, para dictar estatutos nuevos. Y cuando 
uno quiere discurrir sobre este asunto, tiene que con- 
cluir que los tibios no aciertan nunca, ni conducen las 
cosas a buen fin, pero los que tienen suficiente energía 
para obligar, rara vez dejan de conseguir sus propósitos. 
Por eso todos los profetas armados han sido vencedores, 
y los desarmados abatidos. 

La izquierda en el gobierno 

Es necesario hacer notar que en ninguno de los 
textos analizados han aparecidos términos como “iz- 
quierda” o “socialismo”. Sin embargo sí han estado 
presentes en los discursos, no solo del presidente, 


sino también en boca de algunos de sus colabora- 
dores. El primero, para calificar a los excluidos del 
“sueño” comunitario de “izquierdistas trasnochados e 
infantiles” y el segundo dentro de la definición, toda- 
vía indescifrable, del “socialismo del siglo XXI”, que 
intenta nombrar el talante reformador, según unos, o 
revolucionario, según otros, de los gobiernos progre- 
sistas de moda en América Latina. 

Toda esa experiencia acumulada por las izquier- 
das y la oportunidad creada por la situación econó- 
mica boyante del Continente han hecho posible los 
procesos venezolano y boliviano como también el 
proceso ecuatoriano de la llamada Revolución Ciuda- 
dana. Y como las oportunidades no se presentan dos 
veces, Rafael Correa y los muchachos de PAÍS se lan- 
zaron a la aventura de ganar las elecciones y hacerse 
del poder con la voluntad y determinación: para hacer 
lo que había que hacer; siempre atentos a cualquier 
viento golpista real o imaginario y para permanecer 
en el poder por largos años. Esta voluntad, encarnada 
en las cualidades carismáticas y de entrega del líder 
tendría que hacer prevalecer el pragmatismo del po- 
der y de la política real sobre cualquier exquisitez de 
tipo ideológico y ético. Si se quería tener éxito en la 
empresa habría que imponer más que proponer. 

El cotejo de los distintos análisis y evaluaciones 
del proceso de la revolución ciudadana hacen ver 
que el proceso de la revolución ciudadana ha tenido 
una evolución cuyas fases están marcadas por los 
momentos electorales, y como consecuencia tam- 
bién el carácter del Estado que se va construyendo 
tiene también un camino evolutivo. Tras seis años 
de Régimen ya es posible visualizar lo que perma- 
nece y se ha cumplido del Programa de Gobierno 
original de 2006, pero también lo que se ha ido apar- 
tando, no solo de las formulaciones del Proyecto ori- 
ginal, en la línea de una interpretación más perso- 
nal que colectiva, sino también del “país diseñado” 
en la Constitución de 2008. 

Los sueños cumplidos 

Para evaluar en qué medida los sueños y los di- 
seños se han cumplido basta analizar tanto los in- 
formes y estadísticas del Gobierno y de organismos 
internacionales. Como dice una de las más acertadas 
propagandas gubernamentales “hasta un ciego lo 
puede ver”. El decidido apoyo de la mayoría de los vo- 
tantes ecuatorianos en las últimas elecciones es una 
encuesta de carne y hueso sobre el cumplimiento y la 
realización de los sueños. El discurso de la oposición 
de que “estamos peor que nunca” no tiene asidero en 
la realidad ni hace eco en la conciencia de las grandes 
mayorías beneficiadas por muchas de las concreciones 
de los sueños y de los lineamientos constitucionales. 


Fernando Vega 


113 


En una breve síntesis: Hemos recuperado el Esta- 
do de manera que hoy ya puede cumplir con los fines 
diseñados en la Constitución. Los altos ingresos del 
petróleo y la mejora de la recaudación tributaria han 
permitido invertir en obra pública como carreteras, 
escuelas, hospitales y cumplir satisfacer las necesi- 
dades de muchos ecuatorianos en vivienda, en disca- 
pacidades y muchas otras. Muchas instituciones del 
Estado se han fortalecido. La Asamblea Legislativa 
ha cumplido casi con todas las leyes mandadas por la 
constitución. Hasta la justicia ha mejorado en cuanto 
a edificios y recursos tecnológicos. El Ecuador aparece 
como un país soberano en el concierto internacional. 
El Estado se ha modernizado y es mucho más eficien- 
te. El presidente y su causa tienen el reconocimiento 
interno y externo. Comparado este presidente y este 
Gobierno con los que tuvimos en las décadas de la 
partidocracia, aparece como un gigante. Sin duda es 
el mejor que hemos tenido. 

Sin embargo, “no es oro todo lo que reluce”, si 
analizamos con detalle y sentido crítico los “sue- 
ños”, “los diseños” y “las realidades”. Para ello no 
es necesario inventarse nada ni sacar conejos de 
la chistera, basta hacer un seguimiento de los di- 
chos y los hechos del presidente Correa y los resul- 
tados de la institucionalidad del Estado que se está 
construyendo al margen de la Constitución y de los 
derechos de muchos de la ciudadanía ecuatoriana. 
También un ciego, con oído y tacto finos lo puede 
percibir, aunque la miopía y la presbicia de muchos 
videntes, no sea capaz de detectarlo. El carácter del 
Estado que se está construyendo es preocupante y 
no es, ni mucho menos, el mejor que podíamos te- 
ner. Veámoslo, dichos y hechos al canto, con alguna 
paciencia, aunque en panorámica, porque al detalle 
sería muy largo. 

El control de los poderes del Estado 

Aprobada la Constitución el primer golpe de los 
nuevos poderes fácticos contra el Estado diseñado 
en la Constitución ocurrió el 28 de octubre de 2008. 
De manera curiosa el régimen de transición se “olvi- 
dó” de diseñar la hoja de ruta del paso del Tribunal 
Constitucional a la Corte Constitucional. Había un 
imperdonable vacío: ¿cómo el nuevo orden naciente 
podía estar sin el órgano más importante de control 
de la Constitución? Entonces, de la noche a la maña- 
na y casi sin reparos el viejo y extinguido Tribunal 
Constitucional se metamorfoseó en Corte Constitu- 
cional “provisional”, hasta que el Consejo de Parti- 
cipación Ciudadana tuviera tiempo de ocuparse del 
asunto, que no sería sino al final de todas sus tareas. 
Curiosamente la mayoría de los integrantes eran 
cercanos al Régimen. El Ejecutivo no dijo ni chus ni 


mus y la gente tampoco. El golpe de timón se inscri- 
bió en el Registro Oficial, como dios manda. 

El segundo gol vendría muy poco después, a car- 
go del Congresillo que aprobó la Ley de Minería, el 
26 de enero de 2009, que no estaba entre las prio- 
ridades determinadas por la Constitución, como la 
Ley de Aguas y otras. Dicha aprobación se realizó 
de manera inconstitucional porque no se cumplió 
con la consulta prelegislativa ordenada por el Art. 
57, numeral 17 de la Constitución. El Ejecutivo san- 
cionó la ley sin decir chus y la Corte Constitucional 
tampoco dijo mus. Cuando las comunidades recla- 
maron la Corte dijo que la aprobación sí era incons- 
titucional, pero que por esta vez, se aceptaba, vigi- 
lando que en el futuro no volviera a ocurrir. Para 
entonces el presidente Correa ya había decidido que 
el Ecuador no podía seguir siendo pobre, “sentado 
sobre un saco de oro” -expresión acuñada por Hum- 
bolt, y muy apreciada por Correa- y se convirtió en 
el primer minero y promotor de la extracción a gran 
escala en el Ecuador. 

El tercer gol anotado por el gobierno de PAÍS fue 
la cooptación del Consejo de Participación Ciudada- 
na y Control Social ocurrida el mismo enero de 2009. 
Tener el control de este organismo era fundamental, 
porque dicho Consejo se convirtió en la pieza clave 
para garantizar que todos los demás organismos del 
Estado contaran con personal cercano al Gobierno y 
a las filas de PAÍS. Asegurada la Corte Constitucio- 
nal, había que asegurar la designación del Fiscal, del 
Contralor y demás organismos de control, así como 
los miembros del Consejo de la Judicatura -que ten- 
drá su propia historia- y los miembros del Conse- 
jo Electoral. La “coordinación” de las Funciones y 
organismos del Estado pedida por la Constitución, 
para llevar adelante el proceso de cambio del país, 
fue interpretado por el Gobierno como la necesidad 
de controlar todos esos poderes y organismos. 

El control de la Asamblea Legislativa, con el aca- 
paramiento de las presidencias de las comisiones 
y la neutralización de aquellas en las que la oposi- 
ción podía tener algún protagonismo permitió a la 
Asamblea legislar con bastante agilidad y en coordi- 
nación con el Ejecutivo. Sin embargo el diseño cons- 
titucional ha sido abusado por el presidente de la Re- 
pública tanto en el envío de leyes urgentes como en 
la utilización del veto. En varias ocasiones la débil 
protesta del presidente de la legislatura reclaman- 
do alguna consideración por parte del Ejecutivo, ha 
merecido más bien la reprimenda autoritaria. Varios 
asambleístas, que en tiempos de la Constituyente 
fungían como más independientes y críticos, ahora 
han plegado con sumisa obediencia a los dictámenes 
del líder. A pesar de todo el control no ha sido total, 
de allí que leyes como las de comunicación no han 


114 


El correísmo al desnudo 


podido ser aprobadas, para satisfacer las exigencias 
presidenciales. Lograr el control total será el reto en 
las siguientes elecciones para renovar la Asamblea. 

Dicen las malas lenguas que el presidente, en el 
transcurso de los días de 2009 se había convertido 
del concepto del sumak kawsay constitucional al 
paradigma de desarrollo de Singapur y los tigres 
asiáticos, cuyas economías y modelos de desarrollo 
eran una maravilla digna de ser imitada: crecimien- 
to sostenido, extractivismo, tecnología de punta, go- 
bierno de las élites del conocimiento, población dis- 
ciplinada y sumisa y mano dura con la disidencia y 
la protesta. Algunos colaboradores cercanos al pre- 
sidente fueron saliendo sin pena ni gloria para ser 
sustituidos por otros más afines a los nuevos vientos 
que empezaban a soplar con fuerza en Carondelet. 
Ello explicaría que el propio presidente admitiera 
que tocante a la matriz productiva y de acumulación 
no se ha dado revolución alguna y los datos econó- 
micos lo confirman: los ricos hoy son más ricos, 
aunque los pobres están un poco menos mal, gracias 
a los subsidios y a la mejora de los servicios. 

Persecución y restricción de derechos 

Ante la persistencia de los reclamos y la oposi- 
ción generada por la Ley de Minería, en los territo- 
rios destinados al sacrificio minero por indígenas y 
campesinos del Austro y Suroriente del País, por una 
parte, y por otra ante los cuestionamientos teóricos y 
científicos de los defensores del Buen Vivir, el presi- 
dente Correa declaró que las izquierdas tirapiedras y 
los ecologistas infantiles eran los peores enemigos de 
la revolución, peores incluso que la derecha. Entonces 
empezó la represión y persecución de las protestas 
sociales a base de algunos artículos legales de la épo- 
ca de las dictaduras que seguían vivos a pesar de que 
los jueces ya no debían aplicarlos por ser contrarios 
a la Constitución. Así, por decisión gubernamental 
el Ecuador estaba lleno de terroristas y conspirado- 
res que atentaban contra la seguridad del Estado. 
Paradójicamente, si la Constituyente había dado am- 
nistía a los perseguidos sociales de la partidocracia, 
ahora el Gobierno perseguía a quienes se atrevían a 
cuestionar sus decisiones. 

Más adelante, los escándalos de los contratos del 
Gran Hermano (inicios de 2012), salieron a la luz y 
dieron motivo a la oposición y a la prensa para el 
ataque al Régimen apuntando al corazón del presi- 
dente y su familia. El caso llevó al extremo la po- 
lémica entre el Gobierno y los periodistas que los 
acusaba de ser “la prensa corrupta” mientras que 
ellos invocaban la libertad de prensa e información 
y la opinión pública demandaba transparencia en el 
caso. Al fin de cuentas el Gobierno echó tierra so- 


bre el asunto, dando por terminados los contratos 
con Fabricio Correa; no sin una demanda millonaria 
y sentencia de cárcel contra los periodistas inves- 
tigadores Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, 
quienes sacaron a la luz el inmoral comportamiento 
del hermano del presidente. Sentenciados, fueron 
indultados por la magnanimidad del gobernante. 
Para entonces ya era notoria la sumisión de algunos 
jueces a las indicaciones del presidente en casos que 
le concernían personalmente. 

En la nueva controversia que se suscitó a propó- 
sito del 30-S de 2010 -hoy patentado por el Gobierno, 
para que nadie se meta con él- tras la publicación del 
Diario Universo (enero de 2011) de un artículo en el 
que se insinuaban graves responsabilidades del pre- 
sidente en aquellos acontecimientos. Ciertamente, a 
decir de los propios periodistas, el periodista Palacios 
se pasó de la raya, pero lo que convirtió el caso en un 
escándalo nacional y con repercusiones internacio- 
nales, fueron las irregularidades del proceso entabla- 
do por el presidente contra el periodista, irregulari- 
dades que se coronaron con la rapidez de la sentencia 
(20 julio de 2011), que según los demandados se debió 
a la virtud de la tecnología informática de un perso- 
naje célebre llamado “Chuquiseven”. Una vez más el 
periodista fue perdonado, pero huyó del país a refu- 
giarse en los Estados Unidos. 

La inseguridad y el Estado represivo 

Ya desde tiempos de la Asamblea Constituyente, 
la derecha Social Cristina y de Madera de Guerre- 
ro, orquestada por los hermanos Gutiérrez y otros, 
acusaban al Gobierno de estar gestando una Consti- 
tución a favor de los delincuentes -la amnistía dada 
por la constituyente a las “muías” del microtráfico 
era uno de sus argumentos- y de implementar polí- 
ticas migratorias de libre circulación -en la práctica 
la derecha pedía el cierre de fronteras con Colombia 
y Perú-. Aprobada la Constitución, la derecha opo- 
sitora encontró, en las garantías constitucionales 
nuevos argumentos para acusar al Gobierno de ser 
el causante del incremento de la delincuencia. Como 
en muchas otras cosas el Gobierno no supo separar 
el trigo de la paja y se empecinó en decir que el au- 
mento de la inseguridad era un “percepción” aupa- 
da por la prensa corrupta hostil al Gobierno, vale la 
pena recordar la polémica desatada por el ministro 
Bustamante en noviembre de 2009. 

Por aquel entonces y hasta mediados de 2011, el 
Gobierno padecía una esquizofrenia en los temas 
de seguridad. Por un lado no se podía contar con 
una inteligencia policial confiable y la corrupción 
de las redes delincuenciales y policiales heredadas 
del pasado seguían vivas; por otro, la Constitución 


Fernando Vega 


115 


obligaba estándares de calidad en las detenciones 
y procedimientos que los jueces, por ignorancia o 
corrupción no eran capaces de exigir, resultando 
de sus omisiones y comisiones, el uso y abuso de 
las garantías constitucionales para dejar libres a los 
delincuentes. Un caso interesante, muestra de esta 
esquizofrenia: el ministerio de gobierno y las auto- 
ridades de migración detenían por la mañana a los 
inmigrantes colombianos y peruanos sin observar el 
debido proceso y el ministerio de Justicia y la SENA- 
MI los sacaba al día siguiente mediante el recurso 
de habeas Corpus. Esta situación debía ser superada 
si se quería atacar de manera integral y coherente a 
la delincuencia y ofrecer seguridad a la ciudadanía. 

No cabe duda que la llegada del ministro José 
Serrano al Ministerio del Interior (mayo de 2011), 
constituyó una importante decisión del Ejecutivo 
para apalancar la lucha contra la inseguridad y la 
delincuencia y preparar la propuesta de la reforma 
de la justicia, lejos de los devaneos garantistas de la 
Constitución y la aplicación de doctrinas cercanas a 
las de seguridad nacional, donde prima la represión, 
el aumento de penas, la presunción de culpabilidad, 
el criterio de peligrosidad, la publicidad de los más 
buscados, los abusos policiales y judiciales y otras 
herramientas para combatir el delito. Hay que decir 
que México y Colombia son los países en los que se 
han aplicado estas estrategias para generar seguri- 
dad ciudadana y han fracasado; hoy están de vuelta 
de estas malas experiencias. 

A estas alturas el Gobierno ecuatoriano, el de la 
Constitución garantista de Justicia y Derechos, que 
reza que el más alto deber del Estado es la protec- 
ción de los derechos, de manera totalmente incon- 
gruente se ha convertido en el adalid de la propuesta 
para disminuir la capacidad y las competencias de 
la CIDH, con argumentos deleznables. Esta arreme- 
tida se explica, porque el Estado ecuatoriano debe 
curarse en salud, frente al aluvión de demandas de 
ciudadanos ecuatorianos que seguramente llegarán 
al tribunal internacional en busca de la justicia que 
no pudieron obtener en el país, a pesar de haber ago- 
tado todas las instancias. Aparentemente, las pre- 
tensiones del Gobierno por medio de la Cancillería 
tiene todos los visos de fracasar y la CIDH saldría 
fortalecida de esta escaramuza. 

La consulta popular 

En el forcejeo entre la necesidad de garantías del 
proyecto de la revolución ciudadana y las demandas 
de seguridad orquestadas por la derecha, ésta termi- 
nó ganándole la mano al Gobierno e imponiendo sus 
tesis. Había llegado la hora de meterle mano a la jus- 
ticia y de echar para atrás el exceso de garantías y 


constitucionales. Lo primero era más fácil, lo segun- 
do más difícil, pero primero lo primero. El presidente 
convocó a consulta popular, previa calificación cues- 
tionable de la Corte Constitucional, preguntó a los 
ecuatorianos sobre toros y gallos y también le pidió 
autorización para intervenir en la Justicia, como lo 
hicieron antes todos los gobiernos, con el justificado 
pretexto de lograr su saneamiento y modernización. 
Tras este loable deseo, lo que interesaba era poner 
la justicia a disposición de los objetivos políticos del 
Gobierno. La pregunta llevaba un extenso anexo en 
el que se derogaba el Art. 18°, numeral 3 de la Cons- 
titución, el régimen de transición y las disposiciones 
transitorias relativas al funcionamiento del provisio- 
nal Consejo de la Judicatura. 

La consulta popular (5 de febrero de 2012) fue oca- 
sión para que algunas fuerzas que hasta entonces ha- 
bían colaborado con el Gobierno se apartaran de él, 
como es el caso de Ruptura de los 25 y otros colabora- 
dores. El presidente sentenció: “que les vaya bonito”. 
A pesar de una importante campaña en rechazo de 
las reformas bajo el lema de “esta vez no señor pre- 
sidente”, el pueblo dio el beneplácito a las propuestas 
del Gobierno y ni corto ni perezoso Correa nombró 
el Consejo de la Judicatura provisional para iniciar 
la gran reforma de la Justicia. La famosa indepen- 
dencia de la Justica estipulada por la Constitución, 
había sido anulada, con el permiso de una mayoría 
de votantes en las urnas. El Gobierno destinó varios 
centenares de millones de dólares para financiar la 
modernización de la Justicia que se ha ido concretan- 
do en la construcción de edificios y la implementa- 
ción de computadoras y programas para sistematizar 
y agilitar la administración de la Función Judicial. 

La nueva justicia 

Sea porque la personalidad del presidente es de- 
masiado fuerte -como él mismo lo admite, al decir 
que se irá a Bélgica para permitir que sus sucesores 
puedan gobernar- sea porque los jueces y fiscales -con 
honrosas excepciones- son tan enanos y mediocres, 
lo cierto es que el miedo y la cautela se ha instalado 
en las fiscalías y los juzgados, y todos están atentos a 
supuestas o reales directrices emanadas desde el Eje- 
cutivo, vía Ministerio del Interior o vía Consejo de la 
Judicatura. Sin embargo, aparte de los rumores que 
pululan en el mundillo de la justicia, hay hechos ob- 
jetivos que indican que el Gobierno ha dejado de lado 
la tesis del garantizmo constitucional para dar paso a 
doctrinas más cercanas a la represión, endurecimien- 
to de penas, e incluso a la “Doctrina del Derecho Pe- 
nal del Enemigo” de Jakobs, como pueden atestiguar, 
los profesores universitarios que asistieron a confe- 
rencias dadas por emisarios gubernamentales. 


116 


El correísmo al desnudo 


La elección de los miembros de la Corte Nacional 
de Justicia (diciembre de 2012), con veeduría y todo 
a cargo del Juez Garzón es otra de las muestras de la 
discrecionalidad empleada por los afines al Régimen 
en los procesos de selección para garantizar la presen- 
cia, esta vez, de jueces capaces de administrar justicia 
bajo la óptica de los pronunciamientos del círculo de 
la presidencia. Aparte de valoraciones más o menos 
arbitrarias de los méritos de los concursantes en car- 
peta, -por ejemplo, lo que vale para unos no vale para 
otros- una entrevista al final de todo el proceso con 
un valor de diez puntos sirvió para calificar con diez 
a los ungidos por el Gobierno y con uno y pico o dos, 
para posponer a los mejor calificados por los méritos 
y las pruebas escritas, por no constar su fidelidad al 
Régimen. Este particular fue observado por la veedu- 
ría de Garzón, pero el Consejo de la Judicatura dijo 
que lo hecho estaba hecho y que estaba bien hecho, y 
todos los demás estamentos dijeron lo mismo. 

Continuando con referencia a hechos, con fecha 11 
de julio de 2012 el Consejo de la Judicatura, usurpan- 
do funciones que no le corresponden, y para evitar 
los reclamos de los funcionarios públicos separados 
por el famoso decreto de “las renuncias voluntarias 
obligatorias”, envía una circular a los jueces en la que, 
bajo amenaza de castigo, se restringe, de manera in- 
constitucional, el derecho a las acciones de protec- 
ción y se apercibe a los jueces de abstenerse de dictar 
sentencias que afecten a los intereses del Estado. Este 
instructivo se puede encontrar en primer número del 
boletín judicial “El leviatán de la Justicia” realizado 
por el Dr. Jorge Zavala Egas. De esta manera los ciu- 
dadanos quedan indefensos ante los abusos del Esta- 
do. En este contexto también se entiende el conocido 
caso de los 10 de Luluncoto. 

El manejo del caso de los 10 de Luluncoto es una 
de las mejores muestras de los extremos a los que 
puede llegar la estupidez humana ligada a políticas 
de represión y abuso de la justicia. Para sentar pre- 
cedentes y desanimar la protesta social, el Estado, 
a través de sus dignatarios, apresan y acusan a diez 
profesionales jóvenes, violando el debido proceso; 
la fiscalía no logra probar la acusación más allá de 
pruebas muy laterales e inconsistentes; se les man- 
tiene un año detenidos y al final se los sentencia por 
otro delito no contemplado en el proceso; la sentencia 
ordena un año de cárcel, pero como ya lo han cum- 
plido, asunto arreglado y todos contentos. Hechas las 
cuentas, se ha causado daño irreparable a los jóvenes, 
se ha pervertido la justicia y el Estado ha dañado su 
propia imagen generado desconfianza e inseguridad. 
Al final todos pierden, nadie gana. Pero así actúa el 
capricho en el poder. 

El caso mencionado hay que entenderlo en el con- 
texto de la Marcha por la defensa del Agua, la vida 


y la dignidad de los pueblos en marzo de 2012, reali- 
zada desde Macas, capital de la Provincia de Zamora 
hasta Quito para protestar por la firma del contrato 
de explotación minera en la Cordillera del Cóndor. El 
Estado, a través de sus dignatarios, acusó a los orga- 
nizadores de la marcha de intentos de desestabilizar 
al Gobierno y de acciones terroristas. Consta a todo 
el mundo que la marcha fue totalmente pacífica y no 
tuvo más incidentes que las triquiñuelas de la policía 
para retrasarla y hacer más penoso el avance de los 
protestantes, en un recorrido que de por sí era muy 
exigente. En el contexto de la resistencia de las co- 
munidades a los proyectos de extracción de petróleo 
y minerales que amenazan el agua, la biodiversidad y 
la cultura de los pueblos, muchos dirigentes han sido 
perseguidos y amedrentados. Sin embargo hay en las 
comunidades quienes apoyan al Gobierno; inmedia- 
tamente trataremos de explicar este apoyo. 

Planificación, participación 
y descentralización 

Estamos pasando del país soñado y diseñado en 
la constitución, al país de las pesadillas en muchos 
aspectos. Ya hemos visto la Justicia, metamos las 
narices en los procesos de planificación participa- 
tiva y de descentralización. En el país soñado y di- 
señado se aspiraba al fortalecimiento y autonomía 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 
los procesos de planificación participativa. Desgra- 
ciadamente el Gobierno central, en su afán de con- 
trolarlo todo y aún admitiendo la buena intención 
por hacer más eficiente la administración y la con- 
tratación pública, viene implementando en la prác- 
tica una cultura centralista y vertical. Para muestra 
un par de botones: la Senplades se ha convertido en 
el gran centro de diseño y planificación del desa- 
rrollo que por apuntar demasiado alto, desconoce 
los ritmos y posibilidades reales de ejecución. Los 
desajustes en la propuesta de reforma de la educa- 
ción en torno al plazo para tener profesores PHD en 
las universidades, por ejemplo. 

Más grave es la creación de unidades ejecutoras, 
-tan criticadas en el modelo social cristiano-, como 
Ecuador Estratégico, que manejan proyectos que 
deberían ser gestionados y administrados por los 
gobiernos locales. Con esta estrategia, no solo se 
controlan a los distintos niveles de Gobierno con el 
método clientelar del palo y la zanahoria sino que 
se genera la posibilidad de constituir una base de 
contratistas cercanos al Régimen que se benefician 
de las ganancias, -que pueden ser legítimas- pero que 
sirven también para apuntalar la pirámide de apoyo a 
PAÍS y al mismo Gobierno. De igual maneralapresencia 
de las estructuras ministeriales desconcentradas en 


Fernando Vega 


117 


los territorios interfiere y agosta las dinámicas del 
ejercicio de las competencias propias y concurrentes 
de los gobiernos locales. Lejos de garantizar la eficacia 
y la calidad del gasto, este acentuado centralismo es 
causa de retrasos e ineficiencias. 

En relación con la planificación y ejecución de 
proyectos, la tan anhelada y cacareada participa- 
ción ciudadana y la rendición de cuentas, se ha con- 
vertido en un ejercicio superficial que se despacha 
con un Power Point, en los famosos procesos de “so- 
cialización”, donde la ciudadanía, más que actores 
participativos y críticos son beneficiarios agrade- 
cidos, pasivos y obedientes. La penetración de las 
instancias del Gobierno central en lo local sirve, 
además de generar la base clientelar de los progra- 
mas adscritos a los ministerios, para desarticular las 
organizaciones naturales e históricas de la sociedad 
civil -así se entiende la “descorporativización”- y, si 
es necesario, para dividirlas y sustituirlas por otras 
paralelas y artificiales susceptibles de ser controla- 
das por la estructura burocrática del gobierno-PAÍS. 
En estos días en los que se tramita la consulta le- 
gislativa previa a la aprobación de la Ley del Agua, 
aplicando la ley que regula dichas consultas, -en 
esta ley sobre la consulta previa, la trampa está pre- 
cisamente en quién y cómo se elaboran las pregun- 
tas- cabe destacar el hecho de que las comunidades 
serán consultadas por la Asamblea con un listado 
de cinco preguntas avaladas por la Corte constitu- 
cional. Las organizaciones campesinas e indígenas 
están llevando a cabo una consulta paralela, debido 
a que el cuestionario oficial no incluye los interro- 
gantes que nacen de las comunidades. Una vez más 
la consulta previa peguntará cuestiones obvias a las 
que los consultados deberán responder afirmativa- 
mente, sin poder pronunciarse sobre los temas vi- 
tales, como las relaciones entre el agua y la minería 
por ejemplo. Así se realiza la ficción de que se cum- 
ple la Constitución y los tratados internacionales, 
pero es todo lo contrario. 

Transparencia y corrupción 

Otro aspecto que merece nuestra atención tiene 
que ver con el sueño de un país transparente y sin 
corrupción. Si bien es muy posible que la corrup- 
ción haya disminuido notablemente en este Go- 
bierno, aunque hay personas que dicen lo contra- 
rio, de sus experiencias cercanas a los procesos de 
contratación, sin embargo es difícil decirlo, debido 
a la opacidad generada por varias medidas desacer- 
tadas del Gobierno y a la defensa y blindaje de los 
círculos cercanos al poder, en sus distintos niveles. 
A ello hay que añadir el naufragio de los intentos 
de fiscalización política en la Asamblea y las actua- 


ciones, y por lo menos las tardías de la Fiscalía y la 
Contraloría, como ha ocurrido en el reciente suceso 
del préstamo al señor Duzac y las complicaciones de 
Pedro Delgado al frente de importantes organismos 
del Estado. En algunos de los casos de corrupción y 
tráfico de influencias se ha reconocido el delito, pero 
no se han determinado y sancionado a los culpables, 
como ocurrió en los contratos con Fabricio Correa, 
la narcovalija y otros. 

El uso y el abuso de los decretos de emergencia, 
con el enorme volumen de inversión de contratos 
asignados discrecionalmente por el Gobierno, sin 
obligación de observar los filtros necesarios de las 
leyes de contratación pública, no han sido suficien- 
temente auditados, por lo que no se puede asegu- 
rar que no ha habido sobreprecios o inversiones 
desacertadas e inútiles. La creación por parte del 
Gobierno, de la Secretaría de Transparencia al in- 
terior del propio Ejecutivo no muestra evidencias de 
resultados convincentes. Como muestra de la inefi- 
cacia y despiste de la citada Secretaría, cabe citar 
el emblemático caso Gaspeta, en que los empleados 
de Petroecuador en Esmeraldas fueron acusados y 
sancionados con la separación de sus cargos, por 
supuestos actos de corrupción. Desde septiembre de 
2010, ciento cuatro trabajadores fueron privados de 
sus trabajos durante dos años hasta que una acción 
de protección demostró la inexistencia del delito y 
debieron ser reintegrados a sus cargos por orden de 
los jueces en noviembre de 2012. 

Democracia electoral 

Finalmente veamos lo ocurrido con la democra- 
cia electoral, de manera ostensible en torno al úl- 
timo proceso electoral para elección de presidente, 
asambleístas y parlamentarios andinos. 

En contra de lo dispuesto por la Constitución en 
el sentido de que no se pueden hacer reformas con 
dedicatoria a un proceso electoral dentro del año 
anterior a la fecha de las elecciones, la Asamblea re- 
formó la Ley Orgánica de la Función Electoral y el 
Consejo Nacional Electoral ha estado dictando re- 
glamentos y disposiciones hasta en la misma sema- 
na anterior a las elecciones, todo con la venia de la 
Corte Constitucional. Así se reformó la cancha, los 
reglamentos y se condicionó el arbitraje, para que 
PAÍS pudiera resarcirse del desgaste natural tras 
seis años de Gobierno y lograr la mayoría absoluta 
en la Asamblea Legislativa. 

Aunque los hechos son tan recientes y están to- 
davía en la retina de todos, vale la pena rehacer el 
camino que condujo a la reelección de Correa y obte- 
ner mayoría absoluta en la legislatura. La autoriza- 
ción para que el Gobierno pudiera seguir haciendo 


118 


El correísmo al desnudo 


propaganda durante el período electoral, las limi- 
taciones propias de una campaña corta a las que se 
añadieron cortapisas para que los medios pudieran 
favorecer a las agrupaciones y candidatos nuevos, 
la distritalización, bien intencionada en la Consti- 
tución, junto con la adopción del método de D’Hont 
para la distribución de escaños, construyeron el es- 
cenario para la ganancia del correísmo. 

Más todavía, el escándalo montado por el pre- 
sidente en contubernio con el Concejo Electoral 
sobre una supuesta falsificación de firmas -en las 
que dicho sea de paso, perece que el único impli- 
cado era Fabricio Correa, que después de eso hizo 
mutis por el foro y no habló más- con la pretensión 
de dejar fuera del proceso al MPD, a Pachakutik, 
a Ruptura y a otros nuevos movimientos o por lo 
menos desangrarlos para quitarles fuerza, -como 
hace el picador con los toros de lidia-, hasta la 
censura de los pocos espacios de publicidad de 
ciertos candidatos y la campaña sucia de las cade- 
nas de la Secretaría de Comunicación, que fueran 
prohibidas por el Consejo -por lo menos eso, ya 
que rebasaban toda medida-, explican el que junto 
a la reelección, Correa obtuviera mayoría absoluta 
en el parlamento. 

Como podemos ver en torno a la democracia 
electoral, estamos bastante lejos del país soñado 
y del país diseñado en la Constitución. Si la re- 
elección de Correa se debe a los logros de la re- 
volución ciudadana sumados al contacto perma- 
nente del líder carismático con el pueblo y a la 
utilización de los medios de comunicación oficial 
para promover los aciertos del Régimen y denos- 
tar contra sus adversarios políticos; el conseguir 
la mayoría absoluta en el parlamento, en cambio, 
si es fruto de la trampa, la pillería y el oportunis- 
mo desarrollado por el presidente Rafael Correa y 
su burocracia PAÍS superando al mejor estilo de la 
vieja partidocracia. Y lejos de disimular, con falsa 
humildad un triunfo tan pírrico, pues se logró a 
costa de muy grandes pérdidas en la democracia y 
en la institucionalidad del Estado, el triunfador se 
ufana y pide la desaparición de todos los perdedo- 
res, poniéndonos en el camino incierto de la arbi- 
trariedad de un Estado que se construye al andar 
y al capricho del poderoso. 

Conclusiones generales 

Tras este recorrido por el texto del “País Soña- 
do” en los inicios de la Revolución Ciudadana en 
2006, por el texto Constitucional del “País Diseña- 
do” por la Asamblea Constitucional de 2008 y por 
los dichos y hechos de los textos, dichos y hechos 


del Gobierno de Correa hasta 2013 podemos cons- 
tatar que a partir del Estado soñado colectivamen- 
te y original de Alianza PAÍS, a la hora de plasmar- 
lo en una nueva constitución, se pudo constatar 
que en realidad habían dos sueños en conflicto, 
el uno proveniente de los movimientos sociales y 
las organizaciones históricas que participaron en 
las luchas que contribuyeron a crear el escenario y 
la coyuntura política de 2006; el otro proveniente 
básicamente del sueño personal de Rafael Correa 
Delgado y de su círculo más cercano. En el conflic- 
to de estos sueños parieron el texto constitucional 
en el que puede percibirse ya una bifurcación en 
el carácter del Estado que se quería construir: Uno 
más democrático, participativo e inclusivo y otro 
más centralista, autoritario y excluyente. 

De todas maneras, aún a partir de la Constitu- 
ción todavía se podía caminar por andariveles de 
mayor democracia y participación. Sin embargo, 
en el día a día de la construcción del Estado real, 
un nuevo proyecto de Estado se ha ido imponien- 
do con exclusión de importantes sectores políticos 
y sociales de la primera hora, hoy considerados 
como enemigos de ese Estado. El talante autoritario 
y centralista del Estado ha ido creciendo y fortale- 
ciéndose con el apoyo de la mayoría de los votantes 
en las distintas elecciones y consultas, a caballo de 
los importantes logros del Gobierno en materia de 
inversión en infraestructura, mejora de servicios y 
políticas sociales paliativas de la pobreza. 

La decisión gubernamental de llevar adelante 
un proyecto de desarrollo inspirado en la rees- 
tructuración del capitalismo sobre la base de la ex- 
tracción de los recursos naturales no renovables, 
con muy probable detrimento del medio ambiente 
y de la cultura de los pueblos, así como la lucha 
contra la inseguridad y el crimen organizado, jus- 
tifican la implementación de un Estado centra- 
lista, represor y poco respetuoso de los Derechos 
Humanos. El proyecto del gobierno correísta, que 
ya no es de todos los ecuatorianos, se va impo- 
niendo, aún en contra de muchos. Para asegurarse 
del triunfo de este proyecto el Gobierno controla 
todos los poderes, copa todos los espacios, estran- 
gula toda propuesta disidente o alternativa. 

Mientras los partidarios de Correa celebran al 
mejor de los presidentes y gobiernos de la historia 
reciente, -para nada se recuerda de proceso refor- 
mista de la dictadura militar de Rodríguez Lara ni 
las gestas patriótica en búsqueda de soberanía y 
democracia de Jaime Roídos- el régimen correísta 
va, paso a paso, construyendo un Estado muy dife- 
rente del soñado en los inicios y del diseñado en la 
Constitución de 2008. A estas alturas del partido, 
la Constitución, antes celebrada vine siendo vitu- 


Fernando Vega 


119 


perada: es hipergarantista, está llena de errores, 
de sueños ilusos de pajaritos preñados, de nove- 
lerías de ecologistas infantiles y de reivindicacio- 
nes de de indios emplumados y emponchados en 
compañía de los tirapiedras de mamita pega duro. 
Si no se vive como se piensa, se termina pensan- 
do como se vive. En lugar de construir el Estado 
diseñado en la Constitución, hay que reformar la 
Constitución, las veces que haga falta, para que 
dé la medida de la voluntad pragmática de poder. 

Todo parece indicar que caminamos hacia un 
modelo de Estado moderno y neodesarrollista, sin 
división de poderes, sin democracia, con fuertes 
restricciones a los derechos humanos. En el hori- 
zonte está probablemente por venir, la hegemonía 
del partido único de la burocracia-PAÍS, -a imagen 
y semejanza del PRI mexicano- apalancada en las 
políticas sociales de mitigación de la pobreza y de 
la realización de obras. La mayoría absoluta con- 
seguida en el parlamento, en las últimas eleccio- 
nes, abre cualquier posibilidad, desde la reforma 
de la Constitución para restringir derechos, hasta 
la reelección indefinida del líder del correísmo. 
¿Hasta cuándo? Hasta que se termine la plata de 
los recursos no renovables. Entonces el Ecuador 
tendrá que enfrentar los verdaderos problemas, 
para los que no nos habremos preparado duran- 
te estas décadas; solo entonces comprenderemos 
que otros sueños, otro Estado, otra forma de hacer 
política, no solo fueron posibles sino necesarios. 


Forma de Estado y régimen político 
en el gobierno de Rafael Correa 


Francisco Muñoz Jaramillo 

Profesor de economía y sociología de la Universidad Central 
del Ecuador. Director de la Revista La Tendencia. 

Introducción conceptual y metodológica 

Uno de los temas de interés académico y político de- 
sarrollado en la fase del posneoliberalismo en el Ecuador 
y América Latina, es la definición del carácter histórico- 
político de la región, en un momento en que se delibera 
sobre el tema del desarrollo y la alternativa al desarro- 
llo. En el marco de este debate se examina de un lado las 
características del “neodesarrollismo” -para describir al 
capitalismo productivista y tecnocrático ligado al vie- 
jo paradigma del progreso- en el contexto geopolítico 
actual; y de otro, posiciones criticas que demandan un 
desarrollo alternativo, que limite el extractivismo y, res- 
pete a la naturaleza, decantando con la concepción de 
progreso que ha caracterizado al capitalismo desde su 
temprano inicio. Como nos recuerda Bolívar Echeverría 
a propósito de los 200 años de la independencia, la fata- 
lidad de América Latina consiste en la “imitación-copia” 
del productivismo capitalista que reprime el verdadero 
ser latinoamericano que busca transitar hacia formas 
nuevas de civilización (Echeverría, 2010: 2). 

En esta perspectiva, el pensamiento crítico en el 
Ecuador ha buscado explicar la novedad histórica a par- 
tir del análisis de los procesos de reestructuración de la 
forma de Estado, en correspondencia con el modelo de 
desarrollo y el régimen de acumulación que se ha im- 
plementado en el período del gobierno de Rafael Correa 
(2007-2012) y que tiene como punto de partida la dispo- 
sición constitucional del Sumak Kawsay. 

Este artículo tiene por objetivos: (i) Caracterizar la 
forma de estado en construcción en el período señalado. 


y (ii) Describir algunas características del entrama- 
do institucional que constituye el régimen político en 
referencia a la forma de Estado y las clases en su lu- 
cha, las contiendas electorales, así como la acción de 
los movimientos sociales y las agrupaciones políticas. 

Una de las tradiciones convencionales más im- 
portantes, diríamos hegemónicas del pensamiento 
social y político en la actualidad, es el “neoinstitu- 
cionalismo”, que sostiene que las instituciones políti- 
cas deben ser analizadas como variables explicativas 
autónomas, dotadas de una lógica propia, y no como 
resultantes de las estructuras económicas y las fuer- 
zas sociales en conflicto en torno a la lucha y la con- 
servación del poder del Estado. 

Esta introducción no pretende dialogar amplia- 
mente con los matices de esta corriente teórica, sino 
demarcar posición desde el pensamiento crítico 
(Echeverría, 1986: 42-43) que constituye la teoría ex- 
plicativa de este trabajo. 

La mencionada corriente “neoinstitucionalista” ha 
iluminado algunas de las interpretaciones académi- 
cas y/o políticas respecto a la configuración del Es- 
tado y el Régimen en el período de Rafael Correa. De 
acuerdo con esta concepción, se ha puesto el énfasis, 
unilateralmente, en la parte formal-institucional de 
la armazón del Estado, y en la conducta y representa- 
ción de los actores, dejando en la sombra (mistifican- 
do) aspectos estructurales como el proceso de confi- 
guración del bloque en el poder y su hegemonía, lo 
que viene dado por los intereses, conflictos y alianzas 
concretas de las clases y sus fracciones en el contex- 


Francisco Muñoz Jaramillo 


121 


to económico de cambio de la matriz productiva y/o 
régimen de acumulación generado en el período en 
mención. Desde esta perspectiva formal-institucio- 
nalista se ha calificado al gobierno de Rafael Correa 
como “autoritario” y “populista”. 

De su lado, ciertos sectores académicos cercanos 
al gobierno de Rafael Correa han interpretado el Es- 
tado ecuatoriano en proceso de restructuración como 
una institucionalidad que representa de manera au- 
tónoma los intereses del pueblo, la ciudadanía y la 
nación-, esto a partir de concebir al Estado como la 
institución que desarrolla sus propios recursos y apa- 
ratos y, en consecuencia, puede independientemente 
ejercer el poder, desde los dispositivos jurídico-políti- 
cos o la acción individual o institucional vinculada al 
Estado 1 , coincidiendo así con el mencionado enfoque 
neoinstitucionalista. Desde una suerte de conciencia 
mistificadora y fetiche de la realidad se concibe al Es- 
tado como una institución dotada de recursos orga- 
nizacionales que le confieren por sí mismo capacidad 
de iniciativa y decisión, lo que coincide con una de las 
versiones presentes en el debate académico ecuatoria- 
no, cuando se comprende al Estado como el conjunto 
de instituciones para el control social y la toma de de- 
cisiones vinculantes (Andrade, 2009: 13). 

El presente artículo aborda la interpretación del pe- 
ríodo tomando en cuenta la caracterización hecha por 
el pensamiento crítico que diferencia los intereses de 
clase y su lucha (el poder del Estado) respecto al nivel 
jurídico político (aparato de Estado), es decir las clases 
y su poder, de un lado, y de otro, el entramado institu- 
cional, es decir su forma. Desde este enfoque, enton- 
ces, el artículo se desmarca de la corriente del “neoins- 
titucionalismo” que cuestiona al pensamiento crítico el 
limitado o ningún tratamiento de la institucionalidad 
formal -jurídico política- que conforma al Estado, prin- 
cipalmente el Estado moderno o capitalista. 

Desde este punto de vista, la funcionalidad institu- 
cional del Estado no se agota en el poder o dominio de 
clase. En determinadas circunstancias de la lucha polí- 
tica puede actuar incluso a contrapelo de los intereses 
inmediatos de las clases dominantes para -a largo pla- 
zo- garantizar en cambio los estratégicos o generales 
del dominio político; lo que lleva a considerar uno de 
los rasgos más importantes -la autonomía relativa- del 
Estado moderno o capitalista. 

“Como se sabe, el concepto de autonomía relativa 
del Estado capitalista fue teóricamente elaborado por 
Nicos Poulantzas en Pouvoir politique et classes socia- 
les. Ese trabajo generó -dice Ñervo Codato- que los au- 
tores marxistas, o de inspiración marxista, retomaran 
los estudios sobre el Estado a partir de los años 70. Fue 
ciertamente la preocupación de conjugar teóricamen- 
te la idea de la naturaleza de clase del aparato estatal 
con la autonomía relativa de ese aparato frente a las 


clases dominantes la que orientó, de diferentes mane- 
ras, los trabajos de Joaquim Hirsch, Claus Offe, Elmar 
Altvater y Ralph Miliband, entre otros” (Monseff, R., 
Ñervo, A., 2003: 11). 

Este enfoque también deslinda campos con el pun- 
to de vista mecanicista-determinista, propio de la tra- 
dición ortodoxa del marxismo, que ha interpretado al 
Estado como el instrumento sin más de las clases y 
de sus intereses, desconociendo y negando el carác- 
ter y estructuración institucional y sus efectos en la 
configuración del Estado, determinando el régimen 
político. A partir de esta ubicación interpretativa se 
suele criticar, en nuestro medio, como “antimarxista” 
a las posiciones de izquierda que califican al gobier- 
no de Rafael Correa desde su representación y lógica 
institucional, posturas que claramente adhieren a con- 
cepciones mecanicistas alejadas de una línea de reno- 
vación actual del pensamiento crítico 2 . 

Desde el punto de vista de la interrelación dialécti- 
ca del Estado en construcción, entre la institucionali- 
dad, por una parte, y los intereses de clase y su poder, 
por otra; en este documento se ha incluido el análisis 
de las características generales del entramado institu- 
cional principal que se ha construido durante el go- 
bierno de Rafael Correa, pero ligadas dialécticamente 
a los intereses y contradicciones de clase y a los rasgos 
que se destacan de la forma de Estado en configura- 
ción en el período. 

Precisamente en esta línea se diferencia la forma del 
Estado y el régimen político (Poulantzas, 2001: 192- 
202) 3 , entendiéndose por forma de Estado a la articu- 
lación o estructuración de intereses de clases, fraccio- 
nes o facciones, grupos económicos, poderes de facto, 
entrelazados y conducidos todos ellos por aquel grupo 
o fracción que domina a las otras y las conduce he- 
gemónicamente, desde una perspectiva estratégica del 
domino político; y por régimen político a las formas 
y mecanismos jurídicos o consuetudinarios que expre- 
san y regulan los vínculos entre el Estado, la sociedad 
y economía. Por eso, en este nivel se encontrará el en- 
tramado institucional del Estado que norma las rela- 
ciones entre las principales funciones del Estado, por 
un lado, y la sociedad, por otro, como son los partidos 
políticos, los movimientos sociales, las organizaciones 
de facto, los medios de comunicación, las formas y 
mecanismos electorales, entre otros. 

Metodológicamente, en el presente artículo se ha 
incluido una visión de la correlación de fuerzas en la 
implementación o construcción de la forma de Estado 
y el régimen político, donde se examina las contiendas 
electorales, especialmente, el evento del 17 de febrero 
de 2013 en tanto una de las expresiones de ese proceso, 
decisiva para el proyecto o modelo generado en estos 
seis años de correísmo. Se toma en cuenta también los 
comportamientos políticos individuales y colectivos y, 


122 


El correísmo al desnudo 


en este aspecto, se asume la necesidad de integrar al 
análisis el tema de “la cultura política” como una de 
las claves para la comprensión integral del fenómeno 
en estudio, destacándose las condiciones de la trayec- 
toria histórica ecuatoriana, que se manifiestan en la 
actualidad, como costumbres, hábitos, valores y acti- 
tudes en torno a la representación y la forma de hacer 
política en el período de Rafael Correa (Echeverría, 
2005: 19). En consecuencia, se interpreta el período y 
la reestructuración del Estado desde una compresión 
multicausal que evita el unilateralismo y subjetivismo 
presente a veces en las interpretaciones del período. 

Desde la perspectiva planteada, otro de los aspectos 
con el que se busca decantar críticamente es el de la con- 
cepción de la democracia o el régimen político democrá- 
tico. En algunos casos la democracia ha sido reducida a 
solo procedimiento formal y en otros -dentro de la misma 
tradición neoinstitucionalista- se ha incluido aspectos 
sustanciales referidos a la distribución del ingreso, la polí- 
tica social y la participación democrática. 

Se puede encontrar en esta perspectiva procedi- 
mental y formal de la democracia, matices de distin- 
to orden y nivel, algunos de los cuales sacralizan los 
procedimientos institucionales y normativos; y conci- 
ben a la democracia como el resultado de las dinámi- 
cas electorales, sin considerar los conflictos en torno 
al contenido y la participación social, dejando en la 
sombra dinámicas referidas a la desigualdad socioe- 
conómica, la concentración del poder económico y la 
escasa autonomía de las decisiones frente a actores 
fácticos del Estado y el poder político. 

En respuesta a esta limitación se encuentran im- 
portantes posiciones que demandan la necesidad de 
incluir en la interpretación de la democracia en cons- 
trucción procesos que se originan en la sociedad civil 
y que contribuyen a transformarla, en tanto la sola 
consideración formal, electoral o institucional limitan 
la posibilidad objetiva de interpretar los procesos de- 
mocráticos actuales (Ramírez, 2012: 109-110). 

Cuando en el presente documento se ingresa a de- 
finir algunas de las características del régimen demo- 
crático, precisamente se lo hace a la luz de su cons- 
titución real, los intereses y las clases, pero también 
su conformación formal e institucional; teniendo en 
cuenta la necesidad de retomar la influencia de la so- 
ciedad, sus contradicciones y luchas en su definición. 

Finalmente, cabe insistir en el enfoque metodoló- 
gico que se despliega en este trabajo. Se trata de una 
interpretación del período, que combina la explicación 
causal-condicionante con la intencional, es decir, que 
busca abordar la comprensión del Estado y el régimen 
político en sus aspectos más relevantes, especialmente 
en el transcurso del segundo mandato de gobierno de 
Rafael Correa, interrelacionando por un lado, el aná- 
lisis de los intereses económicos de clase generados 


desde condicionantes estructurales que surgen de la 
implementación del patrón de acumulación, matriz 
productiva y modelo de desarrollo económico; y por 
otro, considerando las decisiones, los comportamientos 
y las preferencias individuales y colectivas de los ac- 
tores en la escena política, donde aspectos culturales 
y trayectorias históricas constituyen una variable im- 
portante a considerar. Se realiza, así, una aproximación 
analítica desde el enfoque de la economía política, el 
desarrollo económico, la politología y el derecho. 

La estructuración del Estado: 
hegemonía y contradicciones 

A continuación se expone de modo sintético -en 
correspondencia con el enfoque metodológico plan- 
teado- las principales tesis (hipótesis) interpretativas 
de la nueva forma de Estado en construcción y su he- 
gemonía a raíz de la consolidación de sus principales 
orientaciones durante el segundo mandato de Rafael 
Correa (2009-2013). 

La reelección de Rafael Correa a la Presidencia de 
la República en abril de 2009, así como la consulta 
de mayo de 2011, y principalmente las elecciones del 
2013 son importantes hitos que manifiestan la conso- 
lidación del Estado y su bloque hegemonizado, princi- 
palmente por la relación y coincidencia objetiva, en- 
tre las tendencias oligárquica-neoliberal del período 
anterior (1982-2006) y la tendencia neodesarrollista 
de corte neokeynesiano propugnada por Rafael Co- 
rrea; vale decir, entre el modelo extractivista ligado 
a la orientación neoliberal, con énfasis privatizador y 
exclusivamente especulativo y financiero (de carácter 
rentista), y el modelo neodesarrollista que impulsa un 
Régimen orientado a desplegar formas de organiza- 
ción económica de carácter mixto, con fuerte inter- 
vención estatal y desarrollo productivo endógeno 
manteniendo espacios importantes y predominantes 
elementos de la economía extractivista. Este pacto ha 
dejado excluidas del poder a las posiciones de carácter 
social y ambiental que estuvieron presentes al inicio 
del Régimen en el 2006. 

1. La configuración del Estado tiene -en las actuales 
circunstancias- en el patrón de acumulación o matriz 
productiva en curso, una de sus principales condicio- 
nes, la misma que ha impulsado de manera principal 
la vía de la explotación extractivista de los recursos 
naturales (mineros, agrícolas, petroleros, transgénicos 
y biocombustibles) ligados al capital transnacional, 
como también a formas oligárquicas de carácter mo- 
nopólico y oligopolio del anterior período. Por otro 
lado, este patrón de acumulación ha articulado -a di- 
ferencia del anterior patrón que, de manera particular, 


Francisco Muñoz Jaramillo 


123 


tuvo en los intereses de la banca y el capital financiero 
su determinación principal- a sectores que han gene- 
rado, aunque de manera débil, una línea de sustitución 
de importaciones en el contexto de la política anticrisis 
del Gobierno nacional, favoreciendo a segmentos de la 
industria y a sectores agrícolas que producen para el 
consumo interno 4 , remozando y modernizando el vie- 
jo modelo capitalista de acumulación y la vieja matriz 
productiva 5 , sobre la base de sectores oligárquicos re- 
compuestos, con la participación de nuevos grupos bur- 
gueses que emergen en esta etapa como resultado, es- 
pecialmente, del impulso de la inversión público-estatal. 

En este contexto, cuestiones relativas a la agricul- 
tura y el cambio de relaciones de propiedad y la des- 
privatización del agua, así como el impulso y la orien- 
tación de la economía social solidaria, propuestas por 
la Constitución de Montecristi han sido relegadas a 
segundo plano, o articuladas a ese patrón hegemóni- 
co de acumulación o matriz productiva mencionado, 
al mismo tiempo que se ha favorecido los intereses 
de los sectores agrícolas empresariales dedicados a 
la vieja y nueva exportación de productos agrícolas 
y agroindustriales (la llamada vía del agrobusiness) y 
la agroindustria como la explotación agrícola trans- 
nacional; y a la producción de materias primas para 
la industria de los biocombustibles y que hoy -luego 
de las elecciones- se pretende facilitar la línea de los 
transgénicos a través de una reforma constitucional. 

En este sentido, el tema del cambio de patrón de 
acumulación y matriz productiva del Plan Nacional 
del Buen Vivir aparece, entonces, como retórica ilu- 
soria para justificar los intereses y los acuerdos en 
curso 6 . Como se anotó al inicio, el proyecto de Rafael 
Correa se ha evidenciado como una propuesta de mo- 
dernización del capitalismo en el Ecuador, quizás la 
más profunda de todas las que se ha intentado imple- 
mentar hasta ahora. En consecuencia, se consolida la 
forma empresarial capitalista de corte monopólico y 
oligopólico de enrumbar la economía, volcada al mer- 
cado externo a base de los productos primarios (re- 
primarización) con algunos esfuerzos menores en el 
campo de la integración regional. 

Lo anterior ha significado una orientación encami- 
nada a concretar un capitalismo moderno, afianzado 
en una línea tecnocrática, monopólica y transnacional. 
En esta perspectiva, en estos seis años de correísmo se 
ha advertido que se requiere disciplinar la fuerza labo- 
ral, para transitar de la etapa de explotación extensiva 
y rentista de la fuerza de trabajo, a una etapa intensi- 
va y, así, elevar en definitiva la capacidad y respuesta 
productiva del Ecuador en el contexto de la demanda 
del sistema-mundo en las condiciones de búsqueda de 
recuperación de la crisis capitalista de 2008, coyun- 
tura en la que se ha manifestado un proceso de baja 
tendencial de la cuota de ganancia. Esta situación se 


halla en correspondencia con la inversión del capital 
transnacional en el país, orientado al extractivismo, 
con la lógica y exigencia de rentabilidad de los nuevos 
inversionistas extranjeros, y con la necesidad de for- 
talecimiento de la productividad del aparato instalado 
en el Ecuador, especialmente aquel ligado a los mo- 
nopolios y oligopolios existentes, principalmente los 
destinados al mercado externo, que han tenido en el 
pasado inmediato signos de limitada capacidad pro- 
ductiva o ineficacia. 

El modelo de Universidad propuesto por el Régimen, 
que limita el desarrollo del conjunto de universidades 
públicas, y facilita el enclave neocolonial desde la im- 
plantación de la llamada Ciudad del Conocimiento, 
Yachay, imponiendo verticalmente a las universidades 
públicas una exigencia de modernización tecnocrática y 
excluyente, imposible de ser cumplida y que le conduce 
al límite de su liquidación 7 evidencia esta necesidad de 
vinculación del conocimiento al desarrollo laboral y de 
la capacidad productiva del Ecuador. 

2. Este modelo de acumulación de capital y/o matriz 
productiva, por otra parte, reorienta su inserción en 
el mundo globalizado (especialmente con los países 
agrupados en las BRICS, particularmente China), pro- 
moviendo y disputando inversiones de capital y mer- 
cados, así como participación en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología. En efecto, el contexto global 
determinado en la América Latina, en las últimas dé- 
cadas, por las posiciones y tendencias del posneolibe- 
ralismo; los gobiernos progresistas y los procesos de 
reprimarización de las economías; se encuentra con- 
dicionado por la necesidad de la región de transitar 
hacia una distinta ubicación geopolítica en el marco 
de crisis y disputa de la hegemonía mundial. En conse- 
cuencia, se ha abierto en la región un nuevo ciclo his- 
tórico, que decanta con el anterior, incrementándose 
niveles de soberanía y relación con procesos políticos 
y potencias mundiales nuevas y distintas a los Esta- 
dos Unidos; así como disputando un lugar en la nueva 
situación geopolítica planetaria, en la que se ponen 
de manifiesto -al mismo tiempo- reacciones sociales y 
políticas importantes en la perspectiva del tránsito ci- 
vilizatorio; situación que ha determinado procesos de 
restructuración estatal, ha puesto a punto en la región 
procesos integracionistas, como la ALBA, la CELAC y 
la UNASUR, y manifestaciones de recuperación de la 
soberanía, proceso que ha generado importantes ex- 
presiones de orden nacional y latinoamericano. 

Los “nuevos vientos” generados en América Latina 
han puesto -en consecuencia- el énfasis en la inter- 
vención del Estado ( estatismo ), dentro de la tenden- 
cia neodesarrollista de la etapa posneoliberal. Es este 
uno de los factores más importantes para examinar la 
ruptura y significación histórico-política del período 


124 


El correísmo al desnudo 


gubernamental de Rafael Correa. Para quienes ven en 
esta creciente intervención estatal señales de socialis- 
mo cabría indicarles que lo que se da es una recupera- 
ción de espacios de acción estatal y de su capacidad de 
intervención después del desmantelamiento del Esta- 
do vivido en años de la “larga noche neoliberal”. 

En estas condiciones y determinado por este cam- 
bio histórico regional, el correísmo ha recuperado el 
Estado y su capacidad de representación e intervención 
en la economía, como también su autonomía relativa, 
lo que se lo conoce también como bonapartismo 8 lo 
que le ha permitido actuar en nombre de un sujeto e 
institucionalidad que determina y cohesiona la vida 
social y política. En estos años se ha reestructurado el 
Estado capitalista y se ha reconstruido su institucio- 
nalidad, a fin de deponer los intereses inmediatos de 
ciertos círculos o grupos económicos y políticos, que 
condujeron desde sus intereses particulares el Estado 
en el pasado (el Estado oligárquico); y se ha orientado 
en la dimensión estratégica del dominio capitalista res- 
guardando la autonomía del Estado Moderno. Es esto 
lo que permite afirmar que se ha estructurado un Es- 
tado capitalista de corte tecnocrático, cuestión que ha 
dotado de importantes niveles de eficacia y consecuen- 
te representación social al Régimen liderado por Rafael 
Correa. Resultado de esta capacidad estatal renovada 
son los procesos fiscales y cierta negociación con las 
transnacionales petroleras y otras medidas similares. 

El contexto internacional, especialmente regional 
en el que se da este proceso de reestructuración del 
Rstado y construcción de la nueva hegemonía, tiene 
que ver con la crisis multifacética del capitalismo que 
eclosionó en financiera de 2008 y que ha puesto de 
manifiesto la disputa de la hegemonía mundial entre 
Estados Unidos y las potencias que emergen (BRICS), 
particularmente la China. Esto deja entrever “como 
conjetura” la posibilidad de transitar, aunque débil, 
contradictoria y lentamente, hacia un nuevo patrón de 
acumulación mundial, distinto al generado en la etapa 
de la financierización que se dio a raíz de la crisis de 
1970; lo que ha llevado, así mismo, a plantearse alter- 
nativamente como condición de la época un proceso 
de crisis y tránsito civilizatorio hacia la conformación 
de un nuevo sistema mundo. 

El intervencionismo estatal -consecuencia de lo 
analizado- que se ha dado en el caso del Ecuador, en la 
etapa del gobierno de Rafael Correa, le ha permitido 
echar mano de dos aspectos centrales de toda gestión 
gubernamental: la eficacia y la legitimidad. El Régi- 
men se ha caracterizado por promover actividades 
productivas como la construcción de infraestructura 
vial a escala nacional, e inversión social focalizada, lo 
que mostraría logros del Régimen, donde la mayoría 
de provincias, cantones y parroquias del país se han 
beneficiado; así como construir alianzas regionales 


para generar emprendimientos públicos, generando 
un tipo de forma de Estado intervencionista con ras- 
gos de Estado benefactor (denominado también “Es- 
tado compensador”), dirigido a la intervención social 
positiva en la salud y la educación principalmente con 
el objetivo de generar desarrollo de fuerza de trabajo 
calificada, así como cohesión social, y por último, base 
clientelar para beneficiar el rumbo político del Gobier- 
no y de Alianza País. 

El Régimen ha destacado, por otra parte, la legiti- 
midad, en primer lugar a través de su innegable caris- 
ma que se constituye -según Gudynas- en la base de 
una institucionalidad “gelatinosa” donde 

El deterioro de la institucionalidad es funcional a los 
liderazgos carismáticos personales, anulando la visi- 
bilidad de las minorías y clausurando la participación 
[...] Para esa posición personalista, la institucionali- 
dad partidaria es una molestia, las vías de represen- 
tación popular autónoma son menospreciadas, y lo 
mejor es navegar en esa condición “gelatinosa” [...] 
Desde el poder se llega en conclusión a una “disolu- 
ción de las formas orgánicas autónomas de los acto- 
res ‘populares’”, los mismos que al ser incapaces de 
generar auto-representaciones “delegan la esperanza 
hacia un líder carismático fuerte (Gudynas, 2013: 8). 

En segundo lugar, gracias a su capacidad de repre- 
sentar la confianza de amplios sectores populares y 
de sectores medios 9 , en el contexto de un proceso de 
bonanza económica de los últimos años que ha bene- 
ficiado a importantes capas sociales, y desde el punto 
de vista ideológico, a través de la representación del 
interés general del Estado. 

3. La característica mencionada del poder y la forma 
del Estado ha impulsado cambios superestructurales, 
particularmente aquellos relacionados con el fortale- 
cimiento de la intervención estatal y la planificación 
centralizada, potenciando el desarrollo tecnocrático y 
elevando la capacitación técnica del mundo laboral a 
través de la educación, la educación superior, la cien- 
cia y la tecnología. 

Forma de Estado intervencionista ( estatismo ) que, 
por otra parte, se ha constituido en una de las princi- 
pales palancas de la acumulación y del extractivismo 
relacionado con la explotación transnacional del capital 
financiero en la línea de financierización mundial y la 
monopolización y oligopolización de la economía ecua- 
toriana. Se ha consolidado jurídicamente a favor del Es- 
tado el uso de los recursos naturales otorgando garantía 
a la explotación, principalmente del petróleo, a través 
de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos. Esta 
cambiante realidad ha sido signada por una nueva con- 
cepción y práctica dispuesta en la Constitución, respec- 


Francisco Muñoz Jaramillo 


125 


to a la relación del Estado con el mercado, fortaleciendo 
su presencia e intervención en los procesos de redistri- 
bución y promoción de la inversión pública. 

En definitiva, la configuración actual del Esta- 
do (un Estado fuerte y centralista que ha limitado la 
descentralización) 10 evidencia un proceso de moder- 
nización capitalista del país, que promueve una inte- 
gración física, económica y social, donde el Código de 
Ordenamiento Territorial se constituye en la manifes- 
tación más clara en uno de los aspectos principales del 
desarrollo de la unidad e integración político-adminis- 
trativa del Ecuador, de carácter centralista que impul- 
sa limitadamente la descentralización y la propuesta 
constitucional del Estado plurinacional. 

4. Mientras en otros países de la región el proceso de 
fortalecimiento del Estado y de redistribución ha te- 
nido “dimensión política, certeza cultural e histórica” 
resultado de un desarrollo previo, en Ecuador se ca- 
rece de esa certeza como consecuencia del limitado 
desarrollo social y político anterior. Alianza País y su 
revolución ciudadana, si bien representó un momento 
del cauce democrático de la posición contrahegemó- 
nica del movimiento indígena de 1990, devino mani- 
festación de un movimiento que se constituyó a partir 
de una necesidad coyuntural electoralista, con fuerte 
contenido caudillista-populista, que hoy carece de or- 
ganización y trayectoria político-histórica, de manera 
que el socialismo del siglo XXI se parece cada vez más 
a un emblema ilusorio, un eslogan publicitario o una 
frase retórica sin sustento de realidad social y política. 

Proceso de reestructuración estatal que, por otra 
parte, desde el punto de vista socio histórico tiene 
en el ascenso social de sectores populares y medios, 
uno de los elementos importantes de su desarrollo, en 
tanto este elemento presiona por el cambio de élite 
política, de aparato burocrático del Estado, así como 
un relevo generacional de los dirigentes políticos y los 
cuadros de conducción estatal; constituyéndose, así, 
en consecuencia en un aspecto importante de la muta- 
ción histórica del Ecuador 11 que es lo que podría mani- 
festarse en la fórmula “antipartidocracia” constituida 
en emblema oficialista. 

Carácter y consolidación del régimen político 

Los acontecimientos principales que en el segundo 
mandato de Rafael Correa estuvieron presentes y se 
evidenciaron en el proceso político son: (i) La reelec- 
ción presidencial en abril de 2009, (ii) El enfrentamien- 
to del Gobierno con los movimientos sociales en torno 
a la aprobación del proyecto de Ley de Recursos Hí- 
dricos, (iii) La asonada policial de septiembre de 2010, 
(iv) La consulta popular y el referendo de mayo de 


2011, y (v) las elecciones del 17 de febrero de 2013; hi- 
tos políticos estos, que dan cuenta del despliegue y la 
consolidación del modelo o régimen político, situando 
-por consiguiente- las perspectivas, contradicciones y 
posibles conflictos futuros de la implementación del 
régimen político. 

Corresponde, en consecuencia, en este apartado 
del artículo examinar el carácter del Régimen y su 
consolidación, donde hay que considerar el entorno 
de poder del Estado -descrito en líneas generales en 
el numeral anterior- y el entramado institucional del 
régimen democrático. Esto requiere tomar en cuenta 
las normas (la Constitución y las leyes) que constitu- 
yen y regulan las relaciones institucionales entre las 
funciones del Estado, y las de estas con la sociedad y la 
economía. En este examen se recupera el enfoque me- 
todológico planteado en la introducción del artículo, 
donde se destaca la necesidad de dar un tratamiento 
concreto a la institucionalidad estatal y desentrañar las 
formas jurídico-políticas a través de las cuales se con- 
creta la hegemonía y el poder del Estado en el período 
en cuestión, haciendo notar la vinculación dialéctica 
ya mencionada, entre poder y aparato de Estado. 

En esta línea interpretativa, de otro lado, se requie- 
re también examinar puntualmente la cultura política, 
que determina los comportamientos de los actores pú- 
blicos e institucionales, como su representación, parti- 
cularmente en relación con la conducción del Gobier- 
no, los movimientos sociales, los partidos políticos y 
los poderes fácticos. 

Ilustran este proceso los acontecimientos que se 
han vivido en el curso del gobierno de Rafael Correa 
que evidenciaron cambios en la representación y con- 
ducción política gubernamental, donde se destaca 
como uno de ellos la movilización que se realizó en 
Ambato, en enero de 2010, convocada por Alianza País 
para conmemorar los tres años de mandato del presi- 
dente y responder a la desavenencia y oposición del 
movimiento social. 

En dicho evento se dejaron entrever algunos ras- 
gos del Régimen como aquellos referidos a la necesi- 
dad del despliegue de mecanismos usados tradicional- 
mente por el populismo, en la relación con la sociedad 
a través de la representación de una “masa informe” 
y desorganizada, el liderazgo fundamentado en un 
notable carisma de carácter caudillista con ribetes au- 
toritarios; así como el uso y consolidación de formas 
clientelares para mantener el poder, cohesionar y re- 
presentar a la sociedad, lo que nos coloca ante una 
determinada forma de representación, una institucio- 
nalidad limitada que Gudynas, como hemos dicho, 
califica como “gelatinosa” y un liderazgo y ejercicio 
del poder, en correspondencia con la estructuración 
del Estado, y su forma evidenciando las tendencias, 
las clases y la hegemonía descritos en el análisis de la 


126 


El correísmo al desnudo 


forma de Estado que O'Donnell (1994: 5) califica de 
“democracias delegativas”. 

Esta situación se dio en el contexto del definitivo 
alejamiento del Gobierno de las posiciones sociales- 
ambientales fundacionales, en tanto el Régimen había 
optado -como se ha analizado arriba- por un modelo 
de explotación extractivista de los recursos naturales, 
bajo formas monopólicas y oligopólicas, y un entra- 
mado institucional y comportamiento político que 
manifiestan los rasgos caudillistas-autoritarios del po- 
der, especialmente sustentado en una forma de Estado 
intervencionista ( estatismo ) que gobierna a través de 
un proceso de creciente concentración del poder. 

En consecuencia, en el período del segundo man- 
dato se ha consolidado desde el punto de vista formal- 
funcional del poder de Estado, un Régimen que -en 
términos de la concepción liberal y “neoinstituciona- 
lista”- estructura una institucionalidad que limita la 
existencia de “contrapesos de poder” (entre funciones 
del Estado); así como mínimos consensos entre Esta- 
do, actores sociales y sociedad. En esta perspectiva, 
el gobierno de Rafael Correa ha subordinado y limi- 
tado la autonomía de la Asamblea Nacional para la 
definición de leyes, como uno de los recursos -dice 
Gudynas (2013: 3)- utilizados en democracias basadas 
en liderazgos fuertes. En esta misma dirección se ha 
manipulado también a los entes o entidades que cana- 
lizan la participación ciudadana 12 -lo que se revela en 
la conformación del Consejo de Participación Social y 
Ciudadana- y otras entidades con el objetivo de am- 
pliar el Poder Ejecutivo-presidencial, y seleccionar a 
los principales funcionarios y organismos encargados 
de coordinar y administrar el aparato y las principales 
funciones del Estado. 

Este “presidencialismo reforzado” (llamado por al- 
gunos analistas “desicionismo fuerte”) formulado en 
el diseño de la nueva Constitución, y concretado en 
su implementación a través del predominio del Ejecu- 
tivo, limita así la clásica institucionalidad liberal de- 
mocrática de división y equilibrio de las funciones del 
Estado, lo que se ha manifestado en medidas y acciones 
implementadas (ligadas a la arbitrariedad e imposición 
vertical del Ejecutivo) con la finalidad de forjar corre- 
laciones de fuerzas ficticias generando procesos de co- 
rrupción de asambleístas, entre otros aspectos, y que al 
parecer expresa formas de comportamiento de la cultu- 
ra política ecuatoriana conocida como “partidocracia”. 

Este aspecto se verá expresado también en la re- 
estructuración de la justicia 13 (planteado -inconstitu- 
cionalmente- por la Consulta y el Referendo de mayo 
de 2011), que marcó esta línea de intervención del Ré- 
gimen y que tiene por objetivo, precisamente, crear 
un modelo judicial (sistema institucional y legal) para 
garantizar la implementación de la forma de Estado 
y remozado régimen de acumulación, así como para 


contener y reprimir al movimiento social opuesto a 
este patrón de acumulación. 

Luego de la relativa victoria de la Consulta de 201 1 
el Gobierno ha podido disponer de instrumentos fun- 
damentales para el control y ejercicio político y ge- 
nerar la mencionada orientación económica, como 
imponer una línea de Gobierno basada en el control 
de la Función Jurisdiccional, la selección discrecional 
de jueces, el chantaje, la represión y la “culpación” de 
intereses económicos y políticos; es decir, en la línea 
del tradicional comportamiento político de las élites 
ecuatorianas. Conducta que también se ha manifesta- 
do en el control y la represión de la libre expresión de 
medios de comunicación y de ciudadanos y ciudada- 
nas que ven la conveniencia de ocultar la verdad (au- 
tocensura) y evitar la denuncia de la injusticia. Es el 
caso de la persecución a algunos medios y periodistas 
contrarios al Régimen, como también de ciudadanos 
que han sido reprimidos (como en los casos de los jó- 
venes quiteños apresados por fuerzas de seguridad en 
el barrio Luluncoto y posteriormente el caso de los 
estudiantes del Colegio Central Técnico, también en 
Quito, acusados de rebelión o terrorismo, que en este 
último caso ha llevado al presidente de la República a 
desconocer el sobreseimiento planteado y amenazar 
con la apelación). Se ha creado un ambiente, en con- 
secuencia, de atemorizamiento e incertidumbre en la 
sociedad donde las medidas de inteligencia policiaca 
para “escrutar” las inclinaciones ideológicas y polí- 
ticas de profesores, estudiantes secundarios y otros 
ciudadanos y ciudadanas, se constituyen en otras 
manifestaciones represivas, posconsulta en la línea y 
característica indicada. 

Es interesante observar que la implementación 
del llamado “presidencialismo reforzado”, por otra 
parte, se ha combinado con dispositivos populistas 
de carácter clientelar (resultado en buena parte de la 
trayectoria histórica cultural del Ecuador), lo que ha 
fortalecido esta configuración y comportamiento del 
Régimen, como también a través del despliegue del 
liderazgo caudillista, ligado a la necesidad de concen- 
trar el poder limitando la independencia de las otras 
funciones del Estado: Legislativa y Judicial, así como 
la Participación Ciudadana o Consejo Electoral, lo que 
se ha evidenciando en este último caso en la actuación 
obsecuente en el último período, a propósito de la re- 
visión de firmas de las agrupaciones políticas recono- 
cidas, la intervención para influir en la estructuración 
de la escena electoral y conducir la contienda electoral 
de 2013 con visos fraudulentos. 

En el nivel social se han reducido los espacios para 
establecer mínimos consensos entre Estado, actores 
políticos y sociedad. Se han limitado las posibilidades 
para que los grupos sociales autónomamente organi- 
zados sean portadores del proceso de cambio. El “desi- 


Francisco Muñoz Jaramillo 


127 


cionismo fuerte” (caudillismo) se ha constituido en la 
voluntad política gubernamental, y en el eje del pro- 
ceso, es la razón de ser del mismo (Gudynas, 2013: 9). 

El control y regulación de la sociedad civil se ha 
complementado anulando o desactivando los espacios 
de deliberación y de organización de los movimientos 
sociales, en particular de la CONAIE. De hecho, en 
este segundo período de Rafael Correa, se ha vivido 
una etapa completamente diferente de la que se dio 
durante el proceso de debate previo a la Asamblea 
Constituyente, y de su realización, donde a través 
del diálogo y participación de grupos sociales orga- 
nizados se pudieron recoger sugerencias que después 
fueron consideradas en la redacción del nuevo texto 
constitucional aprobado en Montecristi. 

En efecto se ha podido evidenciar que el gobier- 
no de Rafael Correa ha disputado la representación y 
conducción de los movimientos sociales como el indí- 
gena a través de una política y acción encaminada a 
resquebrajar o desarticular el movimiento social, divi- 
diéndolo y cooptando a dirigentes sociales, generan- 
do movimientos ad hoc a favor del Régimen, creando 
organizaciones sociales ligadas al Gobierno neutrali- 
zando a las legítimas y dividiendo los sindicatos de tra- 
bajadores, y conduciendo procesos de represión y ate- 
morizamiento a líderes sociales y gremiales, como ha 
ocurrido con la criminalización de la protesta social. 

Este accionar, combinado con políticas puntuales 
y precisas de clientelismo llevadas a cabo a través del 
bono de desarrollo humano, y determinadas obras de 
infraestructura; así como la modificación y moderni- 
zación capitalista en el agro de las relaciones socia- 
les, especialmente en torno a la proletarización del 
campesinado de la Costa, ha inclinado y mantenido 
electoralmente a importantes sectores campesinos a 
favor de Rafael Correa, como se pudo advertir en las 
elecciones de febrero de 2013. 

Así mismo es necesario considerar el caso de los 
sectores medios urbanos, principalmente de Quito y 
Cuenca cuyo comportamiento electoral en 2013 ma- 
nifiesta que han continuado en su mayoría, por la op- 
ción electoral de Rafael Correa. Se entremezcla en esta 
situación la bonanza económica, por un lado, al que 
han accedido estas capas medias y, por otro, la ima- 
gen de izquierda del gobierno de Rafael Correa. Como 
también el proceso de rápida ampliación en esta úl- 
tima década de estos sectores que -se manifestó an- 
tes- pasan de 14% en 2003 a 35% en 2012. Importante 
modificación que al parecer influye en la inclinación 
de estos sectores a favor del Régimen. 

Otro de los aspectos a examinarse del modelo polí- 
tico es la configuración partidaria que ha tenido como 
una de sus condiciones principales el diseño y formu- 
lación de la norma legal, la misma que ha dificultado 
la Constitución o reconstitución de los partidos, así 


como la construcción de su sistema 14 , revelándose más 
bien -como resultado de las últimas elecciones- una 
situación de debacle. De otro lado la organicidad de 
Alianza País, en este mismo sentido se ha visto de- 
bilitada en su desarrollo, reflejando este aspecto o 
característica institucional del Régimen, como dice 
Gudynas (2013: 8), una especie de “institucionalidad 
gelatinosa”, aspecto que combinado con la devasta- 
ción de la sociedad civil (debilitando principalmente 
su organización), así como la limitada participación 
social reducida al liderazgo carismático de Rafael Co- 
rrea, nos recuerdan a personajes históricos como Gar- 
cía Moreno, Velasco Ibarra y Febres Cordero, (que a 
diferencia de Eloy Alfaro quien representó un lideraz- 
go revolucionario basado en la movilización popular 
-las épicas Montoneras Alfaristas- para derrotar a los 
tradicionales conservadores, católicos, terratenientes 
de la época) contribuye al afianzamiento del régimen 
político y sus características principales, potenciados 
luego de los resultados de las elecciones de 2013. 

La configuración y el comportamiento político 
indicados arriba han encontrado sustento en la iner- 
cia de los intereses de las viejas fuerzas económicas 
oligárquicas pero también de las nuevas que se han 
desarrollado en este período, ligadas a la mantención 
remozada del anterior patrón de acumulación o ma- 
triz productiva; y en la pervivencia de los viejos meca- 
nismos de control político a los que Rafael Correa en 
su primer mandato intentó combatir; así como tam- 
bién en la cultura histórico política del Ecuador (que 
determina las preferencias de los actores oficialistas 
desde parámetros y esquemas mentales, prácticas y 
costumbres de la llamada “partidocracia”). También es 
necesario considerar el cambio de posiciones político- 
ideológicas de los grupos coaligados en Alianza País, 
en tanto en su segundo mandato a partir de 2009, han 
confirmado posturas conservadoras de derecha, vin- 
culadas a intereses del capital extractivista, oligárqui- 
co y monopólico principalmente 15 . En esta perspecti- 
va, se avizora la situación de fuerza del movimiento 
oficialista (Alianza País) luego de las elecciones del 17 
de febrero de 2013, donde se advierte diferencias a su 
interior. La sola presencia del liderazgo de Rafael Co- 
rrea puede ser insuficiente para canalizar y encauzar 
la unidad de ese movimiento. 

En la relación entre la Asamblea Nacional y el 
presidente Rafael Correa, se ha constatado innúme- 
ras situaciones de subordinación como en el caso de 
la aprobación de leyes resultado de procesos arbitra- 
rios, en los que se ha hecho uso de maniobras de vieja 
usanza para aprobar cuerpos legales “por el ministerio 
de la ley”; o los casos de aprobación de leyes en los que 
se tomaron en cuenta criterios de otras instituciones y 
actores involucrados, mismos que consensuaron con 
asambleístas oficialistas (es el caso de la Ley de Educa- 


128 


El correísmo al desnudo 


ción Superior) y que, no obstante, el presidente de la 
República los vetó, para ratificar el proyecto original, 
reflejando ausencia de disposición para construir y 
respetar consensos, lo que se ha dado en la definición 
de leyes principalmente de carácter político. Estos son 
algunos aspectos que muestran el tipo del Régimen vi- 
gente, y la pervivencia de viejas formas y mecanismos 
propios del comportamiento de la cultura política, y 
revelan las limitadas posibilidades para reinstitucio- 
nalizar el Estado y fortalecer su aparato. 

Lo que en el pasado neoliberal se vivió como un 
proceso de desarticulación del Estado a través del 
llamado “hiperpresidencialismo”, en esta etapa pos- 
neoliberal se experimenta la combinación del Estado 
fuerte ( intervencionista ) con el presidencialismo refor- 
zado. Los límites y rudezas tecnocráticas en el proce- 
so de institucionalización del Estado abonan en esta 
perspectiva manifestándose -entonces- la concentra- 
ción del poder en el Ejecutivo, con claros ribetes de 
autoritarismo. La personalidad del presidente es un 
elemento adicional al respecto, que profundiza esa 
característica del Régimen, dejando entrever otro de 
los rasgos del modelo político, que prácticamente ha 
debilitado el contrapeso parlamentario dejando en su 
lugar, de manera privilegiada, al marketing y la pu- 
blicidad política para representar, comunicar y con- 
trolar a la sociedad civil. En este sentido, el Gobierno 
de Rafael Correa ha carecido de una línea de legítima 
propaganda política, vacío llenado con un reiterado y 
sistemático marketing y publicidad, lo que llevó -por 
ejemplo- a que la asonada policial del 30-S haya sido 
convertida de un incidente político grave en un burdo 
espectáculo “hollywoodense” 16 . 

Se trata de un Régimen que ha puesto el énfasis 
en el uso de ciertos mecanismos como el de la “demo- 
cracia plebiscitaria”. La “muerte cruzada” 17 , que es un 
recurso constitucional para afianzar el presidencialis- 
mo fuerte y la democracia plebiscitaria, se ha consti- 
tuido en un instrumento de amenaza presidencial, útil 
para forzar mayorías y obtener votos favorables en la 
Asamblea Nacional, así como herramienta de control a 
los asambleístas, reforzándose así la conducción verti- 
cal del Ejecutivo en medio de la limitada ventaja en la 
correlación de fuerza para la implementación del Régi- 
men. De todas formas y en medio de la sensible debili- 
dad de fuerzas en la Asamblea (2009-2013), esa ha sido 
una posibilidad cierta, más todavía cuando se acentuó 
la mencionada limitación luego de la consulta y se pro- 
fundizaron ciertas diferencias y resquebrajamientos al 
interior del bloque legislativo oficialista. Más tarde, la 
cercanía de las elecciones presidenciales de febrero de 
2013 relativizó la posibilidad de uso de este mecanismo 
constitucional, lo que llevó a que se generaran cambios 
legales y mayores controles administrativos de carác- 
ter legal, asunto que se analizará en otro acápite. 


Es necesario, así mismo, plantear en esta disección 
del régimen político que se implementa, los rasgos 
histórico-culturales, que junto con la necesidad de 
mantención de la matriz productiva y sus intereses 
vinculados, inciden en la formación de este modelo, 
como la preferencia y la decisión de los actores. En 
este campo cabe considerar que el llamado “velas- 
quismo” -uno de los arquetipos de la cultura política 
ecuatoriana que se afianza y desarrolla en la época 
del presidente Velasco Ibarra- renace y se convierte 
en uno de los ingredientes que determina compor- 
tamientos e incide en la configuración del modelo 
político correísta, en tanto la conducta del actual go- 
bernante manifiesta dichos rasgos de la trayectoria y 
cultura de la política ecuatoriana, que como “esquema 
de comportamiento” histórico actúa en la coyuntura 
para incidir en la configuración del Régimen. Esto ha 
hecho pensar a algunos analistas que el correísmo es 
el “velasquismo” del siglo XXI. 

Finalmente, la caracterización del Régimen se com- 
plementa con la constatación del carácter integrador 
de lo regional en la representación política nacional, 
situación que se explica, por una lado, por la recupe- 
ración del Estado y su autonomía relativa, y por otro, 
por la significación de este en tanto representación 
general estratégica del dominio que impulsa y condu- 
ce la economía y la sociedad. En estas condiciones, la 
particularidad de los intereses inmediatos y regionales 
se subsume y reconoce en la representación general 
del Estado. Las elecciones del 17 de febrero evidencian 
y corroboran -vía electoral- la sintomática representa- 
ción nacional del régimen político y movimiento ofi- 
cialista, en tanto las dos provincias principales (Gua- 
yas y Pichincha), que históricamente han significado 
la disputa de las dos regiones, tienen ahora una vota- 
ción importante, equilibrada y similar: 63% en Guayas 
y 58% en Pichincha. Los intereses particulares de sec- 
tores, clases y grupos económicos regionales han sido 
incluidos en el proceso estatal descrito. Las elecciones 
del 17 de febrero fueron una manifestación de esta si- 
tuación y rasgo descrito 18 . 

En consecuencia, luego de la contienda electoral, 
especialmente de febrero de 2013, se asiste en el Ecua- 
dor a una inédita manifestación de integración nacio- 
nal, algo que en el pasado intentó hacerlo Jaime Roídos 
(1979-1982), principalmente subordinando los intereses 
y necesidades regionales al interés de la representación 
nacional, y deponiendo viejas rencillas regionalistas 
resultado principalmente de la manipulación de secto- 
res de la oligarquía guayaquileña tradicional; disposi- 
tivo político cultural de manipulación del poder desde 
la región, al que se lo calificó como “guayaquileñismo”, 
arquetipo que como una sombra ha acompañado a la 
historia política ecuatoriana en las últimas décadas y 
que hoy -al parecer- tiende a ser superado. 


Francisco Muñoz Jaramillo 


129 


En efecto, si recordamos la historia del Ecuador en 
los años comprendidos entre el retorno a la democra- 
cia (1978) y la época actual (a partir de 2006), se en- 
cuentra que ese dispositivo histórico-cultural jugó un 
rol político especial en la configuración del poder, la 
economía y el régimen político. Elemento que surgió 
de una tradicional división y oposición de regiones y la 
disputa bipolar regionalista entre Guayaquil y Quito, 
manifestándose a lo largo de los períodos presidencia- 
les, excepto quizás en el de Jaime Roídos (1979-1982) 
cuando este -como se dijo- intentó representar lo na- 
cional en una confluencia de la una y la otra región 
(Sierra y Costa, Guayaquil y Quito), situación que las 
fuerzas políticas oligárquicas guayaquileñas de aque- 
lla época lo impidieron. 

Correlación de fuerzas y régimen político 

En la línea de interpretación planteada en este artí- 
culo, uno de los aspectos a tomarse en cuenta en el aná- 
lisis es el de la correlación de fuerzas en el proceso de 
implementación del régimen 19 . Esta correlación en el se- 
gundo mandato de Rafael Correa (2009-2013) ha tenido 
debilidades y fortalezas que deben ser consideradas para 
ubicar los límites y las posibilidades en tanto condición 
de la orientación y características de implementación del 
modelo por parte del oficialismo. Veámoslo: 

A nivel político-institucional se destaca el caso de 
la asonada policial del 30 de septiembre de 2010, mis- 
ma que reflejó una situación de debilidad institucio- 
nal. De hecho, el 30-S evidenció la forma tecnocrática, 
rígida y autoritaria de implementación de la institu- 
cionalidad, por un lado, y por otro, mostró la debi- 
lidad en el control de una importante institución de 
seguridad pública, así como un limitado control en la 
capacidad política institucional del Gobierno, mismo 
que se vio obligado a negociar, haciendo concesiones 
a las Fuerzas Armadas, durante y luego del desenlace 
de los hechos del 30-S. Las Fuerzas Armadas fueron 
las grandes ganadoras pues la institución militar logró 
un plus de poder, demostrando ser el ente capaz de di- 
rimir situaciones conflictivas como la señalada, cues- 
tión contraria a las disposiciones de la Constitución 
vigente, que dispone la absoluta neutralidad de la ins- 
titución militar frente al ejercicio del poder político 20 . 

Esta debilidad se vio reflejada también en la escasa 
respuesta popular organizada con ocasión del 30-S, re- 
velando una falta de respaldo ciudadano activo al pre- 
sidente de la República y a la gestión de su Gobierno. 
Limitación contrarrestada por el apoyo internacional 
unánime, particularmente regional, y por el uso masi- 
vo y absoluto -como lo hemos analizado antes a modo 
de una de las características del Régimen- de la publi- 
cidad y marketing político, al punto que se logró re- 


vertir la percepción sobre la mencionada situación de 
debilidad de fuerzas. No obstante, del 30-S el Gobierno 
salió afectado políticamente, en su imagen y legitimi- 
dad, quedándose sin iniciativa durante las siguiente 
semanas y meses del mencionado hecho. Hasta finales 
de 2012 no se había logrado aún superar los efectos 
políticos del indicado suceso. El Gobierno intentó lue- 
go de la consulta, judicializar el acontecimiento y re- 
tomar la iniciativa para colocar al hecho en la agenda 
nacional, bajo el argumento de que fue un intento de 
golpe de Estado. 

A nivel político electoral se puede observar en 
cambio en el resultado de la reelección presidencial 
(abril de 2009) una “sensible debilidad” de Alianza País 
y de Rafael Correa, cuyo respaldo disminuyó del 56% 
de 2006, al 52% en 2009 y produjo una limitada re- 
presentación en la Asamblea Nacional; lo que forzó 
al oficialismo, por una parte a activar una táctica de 
alianzas o coincidencias inestables con algunas viejas 
fuerzas de la partidocracia, como el PRE por ejemplo, 
con el propósito de remontar la coyuntura de debili- 
tamiento y alcanzar una mayoría circunstancial para 
elegir a las dignidades de la Asamblea, así como para 
aprobar determinados cuerpos legales. Esta maniobra 
táctica reveló -sincrónicamente- un alejamiento estra- 
tégico del correísmo con la izquierda y los movimien- 
tos sociales, con los que mantuvo acuerdos desde el 
2006. Debilidad que en distintos momentos electorales 
amagó con convertirse en un “empate técnico”, como 
lo sucedido en la coyuntura de agosto de 2011 para 
elegir las dignidades a la Asamblea. Esto, ratificamos, 
forzó a Alianza País a usar un arsenal de maniobras, 
mecanismos y formas propias de la tan criticada parti- 
docracia, contribuyendo a la definición de algunos de 
los rasgos y comportamientos arriba analizados res- 
pecto al régimen político. 

Este declive en la correlación de fuerzas se reveló 
también en la coyuntura de la consulta y referendo de 
mayo de 2011. Si bien entonces apareció en los resul- 
tados un equilibrio relativo de fuerzas entre quienes 
promovieron el SÍ y los que se pronunciaron por el 
NO, se advirtió un sensible cambio en la correlación 
política de fuerzas, pues el sector de la derecha del co- 
rreísmo, que promovió la consulta y dirigió la campa- 
ña electoral, sufrió un revés que, eventualmente, pudo 
traducirse en una muestra de debilitamiento de su in- 
fluencia ante el presidente Rafael Correa; creándose, 
otra vez más, en cierto sector del Gobierno la ilusión 
de la posibilidad de una disputa del rumbo estratégico 
del Régimen, específicamente en quienes se definen 
como “la izquierda del correísmo”. 

Situación de fuerza que se manifestó también en la 
reorganización de la oposición de derecha y en el res- 
quebrajamiento del oficialismo que perdió asambleís- 
tas, debilitándose en el control de la Asamblea Na- 


130 


El correísmo al desnudo 


cional. Se abrió entonces un período de inestabilidad 
organizativa del correísmo, circunstancia en la que se 
inició la reconfiguración de un frente de izquierda y 
de uno de centro político, contrarios al Gobierno. En 
definitiva, la consulta de mayo de 2011 puso el esce- 
nario para el despliegue, la organización y la acción de 
las fuerzas políticas y sociales opuestas al correísmo, 
de cara a las elecciones de febrero de 2013. 

Hay que recordar que luego del mencionado even- 
to electoral se revelaron ciertas modificaciones intere- 
santes en la correlación de fuerzas políticas, sociales 
e institucionales, tal es el caso de cierta recuperación 
de la CONAIE opuesta al gobierno de Rafael Correa, 
movimiento que influyó en el voto en la Sierra-Centro 
y en la Amazonia, donde el NO se impuso sobre el SÍ 
de la consulta 21 . La marcha indígena de marzo de 201 1, 
en efecto puso de manifiesto un proceso de recupe- 
ración del movimiento indígena y de otras fracciones 
del movimiento social. 

En esa misma contienda electoral se reflejó tam- 
bién una disminución de la votación a favor del co- 
rreísmo en los sectores medios de Quito y Cuenca; 
situación que se contrarrestó con el incremento del 
apoyo electoral, particularmente, en la Costa y en 
Guayaquil, lo que reveló el desplazamiento del elec- 
torado denominado “volatilidad” del voto o desplaza- 
miento de la representación. Desde el punto de vista 
electoral y la vinculación del correísmo con intereses 
regionales, este hecho puede calificarse como un im- 
portante síntoma del cambio en la situación de fuerza. 

Ante este relativo debilitamiento electoral del co- 
rreísmo, este optó por activar estrategias principal- 
mente legales, al proponer reformas al Código de la 
Democracia, meses antes de la contienda electoral 
de febrero de 2013, mismas que se concretaron en el 
cambio de método de asignación de escaños, adop- 
tándose el cuestionado Método D'Hont, y la confi- 
guración de distritos electorales en las provincias 
demográficamente más grandes, como también la ac- 
tivación de determinadas restricciones a los medios 
en la comunicación electoral. 

Si bien los resultados de la consulta de mayo de 
2011 evidenció un significativo aumento de la oposi- 
ción a Rafael Correa en la Sierra-Centro y en la Ama- 
zonia 22 , donde el Régimen decreció en votos, como una 
pérdida en importantes bastiones electorales y una 
disminución de su votación en los sectores medios de 
Quito y Cuenca; el 17 de febrero de 2013, en cambio, 
se reveló una recuperación importante en esos bastio- 
nes y en la representación social “de la clase media”, 
que habían manifestado su desafección en la consul- 
ta de mayo de 2011, confirmándose, por otra parte, 
que en la mencionada consulta, se dio efectivamente 
la inclinación pro Correa en la Costa (especialmente 
en Guayaquil, Manabí y El Oro), donde los sectores 


medios y populares, antes contrarios al Gobierno, de- 
mostraron el 17 de febrero último su apoyo a la repre- 
sentación electoral del presidente. Esto es -quizás- lo 
más importante de la reciente coyuntura electoral, la 
recuperación sostenida de la votación de Guayaquil y la 
Costa, con lo cual aparece en la escena -como dijimos- 
una nueva realidad electoral que integra lo político y lo 
regional, representando una nueva imagen de “unidad 
nacional” a la cual nos hemos referido al analizar la for- 
ma de Estado 23 . 

Sintetizando, se advierte ahora un proceso de des- 
plazamiento del respaldo electoral costeño, desde la 
vieja representación -Partido Socialcristiano-Madera 
de Guerrero, PRE, PRIAN- hacia Rafael Correa y Alian- 
za País, al mismo tiempo, una expresión electoral na- 
cional, colocando en la historia del Ecuador un escena- 
rio de integración no antes conocido, en el contexto de 
consolidación del régimen político actual. 

El triunfo del 17 de febrero adicionalmente refleja 
una nueva situación partidaria, que contribuye a con- 
solidar el Régimen y supera algunas de las debilidades 
en la correlación analizada antes, en que una de las con- 
diciones que explica este afianzamiento es la disolución 
y descomposición del sistema de partidos inaugurado 
en 1978. El Ecuador asiste ahora a la constatación de 
este fenómeno político, que si bien fue larvándose en 
las últimas décadas, ha tenido una importante inciden- 
cia durante los años de gobierno de Rafael Correa, artí- 
fice de la agonía del sistema partidario anterior, gracias 
a los incentivos y las restricciones manifiestas en el Có- 
digo de la Democracia, así como a la propia estrategia y 
acción del Gobierno durante sus seis años de mandato. 

En resumen, en medio de la debacle partidaria 
arriba señalada -más bien como respuesta alternativa 
a ella- se ha constituido un movimiento oficialista de 
carácter populista, con un liderazgo fuerte y decisivo, 
de nivel predominante y alcance nacional, lo que ha 
permitido incidir en electores que han plegado amplia- 
mente al correísmo, abandonando en estampida otras 
tiendas políticas en descomposición. En el triunfo sig- 
nificativo del 17 de febrero la mencionada debacle par- 
tidaria constituye una de las claves de la victoria y deja 
como saldo un sistema de partidos débiles, dispersos y 
agónicos, condición en la escena de la presencia fuerte 
de un movimiento populista predominante. Luego del 
17 de febrero, lo anterior se manifiesta como una ausen- 
cia casi total de esas agrupaciones (sin posibilidad de 
reconstituirse) en la Asamblea Nacional. En consecuen- 
cia, asistimos al vacío de contrapesos institucionales y 
el consecuente predominio del Ejecutivo, lo que puede 
acentuar niveles de concentración del poder y aumento 
del autoritarismo en la línea de los principales rasgos 
del Régimen analizados antes. 

Proceso de reconfiguración partidaria poselectoral 
2013, que por otra parte, abre el espacio para la emer- 


Francisco Muñoz Jaramillo 


131 


gencia de un partido de derecha, CREO, aparentemen- 
te ideológico y moderno, que intenta constituirse en 
adelante en el alter del Gobierno y en el referente de 
la lucha política en oposición al correísmo. Especie de 
bipolaridad en la escena que se intentará proyectar a 
futuro, pero que al parecer carece de realidad y forta- 
leza desde la derecha de Guillermo Lasso. 

En el contexto de esta débil dialéctica bipolar se 
evidencian determinadas posiciones al interior de 
Alianza País, que podrían generar condiciones para la 
configuración -como dicen algunos analistas- de un 
Partido Estado, al estilo del viejo PRI mexicano, que 
podría acentuar la línea de corte autoritario del régi- 
men político, y que efectivamente se combinaría con 
las necesidades del modelo extractivista, cuyo proceso 
desataría conflictos sociales importantes. 

Este intento de bipolaridad partidaria del sistema 
de partidos evidencia también la disolución del centro 
político (centro izquierda-centro derecha), que queda 
huérfano y debilitado de representación y carente de 
voceros en la Asamblea Nacional y, en consecuencia, 
queda abierto un espacio que eventualmente podría 
ser llenado por el movimiento de derecha, el CREO de 
Guillermo Lasso o inclusive, la Alianza País de Rafael 
Correa, aliado a una de esas agrupaciones. Difícil en- 
crucijada para estas posiciones que quedan reducidas 
a su mínima expresión, y sin perspectiva política. 

Obviamente, el saldo de la contienda electoral del 
17 de febrero deja en situación difícil a la izquierda, 
que ha pasado por dos procesos seguidos de colabo- 
ración con gobiernos, esto es, con Lucio Gutiérrez y 
con Rafael Correa, lo que le ha alejado de importantes 
sectores que votaron por ella en el pasado. Debilita- 
miento que se reflejó históricamente en 2006, luego en 
2009 y ahora en el 2013; con una votación que ha fluc- 
tuado entre el 3-4% (2006: Macas 2.1%; 2009: Martha 
Roídos 4.3%; 2012: Alberto Acosta 3.3%). Los límites 
electorales de la izquierda también se advierten por 
la presencia del imaginario colectivo de la izquierda 
constituido por Alianza País, del cual la Unidad Plu- 
rinacional surge en estas elecciones para su participa- 
ción electoral. Desde las filas de las tiendas políticas 
de izquierda se aspira a salir del límite expuesto sobre 
la base de su renovación, no fácil de conseguirla inme- 
diatamente, que es más bien una apuesta que pasa por 
repensar la realidad ecuatoriana en el contexto de un 
mundo en proceso de cambio y transformación, como 
también de recreación de los viejos paradigmas que 
condujeron la lucha social desde el siglo XIX. 

Para terminar este examen se puede afirmar que se 
ha constituido en este período histórico una particu- 
lar forma de estado definida como intervencionista y 
un régimen político cuyas características y entrama- 
do institucional dan cuenta de estos intereses y hege- 
monía estructurados en el Estado, así como también 


una escena política que como palanca y efecto de la 
conducción correísta sostiene y consolida el Estado y 
el régimen generado en el período de Rafael Correa. 
Comprensión dialéctica e integral que se ha comple- 
mentado con el examen de rasgos provenientes de la 
cultura política ecuatoriana que ha determinado com- 
portamientos de actores individuales e institucionales 
en el proceso de configuración del régimen analizado. 
Corresponde hacer un análisis exhaustivo de los acto- 
res o tendencias políticas que se han expresado y han 
quedado configurados en la escena luego de 2013, para 
completar esta disección, lo que será objeto de un aná- 
lisis posterior al desarrollado en este artículo. 


132 


El correísmo al desnudo 


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Notas 

1 “[...] En la lucha política concreta, los grupos políticos y las 
clases sociales perciben al Estado como una poderosa insti- 
tución capaz de definir la distribución de recursos diversos 
(ideológicos, económicos, políticos) en el interior de la socie- 
dad. En función de esto, luchan entre sí para controlar direc- 
tamente o influir a la distancia sobre las diferentes áreas del 
aparato estatal. En este nivel de análisis es posible admitir 
al Estado, de un lado, y a la clase, de otro, como realidades 
distintas y autónomas. (Monseff, R. y Ñervo, A., 2003: 9) 

2 “Su incapacidad teórica para entender a estos gobiernos (los 
progresistas de América Latina) ha provocado el surgimien- 
to de una seudo politología que juega el papel de instrumen- 
to académico de las derechas ideológicas... Su abandono del 
marxismo ha impedido, por lo menos, entender la política 
como una confrontación entre clases sociales, para simple- 
mente entenderla por fenómenos “visuales” que fácilmente 
se califican como híper presidencialismo, neopopulismo, 
autoritarismo, totalitarismo, etc.”, afirma Juan Paz y Miño 
al referirse a analistas de izquierda, en El Telégrafo, Flowbs- 
man y el Marxismo, 2012. Como se puede ver, se reduce la 
comprensión marxista solo a los intereses de clase y su lu- 
cha, visión instrumentalista ortodoxa del marxismo, y se 
olvida o prescinde de la caracterización institucional del ré- 
gimen político, en clara coincidencia con la comprensión del 
marxismo ortodoxo del pasado, precisamente superado por 
autores que renuevan ese pensamiento como Howbsman, 
a quien se hace un homenaje postumo en el artículo de El 
Telégrafo en mención. Cabe también referirse al punto de 
vista -en esta misma línea- de Fander Falconí director de la 
Senplades, quien dice en una entrevista en la revista Vistazo, 
2012: “Recuperar el estado la autoridad pública no es estatis- 
mo ni autoritarismo. Iniciamos la liberación del estado de los 
grupos de poder que lo mantuvieron atado a sus intereses”. 

3 Poulantzas (1968) inicia esta discusión en la década de los 
setenta del siglo pasado. Él es probablemente el más desta- 
cado pensador crítico sobre esta problemática del Estado. 
En su obra capital formuló la diferencia entre régimen y 
forma de Estado, cuestión que hasta entonces se le atri- 
buía a la politología liberal o neoinstitucionalista. 

4 Me refiero a que la política llamada por el Gobierno de 
desarrollo endógeno ha estado ligada a determinadas cir- 
cunstancias económicas como la que se dio en 2008 y que 
generó una política anticrisis; o en 2012 por las medidas 
emergentes del Gobierno para enfrentar el déficit de la ba- 
lanza comercial que llevó a restringir las importaciones. 

5 Augusto Álvarez, entrevista a Rafael Correa en el canal 
peruano de televisión ATV, Lima, en los primeros días 
de octubre de 2012: -“Un punto adicional para evaluar su 
Revolución Ciudadana, tiene que ver con las críticas a la 
matriz productiva, que no ha logrado cambiarla, que sigue 
muy dependiente del petróleo. ¿Es cierto eso? ¿Está en ca- 
mino de cambiar?” Respuesta de Rafael Correa: -“Nos ha 
ido bien haciendo lo mismo de siempre [...] Sin embargo, 
tenemos un problema, entre otros, es que estamos hacien- 
do mejor, mucho mejor pero lo mismo de siempre. El gran 
desafío, usted preguntaba hace un momento, para el nuevo 
período ¿qué se puede plantear? eso: la diversificación de la 
matriz productiva, es decir, hacer lo que estamos haciendo 
excelentemente bien -como hasta ahora- pero hacer nuevas 
cosas de igual manera extraordinariamente bien.” 

6 Fánder Falconí, Secretario de la Senplades, afirmó en una en- 
trevista a la revista Vistazo en octubre de 2012: “El cambio de 


Francisco Muñoz Jaramillo 


133 


matriz productiva va a apuntalar un proceso distinto de 
acumulación y de especialización interna. Necesitamos el 
aporte de la inteligencia y la creatividad ecuatoriana en 
la producción”. Y que viene expuesto en el Programa de 
Gobierno 2013-2017 de Alianza País. 

7 La definición del modelo y la estrategia de desarrollo plan- 
teada por la Senplades tiene por intención construir en el me- 
diano y largo plazo una economía del bioconocimiento y la 
información. El desarrollo de una base industrial alrededor de 
la biotecnología, la “nano” tecnología y las ciencias de la in- 
formación, sustentada en la explotación sostenible de nuestra 
mayor ventaja comparativa, la biodiversidad. Es la apuesta del 
modelo del Buen Vivir según la Senplades y Plan Nacional del 
Buen Vivir, y hasta ahora marca el tono del discurso oficial. 
Bajo esta estrategia, el modelo de universidad que se inten- 
ta promover es el de una “institución de educación superior 
pública -dice Arturo Villavicencio- que promueva la investi- 
gación, el desarrollo científico y tecnológico; la generación y 
difusión del conocimiento, con el objeto de formar profesio- 
nales innovadores, competitivos y dinámicos, de alta calidad 
técnica y excelencia profesional, que contribuyan al desarrollo 
del Ecuador y de la región, al cambio en la matriz productiva 
del país, aporte al progreso y avance científico y tecnológico 
de la región y al mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población del Ecuador y de América Latina...” Esto sobre 
la base de crear un enclave universidad-desarrollo científico- 
tecnológico en Yachay, Imbabura, y disminuir la importancia 
de la universidad pública ecuatoriana en su conjunto. 

8 Bonapartismo que significa la unidad histórica de la au- 
tonomía del Estado moderno y que significa la unidad de 
actuación vertical del Ejecutivo, desautorización del par- 
lamento, subordinación de todo poder al Ejecutivo y per- 
sonalidad de líder carismático. 

9 Periódico El Comercio, 18 marzo 2013. La noticia registra 
el análisis realizado por la consultora Habitus, que cer- 
tifica el crecimiento de la clase media en los últimos 10 
años: “A finales del 2012 el 35% de la población era de clase 
media, mientras que en el 2003 solo alcanzaba el 14%, es 
decir, se incrementó en 21 puntos.” 

10 Las características de descentralización es un aspecto que 
debe profundizarse a partir del análisis del Código de Or- 
denamiento Territorial, donde aparece una tensión entre 
concentración y centralización del poder del Estado Inter- 
vencionista y la necesidad de descentralización regional y 
local, como uno de los aspectos del proceso de configura- 
ción del Estado Plurinacional. 

11 Nuevo ciclo histórico (como han considerado algunos aca- 
démicos) que puede asimilarse a la categoría planteada 
por Gramsci de bloque histórico y hegemonía. Cabe aquí 
la reflexión en el período de Rafael Correa -a propósito del 
nuevo ciclo histórico- y examinar las características que 
se constituyen en un nuevo bloque histórico y hegemonía 
en Ecuador del siglo XXL 

12 Recordamos la forma de selección de los integrantes de los 
organismos de participación ciudadana. Este es un asunto que 
se dio al seleccionar y conformar la Comisión de Participa- 
ción, tratando de manipular su conformación y colocar inte- 
grantes de esta nueva institución, cercanos al Gobierno. 

13 El informe de la consultoría internacional dirigida por el con- 
sultor internacional español Baltasar Garzón manifiesta inco- 
rrecciones en el proceso de reestructuración como es el caso 
de la selección de jueces ligados al gobierno de Correa. 

14 Código de la Democracia. Se vuelve pertinente examinar el 


diseño jurídico político del mencionado Código, que desco- 
noce la realidad política vivida en años anteriores y repi- 
te procedimientos, incentivos y normas para impulsar la 
construcción del sistema de partidos en forma igual a lo 
generado en la época de la llamada “Partidocracia”. 

15 De todas maneras, existe un sector que se ha mantenido 
e intenta revertir la orientación actual del Gobierno hacia 
la izquierda. Este es un dato pero también un resultado de 
la correlación de fuerzas. 

16 Algo propio del mundo actual donde la comunicación ha 
adquirido signos de espectáculo, aspecto destacado en el 
llamado mundo “posmoderno”. 

17 Como se denomina el mecanismo constitucional por el cual el 
Ejecutivo tiene la atribución de disolver la Asamblea Nacional 
por una ocasión en el período, a cambio de lo cual se realizan 
nuevas elecciones de asambleístas y de presidente de la Repú- 
blica (de ahí el nombre de “muerte cruzada” de unos y otros). 

18 La presencia de intereses regionales y particulares de sec- 
tores, clases y grupos económicos, quedan incluidos en 
este proceso estatal descrito. 

19 Cuando Poultanzas analiza el régimen político lo relacio- 
na con la lucha de clases en la escena y por tanto, el régi- 
men político es una expresión de las clases en lucha. Por 
tanto, se requiere “pulsar” la correlación de fuerzas para 
definir al régimen político. 

20 Constitución de la República, Art. 159: “Las Fuerzas Ar- 
madas y la Policía Nacional serán obedientes y no delibe- 
rantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al po- 
der civil y a la Constitución”. Es interesante anotar que la 
Constitución de Montecristi suprimió aquella disposición 
que estuvo inscrita en las anteriores cartas políticas, que 
atribuía a las Fuerzas Armadas su condición de garantes 
en la democracia, cambio operado precisamente para des- 
plazar su influencia en posibles conflictos como en el caso 
del 30-S. 

21 Queda pendiente un análisis pormenorizado de juntas 
electorales en parroquias y cantones de alta densidad de 
población indígena para corroborar lo señalado. 

22 De los resultados electorales de la Consulta Popular del 7 
de mayo de 2011 se desprende lo siguiente: en el caso de la 
Sierra-Centro, en Cotopaxi el SÍ pierde en las 10 pregun- 
tas, con un porcentaje del 22.1% de población que se au- 
toidentifica étnicamente como indígena, según el Censo 
de Población de 2010; en Chimborazo pierde el SÍ en todas 
las preguntas, con el 38% de la población autoidentifica- 
da como indígena; en Bolívar se repiten esos resultados y 
pierde el SÍ en las diez preguntas (25.4% considerados como 
indígenas). Para la provincia de Tungurahua pierde el SÍ, 
igual que en las anteriores, con una autoidentificación indí- 
gena de 12.4%. En la región Amazónica, se repite la misma 
situación, donde la identificación indígena es equivalente 
en Ñapo al 56.8%, Orellana 31.8%, Pastaza 39.8%, Morona 
Santiago 48.4%, Zamora Chinchipe 15.6%, donde pierde el 
SÍ en todas las preguntas. A esta constatación de la repre- 
sentación electoral habría que relacionarla con los intere- 
ses económicos y políticos que se expresan por parte de la 
región del Guayas. Habría que afinar mejor esta hipótesis y 
examinar su correlación con la presencia del guayaquileño 
Glass en la candidatura a la Vicepresidencia, escogido por 
Rafael Correa, para las elecciones del 17 de febrero de 2013. 

23 Se evidenció adicionalmente una votación similar y equili- 
brada a favor del correísmo, en las dos regiones principa- 
les, Pichincha y Guayas. 


Las falsas promesas de 
la Revolución Ciudadana: 
Excluyendo el contenido 
comunista de la revolución 
socialista 

Natalia Sierra 

Socióloga ecuatoriana, profesora e investigadora de la PUCE, 
analista política, activista de izquierda. 


Así como sufrimos llegará el día y el momento que 
ellos también van a sufrir y la van a pagar caro 1 . 

Existe en la izquierda, aun cuando no se reconozca, 
un sentimiento de que nuevamente fallamos o fuimos 
traicionados, pues la promesa de cambio, o al menos de 
intento de cambio, que se abrió con el proyecto de Alian- 
za País, ha sido abortada. Ante esto, quiero plantear que 
la promesa de la Revolución Ciudadana, no solo que no es 
un fracaso, sino que se va cumpliendo casi en su totalidad. 
Voy a desarrollar esta tesis analizando la estructura del 
texto del discurso de Alianza País, propósito que lo voy 
a realizar en dos momentos que se corresponden con dos 
interpretaciones del discurso de la Revolución Ciudadana. 

Ahora bien, antes de entrar en el análisis de las inter- 
pretaciones, esbozaré brevemente lo que he denomina- 
do: el carácter fundacional del discurso de Alianza País. 

Un discurso fundador 

Para el año 2006, el discurso de Alianza País era, 
lo que se puede llamar, un discurso “fundador”, que 


surgió en medio del vacío político e institucional que 
había dejado la profunda crisis de la democracia li- 
beral-oligárquica en el país. Discurso que expresó un 
cambio en la cadena narrativa del poder, la misma que 
venía ordenando el pasado en una historia coheren- 
te para los intereses de la clase dominante. Se operó 
un cambio del registro narrativo del viejo poder oli- 
gárquico a un registro narrativo de un nuevo poder 
burgués modernizante. Esta modificación permitió 
reescribir el pasado desde la perspectiva de la auto- 
denominada izquierda ciudadana, con lo cual se abrió 
una interrogante fundamental sobre el significado de 
esta reforma en la narrativa del poder en términos po- 
líticos y, básicamente, económicos. 

Un discurso fundador es por lo general una pro- 
mesa de cambio, en el caso específico del discurso 
de Alianza País se prometía “cambiar la situación del 
país”, “salir de la larga noche neoliberal”, “reconstruir 
el Estado”, “construir una sociedad prospera, justa, de- 
mocrática, equitativa y participativa”, entre otras. Des- 
de esta perspectiva es un discurso performativo y no 
descriptivo, pues no hablaba de una realidad política 
determinada, sino que establecía el marco ideológico 


Natalia Sierra 


135 


desde donde se producirá esa realidad esperada. Se en- 
tiende, entonces, que en estricto sentido es un discurso 
que irrumpe en el vacío político institucional y abre 
el acontecimiento político. Esto explica la aceptación 
que este discurso tuvo en la mayoría de la población, 
la misma que asumió la promesa de Alianza País sin 
resistencia alguna, ya que el discurso de la promesa no 
tiene realidad política que se le oponga, sea como con- 
firmación o negación. Solo así se entiende que el 80% 
de la población del país haya recibido el mensaje de 
Alianza País y se haya configurado en su destinatario 
inmediato. La gente se adhirió a una promesa, una pro- 
mesa que debía hacerse realidad en los años siguientes 
a la puesta en circulación del discurso fundador. 

Ya en el Gobierno, el discurso de Alianza País in- 
corporó, junto al significante Revolución Ciudadana, 
aquel del Socialismo del Siglo XXI. La vinculación 
entre estos dos significantes estructuraron el núcleo 
a partir del cual se abrió el marco fantasmático-ideo- 
lógico donde se proyectó la identidad política e ima- 
ginaria de Alianza País, y de todo individuo o grupo 
que se volvió destinatario de dicho discurso. De esta 
manera, apareció un nuevo vocabulario en la voz del 
poder, un vocabulario que recogió muchas de las pa- 
labras del discurso de la izquierda socialista, signifi- 
cantes que fueron articulados a otro campo ideológi- 
co a partir del significante de acolchado Revolución 
Ciudadana-Socialismo del Siglo XXI. 

Un discurso político fundador, que promete, tiene 
la capacidad de interpelar a una población huérfana 
de realidad política institucional, recepción que, en la 
primera época del Régimen, permitió a Alianza País 
constituir un campo ideológico “nuevo” (las comillas 
dan cuenta de que en realidad se operó un reencauche 
del viejo campo ideológico liberal burgués). De esta 
forma, el discurso fundador totalizó una serie de de- 
mandas populares a partir del significante Revolución 
Ciudadana, el mismo que resignificó retroactivamente 
el contenido ideológico de dichas demandas, despo- 
jándolas de su significación popular. Es decir, el point 
de capitón (punto nodal) Revolución Ciudadana, en 
un movimiento retroactivo, confirió sentido a las de- 
mandas sociales planteadas por los sectores populares 
desde el campo ideológico de la democracia liberal 
de la llamada Tercera Vía. En este proceso se trasto- 
ca el sentido propio de las demandas, el mismo que 
había sido dado por un point de capitón distinto que, 
con riesgo de equivocarme, diría que era la revolución 
proletaria, a pesar de su poca claridad. Así, aunque a 
nivel denotativo las demandas eran las mismas, a nivel 
connotativo habían cambiado, en la medida en que se 
encontraban integradas a otro campo ideológico. 

Dicho esto, inicio el análisis de la estructura del 
texto del discurso que, como dije con anterioridad, tie- 
ne dos posibles interpretaciones que corresponden a 


dos momentos de este período político: La primera se 
inscribe al inicio del proceso que pone en marcha el 
Gobierno, antes y después de ganar las elecciones en 
el 2006; y la segunda se registra aproximadamente a 
los dos años y medio de circulación del discurso de la 
Revolución Ciudadana. 

Primera lectura 

Un Socialismo envuelto en ciudadania 

El discurso fundador de Alianza País propone una 
Revolución Ciudadana para construir el Socialismo 
del Siglo XXI, así podemos observar que el significan- 
te Revolución Ciudadana establece la pantalla ideoló- 
gica donde se va a proyectar la promesa del Socialismo 
del Siglo XXI dentro del relato de la nación ciudadana 
socialista. En otras palabras, el contenido del Socialis- 
mo del Siglo XXI es dado de forma retroactiva desde 
la categoría liberal de la ciudadanía, lo cual hace de 
este la promesa de concluir la fallida y eternamente 
postergada Revolución Liberal. De esta manera, lo que 
tendríamos es un proyecto democrático burgués que 
concluiría la revolución iniciada por Eloy Alfaro hace 
más de un siglo. Concluido esto, o junto a esto, se iría 
desplegando un socialismo corregido, digamos sin los 
“errores” del Socialismo Real (dictadura del proletaria- 
do que en rigor fue del partido comunista; estatización 
de los medios de producción, en consecuencia elimi- 
nación de la propiedad privada; liquidación de las cla- 
ses sociales y en consecuencia del Estado de clase). 
En este sentido, la Revolución Ciudadana-Socialismo 
del Siglo XXI expresa la demanda UNO donde se ar- 
ticulan todas las demandas sociales, desde aquellas 
de clase, pasando por las étnicas hasta llegar a las de- 
mandas ciudadanas. Se puede decir que, este discurso 
fundador prometía un proyecto donde se recogían las 
distintas demandas sociales y se integraba a todos los 
sectores sociales, descartando únicamente a la llama- 
da “partidocracia pelucona”, configurada como el ene- 
migo del cambio, exclusión que permitía la cohesión 
política del proyecto de Alianza País. 

Planteado de esta forma, el proyecto político de 
la Revolución Ciudadana resultaba bastante atractivo 
a los sectores de la centro izquierda socialdemócra- 
ta, por aquello de la promesa liberal burguesa; para 
ciertos sectores de izquierda socialista que creen en la 
revolución por etapas, y en esa medida consideran que 
se debe terminar la revolución democrático-burguesa 
para poner la bases económico-sociales para el socia- 
lismo; para los movimientos sociales que de una u otra 
manera veían recogidas sus demandas en el discurso 
inicial de Alianza País, más aún, dicho discurso se ha- 
bía apropiado de aquellas demandas (no al TLC, no a 


136 


El correísmo al desnudo 


la Base de Manta, no al Plan Colombia, la ampliación 
de los derechos ciudadanos, entre otras). Esta primera 
lectura explica el alto grado de recepción que el dis- 
curso fundador de Alianza País tuvo entre la población 
de los sectores medios y de los populares, articulados 
a los movimientos sociales y a las organizaciones de 
izquierda que se adhirieron al mismo. 

Es necesario aclarar que en 2006, cuando se pone 
en circulación el discurso fundador de Alianza País, 
era esta primera lectura la única posible, sea desde la 
construcción imaginaria de la revolución por etapas 
para la izquierda y algunos movimientos sociales, es 
decir desde la construcción imaginaria de un nuevo 
socialismo para el nuevo milenio de la “izquierda” de 
la Tercera Vía. Como se dijo en las líneas anteriores, 
en este primer momento del proceso la interpretación 
del discurso no tenía contraparte en la realidad políti- 
ca del país, razón por la cual era fácilmente creíble y 
digerible. Esto explica la presencia y el respaldo de la 
mayoría de la izquierda ecuatoriana y los movimien- 
tos sociales al gobierno de la Revolución Ciudadana, 
durante los primeros años. 

Después de siete años de la irrupción del discurso 
de Alianza País, que abrió el actual proceso político 
del Ecuador, este ya no es más un discurso fundador. 
En estos siete años el discurso fundador se ha inscrito 
en lo real y ha construido una realidad, es decir se ha 
operado la concreción del mismo como realidad polí- 
tica y económica. Una realidad con la cual el discurso 
puede ser contrastado, una realidad en la cual debería 
reflejarse las promesas de camino prometidas por la 
Revolución Ciudadana-Socialismo del Siglo XXI. Al 
contrario de lo esperado, en la contrastación entre el 
discurso y la realidad lo que se observa es que la últi- 
ma niega las promesas del primero. 

De hecho, a siete años de posesionado el gobierno 
de Alianza País, lo que la izquierda esperaba, es decir el 
ofrecimiento hecho, que rezaba: “con la revolución ciu- 
dadana iremos construyendo el Socialismo del Siglo XXI”, 
no se hace realidad, ni tampoco hay signos claros que 
puedan hacernos pensar que en un futuro sea así. La 
realidad que el Régimen está construyendo se ha ale- 
jado totalmente del discurso, en estricto sentido de la 
promesa supuestamente contenida en él, aunque de he- 
cho corresponde al texto literal del mismo. Por lo tanto, 
en rigor, se lleva adelante una “Revolución” Ciudadana 
-o al menos eso se intenta- un proceso de moderniza- 
ción-racionalización política, social y económica. 

Desde el supuesto contenido implícito del discurso 
de la Revolución Ciudadana, esto es la promesa del 
Socialismo del Siglo XXI, la inscripción del discurso 
en lo Real es fallida, sin embargo, es absolutamente 
coherente con su texto literal. El asunto es: ¿por qué el 
contenido latente de la Revolución Ciudadana (Socia- 
lismo) se contrapone con la realidad inscrita en lo Real 


por él? Es decir, ¿por qué los sectores de izquierda que 
se desvincularon del proyecto de Alianza País tienen 
un sentimiento de haber sido traicionados por el Régi- 
men? ¿Por qué parece que el Gobierno es incoherente 
con su discurso y, en consecuencia, con la promesa 
(Socialismo) que ofreció en la primera fase del pro- 
ceso? Esta paradoja de la política se puede explicar 
analizando otra posible lectura del discurso fundador 
de Alianza País. 

Segunda lectura 

El sueño ideológico de Alianza Pais 

Otra posible lectura del discurso de Alianza País 
muestra que la promesa del Socialismo del Siglo XXI 
no se podía cumplir, simplemente porque nunca fue 
esa la promesa. 

Desde el marco del análisis freudiano sobre el sue- 
ño, el deseo político inconsciente de Alianza País se 
encuentra en el inter-espacio entre el texto manifiesto 
del discurso de la Revolución Ciudadana y el supuesto 
contenido latente oculto, es decir, la promesa del So- 
cialismo. Lo que se debía inscribir en lo Real como rea- 
lidad no es el contenido latente del discurso de Alian- 
za País, léase el Socialismo del Siglo XXI, sino el deseo 
político reprimido de su proyecto, el mismo que hay 
que encontrarlo atrapado en la forma del discurso de 
la Revolución Ciudadana. La pregunta que se impone 
entonces es: ¿cuál es el contenido de ese deseo político 
reprimido de Alianza País? 

La forma (entiéndase estructura) del discurso fun- 
dador de Alianza País plantea una vinculación cru- 
zada, no explícita pero si real, entre el significante 
Revolución Ciudadana y el significante Socialismo 
del Siglo XXI. La Revolución Ciudadana no abre la 
pantalla fantasmática donde se proyecta la promesa 
del Socialismo, sino que establece una vinculación 
cruzada entre estos dos significantes que replantea el 
panorama. Una vinculación que es, en sí misma, la ex- 
presión del interespacio entre estos dos significantes, 
lugar del deseo reprimido. Para entender lo dicho hay 
que recordar que en el discurso de la izquierda, hasta 
los años 70, la revolución no podía ser sino socialista 
y por lo tanto solo la ciudadanía puede ser del siglo 
XXI. Desde esta perspectiva de izquierda, el signifi- 
cante point de capitón que tapa el vacío dejado por la 
crisis de la institucionalidad política estallada en 2005, 
es en rigor la pareja “Ciudadanía del Siglo XXI”, que se 
levanta sobre la exclusión (forclusión) de la pareja sig- 
nificante “Revolución-Socialista”. En estricto sentido, 
es el contenido comunista de esta última pareja el que 
queda excluido del campo ideológico de la Revolución 
Ciudadana, que en lo real es la promesa de la ciuda- 


Natalia Sierra 


137 


danía del siglo XXI. Así, es la Revolución Socialista 
que, desde el campo ideológico del comunismo y no 
del liberalismo, implica la eliminación de la propie- 
dad privada, la eliminación del ciudadano abstracto, 
el proceso de destrucción de la sociedad de clases su 
Estado, lo que va a configurarse como el resto excluido, 
aquello que no puede ser integrado en el proyecto de 
Alianza País. 

A la pregunta hecha vale contestar que el conte- 
nido del deseo político inconsciente de Alianza País 
no es otro que la apuesta por el nuevo keynesianismo, 
que resulta ser un caduco modelo neodesarrollista que 
busca la modernización del capitalismo en el país. En 
definitiva, es el deseo de la nueva burguesía de ocul- 
tar la contradicción estructural del mundo capitalista, 
brindándole un rostro humano. Desde la perspectiva 
ideológica de la izquierda socialista, a la cual supuesta- 
mente se adscribe el Proyecto de Alianza País, las pa- 
rejas significantes Revolución Ciudadana y Socialismo 
del Siglo XXI son absurdos políticos. 

Tomadas en el juego del texto manifiesto (Revo- 
lución Ciudadana) y el contenido latente (Socialismo 
del Siglo XXI) no se explica la ascendiente conformi- 
dad social con el proyecto de Gobierno. Sin embargo, 
si se parte del análisis propuesto, es claro que lo que 
se inscribió en lo Real como realidad es un proyecto 
neokeynesiano mucho más débil que el de los años 
50. Neodesarrollismo que no responde a las expecta- 
tivas de transformación de la sociedad. A siete años 
del gobierno de Alianza País, el discurso del Régimen 
habla de una realidad que no coincide con el con- 
tenido latente en el discurso, (no hay indicios que 
muestren la intención de desplegar la apuesta socia- 
lista,) aunque sí con su contenido manifiesto donde 
se encuentra atrapado el deseo político reprimido de 
Alianza País, que de hecho no es el deseo político de 
la izquierda revolucionaria. 

Lo que se ha inscrito en lo Real es el mismo pro- 
yecto capitalista, en una nueva fase de acumulación 
mundial, que va configurando una realidad que mu- 
chos ya denominan el “capitalismo multipolar” o 
“capitalismo posneoliberal”. Esto al menos es lo que 
muestran muchas de las políticas económicas del Ré- 
gimen, entre las que se encuentran: su política petro- 
lera; su proyecto de explotación minera a gran escala; 
su proyecto de soberanía alimentaria -cuyo eje central 
va por el desarrollo de la agroindustria con conexio- 
nes a nivel internacional y el negocio de los transgé- 
nicos-; su proyecto industrial, donde se contempla la 
producción de bio combustible y la venta de servicios 
ambientales; metalúrgica, entre otros. 

Todo esto dentro de un modelo de desarrollo que 
nada tiene que ver con la retórica del Sumak Kawsay 
y menos aún con sus críticas a la economía capitalis- 
ta. El modelo de desarrollo que lleva adelante Alianza 


País, sí, es coherente con la radicalización de la Re- 
volución Ciudadana del Siglo XXI, cuya intención es 
abrir el camino a las nuevas formas de acumulación 
del capital y ocultar las profundas contradicciones so- 
ciales inherentes al sistema. 

En conclusión es acertado decir que, en palabras de 
Zizek (2002: 88), el socialismo (comunismo) sería el 
“mediador ausente”, entre el antiguo discurso de po- 
der y el nuevo. “Y este mediador ausente en la medida 
en que sigue estando no integrado, excluido, gravita so- 
bre la historia “presente” como su otra escena espectral”. 
Así el socialismo-comunismo ha quedado como la 
presencia espectral permanente que, en su exclusión, 
hace posible la existencia del campo ideológico de la 
Revolución Ciudadana. 

Es necesario mirar la lógica “oculta” en la estruc- 
tura del campo ideológico liberal-burgués reencau- 
chado por Alianza País, en la perspectiva de entender 
la verdad de su proyecto político, cuyo contenido no 
se encuentra detrás, abajo o fuera del discurso de la 
Revolución Ciudadana, sino en su propio corazón. En 
otras palabras, la verdad política del Alianza País no se 
aloja en el contenido profundo del discurso, sino en su 
forma, en el texto manifiesto del mismo. 

Ahora bien, el proceso descriptivo del discurso 
político, por el cual se construye la identidad ideoló- 
gico-imaginaria del mismo, tiene que necesariamente 
forcluir o excluir el exceso traumático de su propia 
violencia fundadora, es decir la violencia impositiva 
de todo discurso fundador. Para el caso que se analiza, 
lo que tuvo que ser excluido de la retórica discursiva 
de Alianza País es el contenido comunista. 

Compartiendo el deseo reprimido 

Al final de este análisis cabe la pregunta sobre la 
razón por la cual la izquierda no pudo leer la verdade- 
ra promesa de la Revolución Ciudadana, ¿por qué no 
pudo mirar el cortocircuito que el propio significante 
Revolución Ciudadana implica, desde la ideología de 
la izquierda socialista-comunista, a la que “supuesta- 
mente” nos adscribimos? Desde el marco ideológico 
de la izquierda comunista no es posible una revolu- 
ción ciudadana, ya lo dijo Ernesto Guevara “o revo- 
lución comunista o caricatura de revolución”. Este 
absurdo semántico encuentra explicación si entende- 
mos que el deseo político reprimido de Alianza País 
encontró un eco en la literalidad de su discurso de la 
Revolución Ciudadana. Es justamente la negación de 
la Revolución Socialista (deseo inconsciente) lo que 
se constituye en el núcleo traumático del discurso 
de la Revolución Ciudadana. Así, el significado de la 
Revolución Ciudadana es el resultado de la distor- 
sión provocada por el deseo inconsciente de Alianza 


138 


El correísmo al desnudo 


País, “que la emergencia del significado se basa en la 
negación de un núcleo traumático ‘primordialmente 
reprimido’” (Zizek, 2005: 45). 

Hasta aquí queda claro el verdadero deseo políti- 
co de la Revolución Ciudadana, lo que no queda claro 
es la confusión de la izquierda socialista-comunista, 
confusión que, creo, encierra un deseo reprimido de 
la propia izquierda. Con temor a no equivocarme, este 
análisis considera que en la conciencia de la izquierda 
ecuatoriana hay el deseo de limpiar la revolución de su 
carácter violento. Tanto Marx como Lenin estaban con- 
vencidos del contenido violento de la revolución, desde 
su teoría de la transformación social, el socialismo no 
es posible sin la violencia que toda revolución requiere 
para destruir el poder de la burguesía y su Estado de 
clases. Como sostiene Fredric Jameson (1998: 19): 

[...] el otro lado recurrirá a la fuerza cuando el siste- 
ma se vea amenazado de modos básicos o fundamen- 
tales, de manera que la posibilidad de la violencia se 
convierte en algo así como la prueba de la autentici- 
dad de un movimiento revolucionario visto deforma 
retroactiva por el búho de Minerva de Hegel o el án- 
gel de la historia de Benjamín (de hecho son el mismo 
ser conforma diferente). Ello implica algo parecido 
a las paradojas de la predestinación y la elección en 
teología: la opción por la violencia es el signo externo 
y siempre viene después, no se puede contar con ella 
por adelantado, como trata de hacer la socialdemo- 
cracia al trazar un curso calculado para no ofender 
a nadie. Pero si el curso escogido llega a pasar por un 
genuino cambio sistémico, necesariamente se produ- 
ce una resistencia, virtualmente por definición, pero 
no porque quienes lo planifican lo hayan deseado. 

Así, la violencia no es un deseo, es por decirlo 
de alguna manera una opción “obligada” que toda 
revolución real impone. Retomando algunas ideas 
de Zizek, se puede decir que una revolución sin vio- 
lencia es igual que el café sin cafeína o la cerveza 
sin alcohol, lo que implica arrancarle a la revolución 
su núcleo duro, el cual la define. La violencia revo- 
lucionaria del pueblo en realidad no es más que una 
contraviolencia, “no solamente ocasional contra los 
policías que lo han provocado deliberadamente, sino 
contra una sociedad que los oprime” ( Sartre, 1968: 20). 
Es preciso señalar que cuando se habla de violencia 
no se hace referencia a la fuerza bélica, sino bási- 
camente a la suspensión histórica que toda revolu- 
ción conlleva. La apertura de un punto ahistórico 
que rompe la totalidad ideológica y social que eng- 
loba a las clases sociales cuando la contradicción, 
que es inherente a su relación, aún no ha estallado. 
En otros términos, cuando la contradicción estalla, 
estalla la guerra revolucionaria, proceso en el cual 


las clases se niegan a pertenecer a una totalidad, es 
decir, se rompe el consenso que sostiene el poder 
hegemónico. Los antagónicos rechazan la ideología 
común, rechazan la ley común y luchan, los unos 
por sostener la antigua ley, la ley de la clase domi- 
nante, y los otros por imponer una nueva. 

La revolución supone una ruptura definitiva del 
acuerdo social, con lo cual la violencia se apodera de 
los adversarios que se buscan para liquidarse mate- 
rial y simbólicamente, es decir, liquidarse como cla- 
se. Los implicados en esta lucha ponen en juego su 
propia existencia social y biológica, en la medida en 
que absolutamente nada garantiza su victoria sobre 
el otro. Sin embargo, la clase de aquellos que son la 
parte sin parte o, en palabras de Marx, de aquellos 
que no tienen nada que perder porque nada tienen, 
se diría, porque ya están “muertos”, tienen mayor po- 
sibilidad de enfrentar la incertidumbre de la lucha 
revolucionaria. Quizás esto explica la tesis marxista 
del sujeto histórico de la revolución. En relación a lo 
dicho, parece que el problema de la izquierda ecua- 
toriana, su desconcierto y confusión ante gobiernos 
socialdemócratas como el de Alianza País, es su ori- 
gen de clase (pequeña burguesía) sumado a su origen 
étnico (mestizaje), posición desde la cual la izquierda 
tiene mucho que perder con la revolución. 

Enfrentar la violencia no es nada fácil, de hecho 
mejor sería una transformación por medios pacíficos, 
por consensos, por acuerdos, por diálogos entre los 
distintos actores (ya que entre las clases enfrentadas 
no es posible porque su antagonismo implica, como 
ya se dijo, una radical separación, pues cada una se 
afirma no por su lugar en la totalidad social, sino 
por su lugar en sí), en definitiva la “revolución” de la 
llamada Tercera Vía. Sin embargo, aquellos que nada 
tienen, aquellos que han sido hijos de la violencia 
y no tienen más que su cuerpo-vida históricamen- 
te violentado, son los que intuyen que la violencia 
no hay como evitarla, hay que saber aprovecharla 
para cambiar su “destino” de violencia. Esos sujetos 
de la revolución no se confunden con la ideología- 
idea pacifista de la clase dominante, porque sufren la 
ideología-acto violenta de la explotación y opresión 
sobre su cuerpo. Al contrario, la izquierda de ori- 
gen pequeño burgués y mestizo tienen un lugar en 
el mundo capitalista, y una verdadera revolución le 
privaría de ese privilegiado espacio social. Sinceran- 
do la condición de la izquierda ecuatoriana hay que 
reconocer que su ubicación laboral en la Academia, 
el Estado y los ONG le otorga un lugar favorecido 
dentro del sistema que existencialmente le aleja de 
las clases populares. Un lugar favorecido que impli- 
ca ascenso y reconocimiento económico, social, cul- 
tural y simbólico que con una transformación social 
real de hecho se perdería. 


Natalia Sierra 


139 


Al conflicto anterior, cuya causa tiene que ver con 
el lugar social de la pequeña burguesía, se suma, en el 
caso del mundo andino, el conflicto cultural del mes- 
tizo. Quizás peor que el conflicto social propio de la 
clase media es el conflicto del mestizaje. En ese eterno 
transitar del indio al blanco, marcado desde su origen 
por la necesidad de alejarnos del mundo mítico agra- 
rio y avanzar hacia el mundo de la razón industrial, se 
construyó el “objeto precioso” que podríamos perder 
si ciertamente se produjera la revolución. Ese objeto 
precioso, nuestro mayor querer: “ser alguien’. Ser in- 
telectuales, dirigentes, vanguardia, poseedores de la 
palabra, ser los dueños de la sabiduría y la verdad... 
Ser que nos es otorgado no tanto por el pueblo sino 
por el sujeto de la interpelación ideológica del poder o 
por el Gran Otro colonizador. 

En el fondo, se sabe que la revolución no es una ca- 
ricatura de revolución cuando es la violenta y radical 
destrucción del orden existente, en el cual la izquierda 
tiene un lugar de privilegio, paradójicamente por ha- 
ber asumido el discurso de la revolución sin realmente 
querer la revolución. 

Esta es la encrucijada de la izquierda: ¿cómo ser de 
izquierda, abogar por la revolución y no perder el lu- 
gar social que el discurso de izquierda me ha permitido 
ocupar dentro del mundo burgués? Ser de izquierda 
no significa manejar el discurso de la revolución, es 
hacer efectivamente la revolución y esta empieza por 
violentar de raíz nuestra identidad pequeño burguesa. 

De lo dicho solo queda preguntarse si la izquierda 
está dispuesta a que una revolución nos obligue a re- 
nunciar a los privilegios obtenidos dentro del actual 
sistema social. De no estar dispuestos a las consecuen- 
cias de una verdadera transformación social, por un 
mundo más justo y equitativo, ciertamente que nada 
nos diferencia de los “revolucionarios” de Alianza País. 
Tecnócratas de una revolución inexistente que lo úni- 
co que han logrado con la administración del Estado 
es fortalecerse como pequeña burguesía y extender sus 
privilegios de clase media. El deseo de una izquierda re- 
volucionaria debe ser el deseo de construir la comuni- 
dad comunista en la cual las diferencias no involucren 
ni privilegios, menos aún dominación. Una comunidad 
donde las diferencias signifiquen la posibilidad del 
acontecimiento de la alianza de los comunes. Construir 
una sociedad en la que la división social del trabajo no 
sea el pretexto para la opresión y la explotación, una 
sociedad con otras formas de convivencia humana, con 
otro entendimiento sobre nuestro caminar en el mundo. 

El deseo reprimido de Alianza Pais extendido 
en una parte importante de la población 

Con el resultado de las últimas elecciones de 2013, 
en las que un porcentaje importante de la población 


volvió a confirmar el proyecto de la Revolución Ciu- 
dadana, se puede inferir, siguiendo el análisis hasta 
aquí realizado, que una gran parte del pueblo no quie- 
re el cambio prometido en el discurso de Alianza País, 
sino que comparte su deseo reprimido. Esto se explica 
por el hecho innegable de que lo que se inscribió como 
realidad del proyecto de la Revolución Ciudadana es 
una modernización capitalista, vía reprimarización de 
la economía, que actualiza en la población la ficción 
colonial del desarrollo y la modernización del capital. 
El poder de control mediático del Gobierno acompa- 
ñado de ciertas políticas clientelares que pagan deuda 
social y la recuperación del Estado crea en la pobla- 
ción una ilusión de que aún es viable el capitalismo. 
De esta manera, se enseña a la población a desear todo 
lo que promete el desarrollo mercantil capitalista, un 
ejemplo de esta manipulación ideológica es la idea del 
“sueño americano” reactivado por el Gobierno en “el 
sueño ecuatoriano”. Con la ilusión de la moderniza- 
ción capitalista vía extractivismo, el pueblo cree que 
transitar por fuera del marco capitalista podría signi- 
ficar perder mucho de la prosperidad ofrecida en él. 

Cuando la población es atrapada en la ficción de- 
sarrollista necesariamente sufre un retroceso de su 
conciencia política crítica. Se siente cómoda con la si- 
tuación dada y no apuesta a un futuro que trascienda 
el orden existente, se vuelve una población afirmativa 
del statu quo. A nivel político es lo que podrían lla- 
marse momentos regresivos en la conciencia social. 

El mayor peligro de este proceso regresivo es que 
la población no sea consciente de que su deseo es un 
deseo construido en y por la lógica capitalista y consi- 
dere que lo que está apoyando es un proceso de trans- 
formación social. Es decir, que haya sido atrapada en 
el texto manifiesto del discurso de Alianza País, ahí 
donde se articula el deseo reprimido del correísmo, y 
por lo tanto esté convencida que la Revolución Ciuda- 
dana es una revolución socialista. De ser así significa- 
ría que en la conciencia o en el inconsciente colectivo 
del pueblo se ha operado una derechización semántica 
del discurso de la izquierda. Esto explicaría porque 
parece que a gran parte de la población no le impor- 
ta el autoritarismo, la corrupción, la estafa política, la 
mentira y fundamentalmente el proyecto económico 
que impulsa el régimen de la Revolución Ciudadana. 
Se podría decir que el cinismo del Gobierno se ha ex- 
tendido como ideología de la sociedad ecuatoriana. 

En el contexto de la región, los resultados de las 
elecciones en Ecuador podrían mostrar un gran revés 
en la conciencia que, a propósito de la instauración de 
los llamados gobiernos progresistas, se abrió en Amé- 
rica Latina. Desde la profundidad de la tierra cam- 
pesino-indígena germinó la necesidad de un cambio 
civilizatorio, que implica mucho más que una transfor- 
mación social. Este es el verdadero núcleo de la con- 


140 


El correísmo al desnudo 


ciencia crítica del proletariado actual, entendiendo por 
proletariado al conjunto de sujetos históricos que pul- 
san por una nueva civilización, pues en esta no tienen 
lugar, en esta no pueden vivir. Es decir, todos los pue- 
blos que están siendo despojados de la vida debido a la 
expansión de las fuerzas destructivas del capital (ex- 
tractivismo -minero y petrolero-, agroindustria, trans- 
génicos, biocombustibles, entre otros). La defensa del 
medio ambiente, como defensa del mundo social, naci- 
da en las luchas de resistencia que los pueblos del sur 
levantan frente a la devastación de las transnacionales, 
cuestionó de forma profunda y radical el fundamento 
mismo de la civilización moderno-capitalista. Esta ra- 
dical crítica puso en debate la forma cuantitativa que 
domina la idea de progreso, desarrollo y bienestar, lo 
que permitió abrir la posibilidad de que el bien-estar o 
mejor el Sumak Kawsay no dependa del crecimiento 
económico. Se empezó hablar entonces de la posibi- 
lidad de pensar en decrecer económicamente, lo que 
significa mudar de las fuerzas destructivas del capital 
a ciertamente unas fuerzas productivas, constructivas 
de un mundo distinto. Nace, así, un pensamiento real- 
mente transgresor, realmente transformador, un pen- 
samiento que desafía la lógica inexorable del capital. 

La vieja promesa desarrollista, reencauchada y pu- 
blicitada por los gobiernos llamados progresistas par- 
ticularmente el gobierno de la Revolución Ciudadana, 
se convierte en una contención ideológica que busca 
detener el despliegue del pensamiento crítico, que re- 
corre por el mundo campesino-indígena de la América 
Latina. Otra vez, como diría Gabriel García Márquez, 
los gitanos forasteros vuelven con sus falsas promesas 
modernizadoras, trayendo baratijas a cambio de nues- 
tra vida. Y otra vez más, como en la obra de Márquez, lo 
único que nos quedará es la hojarasca y como al parecer 
que no hemos aprendido durante estos ya largos más de 
500 años, una vez más la mayoría de pueblo ha caído 
en la trampa de una historia decrépita que se resiste a 
morir. Una vez más hemos permitido que nos enseñen 
a desear el capital y no la vida. En lugar de desear la 
libertad que todo comienzo de mundo humano signifi- 
ca, deseamos las ya gastadas certezas de un mundo que 
solo existe en nuestra alienación consumista. En vez de 
desear caminar sin ataduras por un mundo que iremos 
construyendo, deseamos sumergirnos en la pesadez 
viscosa del espacio mercantil. “En lugar de desear una 
filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, quere- 
mos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de 
todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por 
caudillos que desgraciadamente si han existido” (Zuleta, 
s/f: 2). Eso y no otra cosa muestran los resultados de 
las últimas elecciones en el Ecuador, una población que 
parece estar atrapada en la ficción del bienestar capita- 
lista de un conjunto de gozos perversos, propios de una 
sociedad adictivamente consumista. 


El atractivo terrible que poseen la formaciones 
colectivas que se embriagan con la promesa de una 
comunidad humana no problemática, basada en una 
palabra infalible, consiste en que suprimen la indeci- 
sión y la duda, la necesidad de pensar por sí mismo, 
otorgan a sus miembros una identidad exaltada por la 
participación, separan un interior bueno -el grupo- y 
un exterior amenazador (Zuleta, s/f: 4). 

En este contexto de enajenación social, los sectores 
que no han sido atrapados por esta ficción aparecen, 
obviamente, como locos, fundamentalistas, románti- 
cos, infantiles y todos los descalificativos que el Go- 
bierno usa para deslegitimarlos. Sin dudas, ante la 
mente colonizada de los “revolucionarios” ciudadanos 
que dirigen el Gobierno, la idea de decrecer, de parar 
la explotación destructiva de los bienes naturales se 
presenta como cosa de locos. Ante su deseo coloni- 
zado de querer llegar al bienestar capitalista a como 
de lugar, la sola idea del Sumak Kawsay debe ser un 
fundamentalismo indígena, una traición a su deseo 
más íntimo de parecerse al “blanco”. Después de tanto 
repetirse la mentira del desarrollo han creído que es 
verdad y desde la “Verdad” el pensamiento del otro se 
presenta como erróneo, infantil, romántico, primitivo 
es decir falso, más cuando ese otro, desde el pobre cri- 
terio cuantitativo, no es representativo. 

Es este núcleo transformador el que podría estar 
en riesgo, pues al no contar con el apoyo de gran par- 
te de la población podría ser sujeto de persecución, 
encarcelamiento, asesinato como de hecho ya está su- 
cediendo en el país y en la región. Cuando el poder 
no puede sobre el Otro que lucha y resiste, a pesar 
de toda la embestida ideológica, opta por su asesinato 
biológico o simbólico. Estos gobiernos saben que más 
allá del optimismo desarrollista que han contagiado a 
gran parte de la población, saben que aún subsisten y 
resisten los pueblos que tienen la certeza de que una 
vida digna no se cambia por petróleo ni oro. 

Dando un salto al pasado allí donde la teoría 
revolucionaria no se inscribió 

En la concepción marxista clásica del socialismo, 
este se presentaba como un tiempo de tránsito hacia el 
comunismo, tiempo en el que el proletariado en el poder 
se va extinguiendo como clase, proceso que conllevaba 
la eliminación del Estado como aparato de dominación 
de una clase sobre otra. Al menos este era el sueño que 
movió a la humanidad explotada durante gran parte del 
siglo XX, de hecho, el socialismo era el devenir hacia el 
comunismo, utopía que hoy parece olvidada. 

La humanidad asiste a una debacle civilizatoria 
que amenaza su propia vida como especie, una ame- 
naza que, sin lugar a dudas, es producto de “la lógi- 


Natalia Sierra 


141 


ca espectral, inexorable y “abstracta” del capital que 
determina lo que ocurre en la realidad social” (Zizek, 
2009: 24). Enfrentamos, de esta manera, el desate de 
la crisis social (guerras, violencia urbana, crimen or- 
ganizado, tráfico de drogas, hambre, muerte...), así 
como un grave daño ecológico que exigen retomar 
la utopía comunista, si es que aún queremos existir. 
La apuesta por el comunismo es la puesta por otros 
mundos en los que la ficción del desarrollo indus- 
trial, tanto en su versión social demócrata como en 
la del socialismo científico, no tiene cabida. La idea 
de que la emancipación humana depende del avance 
de la industrialización ya no es viable. En la etapa 
actual de desarrollo de las fuerzas productivas capi- 
talistas, estas han devenido en fuerzas destructivas, 
en este sentido no es coherente con el pensamiento 
emancipador asumirlas como sostén técnico de una 
nueva sociedad. 

Hoy más que nunca la revolución tiene que ser ra- 
dical, tiene que ser una rebelión civilizatoria, porque 
incluso los mismos contenidos de la apuesta socia- 
lista presente en la Revolución Rusa del 17 no son lo 
suficientemente radicales para el imperativo humano 
del siglo XXI. El desafío actual no es industrializar el 
mundo y socializar la riqueza de esa producción, el 
imperativo es desacelerar la producción industrial a 
nivel planetario, atacar la violencia de la producción 
industrial y de las relaciones de propiedad privada 
que la acompañan y la hacen posible. El desafío hoy 
es cómo pasar de una matriz energética basada en la 
ley del valor a una matriz energética no capitalista, 
lo que implica un cambio radical en la vida humana. 
La promesa de emancipación no es industrializar la 
producción, sino garantizar la vida en el planeta, la 
lucha de clase se ha extendido de la contradicción 
trabajo-capital a la contradicción capital-vida. 

Las izquierdas hoy deben asumir la revolución en 
su radicalidad, en su violencia creadora, no de otra 
manera se podrá salir del sistema capitalista. Este es 
el compromiso, esa es la causa por la que luchar, no 
arreglos sino revolución, lo que se consigue de la lu- 
cha del pueblo no puede ser recuperado por los re- 
formistas de manera institucional. Hay que extender 
el campo de lo posible y nunca renunciar a ello 2 

El vocero número uno de Alianza País, tras las 
elecciones de febrero de 2013, ha acusado a la iz- 
quierda en la oposición de no representar más que 
el 3% que esta obtuvo en la votación, en razón de 
lo cual quiere deslegitimar las luchas de resistencia 
contra su proyecto económico que se han venido 
desplegando en el país. Vale aclarar que los grupos 
de campesino-indígenas que vienen resistiendo y lu- 
chando por la defensa de la tierra, el agua y la vida 
frente al proyecto extractivista del Gobierno son la 
vanguardia de la lucha social y: 


la vanguardia [...] es una minoría actuante que ma- 
nifiesta por medio de acciones explosivas su rechazo 
radical y total de la sociedad existente, con el fin de 
provocar un choque psicológico, de revelar la vulne- 
rabilidad y la podredumbre del orden imperante, y 
de llamar por medio de acciones ejemplares, más que 
por medio de consignas, análisis o programas, a la 
insurrección general (Sartre, 1968: 8-13). 

Es esto lo que hemos aprendido de las luchas de 
Intag, Victoria del Pórtete, Río Grande, Sarayaku, 
Dayuma, entre otras. Hemos aprendido que la razón 
histórica muchas veces no es un asunto de mayorías 
sufragantes, sino, sobre todo, de legitimidad histórica 
y ética. Pero desde la estrecha mirada del Gobierno, 
resulta que por los porcentajes electorales, los y las 
compañeras que luchan por la defensa de la vida son 
un puñado de “locos” y “violentos”. “Fundamentalis- 
tas de izquierda” cuyas reivindicaciones “ilegítimas” 
-desprivatización del agua y de la tierra, cambio de 
matriz energética, defensa del agua y de la vida, no 
al extractivismo-, no quieren ser oídas por los “revo- 
lucionarios sensatos” de Alianza País, porque según, 
como siempre, dicen: “reflejan simplemente una locura 
de los indios y ecologistas románticos, inconsciente de 
sus verdaderos intereses ” i . “Lo que es necesario explicar 
a la gente es que la violencia «incontrolada» tiene un 
sentido, que no es la expresión de una voluntad de des- 
orden sino de la aspiración a un orden diferente” (Sartre, 
1968: 24). Es importante también aclarar que nunca la 
utopía ha sido patrimonio de los cuerdos, porque los 
cuerdos concuerdan con el sistema, son los locos los 
que imaginan un mundo por fuera del marco social y 
civilizatorio dominante. 

Nos-otros los pueblos del sur, de abajo, de lo pro- 
fundo de la tierra y la historia debemos recuperar no 
el discurso sino el hacer que rompa las ficciones de- 
sarrollistas y construya el camino hacia otro mundo 
más allá del capitalismo. Esto supone una estrategia 
política, es decir, la existencia de una organización re- 
volucionaria, lo que no significa una dirección vertical, 
menos aún autoritaria. El caminar de la rebelión po- 
pular de los comunes involucra dirigentes que surjan 
y desaparezcan en atención a cada momento de la lu- 
cha del pueblo, porque es el pueblo quien los fecunda 
y es el pueblo quien los absorbe. 

Es la masa pueblo que engendra de vez en cuando 
pequeños grupos de hombres que nunca son «jefes» 
pero que pueden desencadenar -en ciertos momentos 
privilegiados en que su acción corresponde a una exi- 
gencia popular profunda- un movimiento de masa que 
los sobrepasa y pronto los engloba. (Sartre, 1968: 22) 
Esta es una razón más por la cual Alianza País no 
representa un cambio revolucionario. Todo su proce- 
so gira en torno a la figura caudillista de Rafael Co- 


142 


El correísmo al desnudo 


rrea, quien no fue engendrado por la lucha del pueblo, 
motivo por el cual no expresa la auto afirmación de 
la colectividad, no le devuelve el reflejo de su identi- 
dad 4 . El verdadero dirigente revolucionario no es un 
caudillo, es en sí mismo igual a todos lo miembros 
comunes y corrientes del pueblo. Es la voz a través 
de la cual el pueblo se percibe a sí mismo, no la que 
niega su identidad, no la que niega su existencia polí- 
tica como hace el monólogo del caudillo. El dirigente 
revolucionario es aceptado por el pueblo no porque 
se postula como amo, rey, o semidiós, sino porque es 
sentido por el pueblo como uno más de la comunidad. 
No se encuentra en una posición excepcional, especial 
o privilegiada, se encuentra en el lugar que el pueblo 
lo ha colocado para hacer posible su encuentro, y por 
lo tanto su condición de dirigente depende de que el 
pueblo así lo quiera, no de sus cualidades personales. 

Las luchas emancipadoras carecen de individuos 
predestinados e imprescindibles, de narcisos autopro- 
clamados líderes del pueblo. El dirigente revoluciona- 
rio es el que sabe que es tal porque el pueblo así lo 
quiere, no porque sea en sí mismo dirigente, ahí radica 
su ética revolucionaria. El dirigente revolucionario no 
busca su fetichización, por lo tanto no concentra po- 
der, ya que es consciente que el poder solo está en el 
pueblo, no en el individuo. Es por esto que no exige 
privilegios por sobre los comunes, porque el privilegio 
ya es que los comunes le consideren capaz de unir- 
los, de reunirlos. Por todas estas razones, el dirigente 
revolucionario se sumerge en el pueblo, se pierde y 
niega en él y en su destino político. Eso está claro en 
movimientos y dirigentes ciertamente revolucionarios 
como los zapatistas. 

Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. 
Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los 
más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, 
para quienes se niega el día, para quienes es regalo 
la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para 
todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor 
y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para 
nosotros el futuro negado, para nosotros la digni- 
dad insurrecta. Para nosotros nada (EZLN, 1996). 

La apuesta por el comunismo es la apuesta por de- 
fender nuestro proyecto de vida frente a los proyectos 
de desarrollo impulsados por todos los gobiernos de 
América Latina, tanto los autodenominados progresis- 
tas, como los neoliberales. No parece haber diferencia 
fundamental en el programa económico que impulsa 
el gobierno neoliberal de Santos en Colombia y el que 
está ejecutando el gobierno progresista de la Revolu- 
ción Ciudadana en Ecuador. Más allá de las retóricas 
utilizadas por estos gobiernos, lo que estamos vivien- 
do es un nuevo y más violento proceso de despojo de 


la tierra que desplaza a miles de campesinos. Acumu- 
lación por desposesión que supone la destrucción del 
mundo de la vida agraria, sobre la base de la conta- 
minación ambiental, el amedrentamiento terrorista, 
la criminalización de la lucha social, mecanismos que 
expulsan a los pueblos campesinos-indígenas de sus 
territorios. Toda esta violencia en nombre del desarro- 
llo capitalista, en nombre de las hidroeléctricas, la mi- 
nería, el petróleo, las carreteras, la gran construcción, 
los puertos, los puentes y aeropuertos al servicio de la 
circulación de capital. 

La apuesta comunista “redirige nuestra atención de 
los grandes héroes hacia el inmenso trabajo y sufrimien- 
to de la invisible gente común "(Zizek, 2011: 117). Hacia 
los hombres y mujeres que luchan por trabajo digno, 
tierra fértil, agua y aire limpios, por un futuro para 
sus hijas y nietos. La apuesta por el comunismo no es 
la apuesta por un discurso que ofrece bienestar, sino 
por la buena vida de los comunes. En este sentido, la 
apuesta comunista pasa por defender nuestros territo- 
rios y nuestros proyectos de vida frente a las fuerzas 
destructivas del capital. Defender los proyecto de vida 
de los indígenas, de los campesinos, de los pescadores, 
de los pequeños comerciantes, de los artesanos, de los 
concheros, de las mujeres desde abajo, de los jóvenes 
desde abajo. Nuestro proyecto de vida comunista que 
incluye muchas comunidades de vida de los comunes 
y los distintos, de nos-otros y los otros. Nuestro pro- 
yecto comunista supone la libertad para decidir la ma- 
nera en que queremos vivir. 


Natalia Sierra 


143 


Referencias bibliográficas 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación Na- 
cional (1996) Cuarta Declaración de la Selva Lacan- 
dona. Recuperado de: http://palabra.ezln.org.mx/ 

comunicados/1996/1996_01_01_a.htm 

Jameson, F. (1998) El marxismo realmente existente. Revista 
hechos Ideas (211). La Habana: Casa de las Américas. 

Sartre, J. (1968) Los intelectuales y la Política, Les Temps Mo- 
dernes, París [editorial], LeNouvel Observateur (188), 19 
al 25 de junio. Entrevista realizada por Serge Lafaurie. 

Zizek, S. 

(2002) El Frágil absoluto o ¿por qué merece la pena luchar 

por el legado cristiano? V alencia: Pre-Textos. 

(2005) Las Metástasis del goce, seis ensayos sobre la mujer 

y la causalidad. Buenos Aires: Ed. Paidós. 


(2009) Sobre la violencia, seis reflexiones marginales. 

Barcelona: Ed. Paidós. 

(2011), Bienvenidos a Tiempos Interesantes. La Paz: 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Zuleta, E. (s/f) El Elogio a la Dificultad. Recuperado de: 
http://www.elabedul.net/Articulos/el_elogio_de_la_ 
dificultad.php 

Notas 

1 Testimonio de Abuela Mapuche, http://www.youtube.com/ 
watch?v=eYVglf6nnyk 

2 Cf. Sartre, J. (1968) Sartre, los Intelectuales y la Política. 8-13. 

3 Cfr. Ibíd. p. 24. 

4 Cfr. Zizek, S. (2011) Bienvenidos a Tiempos Interesantes. La 
Paz: Ed. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Boli- 
via, 102. 


Crisis mundial e impactos en 
la economía ecuatoriana: 
un balance no-celebratorio 
de la Revolución Ciudadana 


Monika Meireles 

Economista brasileña. Profesora de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata 
a doctora por el Programa de Posgrado de Estudios 
Latinoamericanos de la misma universidad, meireles@usp.br 

Mateo Martínez Abarca 

Filósofo y escritor ecuatoriano. Maestro en Ciencia Política 
por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales y 
doctorante en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma 
de México. mateomartinez@comunidad.unam.mx 

Introducción 

La crisis financiera mundial que estalló en agosto 
de 2007 todavía tiene efectos sobre las economías cen- 
trales, manifiestos en las diversas dificultades enfren- 
tadas sobre todo por los países periféricos de la Zona 
del Euro, y sigue afectando las economías latinoame- 
ricanas, al contrario de lo que afirman las tesis de que 
estas fueron debidamente “blindadas” y son inmunes 
al desarreglo generalizado de la economía global. Es 
en el contexto de la crisis que surge una oportunidad 
más de reflexionar acerca de los logros y limitantes de 
uno de los fenómenos más interesantes que la región 
gestó en el período reciente: el “progresismo”. 

Tras disertar sobre el panorama general para en- 
tender los pasos/tropiezos experimentados por las 
economías latinoamericanas en el período reciente, 
centraremos nuestro análisis en la revisión más de- 
tenida de la trayectoria de la economía ecuatoriana 


en ese ciclo, tratando de problematizarla a raíz de una 
evaluación de los limitantes estructurales con los cua- 
les el gobierno de Rafael Correa se encontró -y que 
siguen existiendo-, así como con la discusión de los 
elementos de la coyuntura política nacional que po- 
nen en entredicho los alardeados resultados de la Re- 
volución Ciudadana. Así, el objetivo central persegui- 
do en el presente trabajo es contribuir en la formación 
de un diagnóstico cada vez menos ideológico de lo que 
sería la marca de la gestión de los gobiernos progre- 
sistas, basado en la congregación de elementos típicos 
del análisis económico con la mirada más cuidadosa 
sobre los procesos políticos y sociales. De tal manera 
que al caracterizar las medidas llevadas a cabo por ese 
mandatario en especial, se promueve el acercamiento 
a lo que representaría ese período y las nuevas proble- 
máticas que de ello surgen. Entendemos que reflexio- 
nar así sobre esas experiencias aporta para el debate 
sobre los rumbos del desarrollo latinoamericano. 


Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


145 


Por facilidad expositiva el trabajo se divide en cua- 
tro partes. Los problemas estructurales latinoamerica- 
nos heredados del neoliberalismo y los efectos de la 
crisis en las principales variables macroeconómicas in- 
volucradas en su “transmisión” para la región son eva- 
luados en el primer apartado. Trayectoria similar se le 
hace para el caso del Ecuador en el segundo momento 
del texto, tratando de destacar las contradicciones de 
las medidas económicas adoptadas dentro del proceso 
político ecuatoriano bajo el gobierno de Alianza País, 
subrayando que de la mano de la sensible disminución 
de la pobreza vino el sobredimensionado aliento a la 
actividad extractivista y el reforzamiento del modelo 
primario exportador bajo la manutención de la dola- 
rización formal. La tercera parte pone en relieve la 
problemática de la confrontación entre el Gobierno y 
los movimientos sociales, especialmente el movimien- 
to indígena, que se exacerba a partir del modelo de 
desarrollo seguido. Finalmente, en las conclusiones, se 
retoman los elementos centrales de la discusión previa 
para argumentar que con los gobiernos progresistas, 
como el ecuatoriano, todavía falta largo camino para 
la anhelada superación de la “larga noche neoliberal”. 1 

Crisis y América Latina: "herencia maldita " 2 
y canales de transmisión 

Para caracterizar mejor cuales son los obstáculos 
agravados por la crisis en el caso ecuatoriano, es útil 
un repaso de las principales dificultades económicas 
que enfrenta América Latina a partir del nuevo episo- 
dio de crisis financiera internacional. Así, partimos de 
una periodización que considera que en diversos países 
de la región se vivió, desde entonces, tres momentos 
emblemáticos. A saber: 1) un intento de reformulación 
de políticas de carácter anticíclico, de inspiración key- 
nesiana, focalizados en mantener fluidos los canales de 
crédito, los niveles de inversión y de demanda interna 3 ; 
2) un diagnóstico precoz de superación de la crisis pau- 
tado en una frágil recuperación de la actividad econó- 
mica y nueva ronda de políticas de austeridad, donde 
la preocupación por el control inflacionario retoma su 
rol protagonista en la gestión macroeconómica; y 3) la 
elaboración de nuevas propuestas para enfrentar los 
persistentes efectos de la crisis 4 . 

Además de considerar que estamos en la tercera 
fase señalada, identificamos que los canales de trans- 
misión, o las formas por las cuales las economías la- 
tinoamericanas siguen siendo impactadas por los des- 
doblamientos de la crisis mundial, son conformados 
por: a) la importancia y desempeño de las remesas 
de los trabajadores nacionales en el extranjero como 
fuente de entrada de divisas; b) el peso del comercio 
exterior en la economía nacional y la evolución de sus 


exportaciones; y c) la dependencia de financiamien- 
to externo en la composición de la deuda privada y 
pública (Ocampo, 2009). Como en todos los episodios 
de crisis, los canales de transmisión confluyen para la 
configuración del escenario más temeroso: la dismi- 
nución de los ya bajos ritmos de crecimiento de las 
economías de la región (Titelman et al, 2009) 5 . 

Es digno de nota que, a pesar de identificar estos 
canales de transmisión, no compartimos la interpre- 
tación de que la crisis fue “importada” por América 
Latina. Nos parece sesgadamente erróneo atribuir 
únicamente a la crisis financiera internacional las di- 
ficultades enfrentadas por la región desde entonces. 
Más bien, nos perfilamos junto a una serie de ana- 
listas que atribuyen al modelo heredado del período 
neoliberal, obviamente combinado con el escenario de 
crisis externa, el caldo amargo que explica la inesta- 
ble trayectoria de la economía regional actualmente. 
El Cuadro 1 es bastante elocuente con respecto a la 
tendencia a bajas tasas de crecimiento económico que 
arrastramos desde los años 80, no siendo casual que 
estos años hayan sido correctamente bautizados por la 
CEPAL como “década perdida”, tras su raquítico 1.3% 
de aumento promedio. Pero también hay que destacar 
que los 90 también fueron años de desempeño econó- 
mico bastante por debajo del satisfactorio, cuando se 
creció a un promedio de 3.2%. El desempeño de 3.8% 
del período de 2001 a 2010 solo fue más vergonzoso, 
a razón del boom del precio de las materias primas a 
partir de 2003. 

Hecha la ponderación de que los canales de trans- 
misión externos de la crisis deben ser analizados a 
partir de la trayectoria de bajo crecimiento económico 
crónico que la práctica neoliberal instauró en América 
Latina, vale destacar que estos canales de transmisión 
tienen pesos distintos en cada uno de los países la- 
tinoamericanos, como también fue específica la con- 
formación que las medidas de cuño ortodoxo-liberal 
asumieron en cada caso. 

El negativo impacto externo generado por la dis- 
minución de las remesas fue, sobre todo, determinan- 
te en aquellos países cuya dependencia de entrada de 
divisas por ese lustro se constituyó históricamente en 
algo importante. El Cuadro 2 evidencia cómo para la 
región en su conjunto, en el período reciente, ese flujo 
de entrada asumió el promedio de 31.2% de los flujos 
financieros, contra un 13% en el período anterior, de 
1991-2000. Los países centroamericanos, conjunta- 
mente con México y Ecuador, que tienen un verdadero 
contingente de nacionales viviendo en el extranjero, 
fueron aquellos que sufrieron una razonable presión 
en la balanza de pagos por la disminución del volumen 
de remesas 6 . 

El segundo canal de transmisión que merece espe- 
cial atención es el relacionado a los flujos comerciales. 


146 


El correísmo al desnudo 


Cuadro 1 

Tasas de crecimiento del PIB anual por regiones (promedios simples), 1971-2010 

(en porcentajes) 



1971-1980 

1981-1990 

1991-2000 

2001-2010 

África subsahariana 

3,7 

1,9 

2,3 

5,2 

América del Norte 

3,3 

4,4 

3,4 

2,1 

América Latina y el Caribe 

5,7 

1,3 

3,2 

3,8 

Asia oriental y el Pacífico 

4,8 

4,7 

3,1 

4,2 

Asia meridional 

3,0 

5,4 

5,2 

7,5 

Europa y Asia central 

3,2 

2,4 

1,9 

2,0 

Oriente Medio y África septentrional 

8,6 

1,8 

4,1 

4,8 

Países árabes 


1,5 

3,9 

4,9 

Mundo 

3,9 

3,5 

2,9 

3,0 


Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 


Cuadro 2 


Composición de los flujos financieros de América Latina (1970-2010) 

(como % del total) 



1970-1980 

1981-1990 

1991-2000 

2001-2010 

Inversión extranjera directa 

9.3 

29.2 

41.2 

52.1 

Deuda externa 

80.3 

35.6 

30.2 

5.6 

Asistencia oficial para el desarrollo 

8.8 

18 

6.2 

4.4 

Inversiones de cartera 

0 

1 

9.5 

6.7 

Remesas de trabajadores 

1.6 

16.2 

13 

31.2 


Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL (2012). 


Las exportaciones latinoamericanas sí sufrieron un 
choque en el momento posterior a la debacle financie- 
ra en Estados Unidos, que solo no fue más dramático 
por el mantenimiento de la tendencia de alza de los 
precios de las commodities, en especial los productos 
mineros y petrolíferos. La importancia creciente que 
la exportación de bienes primarios, con menos conte- 
nido tecnológico y más dependiente de los ciclos del 
mercado consumidor internacional, puede ser obser- 
vado en el Gráfico 1. En los años iniciales de la crisis 
actual, las exportaciones de materias primas y bienes 
manufacturados asociados a la disponibilidad de re- 


cursos naturales sumados representaban 59.4% del 
total de las exportaciones de los países latinoamerica- 
nos, en el 2010 se redondeó al 60%. 

Así, más allá de analizar la tendencia a la reprima- 
rización de la pauta de exportación de los países lati- 
noamericanos, ya hay en la literatura sobre el impacto 
de la crisis elementos que justifican hablar de la con- 
figuración de dos grupos de países dentro de esa ten- 
dencia: los exportadores de energéticos y los de bienes 
agrícolas. A los primeros, el Ecuador incluido, el cho- 
que comercial no les golpeó tan duro, pues el precio 
del bien que funge como carro-jefe de las exportacio- 


Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


147 


Gráfico 1 


América Latina y el Caribe: Estructura de la exportaciones 
por nivel de intensidad tecnológica 

(1981-2010, en % del total) 


25,5 25f 


I 

I 


I I 



1981-1982 1985-1986 1991-1992 1995-1996 1998-1999 2001-2002 2005-2006 2008-2009 2010 


| Manufacturas de alta tecnología 
| Manufacturas de baja tecnología 

Materias primas 

Fuente: CEPAL, (2012a). 


Manufacturas de mediana tecnología 
Manufacturas basadas en recursos naturales 


nes mantuvo su ascensión, con desplomes puntuales 
y efímeros de los precios. Lo últimos estarían más ex- 
puestos a la fluctuación de los precios de alimentos 
-que son determinados en el casino de los mercados a 
futuro que siguen siendo nutridos por la especulación 
financiera- 8 . Sin embargo, un aspecto que les afectó 
(y sigue afectando) a ambos grupos de países es la 
marcada dependencia del desempeño de la economía 
china, socio comercial que desplazó a las economías 
centrales como principal consumidor de las materias 
primas latinoamericanas, energéticas o no. Por lo tan- 
to, no es casual que cuando China echó a andar su 
propio paquete keynesiano de medidas para contra- 
rrestar a la crisis, el resultado haya sido la aparente 
“inmunidad” de las economías de la región frente a 
la crisis mundial, aunque lo que en realidad se puso 
en evidencia fue la extrema dependencia del abultado 
mercado consumidor asiático. Eso también puede ser 
inferido por el análisis del período posterior, cuando 
a partir de 2010 el sentido tomado por aquella econo- 
mía fue de moderación en su ritmo de crecimiento, 
siendo traducido a graves tropiezos en las economías 
latinoamericanas. En ese caso, llevándose la “medalla 
dorada” de acople a la economía china, tenemos a la 


economía brasileña cuyo ritmo de crecimiento del PIB 
pasó de 7.5% en 2010 a módicos 2.7% en el 2011, y cuya 
expectativa para el 2012 no sobrepasa el 2% 9 . 

Finalmente, el tercer canal de transmisión de la 
crisis financiera internacional sería determinado por 
el grado de la dependencia de financiamiento exter- 
no en la composición de la deuda privada y pública. 
Así, los países con mayor apertura al financiamiento 
externo serían los más sujetos a tener su dinámica 
interna negativamente afectada por la carestía de cré- 
ditos (o credit crunch) en el mercado financiero inter- 
nacional, que se instauró desde 2008. Dos elementos 
deben ser centralmente analizados en ese rubro: a) la 
trayectoria de financiamiento adoptada por cada país 
latinoamericano en el momento anterior a la crisis y 
el grado de “profundización” o “integración” financie- 
ra que ese experimentó; y b) sumado a ese aspecto, el 
tipo de cambio, variando del “plenamente flexible” al 
“formalmente dolarizado” (pasando por aquellos paí- 
ses que practican intervención en el mercado cambia- 
do 10 ) y el nivel de la tasa de conversión de las mone- 
das locales 11 , que son variables-clave para el análisis 
del desempeño económico regional en el contexto de 
recesión mundial. 



148 


El correísmo al desnudo 


El impacto negativo de la crisis sería potenciali- 
zado de acuerdo con el grado de apertura financiera 
que cada país asumió en la etapa anterior, o sea, cuan 
afanosa fue su “desregulación financiera”. Las crisis 
pasadas, como fue la de la deuda externa de princi- 
pios de los años 80, tuvo raíz en el alto grado de en- 
deudamiento externo, tanto público como privado. 
En ese contexto, también tuvo relevancia el cambio 
de la figura del acreedor involucrado, que ya no era 
otros estados nacionales y/o agencias multilaterales 
sino que era la banca internacional. Tras los planes 
de restructuración de la deuda externa, se diseminó 
en los años 90 el mercado de bonos soberanos de los 
gobiernos latinoamericanos. Los cambios en las legis- 
laciones locales del funcionamiento del sector finan- 
ciero nacional y la facilitación de los flujos de capita- 
les privados internacionales, que estuvieron en la raíz 
de la desregulación financiera, aseguraron que este 
nuevo mercado de bonos soberanos fuera extrema- 
mente popular entre los inversionistas como opción 
de títulos de alta rentabilidad, por lo cual concentró 
un flujo ingente de recursos. 

Con el mismo magnetismo -o quizás aún más in- 
tenso-, con el que ese mercado atrajo capitales a prin- 
cipios de los 90, se produjo el movimiento contrario 
a partir de la crisis mexicana de 1994. El profundo 
episodio de crisis tuvo como marca la violenta for- 
ma a través de la cual el capital internacional repe- 
lió los títulos latinoamericanos, generando un sinfín 
de dificultades en términos de la balanza de pagos de 
distintos países e innumerables “paquetes de ayuda” 
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los años 
2000, en el momento inmediatamente anterior a la 
crisis actual, fueron marcados por una renovada ron- 
da de extrema abundancia de recursos crediticios a 
nivel mundial, catapultados por nuevas prácticas fi- 
nancieras como la securitización 12 , con las siguientes 
diferencias: a) aumento del endeudamiento internos 
vis-a-vis al endeudamiento externo, lo que significa 
una disminución relativa de la emisión de títulos no- 
minados en moneda extranjera por parte de los go- 
biernos latinoamericanos, pero con aumento sustan- 
cial de títulos en moneda nacional 13 ; b) incremento 
de la inversión extranjera directa y de la inversión de 
cartera, los dos rubros representaron una importante 
fuente de recursos externos en el período. En ese sen- 
tido, cabe destacar que, al menos para esa crisis, ese 
no fue el canal de trasmisión trascendente. De hecho, 
dadas las bajísimas tasas de interés practicadas en los 
países centrales -como forma de tratar de estimular 
sus economías- América Latina vio incrementar la en- 
trada de recursos financieros. En ese contexto, el caso 
brasileño nuevamente se destaca, impulsado por las 
más altas tasas de interés del subcontinente, acaba por 
ser el principal destino de estos flujos. 


En una palabra: la región viene surfeando la ola fa- 
vorable de ser el oasis de rentabilidad en un momento 
de crisis externa generalizada, acompañada de gravísi- 
mas recesiones económicas en casi todo el globo -aun- 
que eso implique la apreciación de las monedas nacio- 
nales- también se refleja en mayor comodidad, dado el 
nivel récord de reservas internacionales acumuladas, 
del trato de la balanza de pagos. Sin embargo, gato es- 
caldado del agua fría huye. Con la facilidad extrema que 
la desregulación financiera aseguró a los movimientos 
de capitales transfronterizos, la compuerta está abierta 
para una eventual reversión del sentido de estos flujos. 
La ola favorable rápidamente se puede convertir en mar 
bravo, y pareciera ser que el salvavidas -que en este 
caso serían bancos centrales mejor instrumentados- si- 
gue dándole la espalda al inexperto marinero. 

Ecuador en la crisis: por dónde soplan los 
vientos de la tormenta 

Al elaborar un primer diagnóstico de los impactos 
en Ecuador de la crisis económica mundial, hay que 
evidenciar los resultados que la aplicación de políticas 
neoliberales dejó para el país. La reformas de orien- 
tación neoliberal, consolidadas en los años 90 y de 
manera más vehemente a partir del gobierno de Sixto 
Durán (1992-1996), convirtieron a una economía pe- 
queña y que apenas se adentraba en el camino de la 
industrialización como eje de la acumulación de ca- 
pital -industrialización fomentada por el boom de la 
producción petrolera- en una economía con alto grado 
de apertura externa, con escaso poder de negociación 
para el levantamiento de aranceles comerciales, y, lo 
que quizás sea más dramáticamente peculiar: un país, 
en lo posterior ya en 1999, formalmente dolarizado 14 . 
De ahí que, una vez más, es importante reconocer que 
la crisis financiera internacional estalló cuando el país 
andino ya tenía problemas estructurales propios, re- 
sultados del modelo implementado por el neolibera- 
lismo, desde hacía más de dos décadas 15 . 

Bajo esas características, es imperante la necesi- 
dad de generación de recursos en divisas fuertes, ob- 
viamente en dólares estadounidenses, no solo como 
forma de facilitar el equilibrio macroeconómico sino 
como condición necesaria para garantizar la liquidez 
de circulante, esencial para que la economía nacional 
no colapse. Así, la atracción de dólares sea vía entra- 
da de inversión extranjera directa y de inversión en 
cartera, o como resultado del esfuerzo exportador y 
la entrada de remesas, recobra una importancia que 
no tiene en los otros países latinoamericanos -a ex- 
cepción de Panamá y El Salvador, que también son 
economías formalmente dolarizadas-. En una palabra, 
para el caso ecuatoriano, la entrada de dólares es vital 


Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


149 


Gráfico 2 

Producto Interno Bruto 

(1990-2009, tasa de variación anual) 



1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador. 


2008 2009 

(prev) 


para que la actividad económica en sí exista. En ese 
sentido, lo que venimos tratando como “canales de 
transmisión externa” de la crisis financiera interna- 
cional son en realidad, para el Ecuador, condicionan- 
tes mismos de la estabilidad de la economía nacional. 
Hecho ese imprescindible paréntesis, retomemos el 
análisis de los tres canales de transmisión que eviden- 
ciamos para el subcontinente latinoamericano, tra- 
tando ahora de detallar cada uno de los mismos para 
el caso del país andino. 

El bajo crecimiento económico del período neo- 
liberal fue revertido a partir del aumento del precio 
de las materias primas y bienes energéticos en 2003. 
Siendo el petróleo el principal producto de exporta- 
ción del país, la economía ecuatoriana pasó a crecer 
a una tasa bastante acelerada, llegando a 8% en 2004, 
como se puede ver en el Gráfico 2. La crisis mundial 
derrumbó por tierra la expectativa de sustentabilidad 
de estos ritmos de crecimiento, teniéndose en el parco 
crecimiento de 0.4% en 2009 una muestra del tropiezo 
continuado en el débil 3.6% del aumento del PIB en 
2010. El borrador de recuperación económica mani- 
fiesto en la tasa de crecimiento de 6.5% en 2011, y ex- 
pectativas en la casa del 4% o 5% en 2012, se explican 
por la “externalidad positiva” que aprovecha la econo- 
mía ecuatoriana oriunda de la entrada del dólar en una 
trayectoria de marcada devaluación 16 . El derrumbe del 
valor del dólar aumentó la competitividad de las ex- 
portaciones ecuatorianas, favoreciendo el crecimiento 
económico del país a tasas ligeramente superiores de 


las observadas en América Latina. Sin embargo, es im- 
portante destacar que se trata de la influencia positiva 
de una variable en la cual el Gobierno ecuatoriano tie- 
ne nula posibilidad de intervención. 

El desplome del volumen de las remesas fue espe- 
cialmente sentido en el país ya que esa entrada de re- 
cursos representa un alto porcentaje de su PIB, siendo 
su máxima histórica el 8.1% para el año 2000, confor- 
me está demostrado en el Gráfico 3. Aunque hoy día la 
relación remesas/PIB haya caído por la mitad, su va- 
lor absoluto había subido sistemáticamente desde los 
años 90 hasta 2007. Para 2008, hubo una disminución 
sustancial del montante total de remesas, del orden 
de 300 millones de dólares con relación al año ante- 
rior 17 , tendencia que se agudizó en 2009 y 2010. Vale 
comentar que la disminución de la entrada de reme- 
sas tiene efecto geográficamente disparejo dentro del 
país, profundizando desigualdades históricas, una vez 
que son los residentes de los municipios más pobres 
aquellos que se ven desprovistos del apoyo financiero 
del ecuatoriano emigrante, que no puede mantener el 
mismo flujo de soporte por enfrentar dificultades en el 
mercado laboral, con tasas de desempleo alarmantes y 
crecientes en Europa y Estados Unidos 18 . 

La tibia recuperación de ese indicador para 2011 
parece no confirmarse en el año 2012, dada la nueva 
etapa de retracción económica que se vive en Europa, 
en especial en España en el año en curso. Tanto es 
así que los números muestran una disminución del 8% 
solo en el primer trimestre 19 . 



Valor Fob en miles de USD 


150 


El correísmo al desnudo 


Gráfico 3 

Comportamiento de las remesas recibidas 

(1993-201 1, en millones de USD) 



Fuente: Banco Central de Ecuador, 2012. 


Gráfico 4 

Balanza comercial total, petrolera, no petrolera y precio promedio del crudo 

(1990-2011, en millones de USD FOB) 



Balanza comercial ^ Balanza comercial petrolera ^ Balanza comercial no petrolera 

• Precio del barril de petróleo/USD (eje der). 

Fuente: Banco Central de Ecuador, 2012. 


% del PIB 





Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


151 


Gráfico 5 

Exportaciones, productos primarios e industrializados 

(1990-2011, en millones de USD FOB) 

20,000 

D 18,000 
en 

3 16,000 
<D 

"S 14,000 
2Ü 

•| 12,000 

£ 10,000 

en 

O 8,000 

U. 

5 6,000 

> 4,000 

2,000 


■ Primarios 2,345 2,499 2,727 2,522 3,159 3,556 3,809 4,253 3,199 3,389 3,510 3,432 3,726 4,535 6,025 7,853 9,829 10,63814,335 10,525 13,521 17,31 

— . — Industrializados 380 352 374 544 684 824 1,063 1,011 1,004 1,062 1,211 1,247 1,310 1,688 1,728 2,247 2,899 3,684 4,484 3,338 3,969 4,9£ 

Participación porcentual 

Primarios 86 . 1 % 87.7% 879% 82.3% 822 % 81 . 2 % 782% 808 % 76.1% 76.1% 743% 73.4% 740% 72.9% 777% 777% 772% 74.3% 762% 75.9% 773% 777°/. 

Industrializados 139% 12.3% 12 . 1 % 177% 178% 188 % 21 . 8 % 192% 23.9% 239% 25.7% 266 % 260 % 27.1% 22.3% 22.3% 228 % 25.7% 238% 24.1% 227%22.3°/( 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2012). 


^ 

l w 

^Etapa de predolarización 

i 

1 

Etapa de dolarización ^ 


V 

: 


- 







Una mirada apresurada a los efectos de la crisis por el 
segundo canal de transmisión podría nada más identificar 
y congratularse por el bajo impacto negativo que se vio 
en las exportaciones en 2008, y su rápida recuperación 
-en gran parte por la devaluación del dólar, como ya se 
ha mencionado-. Sin embargo, una mirada más atenta al 
desempeño de la balanza comercial y su composición nos 
ponen ante un panorama de mayor complejidad. 

El Gráfico 4 nos permite identificar que con el au- 
mento de los precios y de las exportaciones de petróleo, 
Ecuador tuvo superávits comerciales entre los años 2004 
y 2008, que fueron aún más significativos si se conside- 
ra únicamente el desempeño de la balanza petrolera. De 
hecho, si tomamos en cuenta nada más el saldo de las 
exportaciones e importaciones de petróleo y sus deriva- 
dos, la crisis hubiera sido una “marolita” en 2009, sin ma- 
yores consecuencias. Pero si se observamos las exporta- 
ciones e importaciones totales, es posible encontrar que 
el superávit comercial anterior se convirtió en déficit a 
partir del mismo año. Y lo que es más preocupante: el 
déficit comercial del sector no petrolero se muestra cada 
vez más acentuado, lo que se constituye en evidencia de 
la dependencia de la economía nacional con respecto al 
desempeño de las exportaciones de petróleo y la crecien- 
te presencia de los bienes importados. 

Al separar las exportaciones en productos prima- 
rios e industrializados como en el Gráfico 5, se ob- 
serva claramente que ambos tipos crecieron a partir 
de 2003, pero que la velocidad de crecimiento de las 


exportaciones de bienes primarios fue marcadamente 
más acelerada, culminando en que para 2011, repre- 
sentó cerca de 80% de la pauta de exportaciones, la 
mayor proporción desde el inicio de la dolarización. 
Nunca es demasiado recordar la preocupación de la 
CEPAL originaria -especialmente la de Celso Furtado-, 
en destacar que la industrialización periférica pauta- 
da en el fortalecimiento del mercado interno, (cuando 
está atenta a sus desequilibrios típicos y busca solu- 
ciones a los mismos), también justificaría internalizar 
el centro de decisión, soberanía política y económica 
vital de un Estado nacional comprometido con una 
estrategia de desarrollo exitosa 20 . La ruta planteada, 
para que los determinantes de la dinámica económica 
sean dictaminados internamente, es sustancialmente 
distinta de la emprendida a partir de la globalización 
comercial y de la ultraespecialización productiva de 
materias primas para exportación 21 . 

Nos falta analizar el tercer canal de transmisión, 
considerando que el potencial impacto negativo está 
correlacionado con el grado del endeudamiento ex- 
terno. El Ecuador, como ya fue destacado para gran 
parte de América Latina, siguió la tendencia de au- 
mento de la deuda interna tanto pública como pri- 
vada; lo que, en un principio, significaría una menor 
exposición a la variabilidad en los flujos de recursos 
externos 22 . Cabe subrayar que el endeudamiento total 
disminuyó significativamente a partir de la dolariza- 
ción, en especial en cuanto a caída de los niveles del 




152 


El correísmo al desnudo 


Gráfico 6 

Evolución de la deuda externa pública y privada 

(1990-2011, porcentajes del PIB) 


120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 



■ Deuda pública 


Deuda privada — Deuda total 


Fuente: Banco Central del Ecuador (2012). 


endeudamiento público, conforme a lo que expresa 
el Gráfico 6 23 . 

Un punto adicional, pero que es de fundamental 
importancia considerar, es uno de los logros obteni- 
dos por el gobierno de Alianza País: la impresionable 
disminución de los niveles de pobreza en Ecuador in- 
cluso en ese peculiar momento de incertidumbre de la 
economía global. Claro que hay que tomar con pinza 
los datos, como los dispuestos en el Gráfico 7, dón- 
de se señala que la pobreza acomete actualmente más 
del 28% de la población ecuatoriana, lo que representa 
una baja mayúscula de la tasa que era superior a 36% 
antes de la presidencia de Correa. La primera ponde- 
ración a hacerse sería que distintos países latinoame- 
ricanos, sobre todo los sudamericanos, presentan si- 
milar trayectoria de disminución de la pobreza 24 . Una 
segunda observación nace de las características del 
tipo de políticas de combate a la pobreza practicado 
actualmente: a) la focalización, a la Banco Mundial, 
de políticas sociales predomina sobre la generación 
de programas universales de protección social; y b) la 
vinculación entre los recursos fiscales redistribuidos a 
título de programas de transferencia monetaria con- 
dicionada y su forma de financiamiento. Específica- 
mente sobre esa última característica, vale destacar la 
dependencia que tiene el financiamiento del Bono de 
Desarrollo Humano (BDH) de la recaudación genera- 
da por actividades de sectores menos imprescindibles 
al desarrollo del país. Es ejemplo de eso la propuesta, 
que entrará en vigor a partir de 2013, de vincular el 


aumento del beneficio de ese programa social de USD 
35 a USD 50 a recursos que serán obtenidos de una 
mayor tributación sobre el sector bancario 25 . 

Además de las problemáticas supra citadas, una eva- 
luación más detallada de la cuestión de la crisis finan- 
ciera internacional que atinge a una economía pequeña 
y abierta como la ecuatoriana, debe llevar en cuenta su 
la peculiar situación monetaria-cambiaria. El hecho de 
ser una economía formalmente dolarizada suscita una 
serie de preguntas adicionales relacionadas con las vías 
de financiamiento de su desarrollo (conjuntamente con 
la reflexión sobre qué tipo de desarrollo se está fomen- 
tando), tales como: ¿de qué forma afectó el congelamien- 
to de los canales de crédito internacional a la economía 
ecuatoriana? ¿La dolarización ha agravado los riesgos de 
iliquidez dado un escenario de turbulencia en los merca- 
dos financieros internacionales? 26 Lejos de tratar de ago- 
tar respuestas definitivas a las indagaciones levantadas, 
quisiéramos nada más señalar que estos son otros de los 
puntos que siguen pendientes para la agenda del actual y 
de los futuros gobiernos del país 27 . 

La Revolución Ciudadana bajo la lupa: 
"progresismo" versus izquierda y 
movimientos sociales 

Desde el punto de vista histórico, ningún balance 
de los efectos de la crisis actual, entendiendo la misma 
como la confluencia de la crisis financiera internacio- 




Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


153 


Gráfico 7 


Pobreza a nivel nacional 

(Porcentajes, 2000-2011) 



■ Brecha (eje izq.) Severidad (eje izq.) — Incidencia (eje der.) 


Brecha: Diferencia agregada entre el ingreso de las personas (u hogares) pobres y el valor de una canasta básica de bienes y servicios (o línea de 
pobreza), expresada como porcentaje de este último valor y dividida para la población total. 

Severidad: Suma ponderada de las diferencias, expresadas como porcentaje de la línea de pobreza, entre el ingreso de las personas (u hogares) 
pobres y el valor de una canasta básica de bienes y servicios (o línea de pobreza), dividida para la población total. 

Incidencia: Número de personas pobres expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. 

Fuente: Banco Central de Ecuador, 2012. 


nal con los problemas estructurales de la economía 
ecuatoriana; sería posible sin considerar de manera 
detenida el horizonte de los procesos políticos y socia- 
les por los que ha atravesado la pequeña nación andi- 
na recientemente. Es necesario, así, recapitular sobre 
el camino histórico transcurrido, buscando arrojar luz 
sobre el presente, pues, como afirma Walter Benjamín, 
en su famosa quinta tesis sobre la Historia: “la imagen 
verdadera del pasado es una imagen que amenaza con 
desaparecer con todo presente que no se reconozca 
aludido en ella”. 

En primer lugar, es necesario hacer de nuevo hin- 
capié en que, desde el restablecimiento de la democra- 
cia en 1979 y hasta el año 2007, el Ecuador fue un esce- 
nario más de la aplicación de los programas de ajuste 
estructural inspirados por el Consenso de Washington 
e impuestos, a manera de recetario incuestionable, por 
organismos internacionales como el FMI o el Banco 
Mundial. Sucesivos gobiernos de distinto cuño políti- 
co o ideológico, coincidieron en el camino neoliberal 
de gestión de la economía, instaurándose así una es- 
pecie de “dictadura económica” justificada bajo crite- 
rios técnicos, que fue detonante de una fuerte inesta- 
bilidad política y social. 


En resumen, las medidas del Consenso de 
Washington promulgaron la austeridad fiscal y reor- 
denamiento del gasto público -o lo que es lo mismo, re- 
ducción del gasto social y repliegue del Estado-, refor- 
ma impositiva con incentivos tributarios para la gran 
industria, liberalización de los tipos de interés, un tipo 
de cambio competitivo, es decir devaluaciones de la 
moneda nacional sistemáticas; liberalización del co- 
mercio a través de acuerdos internacionales, permiso 
abierto para la entrada de transnacionales e inversión 
extranjera, procesos de privatización de las empresas 
públicas y áreas estratégicas, así como la flexibiliza- 
ción laboral y desregulación del mercado de trabajo y, 
en general, de los marcos jurídicos nacionales. 

Al igual que en otros países latinoamericanos, 
la aplicación del modelo de acumulación capitalista 
neoliberal en el Ecuador no condujo al crecimiento, 
estabilización económica, generación de empleo y 
reducción de la pobreza como se había prometido. 
Por el contrario, con el desmantelamiento paulatino 
del Estado desarrollista redistributivo y la subordina- 
ción de la sociedad en su conjunto a las relaciones de 
mercado; las condiciones de vida de la mayoría de la 
población sufrieron un grave deterioro a medida que 








154 


El correísmo al desnudo 


se agudizaba la explotación, tanto en zonas urbanas 
como rurales. Para 1998 el nivel de ingreso por ha- 
bitante fue apenas un 5% superior al registrado en 
1980, lo que representa una tasa de crecimiento anual 
del 0.3% (Larrea, 2006). 

Paralelamente, la pobreza y la desigualdad se agu- 
dizaron con el neoliberalismo. Mientras en el año 1995, 
el 35% de la población se encontraba en una situación 
de pobreza que le obligaba a tener un consumo infe- 
rior al valor de la canasta básica de bienes y servicios, 
este porcentaje tuvo un dramático incremento hasta el 
56% en 1999. De acuerdo al reporte del Programa de las 
Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 2002), no 
solo aumentó el número de población en condiciones 
de pobreza, sino también la profundidad de sus caren- 
cias. En cuanto a la desigualdad, el coeficiente de Gini 
del ingreso pasó de 0.548 en 1994 a 0.562 en 1998, lo 
cual puso en evidencia que la riqueza generada estaba 
yendo a manos de los quintiles más ricos. De hecho, el 
20% de los hogares más ricos que concentraba el 49% de 
los ingresos en el año de 1989, pasó a concentrar el 54% 
en 1998. Por supuesto, este incremento se dio a costa 
de una reducción de los ingresos del quintil más pobre. 

Así mismo, el neoliberalismo promovió por diver- 
sos medios el debilitamiento de los sectores sociales 
organizados -trabajadores, campesinos y estudiantes-, 
que fueron pilares de la resistencia popular durante 
las dictaduras 28 . En consecuencia, durante este perío- 
do es posible observar un declive en la intensidad del 
conflicto social reivindicativo de las antiguas organi- 
zaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y otros 
sectores de la izquierda 29 , a lo que se sumó la represión 
de los aparatos de seguridad del Estado, que encontró 
su punto más brutal durante el gobierno socialcristia- 
no de León Febres Cordero (1984-1988). 

Entre los sectores más afectados se encontraron el 
campo y las zonas rurales. Las políticas neoliberales 
fueron -y siguen siendo- particularmente agresivas, al 
destinar las mejores zonas agrícolas para la produc- 
ción agroindustrial de exportación a gran escala, en 
desmedro de la pequeña producción campesina. Ello 
condujo a que se produzca un doble fenómeno: a) 
concentración de la riqueza en manos de los grandes 
propietarios agroindustriales; b) y descapitalización 
del agro en términos de fuerza de trabajo, provocan- 
do álgidos procesos de migración campo-ciudad. Los 
resultados históricos de la aplicación de estas medidas 
en el campo, fueron a todas luces un fracaso 30 . 

Las aplicación de las medidas de ajuste sumergie- 
ron al país en un estado permanente de crisis y conse- 
cuente deterioro de la legitimidad de las instituciones 
y canales de representación tradicionales; provocando 
finalmente la aparición de nuevas formas de moviliza- 
ción social y emergencia de nuevos actores políticos, 
particularmente el movimiento indígena ecuatoriano 


y su más importante organización: la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 
La acción de la movilización popular encabezada y nu- 
trida sobre todo por los indígenas en un momento de 
crisis de las organizaciones sindicales; logró bloquear 
en gran medida el avance de las políticas de ajuste en 
Ecuador, trasladando a su vez el centro de la disputa 
a la naturaleza del modelo de Estado, democracia y 
desarrollo vigentes; y cuestionando las raíces mismas 
de los acuerdos sociales excluyentes que servían como 
su fundamento. 

La lucha de los sectores populares, especialmente 
desde fines de la década de los 80, transformó el es- 
cenario político ecuatoriano radicalmente. Los grupos 
de poder económico tradicionales y las élites políticas 
que los representaban a través de los partidos, fueron 
incapaces de procesar las innumerables tensiones y 
conflictos que el proyecto de acumulación neoliberal 
generaba. La protesta popular y la acción colectiva de 
los movimientos sociales, se tradujo en varios episodios 
masivos de revuelta contra el continuo régimen neoli- 
beral, que concluyeron con el derrocamiento sucesivo 
de tres gobiernos (Abdalá Bucaram 1997, Jamil Mahuad 
2000 y Lucio Gutiérrez en 2005). Vale acordarse de que 
entre 1998 y el año 2000, las medidas de desregulación 
del sector financiero tomadas a lo largo de este perío- 
do, provocaron la peor crisis financiera en la historia de 
Ecuador y posterior adopción del dólar estadounidense 
como moneda, cuyas consecuencias sociales, políticas y 
económicas repercuten hasta la actualidad. 

Es en ese contexto, en 2006, una gran mayoría de 
ecuatorianos optó por un proyecto de transformacio- 
nes radicales no casualmente denominado como la 
Revolución Ciudadana. Liderada por Rafael Correa, 
economista quien se define a sí mismo como un “hu- 
manista cristiano de izquierda”; la Revolución Ciuda- 
dana incorporó en su programa un gran número de de- 
mandas y reivindicaciones del período de resistencia al 
modelo neoliberal. Dichas demandas se expresaron de 
manera sintética en la necesidad urgente de convocar a 
una Asamblea Nacional Constituyente de plenos pode- 
res que reforme el Estado y consigne las bases para la 
construcción de un nuevo modelo de desarrollo. 

Luego de la victoria electoral y durante el primer 
período del proyecto, la Asamblea Nacional Constitu- 
yente se convirtió en el espacio central de la disputa 
política, donde aparecieron los primeros indicios so- 
bre el alcance que tendrían las reformas. Estas limi- 
taciones mostraron varias contradicciones dentro del 
movimiento de Gobierno -Alianza País-, el cual estaba 
compuesto por sectores vinculados a los movimien- 
tos sociales que pedían transformaciones radicales 
e inmediatas (indígenas, ecologistas, mujeres, entre 
otros); y, por otra parte, por sectores más conserva- 
dores con visiones cercanas a las elites económicas. 


Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


155 


En medio de estas tensiones orgánicas que constituían 
una especie de balanza de poder dentro del movimien- 
to; el presidente fue apostando paulatinamente por las 
posiciones más conservadoras, intervino abiertamen- 
te sobre el trabajo de los asambleístas, provocando el 
resquebrajamiento político del bloque y la salida de 
importantes integrantes cercanos a los movimientos 
sociales y a la izquierda, como el presidente de la pro- 
pia Asamblea, Alberto Acosta 31 . 

La nueva constitución -expresión clara de aquel 
momento en la correlación de fuerzas en el país-, fue 
aprobada en el año 2008 con el 63% de los votos inau- 
gurando así un segundo período dentro del proyecto 
del Gobierno. En adelante los principales retos políti- 
cos fueron poner en marcha las reformas constitucio- 
nales y avanzar en la aplicación de un nuevo modelo 
anclado en los principios del Sumak Kcrwsay o Buen 
Vivir. Sin embargo, con el pasar del tiempo el Go- 
bierno de Correa comenzó a transitar por una deriva 
equivoca y por momentos contradictoria no solo con 
los principios del programa original de Gobierno sino 
también con la nueva constitución. Se apostó, una vez 
más, por la dependencia de la renta proveniente de la 
extracción de recursos naturales -no solamente el pe- 
tróleo, del cual la economía ecuatoriana ha dependido 
desde los años setenta-, sino también por el inicio de 
la actividad minera industrial a gran escala; como for- 
ma de obtener recursos para el financiamiento de un 
nuevo plan nacional de desarrollo y de los programas 
“progresistas” del Gobierno 32 . 

Esto determina un segundo momento del proyecto, 
caracterizado sobre todo por la constante confronta- 
ción con la izquierda y sobre todo el movimiento indí- 
gena, principal sector social organizado del país 33 . Las 
organizaciones populares comprendieron que, si bien 
habían logrado enormes triunfos con la aprobación de 
la nueva constitución, esto no era suficiente. La dispu- 
ta ahora se centraría en torno a las consecuencias de 
la apuesta gubernamental de financiar su modelo de 
desarrollo sobre la base de la expansión de las fronte- 
ras extractivas y sus graves implicaciones para la po- 
blación sobre todo indígena y campesina; lo cual tiene 
estrecha relación con la aplicación y cumplimiento de 
los mandatos constitucionales y con la discusión de 
los contenidos en la formulación de leyes secundarias, 
como por ejemplo la de Minería o la de Aguas, que 
han sido dos de los procesos más conflictivos. 

Con el tiempo el Gobierno fue distanciándose pau- 
latinamente de los sectores sociales organizados que 
le expresaron su apoyo en un inicio, quizás conside- 
rando que la fortaleza política y social de su proyecto 
de Gobierno descansaba sobre todo en el liderazgo del 
presidente. Con todas las ventajas que brinda el con- 
trol del aparato estatal, impulsó la conformación de 
una endeble base social de respaldo compuesta por los 


beneficiarios de los programas sociales, nueva buro- 
cracia, organizaciones creadas bajo la tutela del Go- 
bierno, ganando además la lealtad de clientelas antes 
pertenecientes a varios partidos; que se encuentran 
activadas para la movilización a través de una estrate- 
gia de comunicación directa y permanente, en la que 
la figura de Rafael Correa fue colocada como el centro 
de todas las cosas. 

Con el pasar del tiempo, se hizo evidente una re- 
ducción en los niveles de conflicto con los poderosos 
grupos y élites económicas tradicionales, aumentando 
por el contrario la confrontación con sectores sociales 
organizados, en particular el movimiento indígena. 
Además de un fuerte enfrentamiento contra la prensa, 
el Gobierno ha implementado -al igual que gobiernos 
previos- una política represiva como respuesta a la 
protesta y movilización, declarando a su vez que toda 
protesta desde los movimientos sociales o la izquierda 
“le hace el juego a la derecha”. Es así que según diver- 
sos informes sobre la situación de derechos humanos 
(DD.HH) en Ecuador, actualmente el país se encuen- 
tra en un preocupante momento de criminalización 
de la protesta social y de persecución, especialmente 
de dirigentes de organizaciones críticas con los pro- 
yectos extractivos y de desarrollo (presas, centrales 
hidroeléctricas, entre otros) 34 . El Gobierno justifica 
dichas medidas a partir de la apelación a la memoria 
histórica del pasado reciente de desgobierno y crisis 
provocados por el neoliberalismo, recurriendo a la vez 
a la figura de mantención del “principio de autoridad” 
proveniente de la legitimidad alcanzada en las urnas 35 . 

Durante los últimos seis años de Gobierno de la 
Revolución Ciudadana, la izquierda en el Ecuador ha 
atravesado por un momento caracterizado fundamen- 
talmente por la enorme dificultad teórica y política, a 
la hora de caracterizar un proceso en plena dinámica. 
Tanto los aciertos como las profundas contradicciones 
del proceso, han conducido a una situación de confu- 
sión y desmovilización de diversos sectores, que aún 
mantienen expectativas con respecto a las promesas 
de transformación del Régimen que tardan indefinida- 
mente en cumplirse 36 . Existen indicios claros, sin em- 
bargo, de que la izquierda y los movimientos sociales 
ecuatorianos se encuentran saliendo del encanto “pro- 
gresista”, y comienzan a reorganizarse políticamente. 
En el mes de marzo de 2012 se realizó una multitudi- 
naria marcha contra la firma del primer contrato para 
la explotación de minería industrial a gran escala y 
en defensa de las fuentes de agua. Dicha marcha, que 
recorrió todo el país a pesar de múltiples estrategias 
gubernamentales para quebrarla; sirvió como eje de 
aglutinación político, conformándose de una alianza 
de todos los partidos de izquierdas a nivel nacional 
y movimientos sociales, denominada como Coordina- 
dora Plurinacional de Unidad de las Izquierdas. 


156 


El correísmo al desnudo 


Es posible afirmar que en la actualidad, en Ecua- 
dor se encuentran enfrentadas dos alternativas políti- 
cas al neoliberalismo que, sobre todo en América del 
Sur, han encontrado enorme relevancia en los últimos 
años. Por un lado, la izquierda radicalmente crítica del 
capitalismo desarrollista y su sacrificio de la natura- 
leza, representada en la Coordinadora Plurinacional; 
por otro, el contradictorio y autoritario “progresismo 
extractivista” del actual gobierno de Rafael Correa. 
En palabras de Eduardo Gudynas, esto posiblemente 
represente uno de los primeros ejemplos de una di- 
vergencia entre izquierda y progresismo. “La primera 
mirada busca una renovación de los compromisos con 
la justicia social y ambiental, desde una visión críti- 
ca del desarrollo contemporáneo, mientras que la se- 
gunda se mantiene enfocada en lograr el crecimiento 
económico y asegurar la inversión extranjera como 
ingredientes clave para una justicia muy recostada en 
la redistribución económica” (Gudynas, 2012). 

El contexto de crisis financiera internacional ha 
revitalizado la lucha social y la creciente insatisfac- 
ción popular en todo el mundo. De Estados Unidos 
al Medio Oriente, pasando por los “indignados” de 
Europa, la consigna se repite: ese modelo de capita- 
lismo que concentra de manera inédita los beneficios 
del sistema en las reducidas capas más ricas simple- 
mente no sirve 37 . En Ecuador el mismo impulso crítico 
mueve la nueva reconcentración de las fuerzas de la 
izquierda alrededor de la Coordinadora Plurinacional 
de Unidad de las Izquierdas. Tras más de diez años de 
“gobiernos progresistas” en América Latina y de casi 
seis de correísmo en el Ecuador, crece la impaciencia 
de la población con respecto a las transformaciones 
económico-sociales profundas que fueron prometidas 
insistentemente, y cuyos resultados concretos no han 
sido, como lo reconoce inclusive en este caso el propio 
Gobierno, más que superficiales. 

Algunas conclusiones 

A partir de un análisis de los efectos de la crisis 
financiera internacional sobre las economías latinoa- 
mericanas, se buscó evidenciar que los resultados ob- 
tenidos fueron condicionados por la estructura eco- 
nómica redibujada dentro del marco del momento 
predecesor, o sea, de la consolidación del neolibera- 
lismo en la región. Al centrar nuestro análisis en el 
caso ecuatoriano, se buscó replantear los alcances de 
las políticas y reformas impulsadas por la Revolución 
Ciudadana en el país en un contexto de convulsión de 
la economía mundial provocada por una crisis de pro- 
porciones atlánticas. Es decir, a partir del mapa de los 
limitantes estructurales típicos de esta economía andi- 
na, hemos intentado realizar una crítica a las medidas 


tomadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, 
subrayando la insuficiencia de los cambios promovi- 
dos a nivel económico y la débil adherencia de estos 
con el compromiso de poner en marcha una estrategia 
de desarrollo autónomo. 

En síntesis, la crisis internacional profundizó ten- 
dencias ya instauradas y puso en evidencia que, seis 
años después de llegar al poder, Alianza País ha sido 
incapaz de construir de manera efectiva las bases de 
otro modelo de desarrollo, y -lo que es más preocu- 
pante-; se encuentra repotenciando una forma de acu- 
mulación de capital que reproduce, de manera autori- 
taria y no sin resistencia de los sectores populares, las 
mismas derivas del anterior modelo neoliberal. Bajo 
un escrutinio no-celebratorio, la realidad ecuatoriana 
con el “progresismo”, groso modo, se caracteriza por 
ser: a) cada vez más dependiente de las rentas de los 
recursos naturales como el petróleo y la minería; b) 
subordinada a los vaivenes de las fuerzas del mercado, 
ya que con la manutención de la dolarización formal 
se revigoriza la hipoteca de la soberanía monetaria- 
cambiaria y se autoamputan imprescindibles instru- 
mentos de política económica; y c) pautada en un 
modelo escasamente crítico con los conceptos de cre- 
cimiento y desarrollo económico y su armonización 
con las demandas populares. 

De la insistencia en una verdadera “renovación 
conservadora”, como puede ser sintetizada la formula 
“extr activismo sumado a programas sociales” que vie- 
nen imprimiendo los gobiernos progresistas en la re- 
gión; se abre el camino a una nueva discusión sobre la 
izquierda latinoamericana en el poder. Si es la misma 
melodía la que toca la orquesta, aunque aparezcan 
sutiles variaciones, es momento de cuestionar quien 
realmente está llevando la batuta. 


Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


157 


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Notas 

1 Cabe destacar que se busca, a ver si con éxito o no, hacer 
un balance del gobierno correísta a raíz de la crisis finan- 
ciera global, pero el tono perseguido para ese ejercicio 
resuena en algún espacio entre dos polos: la evaluación 
extremamente condescendiente para con el mandatario, 
o celebratorias incluso, y la crítica más feroz. Entendemos 
que un análisis sesgado tanto hacia el halago indiscrimi- 
nado a la Revolución Ciudadana como el caer en la crítica 
sanguinaria al Gobierno, son contraproducentes. Al optar 
por un lado, el rey sigue desnudo y nadie entre sus súb- 
ditos es capaz de enfrentarle con la molesta verdad. Del 
otro, es tanta la furia que se ciega una apreciación más ob- 
jetiva y se termina por cerrar definitivamente cualquier 
posibilidad de diálogo entre las izquierdas y el Gobierno. 

2 Al asumir su primer mandato como presidente de Brasil en 
2003, en medio a un conturbada histeria de los mercados 
internacionales que se reflejó en una fuerte presión sobre el 
cambio, Lula públicamente declara haber recibido una “he- 
rencia maldita”, de Fernando Henrique Cardoso, su antecesor 
y responsable por profundizar las políticas del Consenso de 
Washington, compuesta de un estado con menos instrumen- 
tos de intervención, carnalmente conectado al FMI y con ta- 
sas de crecimiento estancadas. Similar carga dramática está 
implícita en el discurso de Rafael Correa al definir el período 
que lo antecedió en Ecuador como “la larga noche neoliberal”. 

3 Ocampo (2007) es más cauteloso y preciso al utilizar el térmi- 
no “anticíclico”, pues lo reserva únicamente para países que, 
como Chile, realmente venían adoptando medidas desde el 
auge del ciclo propiciado por la subida de los precios de la 
materias primas. Es decir, medidas visando aprovechar el 
momento de auge exportador para que el Gobierno hiciera 


158 


El correísmo al desnudo 


“caja” y dispusiera de recursos en los momentos de las vacas 
flacas. En su tipología, Brasil no hizo políticas anticíclicas 
stricto-sensu, lo que el país profundizó fue una tendencia del 
aumento del gasto público instaurada ya a partir de 2005, de 
tal forma que pareciera ser que ese manifiesta una “vocación 
gastadora” más que una política que busque conscientemen- 
te minimizar las fluctuaciones tanto en los períodos de auge 
como de desplome del ciclo económico. Finalmente, hay los 
países que siguieron implementando políticas procíclicas, de 
cual se destaca el caso mexicano. La CEPAL (2010) fue menos 
rigurosa en su identificación de las medidas anticílicas adop- 
tadas por muchos de los países de la región, bastando que 
esas incurrieran en medidas expansivas a raíz de las crisis en 
los campos de: a) política monetaria y financiera; b) política 
fiscal; c) política cambiaría y de comercio exterior; d) políti- 
cas sectoriales; y e) políticas laborales y sociales. 

4 La persistencia de la crisis europea y la desaceleración de la eco- 
nomía China constituyen, sumado a la reacción débil del merca- 
do estadounidense, el panorama desalentador de los principales 
socios comerciales de la región, lo que viene a estimular la bús- 
queda de alternativas para retomar el crecimiento económico y 
los niveles de empleo e ingreso de los países latinoamericanos. 

5 A pesar del coro que asegura que las condiciones macroeco- 
nómicas actuales de las economías de la región son más favo- 
rables que en las crisis anteriores, hay que relativizar la su- 
puesta virtud de la condición macroeconómica. Como señala 
Ocampo: “las economías latinoamericanas llegan a la crisis 
con mayores fortalezas que en el pasado, pero ellas son más 
modestas de lo que se ha subrayado en algunos estudios op- 
timistas sobre la gestión del auge económico reciente” (2009: 
31). Los analistas más optimistas justifican su opinión, sobre 
todo, por el alto nivel de reservas internacionales acumula- 
das y la obediencia a la disciplina fiscal, lo que es una lectura 
parcialmente acertada. Pero sabemos que la reversión de esa 
condición favorable puede darse muy rápidamente, ya que “en 
el caso de América Latina, el análisis y los datos empíricos 
sugieren que el episodio actual y sus manifestaciones proba- 
blemente se ajustarán a los patrones de las crisis financieras 
anteriores, por lo que se trataría de un caso de ‘vino añejo en 
odres nuevos”’ (Titelman et al, 2009: 31). La sensación de dejá- 
vu se justifica, aunque hayan algunos indicadores favorables. 

6 La emigración de ecuatorianos fue masiva en los años noven- 
ta, y aún más acentuada tras la mayúscula crisis bancaria y 
monetaria de 1999. El número de migrantes llegó a ser supe- 
rior a 150 mil personas únicamente en el año 2000, fecha de la 
dolarización formal del país. El presidente Correa exaltó en 
viaje reciente a España, en marzo de 2012, que la patria reci- 
biría de “brazos abiertos” a los ciudadanos ecuatorianos en el 
extranjero que desearan regresar. Sin embargo, todavía son 
tímidas las iniciativas y el apoyo en términos de política pú- 
blica para que la oleada migratoria sea revertida, más bien, pa- 
rece ser que el regreso al país de origen se motiva más por las 
precarias condiciones laborales en los países-huéspedes tras la 
crisis que por una política estatal direccionada a su acogida. 

7 En ese contexto, tanto la reprimarización como la desindus- 
trialización precoz de las mayores economías latinoameri- 
canas, son fenómenos que están relacionados con la reciente 
emergencia del mercado asiático como el principal destino de 
las exportaciones de la región y los tipos de bienes que están 
siendo preferencialmente transados. Para un anáfisis detenido 


de los dos fenómenos y sus implicaciones en el modelo de desa- 
rrollo económico brasileño, véase el trabajo de Salama (2011). 

8 “Las repercusiones más importantes y generalizadas de la 
crisis se apreciarán en el ámbito comercial. Todos los paí- 
ses, pero especialmente México, Centroamérica y el Caribe, 
están siendo afectados por la contracción del volumen real 
de comercio, mientras que las economías sudamericanas, 
sobre todo las exportadoras de productos mineros y energé- 
ticos, han experimentado un fuerte deterioro de los térmi- 
nos de intercambio. La caída de los precios de los productos 
energéticos compensará en parte los efectos adversos de la 
reducción del comercio internacional” (Ocampo, 2009: 31). 

9 En el tema de la dependencia sino-latinoamericana, hay 
otro elemento que merece ser escudriñado con más cuida- 
do: las inversiones extranjeras. De un lado, parte importan- 
te de las plantas productivas de empresas latinoamericanas 
fueron “deslocalizadas” para China, buscando aprovechar- 
se de un costo salarial más bajo. Por otra parte, es masiva 
la inversión de China en las actividades del sector primario 
latinoamericano, el flujo de recursos para la explotación 
minera en Ecuador llega a niveles históricamente inéditos. 

10 La literatura ortodoxa nombra despectivamente de “flota- 
ción sucia” lo que para la heterodoxia se considera “cambio 
administrado”, ambos refiriéndose a la intervención del 
Gobierno en los mercados cambiarios. 

11 El comportamiento del tipo de cambio, y más específicamente 
la propensión a su apreciación en los países de desarrollo me- 
dio, es el tema principal que ocupa la agenda de investigación 
de la corriente de pensamiento “neodesarrollista”, o promo- 
tora de la “macroeconomía estructuralista del desarrollo”, y 
que tiene como destacado vocero el economista brasileño Luiz 
Carlos Bresser-Pereira (2010). Además de discutir ampliamen- 
te la conexión entre tipo de cambio y crecimiento económi- 
co, él y sus interlocutores sugieren que la política cambiaría 
comprometida con una estrategia de desarrollo nacional debe 
perseguir la manutención de un tipo de cambio competitivo (o 
relativamente devaluado) como compromiso fundamental (p. 
153). Eso porque hay, en los países en desarrollo -fruto del mal 
holandés y de la política de crecimiento con ahorro externo-, 
la perversa tendencia a la sobreevaluación del tipo de cambio. 
América Latina, a diferencia de los países del sudeste asiáti- 
co, ha tenido serios problemas en neutralizar esa tendencia, 
lo que significa la persistencia de la moneda nacional sobree- 
valuada y sus consecuencias: a) dificultad en mantener altos 
niveles de inversión; b) bajos niveles de crecimiento; y c) siste- 
máticas crisis de la balanza de pagos. 

12 En español parece ser que se empieza a construir un con- 
senso en identificar el fenómeno de agrupación de deudas 
en nuevos títulos y la negociación con bases en estos nuevos 
instrumentos financieros, que está en el origen del termino 
securatización, como titulización. Para más detalles de ese 
proceso en Estados Unidos, véase el trabajo de Chapoy y 
Girón (2008). Lo que sí seguramente es punto pacífico es el 
apalancamiento extraordinario que las actividades finan- 
cieras sufrieron a partir de esa innovación. 

13 Hay que tomar con pinzas la aparente robustez que emana de 
esa aseveración, la vulnerabilidad externa sigue estando bas- 
tante presente, pues el capital extranjero es uno de los prin- 
cipales compradores de los bonos emitidos en las monedas de 
los países de la región y su “cambio de humor” sigue siendo el 


Monika Meireles Mateo Martínez Abarca 


159 


motor de las famosas debandadas de capital que tanta inesta- 
bilidad imputa a las economías latinoamericanas. 

14 Al analizar los puntos de vulnerabilidad del país frente a 
la crisis, Acosta afirma: “El Ecuador perdió en enero del 
año 2000, de manera irresponsable, varios miembros im- 
portantes de política macroeconómica: la política mone- 
taria y la cambiaría. Tengamos presente que la dolariza- 
ción fue impuesta, sin preparación alguna y sin permitir 
ningún debate, durante uno de los gobiernos más corrup- 
tos de la historia ecuatoriana” (2009: 15). 

15 Es decir, es más que prudente que “antes de analizar el im- 
pacto de la crisis en la economía ecuatoriana, conviene tener 
presente que Ecuador viene arrastrando una pesada crisis so- 
cial y económica, sobre todo en los últimos veinticinco años. 
Esta crisis ha sido el resultado de un proceso acumulativo de 
políticas inspiradas en el Consenso de Washington, que ne- 
cesariamente deben ser superadas para poder dar respuestas 
adecuadas a la actual crisis internacional” (Acosta, 2009: 1). 

16 “La devaluación real que experimentó la moneda estadouni- 
dense durante la bonanza favoreció a las tres economías dola- 
rizadas (Ecuador, El Salvador y Panamá)” (Ocampo, 2009: 29). 

17 Para que se tenga una correcta dimensión del fenómeno, 
eso sería, aproximadamente, equivalente a un trimestre 
de recursos que los ecuatorianos residentes en España 
-principal destino migratorio seguido de Estados Unidos 
y Italia- envían a sus familias. 

18 La provincia de Loja, por ejemplo, detiene el cuarto lugar como 
destino de remesas. Sin embargo, tiene casi a un 50% de su pobla- 
ción por abajo de la línea de pobreza, lo que está muy por arriba 
del promedio nacional que para 2010, según la Comisión Econó- 
mica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), era de 37%. 

19 En relación al último trimestre de 2011, conforme lo de- 
mostrado por el informe Evolución de las remesas, del Banco 
Central del Ecuador, disponible en: http://www.bce.fin.ec/ 
frame.php?CNT=ARB0000985. 

20 No se trata aquí de reeditar la defensa indiscriminada de la 
industrialización como única forma de desarrollo económi- 
co posible. Obviamente estamos en una realidad económica 
sustancialmente distinta a la de los años 40 y 50, y la literatu- 
ra más heterodoxa sobre el desarrollo logró poner en la mesa 
de discusión tanto el problema ecológico como el del respeto 
por formas de producción tradicionales de los pueblos origi- 
narios, replanteándose, así, la viabilidad de una estrategia 
exclusivamente pautada en la industrialización. Lo que aquí 
se busca resaltar, ahí sí una vez más, es la fragilidad eco- 
nómica, mensurada en la susceptibilidad ante episodios de 
crisis externas, implícita a un modelo primario-exportador. 
Una reflexión bastante semejante en las líneas generales se 
encuentra en el trabajo de Acosta y Schuldt (2006). 

21 La vocación ‘rentista’ vinculada a ese modelo de crecimiento 
económico es otra característica indeseada cuando se plan- 
tea una estrategia de desarrollo autónomo. Tal como destaca 
Acosta: “la profusión de recursos naturales de que dispone 
Ecuador, particularmente de petróleo, tiende, entre muchos 
otros procesos endógenos de carácter patológico que acompa- 
ñan al modelo primario-exportador, a distorsionar la estruc- 
tura y la asignación de sus recursos económicos, redistribuye 
regresivamente su ingreso nacional y concentra su riqueza en 
pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Esta realidad 
ha dado paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha 


consolidado mentalidades ‘rentistas’, ha profundizado la débil 
y escasa institucionalidad, alentando la corrupción y deterio- 
rando el medio ambiente. Las prácticas clientelares en lo social 
están a la orden del día” (2009: 16). 

22 Aquí, una vez más, no hay que apresurarse en conclusiones 
precipitadas. Dada la no emisión soberana de moneda, la 
deuda interna ecuatoriana también se denomina en dólares, 
lo que convierte en algo bastante especial el tema de la ex- 
posición externa. Si incluso para una economía con emisión 
monetaria soberana el hecho de que haya un aumento de la 
deuda interna en relación a la denominada en moneda ex- 
tranjera, no significa automáticamente menor exposición a 
los movimientos internacionales de capital -dado que parte 
importante de estos títulos pueden estar en las manos de 
agentes no residentes-, la problemática es aún más delicada 
tratándose de una economía dolarizada. Si, por un lado, no 
está implicado el riesgo cambiario de las deudas en moneda 
extranjera, por otra parte, una vez que esa no cuenta con la 
capacidad de financiarse emitiendo moneda propia, la depen- 
dencia de que hayan flujos de entrada constantes en dólares 
es redimensionada, y es de esa entrada que se garantiza que 
los compromisos externos del país sean refrendados. 

23 Cumpliendo parte del compromiso de campaña, Correa ins- 
tauró, por decreto número 472 del 9 de julio de 2007, la Co- 
misión para la Auditoria Integral del Crédito Público (CAIC), 
responsable por encaminar una minuciosa auditoria de la 
deuda externa del país. A partir de lo establecido en el infor- 
me final de dicha comisión, de noviembre de 2008, el Gobier- 
no emprendió una agresiva renegociación con los acreedores 
internacionales, lo que llevó a una sensible disminución del 
saldo a pagar de la deuda remaneciente. Para mayores deta- 
lles, véase el informe de CAIC (2008) y la página www.audi- 
toriadeuda.org.ee. 

24 Datos recientes de la CEPAL (2012b: 13) destacan que siete son 
los países -Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, Uru- 
guay y el Ecuador incluido- que mostraron mayores avances en 
el combate a la pobreza considerándose los años 2010 y 2011. La 
inclusión de Perú y Colombia, liderados por gobiernos de tintes 
conservadores, en esa selecta lista relativizan que la bandera de 
la eliminación de la pobreza sea exclusividad de la izquierda en 
la región. 

25 Obviamente hay que celebrarse la iniciativa de que el fisco se 
beneficie de las pulposas ganancias que el sector financiero 
tiene, como el plasmado en el aumento del valor del BDH a 
través de la Ley de Redistribución del Gasto Social, conforme 
mencionamos. Y ojalá otros países latinoamericanos lograran 
tomar medidas que están siendo impulsadas por el Gobierno 
ecuatoriano en esa dirección, como es el caso del cobro de 
Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA). Sin embargo, sigue 
resonando la una inquietud: ¡¿no sería aún más alineado con 
un programa de izquierdas que las finanzas no representaran 
el segmento con mayor rentabilidad de la economía nacional?! 

26 “En Ecuador, una de las peores amenazas económicas de 
corto plazo ha sido una potencial iliquidez, agravada por la 
dolarización y por una apertura comercial a ultranza e inge- 
nua, que configuran una receta explosiva. Rigideces, como la 
dolarización, a las que se suman otros problemas estructura- 
les, son las que tienen maniatada a la economía ecuatoriana” 
(Acosta, 2009: 2). 

27 Estamos conscientes que los trabajos de la Comisión Presi- 


160 


El correísmo al desnudo 


dencial para la Nueva Arquitectura Financiera (NAF), impul- 
sados por Correa, fueron un paso para aliviar las presiones en 
ese sentido. Pero un paso demasiado tímido, cuyos resultados 
concretos siguen siendo menguados y cuyo futuro permane- 
ce bastante incierto. 

28 Así, es acertada la afirmación de que “este nuevo modelo ca- 
pitalista de mercado que se impone a nivel global tiene tres 
consecuencias socio-políticas, que directamente influyen 
en el conflicto social: a) liquida el Estado social de derecho 
(keynesiano) redistributivo; b) excluye toda posible participa- 
ción social en la nueva forma de “crecimiento económico”, el 
cual solo es posible a condición de mayor inequidad social; c) 
desarma y deslegitima, por consiguiente, todos los conflictos 
reivindicativos y las demandas de los “movimientos sociales” 
(Sánchez Parga, 2009: 162). 

29 “Al cerrarse en América Latina la etapa del capitalismo de- 

sarrollista sustentado en el mercado interno, en Ecuador se 
vivió lo que mutatis mutandis se ha vivido en otros países 
de la región. Los viejos actores del movimiento popular, mo- 
vimiento obrero, campesinado, movimiento estudiantil y un 
abigarrado sector popular urbano vieron mermar su pro- 
tagonismo, no solo porque en términos políticos su fuerza 
menguaba por la ofensiva neoliberal, sino también porque 
en el plano de la estructura social comenzó a observarse una 
informalización que dio origen a nuevos sujetos sociales” (Fi- 
gueroa, 2008: 113). 

30 “La participación de la agricultura en el PIB no sufrió ningu- 
na variación entre 1980 y 1995, lo que demuestra que las me- 
didas neoliberales fracasaron en lograr una reactivación de la 
producción agrícola a través del impulso de la agricultura a 
gran escala. De hecho, las pequeñas unidades resultaron más 
eficientes en términos de uso de recursos y productividad” 
(Grinspun, 2008: 67). 

31 “En los trabajos de esa Constituyente, a inicios de 2008, se 
acentuaron las contradicciones entre Acosta y Correa, y en- 
tre una izquierda renovada y un progresismo convencional. 
Mientras que Acosta deseaba profundizar el esquema de de- 
rechos y garantías de la nueva Constitución, Correa buscaba 
acelerar las deliberaciones para poder retomar su campaña 
política. En aquellas circunstancias, Acosta renunció a la pre- 
sidencia de la Asamblea Constituyente. A partir de ese mo- 
mento se acentuó el perfil de Correa volcado al progresismo 
extractivista, calificó a quienes lo critican por izquierda como 
“infantiles”, indicó que la nueva Constitución tiene demasia- 
das garantías, y aplicó medidas de judicialización contra sus 
críticos” (Gudynas, 2012). 

32 “Esta situación coloca al gobierno frente a un dilema: los re- 
cursos provenientes de la explotación del petróleo viabilizan 
programas que afianzan su intención social sin enfrentar 
las exigencias estructurales de la sociedad ecuatoriana. Este 
beneficio inmediato aspira a una ulterior inversión en la ex- 
tracción del producto en el momento en que las estimacio- 
nes indican que las reservas del país ya alcanzaron su pico y 
tienden a decrecer irreversiblemente, poniendo en evidencia 
el carácter provisorio del arreglo actual. Como consecuencia, 
surge una contradicción con la orientación extractivista de la 
economía que se pretende superar en los marcos del precepto 
constitucional del sumak kawsay, traducido como “buen vi- 
vir” (Barbosa dos Santos, 2010). 

33 “Paradójicamente los principales peligros no han venido de 


una oposición que ni siquiera se cree a sí misma, sino de nues- 
tras propias contradicciones, de esas agendas propias que se 
metieron por las trasteras, de un falso sentido de democracia 
que buscó los aplausos de los grupos que precisamente debía- 
mos combatir, de un caballo de Troya que llevaba en su vientre 
aspiraciones y hasta frustraciones por las que no había votado 
el pueblo ecuatoriano [...]. Lo dije el 29 de noviembre de 2007, 
en la inauguración de esta Asamblea: el mayor peligro para 
nuestro proyecto de país es el izquierdismo y el ecologismo 
infantil. Temo que no me equivoqué, aunque tal vez me faltó 
añadir el indigenismo infantil.” Fragmento del discurso de Ra- 
fael Correa, 26 de julio de 2008 en la ceremonia de entrega de 
la nueva Constitución (citado por Ospina, 2008: 13). 

34 Según el informe sobre la situación de los DD.HH. en el Ecua- 
dor redactado en el 2011 por el programa andino de derechos 
humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, “persiste el 
inadecuado manejo de la conflictividad expresado en lo ideoló- 
gico, político, económico, organizativo; a través de un gran des- 
pliegue mediático. El Gobierno dio apertura para el diálogo con 
los gremios empresariales, mientras cerró las posibilidades de 
dialogar con el movimiento indígena, con los trabajadores y con 
periodistas; dando más bien paso a procesos de criminalización 
de la protesta social y de la opinión pública (de ciertos sectores). 
La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) se pronunció cues- 
tionando la política de criminalización de la protesta social” 
(PADH-UASB, 2011: 18) Versión completa del informe en: http:// 
www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/PDF/Actividadespadh/In- 
formedhvimpreso.pdf 

35 La visión pragmática expresada en este discurso del Gobier- 
no revela que por razones de necesidad (ante una situación 
de crisis política interna que parece reproducirse constan- 
temente); no importa sacrificar paulatinamente ni la nueva 
constitución o las libertades, imponiéndose así lo que Giorgio 
Agamben denomina como “estado de excepción” como téc- 
nica de gobierno, en la cual todos los poderes y funciones del 
Estado operan cada vez más a la sombra del Poder Ejecutivo. 

36 Según un informe del propio Gobierno, la Secretaria Nacio- 
nal de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio 
Coordinador de la Producción ecuatorianos, tras seis años 
de Gobierno “el desarrollo del país sigue anclado al petróleo 
y la exportación de productos primarios: el 71% del aparato 
productivo del país se sostiene en la producción de bienes pri- 
marios, el 8% en los servicios y apenas el 21% en la producción 
de bienes industrializados. En el 2006, un 56% del total de ex- 
portaciones no petroleras correspondían a bienes primarios, 
porcentaje que aumentó en el 2011, cuando registró 61%. El 
peso de las exportaciones de manufacturas, que tienen más 
valor agregado, se redujo en cinco años. En el 2006 era el 40% 
del total de exportaciones no petroleras. En el 2011 fue del 
36%.” (Diario El Comercio, 2012 septiembre 26. Nuevo Plan 
para cambiar el aparato productivo del país. Quito,) 

37 Al punto de que hasta un execonomista del Banco Mundial 

y ganador del -bastante prosistema- premio Nobel reconoce 
que “the failures in politics and economics are related, and 
they reinforce each other. A political System that amplifies 
the voice of the wealthy provides ampie opportunity for laws 
and regulations -and the administration of them- to be desig- 
ned in ways that not only fail to protect the ordinary citizens 
against the wealthy but also further enrich the wealthy at the 
expense of the rest of society” (Stiglitz, 2012). 


El jaguar desdentado: 
propiedad agraria y subordinación 


Francisco Hidalgo 

Sociólogo. Profesor en la Carrera de Sociología y Ciencia Po- 
lítica de la Universidad Central. Ha escrito varias publicacio- 
nes sobre temas agrarios y movimientos campesinos. 

El presente artículo hace una lectura crítica res- 
pecto de las políticas públicas aplicadas por la de- 
nominada revolución ciudadana respecto de la con- 
dición agraria del Ecuador en el período 2007-2013. 
Dentro de la situación agraria se enfoca la temática 
de la tenencia de la tierra, que representa una estruc- 
tura de inequidad de vieja data, no solo de la etapa 
neoliberal, sino pilar de los patrones de acumulación 
primario-exportador y los rezagos oligárquicos. 

El análisis se ubica alrededor de tres puntos: 
i) políticas de redistribución de tierras; ii) nueva 
legislación sobre la tierra; iii) estrategia estatal y 
roles de la economía campesina. 

Como antecedente es necesario ubicar el 
escenario en el cual se da este desenvolvimiento de 
las políticas, que inicialmente viven una situación 
de disputa de sentidos, en la cual se esbozan las 
líneas generales de una política de reforma estatal 
que genere condiciones para una vía campesina, 
pero luego progresivamente cambian los roles hacia 
una situación de postergación de la vía campesina y 
asume prioridad una estrategia de alianza entre el 
Estado y el agronegocio, que se torna dominante. 

Momento de disputa 

En el primer momento del proceso político que 
analizamos es posible constatar la formulación 
de una perspectiva de cambio en la sociedad 


ecuatoriana, que hace suyas demandas y propuestas 
que provienen del movimiento campesino e indígena, 
protagonista de las luchas antineoliberales. 

La Constitución de 2008 recoge las propuestas de 
cambio de fondo en la estructura agraria y en el modelo 
de agricultura dominante, para pronunciarse en favor 
de la soberanía alimentaria, junto a planteamientos 
como la plurinacionalidad, interculturalidad y el 
horizonte para la transformación del país hacia el 
buen vivir. La concepción sobre la agricultura y el 
desarrollo rural es puesto en la Constitución con 
la visión de la soberanía alimentaria; esto significa 
garantizar que los alimentos que consumimos 
los ecuatorianos provengan de una producción 
sustentable, sobre la base de las agriculturas 
campesinas; ello incluye transformar la estructura 
agraria, procesos de redistribución, enfrentar el 
fenómeno de la concentración y el latifundio y 
asumir una visión sobre la tierra desde los conceptos 
de la pachamama y los derechos de la naturaleza. 

El propio Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013 
habla de superar el modelo primario exportador, 
y coloca como eje para esta transformación la 
redistribución de la riqueza y la propiedad, incluida 
la inequidad en el acceso a la tierra, con metas 
precisas de reducción sustancial del índice de Gini. 
Se llega a inicios de 2009 a la aprobación de una Ley 
Orgánica de la Soberanía Alimentaria, que traza los 
puntos clave de un nuevo modelo de agricultura y de 
una nueva ley de tierras. 


162 


El correísmo al desnudo 


Vale la pena rescatar la trascendencia de 
este momento, pues configura una perspectiva 
de transformación agraria; desde este horizonte 
es válida la evaluación y crítica, tanto por dar 
valor al texto constitucional como por recuperar 
las demandas de los movimientos campesinos e 
indígenas precedentes. 

También cabe constatar que casi a la par de estos 
hitos de cambio fueron marchando las propuestas de 
los representantes del agronegocio y la protección 
al statu quo de la estructura agraria; al concluir 
la Asamblea Constituyente se expide un “mandato 
agrario” donde están los primeros pasos de la alianza 
entre Estado y agronegocio. Más tarde, a finales 
de 2010, se aprueba en la Asamblea Nacional el 
Código de la Producción, que esboza jurídicamente 
esta estrategia. 

Eludiendo la redistribución de tierras 
(y del agua) 

Piedra de toque para las políticas públicas 
sobre la temática agraria fueron los mandatos 
constitucionales referidos a la redistribución de tierra 
y agua. Sobre este segundo aspecto, la Constitución 
tiene una disposición muy concreta, precisamente 
porque la conciencia sobre la importancia de los 
recursos hídricos para impulsar las agriculturas 
campesinas había ganado consensos fuertes. 

Una política de redistribución de tierras, incluso 
en los límites trazados por el Plan Nacional de 
Desarrollo -esto es una reducción del índice de 
Gini a niveles del 0.65, lo que a su vez implicaba 
una afectación a aproximadamente dos millones 
de hectáreas que debían ser redistribuidas en este 
período-, ponía en nivel de confrontación al Estado 
con el agronegocio y podía implicar un viraje 
hacia un cambio de modelo en el desarrollo de la 
agricultura. A la par, este cambio de orientación 
implicaba modificaciones en un patrón de 
acumulación primario exportador, y abrir al mismo 
tiempo las puertas a una desconcentración regional 
de la riqueza. 

Ante los primeros esbozos de políticas 
redistributivas los grandes dueños de la tierra, 
representados por las Cámaras de la Agricultura, 
especialmente de la zona litoral, con los voceros 
de los grandes bananeros, palmeros, camaroneros, 
ganaderos y arroceros, respondieron furibundos 
y amenazantes. La réplica oficial inicial fue la 
dubitación, que más tarde se expresó en un franco 
retroceso. El ministro de turno hizo declaraciones de 
que no se afectaría de ninguna manera la propiedad 
privada y que las tierras a ser afectadas eran las 


no cultivadas. Luego hubo cambio de ministro y 
el sustituto claramente dio por cerrado el proceso, 
reduciéndolo a una limitada redistribución de 
parte de las tierras estatales, aquellas en manos 
del Ministerio de Agricultura y las provenientes 
de la banca cerrada. A ese estrecho proceso se le 
llamó Plan Tierras y se creó una subsecretaría que 
reemplazó al INDA. 

Cabe indicar que en el Ecuador las tierras 
estatales, si de ellas quedan excluidas las propiedades 
en manos de los militares, según los datos del Censo 
Agropecuario implican a 73 mil hectáreas y al 0,14% 
de las unidades productivas. Hacia fines de 2012 las 
áreas distribuidas en el Plan Tierras estaban por 
las 40 mil hectáreas; a la par se ha avanzado en el 
reconocimiento de las tierras indígenas en las zonas 
de la Amazonia. 

Bloqueo a la ley de tierras 

El último esfuerzo por recuperar el espacio 
de políticas públicas redistributivas en el agro se 
dio alrededor de una nueva ley de tierras, como 
se indicó en párrafos anteriores. La Constitución 
marcaba la necesidad de una ley para concretar 
“la responsabilidad del Estado de promover 
políticas redistributivas que permitan el acceso 
del campesinado a la tierra, agua y otros recursos 
productivos” (Art. 281) y “promover el uso y acceso 
a la tierra que debe cumplir la función social y 
ambiental” (Art. 282). 

Este es un tema crucial, pues se trata de 
revertir uno de los logros del período neoliberal, la 
expedición de la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, 
que dio por clausurada definitivamente la etapa de 
reforma agraria y estableció una serie de normas que 
debilitaron, por no decir eliminaron, los mecanismos 
con los cuales el Estado podía intervenir respecto de 
la tenencia y propiedad de la tierra. 

En apego a lo establecido en la Ley de Soberanía 
Alimentaria, la Conferencia Plurinacional e 
Intercultural de la Soberanía Alimentaria fue la 
encargada de redactar el proyecto de nueva ley 
para conocimiento del Ejecutivo y del Legislativo. 
Organizaciones campesinas e indígenas hicieron 
suyo este proyecto y a inicios de 2012 recogieron 
firmas de apoyo para que entrara a trámite legislativo, 
recurriendo al mecanismo de “iniciativa ciudadana”, 
lo cual se logró. 

La iniciativa ganó fuerza cuando la Marcha por 
el Agua y la Vida de los movimientos indígenas, en 
marzo de 2012, colocó en su agenda la demanda de 
una nueva ley de tierras. Este detalle viene a colación 
porque el comportamiento del Gobierno frente al 


Francisco Hidalgo 


163 


tratamiento de la ley de tierras, a mediados de 2012, 
es un buen ejemplo del manejo político frente a pro- 
puestas que implican redistribuir la propiedad y el rol 
que asigna el poder a las organizaciones populares. 

El Ministerio de Agricultura nunca presentó sus 
observaciones a la propuesta de ley colocada como 
“iniciativa ciudadana”; el bloque parlamentario 
del partido de gobierno no tuvo una postura única 
favorable, jamás se realizaron los prometidos eventos 
públicos de debate sobre los contenidos de la ley, y al 
final el tratamiento parlamentario quedo bloqueado. 

En esas fechas las organizaciones campesinas aus- 
piciantes de la iniciativa sufrieron acciones de divi- 
sión interna, y su capacidad de actuar con autonomía 
e iniciativa frente a las oficinas estatales responsables 
de la “participación ciudadana” quedó coartada. 

Finalmente el entredicho quedó zanjado con un 
pronunciamiento presidencial en una de las cadenas 
sabatinas. Allí el primer mandatario expresó que 
sobre los criterios de justicia en el acceso a la tierra 
priman los criterios de eficiencia y productividad, y 
que dicha eficiencia no proviene de las agriculturas 
campesinas y familiares, y sentenció: “repartir la 
tierra significa repartir pobreza”. 

La fase en la cual se habían abierto ventanas 
hacia una redistribución de tierra y agua en favor 
de los sectores campesinos e indígenas y de la 
agricultura familiar, quedó clausurada. En su lugar 
se despliega una fase de abierta alianza entre el 
Estado y el agronegocio. 

En el tema del agua la situación es bastante 
similar a lo recorrido respecto de la redistribución 
de la tierra. Un proyecto de ley queda truncado 
en el tratamiento parlamentario; los avances del 
Ejecutivo de auditoría de concesiones de riego para 
ir a mecanismos de redistribución, no han avanzado. 
Tampoco se avizora cambios en la inequitativa 
estructura de acceso al agua. 

El jaguar desdentado 

En la fase de cierre del período gubernamental 
2009-2013, el Gobierno, para promover una visión 
positiva de su gestión en la dirección del Estado y 
respecto de la evaluación de su plan de desarrollo, 
ha lanzado la consigna de un “Ecuador que empieza 
a rugir” y recurre a la imagen del jaguar. Es evidente 
la búsqueda de semejanzas con los llamados “tigres 
asiáticos”, como Corea del Sur, Taiwán y Singapur. 

Si de comparaciones se trata hay que precisar 
que uno de los ejes de la estrategia económica y 
política de los “tigres asiáticos” fue la redistribución 
de la tierra y, hay que decirlo, mediante reformas 
agrarias radicales. En varios de los países asiáticos, 


incluida la propia China, la estrategia fue combatir la 
concentración de la tierra, y el Estado aplicó políticas 
de redistribución para garantizar el sostenimiento de 
las agriculturas familiares y promover la producción 
alimentaria local y regional, combatiendo el poder 
oligárquico sobre la misma. 

A diferencia de ellos, el Gobierno del Ecuador ha 
clausurado las puertas para una política de amplia 
redistribución de tierras; en reemplazo ha optado 
por mantener y sostener el statu quo en la estructura 
agraria. De la mano de esta estructura se encuentra 
un patrón de acumulación primario exportador que 
convirtió a las principales zonas productivas del 
agro ecuatoriano en abastecedores de frutas y flores 
para los mercados de Estados Unidos y Europa. 

Si de jaguares se tratara, la imagen del Gobierno 
es un jaguar desdentado, que antes de presentarse 
en Alemania ante la señora Merkel pasó por dentista 
y manicurista. 

Movimientos campesinos y Estado 

El debate sobre la política agraria del Gobierno 
de la llamada “revolución ciudadana” no puede 
quedar limitado a la parte económica; un tema 
sustancial es el tratamiento a los movimientos 
campesinos e indígenas. Las organizaciones sociales 
de los pobres del campo fueron fundamentales para 
romper el predominio del modelo neoliberal, desde 
el levantamiento indígena por la plurinacionalidad 
y multiculturalidad, pasando por las luchas contra 
el alza del gas y el derrocamiento de presidentes 
corruptos, hasta las movilizaciones contra el TLC 
con los Estados Unidos. 

En ese transcurrir fueron generando una agenda 
propia, allí surgieron la soberanía alimentaria 
y la mencionada plurinacionalidad, así como la 
demanda de un proceso constituyente, con la cual 
interpelaron al Estado y al discurso hegemónico. 
Sin embargo, el tratamiento dado desde el Gobierno 
durante este período fue ir reduciendo la autonomía 
política obtenida, en parte asumiendo las palabras, 
mas no los contenidos, cooptando a las dirigencias 
susceptibles, y también auspiciando iniciativas de 
fraccionamiento hasta la total subordinación. 

En el fondo hay una comprensión de las 
organizaciones sociales como “correas de 
transmisión”, pues su rol no es el de la dirección 
política, ella queda reservada para el “buró político” 
o el ministerio de la Política; ellos sí saben lo que 
hay que hacer. Las organizaciones están para la 
propagación, la difusión de la estrategia dada “desde 
arriba”, o sea obedecer al poder real. En el mejor de 
los casos, el rol asignado corresponde al de “consejo 


164 


El correísmo al desnudo 


consultivo” sin real capacidad de poder ni de incidir 
respecto de las políticas públicas estratégicas. 

Y en los temas de cambios de fondo, como por 
ejemplo una política de tierras y una política de aguas, 
si no hay movimiento social con personalidad propia 
y firme, con capacidad de movilización autónoma, es 
imposible que haya transformaciones. Lo peor es que 
se tornan en estructuras dependientes, la subordina- 
ción de las clases populares se ha reproducido. 

En la fase final del período analizado, la estrate- 
gia de prioridad para el desarrollo en el campo que- 
da confirmada: en junio de 2012 se bloquea el trata- 
miento parlamentario de una nueva ley de tierras, en 
septiembre de 2012 se expide un decreto presidencial 
que oficializa el respaldo estatal a la producción de 
agrocombustibles, especialmente biodiesel, con me- 
tas definidas de expansión; en octubre el presiden- 
te abre la ventana para una reforma constitucional 
que permita el acceso libre y masivo de transgénicos, 
planteamiento que es ratificado en los días posterio- 
res a la reelección presidencial. 

A lo largo del quinquenio se vive una evolución 
que afirma una vía de expansión capitalista en el 
agro sobre la base de una alianza entre el Estado y el 
agronegocio. Se trata de una estrategia de doble fren- 
te: por un lado una modernización que mantiene las 
líneas clásicas del patrón primario exportador -ba- 
nano, flores, camarón-, añadiendo la expansión ca- 
pitalista alrededor de los cultivos de caña de azúcar 
para etanol y palma aceitera para biodiesel; por otro 
lado la profundización del modelo de agricultura y 
subordinación económica de la producción campesi- 
na por la vía de la agricultura bajo contrato. 

El posneoliberalismo en el Ecuador representa 
modernización capitalista en el campo, sobre 
la base de las mismas estructuras de inequidad 
y subordinación. ¿Qué diferencias hay con la 
fase precedente?: en los roles del Estado, de un 
plano secundario de acompañar la expansión 
agroindustrial a un rol de compartir la primera fila 
de la estrategia económica, con inversión directa 
que facilita la infraestructura, impuestos que son los 
mecanismos de renegociación en la distribución de 
la renta, complementado con obras de cobertura vial, 
educación, salud y vivienda básicos. 

¿Qué continuidades?: patrón primario exportador 
con ciertas variaciones que aprovechan las diferencias 
en los términos del intercambio internacional, por el 
alza de precios en cereales y productos orientados a 
los agrocombustibles. 

Las dificultades para las agriculturas campesinas 
e indígenas están en el reforzamiento de un rol 
subordinado: proveedores de fuerza de trabajo 
barata para la expansión capitalista, debilitamiento 
de las líneas de apoyo a la producción propia de 


las agriculturas campesinas, unidades productivas 
forzadas a una agricultura bajo contrato, pérdida de 
cultivos para la soberanía alimentaria y el mercado 
nacional; si hay ampliación de la producción 
campesina es en aquellos cultivos orientados a 
mercados fuera del país y la región; hay ausencia 
de apoyos a vías de comercialización propias, salvo 
aquellas destinadas al exterior. 

Si la evaluación incorpora al nivel agrario los 
horizontes definidos en la Constitución de 2008, que 
plantean perspectivas de soberanía alimentaria, 
economía social y solidaria y buen vivir, el balance 
es altamente negativo. 


El extractivismo como negación 
de la Constitución de la República 


Edgar Isch L. 

Ecuatoriano, MSc en Docencia Universitaria. Activista por los 
Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Ambientales. 
Exministro de Ambiente. 

Como en otros aspectos, cuando se habla del ex- 
tractivismo se pueden diferenciar dos períodos en el 
comportamiento de Correa frente a la estrategia de 
“desarrollo”, que desde ya lo ponemos entre comillas 
para resaltar el cuestionamiento existente sobre este 
término, especialmente en su relación con la concep- 
ción que viene de la modernidad capitalista. 

Este señalamiento inicial es válido cuando se ob- 
serva que, hasta la reelección de Correa como pre- 
sidente, tras haberse aprobado la Constitución me- 
diante referendo, el Gobierno recogió el afán social 
de búsqueda de una salida alternativa, a la cual nos 
referiremos más adelante. De manera adversa, su se- 
gundo período presidencial y su reelección se presen- 
tan como una reafirmación del impulso moderniza- 
dor del capitalismo, recuperando los viejos criterios 
de desarrollo y contradiciendo a la propia Constitu- 
ción. El eje económico de ese impulso modernizador 
está en el extractivismo, y el ideológico en la idea de 
progreso indefinido dentro del sistema y sin conside- 
rar los límites que la naturaleza pone a la utilización 
de los llamados recursos naturales. 

La ideología del progreso en cuestionamiento 

El desarrollo, desde un punto de vista etimológico, 
no es más que el desenvolvimiento de los fenómenos 
naturales o sociales. En sí mismo está desprovisto de 
fines morales o una dirección inevitable, pero se los 


instaló en su interior como un impulso que siempre 
lleva al bien, a lo mejor, a lo deseable, aunque en oca- 
siones el desenvolvimiento de los acontecimientos 
empeore una situación, dependiendo desde qué pun- 
to de vista se lo analiza. Por ello, muchos se autode- 
finen como “desarrollistas” sin considerar necesario 
decir qué clase de desarrollo se busca, en beneficio de 
quién o con qué potenciales efectos secundarios. Así, 
cualquier daño en el ambiente o a amplios sectores 
sociales que podían venir de la aplicación de medidas 
desarrollistas, se las consideró como externas a las 
obras y políticas, no se contabilizaron en las cuentas 
nacionales y terminaron como lo más parecido a los 
“daños colaterales” de las guerras. 

Este posicionamiento se basa en la ideología del 
progreso, como si este surgiera de un movimiento 
natural, involuntario e incluso inevitable de las so- 
ciedades humanas. Ideología que corresponde al pen- 
samiento occidental, primero, y después más especí- 
ficamente capitalista (con lo que se abre al mundo, 
pues hablar de “pensamiento occidental” no responde 
a una clasificación geográfica de su presencia, sino 
de sus orígenes). Las sociedades con una concepción 
menos lineal y más circular del tiempo, lógicamente 
contradicen esta visión de progreso indefinido y que 
siempre se encamina hacia lo mejor. 

El nacimiento del capitalismo, que tuvo que ven- 
cer la añoranza del pasado clásico que existía en la 
edad media y plantearse que el futuro siempre será 
mejor, se vio atado a una modernidad que era desea- 


166 


El correísmo al desnudo 


ble y por tanto objetivo indiscutible. El progreso, por 
tanto, tenía que presentarse como virtuoso, mientras 
sostener cualquier rasgo del pasado sería un absurdo. 
El “buen salvaje” de Rousseau, en su ignorancia debía 
dar paso al hombre moderno (capitalista), represen- 
tante de la razón (Rojas Mullor, 2011). 

De hecho los discursos “civilizatorios” continúan 
siendo parte de las concepciones de presidentes lati- 
noamericanos que tienen posicionamientos distintos 
en diferentes áreas pero que, cuando se trata de los 
pueblos indígenas, siguen señalándolos como “atra- 
sados” y que “impiden el desarrollo” 1 . 

Los críticos del sistema capitalista también han 
presentado argumentos que debaten la ideología del 
progreso, a pesar de que muchas veces estos no han 
sido suficientemente valorados por estudiosos de dis- 
tintas ramas. En “El Capital”, Carlos Marx responde 
de esta manera: 

Con el predominio cada vez mayor de la pobla- 
ción urbana, concentrada en grandes centros, 
la producción capitalista acumula, de un lado, 
la fuerza histórica motriz de la sociedad, mien- 
tras que de otra parte perturba el metabolismo 
entre el hombre y la tierra, es decir, el retorno 
a la tierra de los elementos de ésta consumidos 
por el hombre en forma de alimento y vestido, o 
sea, la condición natural eterna de la fecundidad 
permanente del suelo. De esta suerte, destruye al 
mismo tiempo la salud física de los obreros [...] 
Todo progreso de la agricultura capitalista no es 
solo un progreso en el arte de esquilmar al obrero 
sino también el arte de esquilmar la tierra [...] La 
producción capitalista solo desarrolla, por tanto, 
la técnica y la combinación del proceso social de 
producción socavando al mismo tiempo las dos 
fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el 
trabajador (1974: vol. 2, 250-252). 

En nuestros días, las críticas a la ideología del pro- 
greso incluyen la certeza de que los recursos de la na- 
turaleza no son infinitos y que, por lo tanto, existen 
límites naturales para el crecimiento, a los que se aña- 
den límites éticos que corresponde a distintas formas 
solidarias de entender la vida y la sociedad. 

En este contexto es absurdo insistir en expresio- 
nes incompletas de Alexander von Humboldt seña- 
lando que somos “mendigos sentados en un saco de 
oro”, expresadas en el siglo XIX. Y lo es más cuando 
la pasada asamblea constituyente debatió respecto a 
cuál debía ser una proposición de vida que vaya más 
allá del desarrollo, que la nueva Constitución ratificó 
como el Sumak Kawsay. 


Extractivismo y pasos hacia la 
nueva Constitución 

Explotación primaria de los recursos naturales ha 
sido la base sobre la cual se desarrolló el modelo de 
acumulación capitalista del Ecuador. Esto implica una 
dependencia permanente del mercado internacional 
de este tipo de productos. Si consideramos que el ex- 
tractivismo se caracteriza por la extracción de amplios 
volúmenes de recursos naturales que están destinados 
al comercio internacional con poca o ninguna trans- 
formación previa, se entenderá que dentro de esos 
productos existieron varios de origen agrícola como el 
café, cacao y banano, y más tarde productos minerales 
como el petróleo. Por otra parte, la descendencia del 
mercado internacional ubicará el Ecuador como pro- 
veedor de materias primas para los países desarrolla- 
dos, colocándolo en una condición de desventaja per- 
manente que llevaría, usando las palabras de André 
Gunder Frank (1996), al “desarrollo del subdesarrollo”. 
Es decir que el extractivismo lleva indefectiblemente a 
un estado de dependencia permanente. 

Gunder Frank insistiría en que “El actual subdesa- 
rrollo de América Latina es el resultado de su participa- 
ción secular en el proceso del desarrollo capitalista mun- 
dial” (íbid), resaltando la necesidad de comprender las 
políticas económicas y el desarrollo en su conjunto 
que se presenten en sus pueblos dentro del marco de 
la economía mundial. Al hacerlo, en nuestros días de- 
bemos señalar que el extractivismo es parte del proce- 
so de acumulación capitalista que, basado en la explo- 
tación del hombre por el hombre, se alimenta también 
de la expoliación de la naturaleza, que involucra su 
mercantilización y expropiarla de sus antiguos dueños 
y habitantes de los territorios. 

La mercantilización de los bienes comunes que se 
encuentran en la naturaleza se expresa en el mundo 
económico, pero también en el de las ideas. En el caso 
ecuatoriano estas han sido hegemónicas y nos han 
conducido a una perspectiva utilitaria de apropiación 
de la naturaleza, que se expresó en frases comunes 
trasladadas a la planificación, como: colonización de 
la Amazonia (con el consecuente desconocimiento a la 
existencia de pueblos originarios); la definición de tie- 
rras baldías como todas aquellas en las cuales no exis- 
te aprovechamiento humano, sin importar los ecosis- 
temas existentes; las propuestas de máxima y rápida 
explotación de los recursos petroleros y mineros; la 
destrucción de valiosos ecosistemas para dar paso a 
actividades productivas privadas como en el caso de 
la destrucción de los manglares; la urbanización como 
representación del desarrollo; y, por supuesto, la idea 
de que el Ecuador siempre ha tenido un producto que 
le saca de la crisis y que cuando se acabe el petróleo la 
naturaleza o dios ya nos dará algo más. 


Edgar Isch L. 


167 


En la última década las críticas más fuertes al 
modelo de desarrollo y de acumulación, aunque no 
siempre coincidentes, provinieron principalmente del 
movimiento indígena, el marxismo y los movimientos 
ecologistas. Ya para la campaña de 2006 se presen- 
taron propuestas que, aunque no siempre lo dijesen 
de manera expresa, estaban manteniendo posiciones 
contrarias al extractivismo y su continuidad. Si consi- 
deramos el Plan de Gobierno de Alianza País, partido 
vencedor de las elecciones de 2007, efectivamente no 
se encuentra la palabra extractivismo, pero hay pro- 
puestas importantes respecto al cambio de la matriz 
productiva nacional. 

Un ejemplo concreto de importancia tiene que ver 
con los planteamientos en torno al petróleo, respecto 
a los cuales se anunciaba 

...la necesidad de analizar con seriedad en la po- 
sibilidad de una moratoria de la actividad petro- 
lera en el sur de la Amazonia ecuatoriana, atada 
a una suspensión del servicio de la deuda externa. 
Sería imperdonable que se acredite la destrucción 
ambiental y social experimentada en el norte de la 
Amazonia. Además, es preciso manejar el petró- 
leo existente como una reserva energética para el 
futuro, a ser extraída posteriormente, siempre que 
existan suficientes garantías para no poner en ries- 
go la principal riqueza la Amazonia: su biodiversi- 
dad (Alianza País, 2006: 41). 

Estas ideas se fueron exponiendo en distintos docu- 
mentos estatales incluyendo el primer plan de desarro- 
llo gubernamental y la agenda energética 2007-2011. 

Una vez iniciada la Asamblea Constituyente se im- 
pulsa un conjunto de cambios en la matriz económica 
productiva y en la visión misma del país que se desea. 
La participación social y popular fue determinante en el 
número y calidad de propuestas que abrían la esperanza 
en un nuevo Ecuador que todavía está por construirse. 

La Constitución y el Sumak Kawsay 

Lo primero que hay que resaltar es que en la Consti- 
tución se recogieron una serie de propuestas que habían 
constituido las banderas de lucha contra el neoliberalis- 
mo, y que fueron impulsadas por las organizaciones y 
los sectores populares conjuntamente con los partidos de 
izquierda a lo largo de casi tres décadas. No se trata tam- 
poco que se recogiera la totalidad de propuestas o que no 
permanecieran visiones reaccionarias, pero se aprobó un 
amplio impulso a cambios sustanciales frente al régimen 
neoliberal, impulsando la recuperación de lo público y 
procurando que esta implicara mejores condiciones de 
vida para los habitantes de todo el territorio nacional. 


En la nueva Constitución, que fuera aprobada por 
el pueblo en 2008, se plantea: 

El régimen de desarrollo es el conjunto organiza- 
do, sostenible y dinámico de los sistemas económi- 
cos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 
garantiza la realización del buen vivir, del Sumak 
Kawsay. 

El título sexto de la Constitución se refiere ínte- 
gramente al régimen de desarrollo y está compuesto 
por 64 artículos (Art. 275-339), los que procuran dar 
una visión integral a la cita previa, establecen deberes 
del Estado y la sociedad para alcanzar el buen vivir y 
definen aspectos como la planificación participativa, 
los sectores estratégicos, servicios y empresas públi- 
cas, la soberanía alimentaria, la soberanía económica, 
el trabajo y la producción. 

El solo hecho de ya no referirse al desarrollo de 
manera aislada sino a un régimen de desarrollo como 
una proposición, marca cambios conceptuales impor- 
tantes. Esto rompe con el neoliberalismo al menos en 
los siguientes aspectos: 

• Señala que habrá organización de los distintos siste- 
mas que componen ese régimen, lo que implica plani- 
ficación y un rol estatal activo de manera tal que no 
quería ser reconocido por los neoliberales 2 . 

• Ya no se coloca las cifras macroeconómicas por la 
medida central del desarrollo, para en su lugar plan- 
tear las condiciones de vida de los pueblos y su acer- 
camiento hacia el Sumak Kawsay. 

• Se caracteriza al sistema económico como “...social 
y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 
propende a la relación dinámica y equilibrada entre so- 
ciedad, Estado y mercado, en armonía con la naturale- 
za; y tiene por objetivo garantizar la producción y re- 
producción de las condiciones materiales e inmateriales 
que posibiliten el buen vivir”. Al igual que en el punto 
anterior, el crecimiento económico ya no es el aspec- 
to fundamental que debe ser alcanzado como meta de 
toda la sociedad. 

• Esto abre la posibilidad a nuevas “medidas” del desa- 
rrollo que, a diferencia de las macroeconómicas usual- 
mente utilizadas, permitan visibilizar la repartición de 
la riqueza producida por la sociedad, la misma que debe 
alcanzar a todos para que las condiciones de vida desea- 
bles sean alcanzables en condiciones de igualdad. 

• Se incorporó con fuerza las preocupaciones sociocul- 
turales y ambientales, las que para el neoliberalismo 
solo eran “externalidades” del avance económico. 

• El Sumak Kawsay enfrenta además la imposición de 
una cultura globalizada única con la que se ha colo- 
nizado nuestro suelo. Lo hace desde una práctica in- 
dígena ancestral, que propone medidas de equilibrio 


168 


El correísmo al desnudo 


y complementariedad entre los seres humanos tales 
como la mina, el randy-randy o cambia-mano, junto a 
la integración con la Pacha Mama. 

Necesariamente es un régimen ligado al ejercicio 
de la garantía de los derechos de las personas, comu- 
nidades y pueblos. En este sentido, el “buen vivir” 
bien entendido y más alcanzable en términos indivi- 
duales. Se trata de una orientación fundamental que 
abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diver- 
sidad humana que se presenta en nuestro país. Y, si se 
le contrasta con el pasado extractivista del Ecuador, 
supone una respuesta y un avance importante para 
superar el neoliberalismo. 

El segundo período de Correa 

Ya durante el primer período presidencial de Co- 
rrea se había producido un hecho que no representaba 
al conjunto de acciones del Gobierno, pero que anun- 
ciaba el riesgo de cambios en la política oficial. Se trata 
de las protestas en nueve parroquias de la provincia 
de Orellana, que concluyeron en los enfrentamientos 
contra la población con doce civiles y ocho militares 
heridos, junto a denuncias de violaciones a los dere- 
chos humanos. Las protestas se habían originado por 
el incumplimiento de los compromisos de las empre- 
sas petroleras y tomaron mayor repercusión con la 
detención por nueve meses de la Prefecta provincial, 
Guadalupe Llori, aunque para ello se utilizó una figura 
de peculado, de la cual fue declarada inocente. 

Rafael Correa, en cadena nacional realizada en 
contra del paro de Dayuma el 1 de diciembre de 2007, 
expresó: “no crean a los ambientalistas románticos, todo 
el que se opone al desarrollo del país es un terrorista”. A 
contramarcha de los avances que se estaban dando en 
el país, el presidente de la República adopta la defen- 
sa de la idea de desarrollo sin que exista posibilidad 
de debatir sobre su contenido y sobre quiénes serán 
los beneficiarios. El desarrollo es el argumento indis- 
cutible que justifica incluso actos de represión con- 
trarios a los principios que incorporó la Constitución 
un año más tarde. Complementariamente, rechazó 
que la asamblea constituyente nombre una comisión 
que investigue la represión militar en Dayuma: “si la 
asamblea pretende gobernar el país, acepten mi renun- 
cia”. Se opuso también al intento de amnistía para una 
veintena de detenidos acusados de terrorismo: “sería 
un error aún mayor cuestionar al Gobierno en esta lu- 
cha tan dura que estamos librando” (El Universo, 2007 
diciembre 9). Esta manera de enfrentar el conflicto 
demuestra que el extractivismo requiere de violen- 
cia institucionalizada para aplacar las resistencias de 
los pueblos y, particularmente, de aquellos que están 


siendo despojados para que otros puedan ser ganado- 
res en la “acumulación por despojo”. 

A partir de allí se desarrollará un discurso alimen- 
tado en cada intervención presidencial y que contiene 
algunas falacias que deben ser clarificadas. Muchas 
son tesis que se expresan en todo el continente y que 
Maristela Svampa y su equipo ha identificado como 1 5 
grandes mitos, todos ellos demostrables como falsos si 
se recurre a la investigación empírica (Colectivo Voces 
de Alerta, 2011). En su trabajo se demuestra la falsedad 
de mitos como los siguientes (Zorrilla et al., 2011): 

• La minería es el “motor de desarrollo” que impulsará 
la economía nacional. 

• La minería genera empleo 3 y crecimiento econó- 
mico local. 

• La minería se instala en las zonas postergadas, crea 
un círculo virtuoso, genera desarrollo y eleva el nivel 
de vida de la población. 

• Los beneficios de la minería se quedan en los países 
donde se extraen los minerales, y las empresas contri- 
buyen con el pago de diferentes impuestos en el desa- 
rrollo del país. 

• La minería puede ser limpia, no contamina el am- 
biente y se puede hacer sin riesgos ambientales. Hay 
una solución técnica para cada problema ambiental. 

• Se hace con el consentimiento previo de las comuni- 
dades involucradas. 

• Las empresas mineras garantizan transparencia 
y libertad de opinión en cuanto a la evaluación de 
sus actividades. 

• América tiene un destino minero. Sin desarrollo mi- 
nero, no hay futuro para nuestras sociedades. 

Todos los análisis de la experiencia minera en los 
países latinoamericanos y de otros continentes ratifi- 
can, en los hechos, que la realidad es totalmente con- 
traria a esos mitos que se repiten en todos los países 
del continente. Más aún, el colectivo Voces de Alerta 
concluye señalando que: “Estamos convencidos que no 
existe ninguna posibilidad de avanzar en la democra- 
tización de la sociedad si no se pone coto al modelo ex- 
tractivo (régimen social de acumulación y distribución 
de riqueza) que necesita doblegar bajo cualquier medio 
las poblaciones que habitan estos territorios...”. 

Adicionalmente, en la prensa oficial se transmiten 
ciertas ideas que constituyen verdaderas falacias, sin 
embargo de que se las repita persistentemente. 

Entre los argumentos gubernamentales se señala 
que quienes no quieren la realización de los grandes 
proyectos extractivistas desean volver a la edad de la 
piedra y dejar de utilizar implementos tecnológicos 
modernos. El argumento no hace más que confundir 
entre extractivismo y uso de minerales. Si solo se ex- 
trajese el mineral realmente necesario, se necesitaría 


Edgar Isch L. 


169 


cantidades mucho menores de las que se comerciali- 
zan actualmente, sobre todo en una economía basa- 
da en el consumismo que produce mucho más allá de 
lo realmente necesario y que no procura el bienestar 
humano sino el aumento de las ventas para la conse- 
cución de mayores ganancias por parte de los grandes 
conglomerados industriales. Por ejemplo, se estima 
que menos del 25% del oro que se exporta se desti- 
na a la producción, mientras el resto sería empleado 
para las reservas monetarias y joyería. Con este dato, 
la presión sobre la naturaleza y los países considera- 
dos mineros podría ser mucho menor y, por otro lado, 
se podría considerar que con el oro presente en las 
reservas de los distintos bancos centrales se cubrirían 
las necesidades de producción por varios años (para 
2010, el oro concentrado en Fort Knox equivaldría a 
ocho o nueve años de lo realmente necesario, si no se 
extrajese un kilo durante ese período). 

Otro argumento persistente es que necesitamos 
de más extractivismo para salir del extr activismo. La 
idea de que esta es la vía para realizar un cambio de 
la matriz productiva está presente en el Programa de 
Gobierno de Alianza País 2013-2017. Por debajo de un 
lenguaje de izquierda lo que se propone es más extrac- 
tivismo, mientras se da paso a la “economía del cono- 
cimiento”. La vía planteada es algo similar a sostener 
que un adicto a las drogas dejará de serlo solo si es que 
aumentamos sus dosis y aceleramos el uso de la droga. 
Mientras tanto, hay múltiples cambios institucionales 
y de infraestructura destinados a fomentar el extracti- 
vismo y una política educativa general que plantea el 
servicio de las instituciones públicas hacia las empre- 
sas existentes en el país, incluyendo las extractivas. 

Parte de esas reformas se encuentran en la Ley de 
Minería aprobada en enero de 2009, cuyo contenido 
es contrario a los intereses nacionales. Esto luego del 
incumplimiento del mandato número seis o mandato 
minero resuelto por la asamblea constituyente, el cual 
establecía medidas de protección social y ambiental 
y planteaba el retiro de los permisos de exploración 
y explotación en lugares sensibles, tales como las na- 
cientes de agua y áreas nacionales protegidas. 

Respecto a la nueva Ley minera, el jurista chileno 
Julián Alcayaga la sintetizó de la siguiente manera: 

Al analizar la nueva ley minera de Ecuador, inme- 
diatamente la empezamos a comparar con la ley 
minera chilena, que es la que heredamos de Pino- 
chet y su Ministro de Minería José Piñera. Ambas 
legislaciones parecerían tener los mismos mentores 
ocultos, las trasnacionales mineras, visto lo permi- 
sivo que son con la actividad minera en general y 
las facilidades que se entregan a la inversión ex- 
tranjera (Alcayaga, 2009). 


Esta valoración hace referencia a diversos puntos en 
los cuales se otorga plena garantía de las trasnacionales 
por encima de los derechos sociales y de los derechos 
de la naturaleza reconocidos en la Constitución. Por 
ejemplo, se garantiza a las mineras las distintas servi- 
dumbres necesarias, lo que implica violentar el orden de 
prelación en los usos del agua establecido en la Cons- 
titución (Art. 100); se violenta la gestión constitucional 
de las áreas estratégicas otorgando el mismo trato a la 
empresa pública y a las empresas privadas en el acceso 
a las concesiones mineras (Art. 316); otorga “libertad de 
protección” amenazando las tierras comunitarias y de 
las nacionalidades indígenas (Art.28). Parte de las in- 
constitucionalidades de la Ley fueron denunciadas por 
la CONAIE ante el Tribunal Constitucional (el 17 marzo 
de 2009), el cual básicamente concluyó en la obligato- 
riedad de la consulta prelegislativa a los pueblos indíge- 
nas, dejando la Ley en firme. 

No solo a través de cuerpos legales se da servicio 
a las empresas transnacionales sino también por ins- 
trumentos de menor jerarquía. Ese es el caso de la en- 
trega de los principales campos petroleros, conocidos 
como “las joyas de la corona”, mediante contratos de 
“servicios específicos”. De esta manera, las empresas 
no asumirán el riesgo pero obtendrán grandes ganan- 
cias realizando el trabajo que hoy lleva a cabo Petro- 
ecuador en la operación de los campos. Es decir, se 
trata de una privatización disfrazada de los campos 
Auca, Shushufindi, Cononaco, Cuyabeno y Libertador. 
Este tipo de tratamiento había sido calificado en 2006, 
en entrevista en radio “La Luna”, como traición a la 
patria por Rafael Correa (Acosta, 2011). 

La X y la XI rondas petroleras se enmarcan en la 
nueva política del segundo período gubernamental de 
Rafael Correa, que ubica como un objetivo fundamen- 
tal el incremento de la producción en un 25%, para lo 
cual ya se han firmado contratos iniciales y “acuerdos 
de desarrollo comunitario” con seis comunidades in- 
dígenas del oriente (Diario Universal, 2013). Adicio- 
nalmente, y como resultado de la X ronda petrolera, 
se encuentran firmados contratos con la empresa 
española Repsol, el consorcio Marañón, la colombo- 
ecuatoriana INTERPEC y el consorcio ecuatoriano- 
estadounidense DGC (EFE, 2012). 

En el terreno de la agricultura, se reconoce que el 
Gobierno “está en deuda”. Lo actuado ha sido el im- 
pulso de la agricultura intensiva, de la agroexporta- 
ción de agroindustrias junto al decrecimiento de los 
productos de consumo interno, que tradicionalmente 
están en manos de los pequeños productores, todo lo 
cual se encuentra en oposición a la soberanía alimen- 
taria que manda nuestra Constitución (Carrión y He- 
rrera, 2012). El propio presidente Correa manifestaba 
públicamente el 11 de octubre de 2011, en el enlace 
ciudadano 240, que: “...la pequeña propiedad rural va 


170 


El correísmo al desnudo 


en contra de la eficiencia productiva y de la reducción 
de la pobreza [...] repartir una propiedad grande en 
muchas pequeñas es repartir pobreza [...] incluso más 
grave que el problema de la falta de acceso a tierra, 
etcétera, es el problema de la productividad. Tenemos 
una productividad agrícola demasiado baja [...] y 
parte de esa baja productividad son las pequeñas par- 
celas de terreno”. Si se encuentra similitud con los 
famosos artículos en los cuales Alan García identi- 
ficó a los campesinos peruanos como “El perro del 
Hortelano”, hay que preguntarse seriamente si solo 
se trata de una coincidencia. 

En síntesis, poco o nada se ha realizado para 
lograr el cambio en la matriz económica. El pro- 
pio Presidente lo reconoció en enero de 2012 al 
señalar que en su Gobierno “básicamente estamos 
haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de 
acumulación antes que cambiar, porque no es nues- 
tro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra 
intención tener una sociedad más justa y equitati- 
va” (El Telégrafo, 2012). Un año más tarde, el mis- 
mo periódico de propiedad estatal reafirmaría una 
posición ya mantenida con anterioridad, donde se 
le pregunta: ¿Cuán anticapitalista es el proyecto 
político de Alianza País y de Rafael Correa? Partes 
importantes de su respuesta fueron: “Yo detesto esa 
palabra. Yo creo que ese es uno de los errores de la 
izquierda tradicional: ser anti todo [...] superemos 
esos conceptos, esos criterios. No somos anticapita- 
listas, no somos antiyanquis, no somos antiimperia- 
listas, somos pro justicia social, pro dignidad, pro 
soberanía... ” (El Telégrafo, 2013). 

Es extraña una posición prosoberanía que no 
quiere enfrentar las causas de la dependencia ni al 
imperialismo, pro justicia social pero que no quie- 
re afectar a los ricos, solo es equiparable con la 
idea de que alguien puede llamarse de izquierda y 
no ser anticapitalista. Los resultados han sido una 
economía que ha favorecido a las élites económi- 
cas más que a los sectores populares. A estos se 
les ha entregado una serie de bonos procedentes 
precisamente del buen precio que han tenido las 
materias primas en el mercado internacional, con 
lo cual se ha aplacado la protesta social y se ha 
logrado una cierta distribución del ingreso que, al 
igual que en otros países latinoamericanos de dife- 
rente signo político, logra una reducción no soste- 
nible de la pobreza. Pero, en la línea de no afectar 
a los ricos, el Gobierno no ha realizado ninguna 
redistribución de la riqueza que se encuentra en 
la acumulación de medios de producción en pocas 
manos, lo que explica hasta hoy ausencias de una 
ley de tierras que posibilite esa distribución, de 
una ley de aguas que por mandato constitucional 
debía estar aprobada en 2009 y una redistribución 


con equidad de los recursos hídricos que se debió 
haber realizado hasta 2010, y el débil soporte a las 
formas de economía popular y solidaria. 

Por el contrario, la concentración de la riqueza 
en el Ecuador continúa acentuada. Según datos del 
INEC de 2010, hay 62 grupos económicos que con- 
centran el 41% del PIB; la riqueza no petrolera se 
queda en manos de importadores, intermediarios 
financieros y sector comercial; en los hogares se 
carece de cultura de ahorro y se tiende al consumo 
externo. Decio Machado (2012) concluyó que “En 
Ecuador no se ha transformado el sistema de acu- 
mulación tradicional, todo lo contrario, este se ha 
profundizado y su matriz primario exportadora tam- 
bién [...] En síntesis, y como conclusión final, Ecua- 
dor vive una readecuación de su capitalismo interno 
(atrasado y ocioso). Los grupos económicos poderosos 
nunca estuvieron mejor, y en todo caso, los más ex- 
cluidos del país nunca estuvieron menos peor”. 

La violencia atada al extractivismo 

Cuando se habla de transnacionales extractivis- 
tas que tienen una actividad “responsable”, se suele 
ocultar las denuncias sobre sus responsabilidades 
en guerras civiles, guerras internacionales, caída 
de gobiernos o invasiones 4 . El afán de apropiación 
conduce a esa violencia de una manera casi natural. 
Esto porque la acumulación por desposesión impli- 
ca expropiar a pueblos enteros de sus bienes comu- 
nes y patrimonios. Es una violencia ejercida tanto 
desde las empresas transnacionales como desde el 
Estado, mientras cualquier expresión de resistencia 
es atacada, judicializada y reprimida. 

Recurrir a la fuerza es también un reconoci- 
miento del fracaso o, cuando menos, de las debili- 
dades de los mecanismos de cohesión para lograr 
poner a los pueblos a la cola del poder guberna- 
mental, incluyendo el fracaso del reformismo para 
resolver los problemas sociales. Esto lo vemos tam- 
bién en la enorme fuerza policial y militar que ha 
sido utilizada para reprimir la minería informal en 
Esmeraldas y Zamora, acciones dirigidas a discipli- 
nar a la población y abrir el camino a los proyectos 
de megaminería. Aquí encontramos una continui- 
dad de las políticas neoliberales, para las cuales la 
informalidad impide el desarrollo del capitalismo, 
al mismo tiempo que se pretende convencer que la 
gran empresa es garantía de protección de la natu- 
raleza y respeto a las poblaciones (Isch, 2011). 

Tal vez actualmente sea visible el proceso de 
criminalización de la protesta social que encuentra 
cada vez más evidencias de una justicia atada a los 
intereses del régimen. Si se revisan los nombres 


Edgar Isch L. 171 


y acusaciones de varios de los criminalizados por 
“terrorismo y sabotaje”, se observará que la mayo- 
ría de ellos son quienes han presentado resisten- 
cia a actividades extractivistas. No es casual, pero: 
¿quién realmente provoca terror? ¿No hay pistas 
que hablen más de un terrorismo de Estado como 
soporte del extractivismo? 

Salir del extractivismo 

Como hemos analizado, nada de lo actuado por 
el Gobierno se relaciona con un proceso de transi- 
ción a una economía “posextractivista”, que en opi- 
nión de Arturo Escobar (2012) plantea condiciones 
contrarias a lo que hoy vemos en el Ecuador: 

..das exigencias para este proceso son comple- 
jas, incluyendo mayor democracia participati- 
va, visiones plurales de la economía, sistemas 
de valoración múltiples, disminución en el 
consumo de materia y energía, y estrategias de 
“desacople” selectivo de la economía mundial. 
La producción de alimentos [...] deberá ser una 
esfera primordial en esta transición; [...] “re- 
localización” de la producción de alimentos en 
base a sistemas orgánicos, biodiversos y des- 
centralizados [...]. La transición al post extrac- 
tivismo con estrategias de erradicación de la 
pobreza, conservación y derechos de la natura- 
leza, e integración regional autónoma frente a 
la globalización. 

Lo que vivimos es un proceso de modernización 
del capitalismo que recoloca al Ecuador en la con- 
dición de proveedor de materias primas para los 
países industrializados y que permite una cierta 
recomposición de las clases dominantes. En térmi- 
nos de relaciones internacionales, la fuerte presen- 
cia de capitales chinos implica también cambios en 
las relaciones de dependencia internacional que 
ubican al Ecuador en el medio de contradicciones 
de las potencias, como resultado de la multipolari- 
dad en la geopolítica global. 

Aquí, una vez más el extractivismo se presen- 
ta contrario a la Constitución. La combinación de 
contratos con empresas chinas está ligada a un 
acelerado crecimiento de la deuda externa con ese 
país, en condiciones que no se clarifican pero que 
estarían ubicando condicionalidades de contrata- 
ción, lo que implica una repetición de los procesos 
de endeudamiento ilegítimos que fueran denuncia- 
dos por la auditoría integral del crédito público. 

El nuestro es un país que tiene las condiciones 
para desarrollar su producción de manera multila- 


teral en camino al posextractivismo, con múltiples 
alternativas productivas y en beneficio del conjun- 
to de la población. Sin embargo, esto no será posi- 
ble con un Gobierno que se autocalifica de progre- 
sista mientras refuerza sus continuidades con el 
régimen económico que pretende superar. 

Una revolución verdadera, a diferencia de la 
llamada revolución ciudadana, se caracteriza por 
rupturas y saltos antes que por continuidades y 
largos procesos de reformas mediatizadas. Esa re- 
volución es todavía un reto histórico para los pue- 
blos y nacionalidades del Ecuador, que indefecti- 
blemente tendrán que dar respuesta a los grandes 
conflictos que se plantean en la contradicción en- 
tre extractivismo y Sumak Kawsay. 


172 


El correísmo al desnudo 


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Notas 

1 Puede recordarse la similitud de discursos de Alan García 
contra los indígenas levantados en Bagua y de Rafael Co- 
rrea contra los indígenas amazónicas en el levantamiento 
de 2008. En el caso ecuatoriano hay que recordar el tex- 
to del Decreto Ejecutivo 1780 de 12 junio 2009, mediante 
el cual el Presidente entregó a la Iglesia Católica grandes 
apoyos estatales para que, entre otras cosas, se encargue 
del “Fortalecimiento de las culturas, evangelización e in- 
corporación a la vida socioeconómica del país de todos 
los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de 
la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado [...]” 
(Registro Oficial, 2009a). Unos meses más tarde se reformó 
este decreto, con más cuidado en las palabras pero con las 
mismas intenciones (Registro Oficial, 2009b). 

2 Hay que señalar que desde una postura de izquierda el 
fortalecimiento estatal no es un objetivo en sí mismo, 
pues esto significaría olvidar que el Estado es ante todo 
un organismo que representa a las clases que sostienen el 
poder. Qué clases controlan el Estado es más importante 
que su grado de fortaleza. Quienes dicen que un Estado 
fuerte caracteriza a las izquierdas, olvidan que dictado- 
res como Pinochet también tuvieron estados fuertes para 
impulsar las reformas neoliberales. Distinto es contar con 
un Estado fuerte en el cual se expresen los intereses popu- 
lares y se los priorice. 

3 Según Martha Moneada (2012 junio 30), “De acuerdo a 
estimaciones, una mina genera 0,9 empleos por hectárea, 
mientras que una arrocera produce 6 empleos por hectá- 
rea”. Ver: Cinco falacias del neoextractivismo, página web 
del OCMAL. Disponible en: http://www.conflictosmine- 
ros.net/contenidos/12-ecuador/10548-cincofalacias-del- 
neoextractivismo. 

4 Es fácil recordar la guerra por el mineral coltan en el Con- 
go, los señalamientos de participación de las compañías 
productoras de transgénicos en el golpe de Estado en Para- 
guay, la injerencia de tropas francesas en Mali, los intereses 
empresariales en la guerra de Libia, entre los más recientes. 


Las políticas minero/petroleras 
de la revolución ciudadana: 
incumplimiento, desvío, 
avocamiento y coacción 


Esperanza Martínez 

Bióloga, auditora ambiental y ecologista. Presidenta 
y miembro de Acción Ecológica. Coordinadora para 
Sudamérica de la red Oilwatch. Asesora del presidente de 
la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). 
Autora de varias publicaciones. 

Introducción 

En este artículo intento plantear cómo la concen- 
tración de poder y las medidas de fortalecimiento 
del Estado están relacionadas y responden a la nue- 
va fase de capitalismo extractivista, caracterizado 
por una economía sostenida mediante el agotamien- 
to del petróleo y los minerales. 

En lugar de la construcción del Sumak Kawsay 
como alternativa a esos procesos de agotamien- 
to, el Gobierno ecuatoriano se ha concentrado en 
crear condiciones para la extracción de esas rique- 
zas utilizando tres figuras que, desde el derecho 
administrativo, se denominan desviación, avoca- 
miento y coacción. 

La estrategia del Gobierno en el 
escenario global 

Después de seis años de revolución ciudadana, 
la estrategia estatal consiste en un modelo primario 
exportador designado como fase de “Acumulación 


para la transición y profundización de la redistribu- 
ción” 1 . Todo esto con un proceso de fortalecimiento 
del aparato del Estado. 

No fue una idea original, de hecho es muy parecida 
a la que optó Colombia; desde el año 2000 se planteó el 
Plan Colombia de Paz, Prosperidad y Fortalecimiento 
del Estado (Fasoc 2000), y con ello allanó el camino de 
lo que denominó ”la locomotora mineroenergética”. 

Exprimir los territorios para obtener minerales 
o petróleo es la característica de las políticas econó- 
micas en toda América Latina. A escala mundial, el 
denominado pico petrolero, o el agotamiento de los 
crudos y minerales “baratos”, ha desatado una carrera 
por el control de estas riquezas, factor esencial para la 
expansión y globalización del capitalismo. 

Lo novedoso del momento es la irrupción de Chi- 
na, cuya economía crece rápidamente y necesita cada 
vez más materias primas. En la competencia por el ac- 
ceso a materias primas el dominio de las empresas de 
ese país en el sector petróleo ecuatoriano es eviden- 
te. China invierte, además de en campos petroleros u 
oleoductos, en operaciones portuarias, proyectos hi- 
droeléctricos y en minería. 


174 


El correísmo al desnudo 


China interviene en todo el circuito de la extrac- 
ción: financia no solo las operaciones de exploración 
y extracción, sino también los proyectos hidroeléctri- 
cos que proveen de energía a las primeras; opera, nos 
entrega créditos y se queda con los recursos mineros 
o petroleros. Es una ganancia por partida triple. Nor- 
malmente, el pago de la deuda, con tasas de interés 
otorgadas gracias a la premura con la que facilitan el 
dinero, está sujeto a algún insumo estratégico, asegu- 
rándose el suministro. 

En la década de los 70 fueron necesarias dictaduras 
militares para preparar el terreno al neoliberalismo de 
los años 80 y adecuar los marcos legales y de control 
territorial, y para iniciar o expandir el modelo extrae - 
tivista. Los indígenas de entonces eran acusados de 
comunistas. En la actualidad se necesita nuevamente 
un control del espacio, y los indígenas son nuevamen- 
te vistos como obstáculos al desarrollo, calificándolos 
de infantiles, o son procesados por terrorismo. 

Los nuevos proyectos extractivos -crudos más pe- 
sados (incluso extrapesados) en el caso del petróleo y 
yacimientos minerales con bajas concentraciones- re- 
quieren de una mayor ocupación de territorios, mucha 
energía y agua en cantidades descomunales. ¿Cómo 
logran las empresas acceder a esos recursos para la 
extracción? Se necesita del Estado. 

En el Ecuador, en el último quinquenio el Estado 
se ha fortalecido, ha aumentado su presencia física e 
institucional; se otorgan diferentes tipos de bonos, en- 
tre ellos el de desarrollo humano, crédito de desarrollo 
humano, cobertura de protección familiar, jubilación, 
vivienda y discapacidad. Sin embargo, el desarrollo de 
la institucionalidad ha servido para la relación con las 
empresas. Existen nuevas normas tributarias, se ha re- 
negociado contratos, sin embargo se vive una fuerte 
contradicción entre lo expuesto en las normas y en su 
justificación con los resultados. 

En materia de impuestos y políticas tributarias, a 
pesar de que se cuenta con mayor capacidad de con- 
trol, en minería se terminan aceptando las condiciones 
propuestas por las empresas canadienses 2 . Estas pro- 
ponían evadir el 70% del impuesto sobre los ingresos 
extraordinarios, y finalmente se accedió a que esto sea 
destinado a la amortización de inversiones 3 . 

Las empresas saben negociar y ablandar las 
pretensiones de dureza con la que el Gobierno llega a 
las negociaciones. 

No se han resuelto los problemas propios de las acti- 
vidades extractivas: la evasión, la elusión, el uso de pa- 
raísos fiscales, la relación con los capitales golondrina, la 
especulación y la corrupción. Las empresas están acos- 
tumbradas a no rendir cuentas a nadie sobre sus finan- 
zas, no presentan cuentas consolidadas sino parciales 
en cada lugar en donde operan. Otra cosa muy distinta 
sería rendir cuentas a todos, de todo el negocio, y res- 
ponder con las obligaciones tributarias sobre ese total 4 . 


Adicionalmente se mantienen acuerdos y negocios 
millonarios con empresas registradas en paraísos fis- 
cales: Schlumberger Surenco, Halliburton S.A., Andes 
Petroleum, Nomeco, Sertecpet E&P, Tenarias, Conduc- 
to, Salazar Resources Inc., entre otras. Las negocia- 
ciones con empresas provenientes de paraísos fisca- 
les ya fueron identificadas como un problema por el 
Gobierno, por lo que se prohibió este tipo de con- 
tratos (El Tiempo, 2009) y se emitió el decreto 1793 
de junio de 2009, que prohíbe la firma de contratos 
del Estado con empresas que estén domiciliadas en 
paraísos fiscales 5 . Sin embargo, a pesar de existir la 
norma, esta no se aplica. 

La presión sobre las materias primas encuentra 
su explicación no solo en su declive, sino también en 
la crisis mundial del capital financiero, que carece de 
una base real que se pretende obtenerla de las mate- 
rias primas, principalmente provenientes del sur del 
mundo. De hecho, la propia crisis del dólar está siendo 
enfrentada con el respaldo de las nuevas operaciones 
extractivas en países como el Ecuador. 

En medio de crisis bancarias y del retorno de la re- 
cesión, el dólar repentinamente ganó fuerza. Los acti- 
vos de “petróleo, oro y otros metales” tienen un papel 
de dumping a favor del dólar (Chandrasekhar, 2012). 

Si antes fue el Consenso de Washington, hoy 
hay otras tendencias que imponen una división 
internacional del trabajo, en la cual a América 
Latina le ha tocado valorizar la economía a tra- 
vés de la provisión de materias primas en forma 
de minerales, petróleo y otras commodities. Estra- 
tegia que demanda y recibe obediencia de todos 
los gobiernos de la región, indistintamente de sus 
tendencias políticas. 

Estamos frente a dos fuerzas que tironean a Amé- 
rica Latina. El eje Europa-Estados Unidos y el nuevo 
eje del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). 

¿Cómo respondemos? Con obediencia 

En Ecuador, si en el año 2007 eran 5 millones de 
hectáreas las que estaban concesionadas para la ac- 
tividad petrolera, en la actualidad esa cifra podría 
duplicarse, pues se han incorporado 21 bloques de 
200 mil hectáreas cada uno en la XI Ronda Petrolera 
(Petroecuador, 2011), 13 de ellos en la Amazonia sur, 
todos ellos sobre territorios indígenas. A su vez, la 
ley minera aprobada en enero de 2009 abrió las puer- 
tas a la minería a gran escala en el país. Con cerca 
del 4.5% del territorio nacional concesionado, cinco 
proyectos mineros a gran escala son considerados 
estratégicos y 13 más de segunda generación (Min. 
de recursos no renovables, 2012). Todos esos proyec- 
tos están en zonas frágiles, con fuertes pendientes, 
altas biodiversidad y pluviosidad, territorios indíge- 


Esperanza Martínez 


175 


ñas, tierras agrícolas y campesinas densamente po- 
bladas, o zonas de importancia arqueológica. 

Estrategia de la revolución ciudadana 

Un balance de la gestión después de seis años es un 
déficit de revolución y una sobredosis de incumplimien- 
to, desvío, avocamiento y coacción del poder. Analizaré 
solamente lo ocurrido en el escenario de lo extractivo. 

Incumplimiento 

El preámbulo de la Constitución, que suele ser 
conocido como una declaración solemne de los 
propósitos, valores y principios, es el marco de in- 
terpretación el interés general. De acuerdo a este 
preámbulo nos proponemos: “Una nueva forma de 
convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 
con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el 
Sumak Kawsay. [...] Una sociedad que respeta, en 
todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 
y las colectividades. [...] Un país democrático, com- 
prometido con la integración latinoamericana -sue- 
ño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con 
todos los pueblos de la tierra”. 

El preámbulo identifica al Sumak Kawsay como un 
interés general. A su vez, el Sumak Kawsay se sinteti- 
za como la convivencia en armonía con la naturaleza. 
Las actividades extractivas nada tienen que ver con 
este horizonte. El preámbulo es un mandato. En Co- 
lombia, por ejemplo, el valor del preámbulo es de tal 
magnitud que una norma contraria a su texto resulta 
inconstitucional; la Corte se ha pronunciado en diver- 
sas oportunidades en tal sentido (Echeverri, 2010). 

Las actividades extractivas son cada vez más 
cuestionadas; incluso documentos oficiales de las 
Naciones Unidas (2005) proponen considerar a este 
tipo de actividades como “pérdida de bienes de capi- 
tal y de ahorros netos, que han estado ignorados en 
la contabilidad nacional”. 

Las industrias extractivas presentan un acumulado 
de impactos en todas sus fases: deforestación, contami- 
nación del agua, intoxicaciones crónicas y críticas, des- 
trucción del paisaje, de las economías locales, de las rela- 
ciones comunitarias y de las relaciones con la naturaleza 

A todas luces se trata de imponer el sacrificio de 
territorios rurales presentándolo como parte del “in- 
terés nacional”, cuando realmente es un interés inter- 
nacional el que se impone. 

De acuerdo a las Naciones Unidas (1990), el con- 
cepto de desarrollo humano debe abarcar una expan- 
sión de la riqueza y los ingresos cuyo objetivo es el ser 
humano. De acuerdo a nuestra Constitución, son tres 
los sujetos de derechos: el ser humano, los pueblos y 
nacionalidades y la naturaleza. 


El ser humano se alimenta más que de pan, requiere 
cultura, paisaje, calidad de vida, espacios de recreación, lo 
que finalmente se traduce en espacios saludables para la 
vida. Todos estos elementos conforman el interés general. 

Para los pueblos y nacionalidades, la tierra y el 
agua son su verdadera fortuna. Los páramos o los bos- 
ques constituyen la fuente esencial de energía, mate- 
riales y alimentos y territorio de recreación cultural. 

Cuando hacemos referencia a la Naturaleza/Pa- 
chamama hablamos tanto de las especies naturales 
como del suelo o del agua, pero además de las rela- 
ciones implicadas entre las sociedades y la natura- 
leza. Una afectación a las leyes naturales significa la 
desaparición de algunas especies y el surgimiento 
de plagas, con lo que el ecosistema se ve afectado en 
su totalidad. 

Remover la tierra y todo lo que hay en su super- 
ficie por actividades mineras, fracturar las montañas 
o destruir la selva para sacar y explotar petróleo a 
3 km de profundidad o más, intoxicar los ríos con 
agua salada cargada de químicos, son agresiones 
no solo a la tierra y al ecosistema sino también a 
las comunidades. 

Hay un claro incumplimiento de la Constitución 
en cada paso dado, en función de mantener y expan- 
dir el modelo extractivista, aumentando las zonas de 
sacrificio e imponiendo condiciones de mayor presión 
a las zonas ya intervenidas. Para crear estas condi- 
ciones e impulsar el extractivismo se utilizó la figura 
del Decreto Ejecutivo. Con esto se trata de enfrentar 
a la oposición de las comunidades en los procesos de 
consulta, y la prohibición de actividades mineras y 
petroleras en áreas protegidas. 

Para enfrentar el rechazo de las comunidades du- 
rante los procesos de consulta, se alteró la figura de 
la consulta misma. Así, el Decreto 1040 (Registro Ofi- 
cial, 2008b) eliminó los reglamentos de consulta para 
imponer un proceso de participación favorable a las 
empresas, y el Decreto 1247 específico para proyectos 
hidrocarburíferos (Registro Oficial, 2012). Ambos 
violentan la Constitución. 

Para adelantar operaciones mineras en áreas 
protegidas se eliminó la Reserva Bosques del Sur 
(Registro Oficial, 2008a) 6 , lo que abrió el camino a las 
concesiones en la cordillera del Cóndor. 

Para expandir la explotación petrolera se cambió 
el área geográfica de los bloques 14, 10 y Tarapoa 7 y 
se crearon nuevos bloques, como es el caso del bloque 
12, que se entregó sin licitación y sin consulta zonas 
que incluyen áreas protegidas y territorios indígenas. 

Desvío de poder 

La desviación de poder no es otra cosa que el uso 
del poder para un fin distinto que el interés público. El 


176 


El correísmo al desnudo 


interés general, según el Diccionario Jurídico (Montoya, 
2011), es aquel “provecho, utilidad, ganancia o beneficio 
que obtiene la colectividad”. 

En el derecho administrativo se dice que hay desvío de 
poder en tres casos: 

• Cuando se emiten leyes o disposiciones que tienen como 
objeto el beneficiar a un tercero. 

• Cuando hay uso del poder discrecional para un caso y 
por motivos distintos de aquellos para los cuales tal po- 
der les había sido conferido. “El ejercicio de potestades 
administrativas para fines distintos de los fijados por el 
ordenamiento jurídico”. 

• Cuando un superior de un funcionario que abre al infe- 
rior un expediente disciplinario, no porque el inferior haya 
cometido una infracción. 

Todos estos casos se han presentado en el país, tanto 
en administraciones pasadas como en la actual. 

La desviación de poder es una falta grave, que comete 
quien lo detenta cuando infringe el ordenamiento jurídico, 
afectando un interés público concreto. Algunos ejemplos 
denunciados en los últimos cinco años son: 

• La entrega “a dedo” de campos marginales al 
capital extranjero. 

• La renegociación de contratos (extensión del tiempo de 
contrato de Repsol, además de haberles subido un prome- 
dio del 50% adicional). 

• El desmantelamiento de Petroecuador. 

• Las indemnizaciones otorgadas en los casos de salida de 
empresas, sin que hayan reparado los daños provocados y 
sin tener derecho a esas indemnizaciones. Se incluyen las 
indemnizaciones a las empresas CGC y Burlington, que 
pretendían entrar al territorio de Sarayacu y de los pue- 
blos Shuar y Achuar. 

• Las tarifas de 35 y 41 U$/BL reconocido a la empresa 
China Petroriental (frente a los 7 U$ de Petroamazonas). 

• La indemnización a la empresa brasileña Petrobras a pe- 
sar de haber desangrado ilegalmente durante diez años el 
campo Palo Azul. 

• Un contexto legal y político favorable a las 
mineras transnacionales. 

• El debilitamiento de todo proceso de consulta. 
La violación al derecho a la consulta previa de las 
nacionalidades indígenas. 

• Las tarifas aceptadas de 1,51 U$/BL por transporte del 
crudo a través del OCP. 

• El uso de la figura de la servidumbre, la cual per- 
mite virtualmente el acceso libre al subsuelo para los 
empresarios mineros. 

• El incumplimiento del Mandato Minero (que protegía 
fúentes de agua y evitaba el monopolio y la especulación). 

• Las ventajas en materia de recaudación de impuestos a 
las ganancias extraordinarias. 


• Estimar costos y garantías financieras por debajo de 
lo real; por ejemplo, en el proyecto Mirador que es- 
tima en 568 millones de dólares el requerimiento de 
garantía financiera para el proyecto, versus los 2 mi- 
llones y medio que ofrece la empresa Ecuacorriente. 

El avocamiento 

El avocamiento responde al principio de “no inter- 
ferencia”. Básicamente supone que ninguna autoridad 
puede avocarse a causas pendientes ante el órgano ju- 
risdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. 

Hay numerosos casos de avocamiento al sistema 
judicial, que han vulnerado la Constitución y los dere- 
chos. La principal vulneración en materia de derechos 
es la falta de aplicabilidad directa de la Constitución. 
Los ecuatorianos sabemos que, a pesar de tener una 
constitución que reconoce el derecho a la resistencia, 
los jueces no pueden sentenciar en apego a este dere- 
cho a riesgo de ser sancionados. Como fue el caso de la 
denuncia contra los operadores de justicia que fallaron 
a favor de indígenas antimineros, en Morona Santiago, 
el 8 de enero de 2010 (LibreRed, 2011). 

Un caso claro de avocamiento es el pedido de la 
Subsecretaría Jurídica de la Presidencia a los minis- 
tros, para que estén vigilantes de los jueces que conce- 
dan acciones de protección por actos administrativos 
o que tengan relación con la contratación pública, por- 
que su aceptación era un grave retroceso en la preva- 
lencia del interés general sobre el interés particular. La 
interferencia desde la presidencia tuvo efectos, pues 
después existió una circular del Consejo de la Judica- 
tura que advertía a los jueces de posibles sanciones en 
caso de concederse la acción. 

La más reciente amenaza a esta garantía proviene 
del presidente reelecto, quien calificó de “absurda” la 
posibilidad de que un juez pueda frenar decisiones gu- 
bernamentales (Simón, 2013). 

Muestra de esto es el rechazo de la Acción de Pro- 
tección en la demanda por violación a los derechos de 
la Naturaleza en el caso del proyecto Mirador, que a 
todas luces evidencia que ni siquiera se leyó las abun- 
dantes pruebas aportadas en el proceso, entre ellas el 
revelador informe realizado por Contraloría en el que 
se expresa de manera clara que los proyectos mineros 
Mirador y Panantza San Carlos, en la Cordillera del 
Cóndor, han violado la Constitución y una serie de 
normas legales, entre ellas el Mandato Minero. 

En esa misma línea no se puede olvidar que la de- 
manda legal por vía administrativa que interpusieron 
un grupo de campesinos de la provincia de Sucumbíos, a 
pesar de contar con la suficiente jurisprudencia para ser 
resuelta en favor de los demandantes, lleva cuatro años 
en casación debido a la presión externa que se ejerce. 


Esperanza Martínez 


177 


La coacción 

La coacción se emplea en el derecho para referir- 
se a la imposición de condiciones que obligan a tener 
o no tener una determinada conducta. Es una herra- 
mienta de poder para imponer políticas basadas en la 
amenaza del uso de la fuerza o de pérdida de benefi- 
cios (que pueden traducirse en derechos). 

Por ejemplo, en materia de proyectos extractivos 
los discursos y campañas oficiales señalan a la minería 
como la actividad de la cual depende el cumplimiento 
de los derechos a la salud y la educación o incluso los 
bonos sociales. Si no se acepta la minería se estaría 
condenando al país a la pobreza, y las poblaciones lo- 
cales perderían la posibilidad de realizar sus derechos 
sociales y económicos. 

La coacción actúa también con el soborno o chan- 
taje, al ofrecer a las comunidades el 12% de utilidades, 
o invertir el excedente del precio del petróleo en obras 
de salud y educación, a cambio de que dejen explotar 
el petróleo en sus territorios. Afirmaciones como “el 
Gobierno ya cumplió pues ha dado salud gratuita, edu- 
cación gratuita, bonos y demás. Es hora de que le retri- 
buyan al Gobierno dejando perforar esos pozos en su 
comunidad, porque si no le dejan el Gobierno no ten- 
dría dinero para seguirles ayudando” 8 , son frecuentes. 

Algunos casos de coacción graves son: 

• El decreto 982 que establece una potestad ilimitada 
del Ejecutivo para controlar la actividad de las organi- 
zaciones de la sociedad civil. Puede disolver cualquier 
fundación u organización por suponer que está com- 
prometiendo la seguridad o los intereses del Estado, o 
por no apegarse al Plan Nacional de Desarrollo. 

• El cierre de Acción Ecológica fue precedido y suce- 
dido por descalificaciones debidas a las críticas de la 
institución a las políticas del Gobierno. 

• Las reacciones en contra del Programa Andino de 
Derechos Humanos de la UASB por recoger los casos 
de criminalización. 

• La condena por terrorismo contra el presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. 

• La detención, acusaciones y sentencia en el caso de 
los jóvenes de Luluncoto por organizarse y preparar 
su presencia en la marcha por el agua. 

• La detención y acusaciones de intento de rebelión a 
los adolescentes del Colegio Central Técnico por de- 
fender su futuro como profesionales. 

La visión del Presidente que afirma: “Hemos per- 
dido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos 
ni un segundo más que perder, [...] los que nos hacen 
perder tiempo también son esos demagogos, ‘no a la 
minería’, ‘no al petróleo’, nos pasamos discutiendo 
tonterías. Oigan, en Estados Unidos, que vayan con 


esa tontería; en Japón, los meten al manicomio” 9 . In- 
cumple con el interés general y con la libertad, porque 
induce a una acción de coacción. 

En Ecuador se los mete a la cárcel. Gran parte de 
los más de 200 casos de criminalizados, acusados de de- 
litos como terrorismo, sabotaje y otros delitos civiles, 
son defensores de derechos y del territorio, amenaza- 
dos por proyectos petroleros, mineros o hidroeléctricas 
bajo construcción, ligados a proyectos extractivistas. 

¿Qué hacer? No callar, ni ceder 

A pesar de que los ecuatorianos decidimos cons- 
truir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en 
diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar 
el buen vivir, el Sumak Kawsay; una sociedad que res- 
peta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las per- 
sonas y las colectividades” (Asamblea Nacional, 2008), 
en la práctica, desde el Gobierno, se procura hacer 
todo lo contrario. 

La gestión política y administrativa nos está ale- 
jando del Sumak Kawsay. Sin embargo, todo lo alcan- 
zado por las organizaciones y movimientos sociales y 
por la Constitución no puede ser desconocido, no pue- 
de ser borrado en tanto símbolos construidos y pasos 
avanzados. No se puede reescribir la historia. 

El Gobierno ecuatoriano, al incorporar en su dis- 
curso muchos conceptos y demandas de los movi- 
mientos sociales, los está devaluando, aunque de todos 
modos está contribuyendo a seguir imprimiéndolos en 
la conciencia pública. El sujeto Naturaleza está graba- 
do ya no solo en el texto constitucional, sino que es ya 
parte de nuestras identidades. 

Le guste o no al Presidente, los temas ambientales 
son prioritarios. Sin duda cada vez hay más intoleran- 
cia con los abusos en contra de los derechos y del am- 
biente. La falsa contradicción entre el bienestar de la 
sociedad y el cuidado de la Naturaleza se revierte en 
contra de quienes la sostienen. No debemos callar ni 
ceder ante esta falacia. El intento de despreciar los te- 
mas ambientales creando contraste con los sociales no 
se sostendrá en el tiempo; al contrario, con el tiempo 
se afirmará la prioridad de cuidar el ambiente y a la 
Naturaleza como única garantía del bienestar. 

No es el momento de perder entusiasmo por lo 
logrado. Temas como la plurinacionalidad, el Sumak 
Kawsay y los derechos de la Naturaleza desafían el 
positivismo y contribuyen a desmontar el colonialis- 
mo, justamente en esta nueva fase de acumulación ca- 
pitalista. El reconocimiento y ejercicio del derecho a 
la resistencia llena de dignidad a las luchas sociales, 
incluso en los contextos represivos. 


178 


El correísmo al desnudo 


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Notas 

1 Lámina: fases del desarrollo endógeno sostenible para la 
satisfacción de necesidades. Estrategia nacional de desa- 
rrollo, 2009-2013, mayo 2009. 

2 El embajador de Canadá, Andrew Shisko recomendó al 
Gobierno ecuatoriano “revisar los impuestos mineros que 
son muy elevados y dar seguridad jurídica a las empresas 
porque sus inversiones las hacen a largo plazo a 10, 15 y 
20 años”. 

3 Rafael correa dijo “es razonable lo que nos ha pedido Kin- 
ross, y preparamos una reforma legal para que cualquier 
utilidad extraordinaria vaya a amortizar la inversión” 

4 A nivel internacional se está trabajando por un enfoque 
unitario para las multinacionales, exigiendo que las em- 
presas presenten a las autoridades fiscales de cada país en 
que opera un “informe conjunto” para dar cuentas conso- 
lidadas del grupo global conjunto. Esto proporcionaría a 
las autoridades tributarias de cada país donde la empresa 
tiene una presencia empresarial una visión general de su 
negocio en todo el mundo, para dividir las ganancias de 
acuerdo a una fórmula (Piccioto, 2012). 

5 En el Registro Oficial 756 del 30 de julio de 2012, el Servi- 
cio de Rentas Internas (SRI) recuerda a los contribuyen- 
tes que los países donde la tarifa de Impuesto a la Renta 
(IR) sea menor del 60% a la que corresponda al Ecuador, se 
considerarán paraísos fiscales. 

6 Acuerdo 010 del Ministerio del Ambiente, con el cual se 
deroga el Acuerdo Ministerial 189, publicado en el Regis- 
tro Oficial 840 (1975, julio 7), que daba a la Cordillera del 
Cóndor un carácter de área protegida intangible. 

7 Los cambios se introdujeron en los contratos modificato- 
rios realizados en noviembre de 2010. 

8 La referencia fue dicha por Nancy Monrochoa, exgober- 
nadora de Shushufindi, en reunión con la comunidad. 

9 Presidente Rafael Correa (2011, diciembre 10) Macas. 


Minería: reparar, resistir, rechazar 
El conflicto minero desde el país 
de los Derechos de la Naturaleza 


Fernanda Solíz 

Psicóloga Comunitaria. Docente de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador. Investigadora en el área de Salud de la 
Universidad Andina Simón Bolívar. Candidata a PhD en Salud 
Colectiva Ambiente y Sociedad. Militante del Movimiento 
por la Salud de los Pueblos. 

¿Extraer o no extraer? 

¿Concesionar o nacionalizar? 

¿Deuda ecológica o Justicia social y ambiental? 

Minería: ¿desde dónde? 

La guerra por la apropiación de los recursos natu- 
rales nos convoca a la urgencia de fortalecer proce- 
sos de organización y resistencia que se constituyan 
como experiencias emblemáticas. 

Los pueblos del Sur, hemos dado varias lecciones 
al Norte. Quizás una de las más importantes ha sido 
la invitación a pensar desde la complejidad am- 
biental. Ello ha devenido en una ruptura paradigmá- 
tica con profundas connotaciones epistemológicas, 
ontológicas y políticas. 

Pensar desde la complejidad implica repensar 
toda la historia del mundo a partir de deconstruir 
disociaciones históricas (sujeto/objeto, sociedad/ 
naturaleza, economía/ecología) responsables en 
mucho del pensamiento reduccionista precursor del 
economicismo y reconocernos en un movimiento 
dialéctico que comprende las relaciones de interde- 
pendencia e interinfluencia. 


...sería hoy difícil encontrar una persona ins- 
truida que niegue los hechos de la evolución. Sin 
embargo entre nosotros, muchos niegan su evi- 
dente corolario: que al ser humano le afectan las 
mismas influencias ambientales que controlan 
la vida de muchos miles de otras especies con 
las que está relacionado por medio de vínculos 
evolutivos (Carson, 1998: 245). 

Hoy en día, en medio de la crisis del cambio cli- 
mático, la urgencia de superar un modelo económico 
extractivista primario, obliga a posicionar y promo- 
ver un enfoque dialéctico que “nos lleva a reconocer 
que los organismos en general no se limitan a adaptarse 
a su medio; también lo afectan de diversas maneras y 
al afectarlo, lo cambian. La relación es en consecuencia 
recíproca” (Bellany, 2000: 38). 

En términos de Jaime Breilh (2004) -reconocido 
cientista social latinoamericano-, ya no podemos ha- 
blar de ecosistemas sino de sociecosistemas... “a través 
de procesos de artificialización los ecosistemas se trans- 
forman en socioecosistemas pues están cruzados por rela- 
ciones sociales que determinan, la lógica equitativa o in- 
equitativa, de los procesos humanos y de artificialización”. 

Asumir este nuevo paradigma, implica además, 
comprender la relación circular existente entre 


180 


El correísmo al desnudo 


sociedad y naturaleza, la categoría metabolismo 
social, propuesta por Marx es la que reivindica esta 
mutua relación frente a las concepciones antropocén- 
tricas (herencia de la modernidad) donde los recursos 
naturales son ilimitados y los servicios ambientales 
nunca se degradan. 

Varios autores (Gadgil y Guha, 1992; Toledo, 1994) 
han realizado importantes contribuciones en el aná- 
lisis del metabolismo social y los procesos que lo com- 
ponen (Toledo, 2005). Los cinco procesos metabólicos: 
apropiación (A), transformación (T), distribución (D), 
consumo (C) y excreción (E), nos permiten compren- 
der los modos de relación entre la sociedad y la na- 
turaleza así como cuantificar los flujos de materia y 
energía que se intercambian entre los conglomerados 
sociales y el medio natural (ecosistemas). 

Los mecanismos y el tipo de recursos apropiados, 
las características de los procesos de transformación, 
la equidad o inequidad en la distribución de los bie- 
nes y los patrones de consumo están determinados 
por el modelo económico y político. Por ende, la can- 
tidad (si sobrepasa o no su capacidad de reciclaje) y 
calidad (si son asimilables o no por la naturaleza) de 
los residuos generados en el proceso de excreción (E) 
es un claro reflejo de que este modelo de capitalismo 
industrializado no solo es malsano sino depredador 
de la vida y la dignidad. 

Desde este marco conceptual, dejamos sentadas 
las interrogantes que nos servirán de hilo conductor. 

Siendo que a nivel global el petróleo ha alcanzado 
su pico de Hubbert y la nueva apuesta para conseguir 
el tan anhelado desarrollo se ha centrado ya sea en la 
intensificación o en el inicio (caso Ecuador) de la mi- 
nería a gran escala concesionada a empresas transna- 
cionales, es inevitable preguntarse: 

1. ¿Cómo se dan los procesos de apropiación, el des- 
pojo violento, la militarización y concesión de terri- 
torios? ¿Cómo se disponen los recursos, cómo se im- 
ponen las políticas? 

2. ¿Qué impactos dejan los procesos de transforma- 
ción en los socioecosistemas? ¿Cómo se vive la expo- 
sición nociva en las comunidades afectadas? 

3. ¿Cómo se distribuyen las regalías y ganancias? 
¿Cómo se distribuyen los impactos, costos y pasivos 
ambientales? 

4. ¿Minerales para quién? ¿Qué países y en qué pro- 
porciones consumen los metales? 

5. ¿Cuáles son los saldos de la minería expresados en 
la cantidad y tipo de desechos: contaminación de 
agua, aire, escombros? 


En este marco nos preguntamos además: si la mi- 
nería es reconocida como la actividad más destructi- 
va sobre la faz de la tierra, si rompe el equilibrio de la 
relación sociedad-naturaleza dejando toneladas dese- 
chos tóxicos, afecciones irreparables en los socioeco- 
sistemas, ¿cuáles han sido las estrategias y discursos 
que la han legitimado? ¿Bajo qué relaciones de poder? 
¿Qué posibilidades tenemos los pueblos del sur 
para exigir reparación integral de los territorios 
afectados, para la resistencia y el rechazo de la 
concesión multinacional de nuestros territorios? 

Así, desde el país de las conquistas constituciona- 
les históricas: el reconocimiento de los Derechos de la 
Naturaleza, el reconocimiento del Principio Precau- 
torio y de la Consulta Previa, Libre e Informada pro- 
ponemos un análisis del contexto nacional minero en 
el gobierno de la “revolución ciudadana”. 

Sin lugar a dudas, uno de los temas que ha causa- 
do más controversia en el país, ha sido la agudización 
del modelo económico extractivista primario. La fir- 
ma del primer contrato de megaminería con la em- 
presa China Ecuacorriente S.A, el 5 de marzo de 2012, 
marca un hito en la historia del Ecuador pues violen- 
ta de forma descarada los principios constitucionales 
por el Buen Vivir de los pueblos y nacionalidades así 
como el Mandato Minero emitido por la Asamblea 
Constituyente de Montecristi en el 2008. 

Para analizar el conflicto minero en el Ecuador 
utilizaremos como ejemplo ilustrativo el caso de las 
comunidades ubicadas en la zona de influencia direc- 
ta del Proyecto Fruta del Norte de la empresa Kinross 
Aurelian (proyecto en fase de exploración avanzada). 
Se trata de un proyecto de minería de oro (se estima 
que contiene reservas por 137 millones de onzas de 
oro) en la Cordillera del Cóndor, cantón Yantzaza, en 
la Provincia de Zamora Chinchipe. 

Adicionalmente, tomaremos el caso de comunida- 
des del cantón Paquisha (provincia de Zamora Chin- 
chipe), en las que se desarrolla minería artesanal. 
Pretendemos así proponer un análisis comparativo 
entre las condiciones e impactos de la megaminería 
frente a la minería artesanal. 

La historia inicia... 

La apropiación de las riquezas 

¿Cómo se dan los procesos de apropiación, 
el despojo violento, la militarización y concesión 
de territorios? ¿Cómo se disponen los recursos, 
cómo se imponen las políticas? 

Son múltiples y perversos los mecanismos utiliza- 
dos para la apropiación de riquezas. Estos se sortean 
entre las expresiones violentas de despojo por mili- 


Fernanda Solíz 


181 


tarización y las estrategias sutiles como el cierre de 
escuelas a través de la eliminación de partidas docen- 
tes que obliga a las familias a salir de su comunidad 1 . 

En la provincia de Zamora Chinchipe, comuneros 
denunciaban la estrategia de las empresas sobre las es- 
cuelas para que la población se desplace: las queman y 
cierran, entonces la población se ve abocada a su salida: 
nadie quiere que sus hijos/as se queden sin estudiar. 
Una de las comunidades que sufrió este proceso fue Río 
Blanco, esta comunidad se encontraba en la zona de in- 
fluencia directa del Proyecto Fruta del Norte de la Mul- 
tinacional Canadiense Kinross Aurelian. La empresa 
utilizó como primer mecanismo de desalojo la compra 
de terrenos a precios irrisorios, como los comuneros se 
resistieron a vender, la escuela fue cerrada, entonces 
las familias debieron salir a Yantzaza (ciudad cercana). 

Así, en las zonas de concesión minera a empresas 
multinacionales Chinas y Canadienses, en la Cordi- 
llera del Cóndor, encontramos las primeras “comuni- 
dades fantasmas”, se trata de pueblos enteros que han 
dejado sus tierras en busca de alternativas educativas 
para sus hijos/as (Solíz et al, 2011). 

Por otro lado, es frecuente la imposición de polí- 
ticas de criminalización frente a la minería artesanal 
como discurso utilizado para legitimar las concesiones 
de minería a gran escala y entregar los territorios. Este 
discurso va acompañado de la promesa de Minería So- 
cial y Ambientalmente Responsable, de la apuesta ciega 
por la tecnología de punta como alternativa mágica 
que conducirá al desarrollo y al progreso. 

La venta de tecnología ha mantenido relaciones de 
dominación Norte-Sur en las que las grandes corpora- 
ciones se ubican por sobre los Estados. Se trata de una 
reproducción de la explotación del capitalista dueño 
de los medios de producción sobre el obrero que vende 
su fuerza de trabajo, en este caso, es el Norte dueño de 
la ciencia y la técnica que exige a cambio la concesión 
de las riquezas de los países y explota la mano de obra 
de los comuneros. 

A este proceso de contratación-explotación, lo he- 
mos llamado Encadenamiento Laboral (Solíz et al, 
2011). Se trata de una práctica utilizada no solo por 
empresas mineras sino en general por petroleras, flo- 
rícolas y demás. Al instalar en las comunidades proce- 
sos destructivos, el mejor mecanismo de silenciamiento 
y control consiste en atar las economías familiares al 
proceso ambiental destructivo, volverlas dependientes, 
en este caso, a la actividad minera. 

Es entonces que la minería se convierte al mismo 
tiempo en la alternativa económica de supervivencia 
y el proceso que amenaza la salud y la vida. Se crea 
una situación de encadenamiento sobre la cual las 
comunidades se sienten incapaces de tomar acciones, 
es en cierto punto una diada cruel e irresoluble. Se 
construye además una lógica económica de pago 


por servicios que anula y quebranta cualquier po- 
sibilidad de mantener los modelos de economías 
productivas familiares y comunitarias existentes 
antes de la concesión. 

La generación de fuentes de empleo ha sido el 
argumento central que la empresa y el Gobierno 
resaltan como el aspecto más favorable de la mi- 
nería a gran escala. Analizar el número de plazas 
y el tipo de trabajo ofertado a los habitantes loca- 
les, las características y efectos del empleo, permite 
determinar cuáles son las consecuencias de estas 
contrataciones tanto en la economía local como en 
el tejido comunitario. 

Vale recordar que a nivel mundial, la minería a 
gran escala emplea de modo directo en el mundo a 
2,75 millones de personas, lo cual representa nada 
más el 0,09% de los puestos de trabajo (Colectivo Vo- 
ces de Alerta, 2011), es decir, la minería ni es la “re- 
ceta mágica” para el desempleo, ni asegura empleos 
dignos, ni nos llevará al crecimiento económico. 

En este punto, no podemos dejar de mencionar 
que en octubre de 2011, a siete meses de la firma del 
primer contrato de minería a gran escala, los trabaja- 
dores de la Empresa Minera China Ecuacorrientes S.A 
(ECSA), iniciaron una paralización masiva y se toma- 
ron las instalaciones del campamento. Denunciaban 
ilegalidades en sus contratos, condiciones laborales 
indignas (accidentes laborales sin indemnización, jor- 
nadas extraordinarias, maltratos) y demandaban con- 
tratación colectiva y el cumplimiento de beneficios de 
ley (seguridad social, estabilidad). 

En medio de una muy limitada cobertura mediá- 
tica, luego de 3 días de toma del campamento, el mi- 
nistro de Relaciones Laborales asistió como mediador. 
Nuevamente el Estado al servicio de las multinacio- 
nales. Nos preguntamos entonces, ¿por qué en esta 
situación el Gobierno no actúa con la severidad que 
pregona en defensa de condiciones laborales justas? 
Evidentemente, hacerlo, implicaría reconocer que el 
endulzante utilizado para legitimar la concesión de re- 
cursos: “responsabilidad social corporativa” se diluye 
cuál azúcar en cuanto los contratos son firmados. 

Por lo general, la práctica de las empresas es 
igual en Ecuador y el resto del mundo, contratan 
solamente a ciertas personas, con ello dividen a las 
comunidades, crean fricciones y garantizan el ingre- 
so de la empresa. 

Adicionalmente, los trabajos que ofrecen a los 
comuneros son los más peligrosos y menos remu- 
nerados, son trabajos de obreros, cocina, limpieza, 
entre otros. Para funciones especializadas, se con- 
trata a técnicos extranjeros. Esta situación fue na- 
rrada en una entrevista con el gerente de Relacio- 
nes Comunitarias de la empresa Kinross-Aurelian 
(Solíz et al, 201 1). 


182 


El correísmo al desnudo 


Algunos testimonios de comuneros de esta zona, 
ilustran la problemática descrita: 

También, en el modo de tratar, los derechos humanos 
son violados. Los técnicos y los operadores no son de 
la comunidad, solo los trabajos de obrero son para 
la gente de las comunidades (Poblador, comunidad 
Santa Lucía, Zamora, Ecuador). 

Si usted dice algo en contra, si pregunta, ya no lo 
consideran, si tiene algún problema físico, si es muy 
pequeño, todo eso ven, contratan a unos sí y a otros 
no [...] entonces los que trabajan para la empresa 
están a favor y los otros en contra 2 . 

El trabajo que da la compañía al final genera ma- 
lestares porque nos tienen como juguetes, creemos 
que luego las comunidades van a empezar a pelearse 
unos con otros por el empleo. 

Finalmente, otra estrategia utilizada por la empre- 
sa, previa la firma de contratos, para vender la pro- 
mesa de “desarrollo y confort” y lograr la aceptación 
de las comunidades, se ha centrado en la creación de 
condiciones ficticias en los campamentos de trabajo. 

Las condiciones del campamento de Kinross Aure- 
lian son abismalmente distintas a las condiciones de 
vida a las que están acostumbrados los pobladores de 
las comunidades de la zona de influencia directa de la 
compañía. El olvido del Estado en provisión de salud 
y servicios básicos, contrastan con las instalaciones y 
facilidades del campamento. Esto, ligado a la estrate- 
gia de contratación de un miembro por familia, indu- 
ce a una diferenciación de estilos de vida totalmente 
irreconciliables entre parientes y vecinos, terminan- 
do con el sentido de pertenencia hacia la comunidad 
para identificarse con la idea de desarrollo que pro- 
yecta la empresa a partir del confort y la abundancia 
construida (Solíz et al, 2011). 

En el campamento se pasa bien, en el desayuno hay 
comida light y arroz. Al principio todos comían sin 
medida, cosa que hasta se enfermaban. Después de 
las 17h00 se hace deporte, hay canchas para todo, 
también hay gimnasio, casino, billar, karaoke. Ahí 
se puede estar hasta las 22H00 (Poblador, comuni- 
dad Santa Lucía, Zamora, Ecuador). 

Estos conflictos, generados por las empresas, de- 
vienen finalmente en el empobrecimiento de las 
comunidades, las empresas se apropian de tierras, 
agua, ríos, quebradas, aire, paisaje e incluso de los 
sonidos del ambiente. 

Esta situación ha generado la construcción de pri- 
vilegios para las empresas y quienes se acerquen a 
ellas, lo que deviene en (Levi, 2005) una Ruptura del 
Tejido Social y de los mecanismos de Solidaridad de 


estos colectivos humanos; la Ridiculización de la po- 
blación y de sus diferencias; la Jerarquización de los 
ultrajes y violencia (el empresario agrede al pequeño 
minero, el minero a su esposa, esta a sus hijos, los ni- 
ños a las niñas,...); se Pierde la autoestima, porque la 
vida no merece de su cuidado; y se Rompen los meca- 
nismos de defensa política- moral-justicia, pues la po- 
blación no encuentra acceso a verdadera justicia, se 
les pisotea moral y políticamente. 

Todo esto es posible por la ausencia absoluta del 
Estado y/o su hermanamiento frontal con las empre- 
sas transnacionales. En las comunidades Río Blanco 
y El Zarza (influencia directa del proyecto Fruta del 
Norte), resulta penoso constatar cómo la desapa- 
rición del Estado ha legitimado a la empresa como 
dueña del territorio concesionado y le ha otorgado 
poderes totales. 

Para estas comunidades, el Estado no existe, ni para 
la regulación, ni para la fiscalización; el territorio se 
encuentra membretado con el nombre de la empresa 
a través de letreros que se ubican en todas las vías de 
acceso y en todos los espacios comunitarios y públi- 
cos (escuelas, casas comunales, centro de salud...) en 
hermanamiento frontal con los logotipos de distintos 
ministerios. De esta forma, las comunidades viven un 
verdadero bombardeo del discurso de la minería res- 
ponsable y son encadenadas sin alternativa alguna a la 
aceptación pasiva de este proceso. Es entonces que la 
empresa minera se convierte en el Estado y usa este po- 
der para proveer servicios condicionados a la obedien- 
cia ciega, para regular, y por supuesto, para controlar. 

En resumen, la apropiación y el despojo tienen una 
ecuación sencilla: 

Discriminación de clase (comunidades po- 
bres) + Discriminación étnica (comunidades po- 
bres e indígenas) + militarización + ausencia de 
Estado = concesiones multinacionales. 

Transformación: impactos y exposiciones 

¿Qué impactos dejan los procesos de transformación 
en los socioecosistemas? ¿Cómo se vive la exposición 
nociva de las comunidades afectadas? 

Son múltiples los estudios que describen a detalle 
los impactos de la actividad minera en la naturaleza y 
comunidades vecinas. 

No redundaremos en números sobre las cantidades 
de agua y electricidad que se requieren, las toneladas 
de escombros que se producen, los tóxicos que se utili- 
zan, la contaminación de aguas superficiales y mantos 
freáticos, el incontrolable fenómeno de drenaje ácido 
de minas, entre otros. 

En este ítem proponemos una teoría a la que he- 
mos denominado Las Exposiciones Múltiples y 
aborda un análisis complejo de cómo las afecciones 


Fernanda Solíz 


183 


de las actividades de extracción y transformación mi- 
nera generan impactos en distintas esferas, de formas 
tangibles e intangibles. 

Las comunidades afectadas por minería (es gene- 
ralizare a muchos de los procesos socioambientales 
destructivos: petróleo, monocultivo, disposición final 
de residuos, entre otros) sufren lo que podríamos lla- 
mar un proceso de exposición múltiple que se arti- 
cula en tres escenarios: 

Laboral: obedece a construcciones familiares de 
trabajo, en la mayoría de los casos las familias de- 
penden de la minería a gran escala o de la minería 
artesanal, en este caso, incluso se derivan tareas a los 
hijos e hijas, convirtiéndose la actividad minera arte- 
sanal en una herencia familiar. Se vive una suerte de 
encadenamiento económico, las dinámicas laborales 
constituyen, por sí mismas, procesos que amenazan 
la salud y la vida al mismo tiempo que proveen el 
único sustento económico. 

Doméstico: hace referencia a vivir en la zona de 
actividad minera, en medio de los químicos, de los 
escombros, de la contaminación del agua, del ruido de 
las chancadoras y de la nocividad del ambiente social 
(violencia, militarización, prostitución...). 

Falsamente-construida: falsamente pues se la 
plantea como una dimensión en la que aparentemente 
las comunidades tendrían la opción de provocar este 
nivel de exposición o no -por ejemplo guardando o 
no los químicos dentro de las casas- sin embargo en 
la práctica no siempre es una opción real. En el tema 
minero, se orienta sobre todo al almacenamiento de 
los químicos peligrosos (cianuro y mercurio) dentro 
de las casas que en su mayoría tienen un ambien- 
te único. En este escenario, la presencia cercana de 
los químicos se naturaliza de forma tan rotunda que 
se requerirán procesos de problematización (inter- 
vención psicosocial) 3 para generar cambios en los 
hábitos y prácticas. Sabemos que la afección de los 
químicos en el Sistema Nervioso Central tiene corre- 
lación directa con desfases en el desarrollo evolutivo 
de niños y niñas. 

Dentro de estos criterios de exposición debemos 
considerar además que existen elementos tangibles e 
intangibles de exposición. En el escenario laboral la 
exposición a nocividades químicas y a riesgos físicos 
es evidente, pero también existen una serie de vio- 
lencias laborales, de explotación y encadenamiento, 
todo esto en medio de condiciones de ilegalidad que 
permiten cubrir de manera cómplice los abusos. 

En el escenario doméstico también es evidente la 
exposición ambiental y social nociva: vivir en geogra- 
fías marginadas, exponerse en el escenario más ín- 
timo (doméstico-privado) a la presencia permanente 
de químicos, ruido... Sin embargo también existe una 
exposición psicosocial como consecuencia directa del 


conflicto socio-ambiental y se expresa en la natura- 
lización de la violencia intrafamiliar, intergeneracio- 
nal, alcoholismo, prostitución, entre otros. 

Finalmente en el escenario falsamente construi- 
do: la exposición intangible aparece como el control a 
través de responsabilizar a los mismos comuneros de 
su situación de enfermedad y muerte. Se vende el dis- 
curso de libre albedrío en el que cada persona escribe 
su futuro. 

La exposición más clara en zonas de actividad mi- 
nera se expresa en: 1) químicos, fundamentalmente 
cianuro, pero también plomo. 2) violencia intrafa- 
miliar, que a su vez genera desestructuración impor- 
tante de las familias así como retrasos madurativos en 
los niños/as. 3) consumo de alcohol. 

A estas exposiciones se asocia la generada por: 4) la 
pobreza, no solo económica, sino también ambiental 
porque supone una pérdida de elección de futuros. 5) 
los riesgos de accidentes no solo por las condiciones 
de trabajo, sino también por las condiciones de vida en 
casas que se mantienen en equilibrio sobre las quebra- 
das y cercanas al proceso productivo. Finalmente una 
última exposición es: 6) al miedo, construido sobre la 
base de los desalojos y las amenazas que las empresas 
ciernen sobre la población. 

Debemos enfatizar en evidenciar que los impactos 
son diferenciados por clase social, género y etapa vi- 
tal. No es lo mismo que quien esté expuesto sea gente 
adinerada o gente pobre, existen entre estos grupos 
diferencias de su nivel de salud o sistema inmunoló- 
gico y por supuesto en el acceso a atención. Tampoco 
es igual que sea hombre o mujer por las implicaciones 
de la marginación de las mujeres en la construcción de 
equidad de género. Y obviamente, los impactos son dis- 
tintos en cada etapa vital, no podemos generalizar los 
daños en un niño, niña, adolescente, anciano o adulto 
debido a la variación en la capacidad para absorber o 
eliminar los tóxicos o por el impacto psicológico en su 
crecimiento; también hay que fijarse si es población 
afro, indígena o mestiza, por las diferencias culturales. 

Es por esto que decimos que los niveles y formas 
de exposición tienen matices diferentes de acuerdo 
a la etapa vital, clase, género y etnia (Adaptado de 
Breilh, 1991) de los grupos comunitarios, estos crite- 
rios deben considerarse como ejes transversales de 
análisis. En el Cuadro 1 proponemos una matriz que 
resume los criterios de exposición. 

Así, en las comunidades de mineros artesanales o 
aquellas que se encuentran en las zonas de influencia 
directa de las concesiones mineras transnacionales se 
visibiliza el concepto marginación regional, existe co- 
rrelación directa entre la heterogeneidad del paisaje y la 
inequidad socioeconómica. Las familias viven en terrenos 
con pendientes extremas (marginación topográfica como 
criterio de discriminación ecológica, las comunidades más 


184 


El correísmo al desnudo 


Cuadro 1 

Exposición Múltiple (Solízetal, 2011) 


ESCENARIOS 

TANGIBLES 

INTANGIBLES 

TRANSVERSALES 

Exposición Laboral 

El trabajo es al mismo 
tiempo un factor protector 
y destructivo pues provee 
alternativas económicas 
pero también expone a la 
pérdida de salud y la 
muerte. 

Ruido, riesgos, químicos. 

Encadenamiento laboral, 
violencia, chantaje. 
Desarraigo comunitario, 
división. 


Exposición Doméstica 

Las comunidades 
expuestas a problemas 
ambientales por lo general 
viven sobre o muy cerca 
del problema: petróleo, 
minería, botaderos de 
basura. 

Ruido, características 
topográficas, químicos. 

Alcoholismo, violencia de 
género y generacional, 
prostitución, migración. 

GENERACIONAL 

CLASE 

GÉNERO 

Exposición falsamente 
construida 

Falsamente pues se la 
plantea como una 
dimensión en la que 
aparentemente las 
comunidades tendrían la 
opción real de provocar 
este nivel de exposición o 
no -por ejemplo 
guardando o no los 
químicos dentro de las 
casas- sin embargo en la 
práctica no siempre es una 
opción real. 

Prácticas inadecuadas: 
Guardar químicos dentro 
de casa, no hervir agua, no 
tapar tanques. 

Responsabilización a los 
comuneros de su situación 
de enfermedad y muerte. 

ETNIA 


pobres se ubican en territorios peligrosos). Las viviendas 
están construidas en su mayoría de tabla, con techos de 
zinc y piso de madera. Las construcciones se sostienen 
con saquillos llenos de tierra de relave como ele- 
mento estructural de la topografía de la comunidad. 

Niños y niñas juegan y ruedan por sobre los lo- 
dos de relave, su piel se encuentra teñida de gris, 
pareciera cubierta de lodo, sin embargo ellos son 
insistentes en posicionar que se trata de oro, no de 
lodo... como una expresión reivin dicativa... “no ve 
que no es lodo [...] es oro...” (Niños de la comunidad 
La herradura, Zamora, Ecuador). 

Definitivamente una de las grandes paradojas 
de este sistema... niños/as cubiertos de oro vivien- 
do en medio de la cordillera del Cóndor en situa- 


ciones de pobreza, contaminación ambiental y 
violencia incomprensibles. 

Distribución de recursos: 

¿Minería responsable para quién? 

¿Cómo se distribuyen las regalías y ganacias? ¿Cómo se 
distribuyen los impactos, costos y pasivos ambientales? 

En este acápite no vamos a detenernos en el análisis 
de si las empresas mineras son o no responsables, 
sabemos que no lo son, existen historias suficientes 
en los distintos países africanos y latinoamericanos 
que dan prueba de ello. 

Sabemos además que no existe minería ni social 
ni ambientalmente responsable, la simple conjunción 


Fernanda Solíz 


185 


lleva una contradicción implícita. El objetivo central 
de toda empresa es la acumulación de capital y esto se 
hace posible a través de la explotación del trabajador 
y de la naturaleza. A esto se suma la optimización 
de recursos y la disminución de costos con prácticas 
que amenazan al ambiente y a las comunidades. 

Estos cuestionamientos expresados por los mo- 
vimientos ecologistas comúnmente han sido mal 
interpretados como una oposición ciega y funda- 
mentalista ante la ciencia y la tecnología. Por ello 
invitamos a retroceder a la definición de tecnología 
propuesta por el Diccionario de la Lengua Española 
(2010): “Tecnología: Conjunto de teorías y de técni- 
cas que permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico”. 

La tecnología en su acepción inicial nace a mer- 
ced de brindar soluciones a través de la utilización 
del conocimiento, de ahí que el corazón de nuestros 
cuestionamientos ha sido el de reconocer a la tec- 
nología actual como tecnología antivida, tecnología 
construida para servicio del capital, subsumida a los 
intereses de las clases dominantes, mercantilizado- 
ra de la naturaleza. Se trata de tecnología de subes- 
pecialización, elitizada, deformada. Creemos que la 
tecnología para que sea soberana debe ser uni- 
versalizable y no orientarse hacia una nueva forma 
de colonialidad que genera dependencias desde los Es- 
tados del Sur hacia los del norte. 

Pero el punto central de este acápite es el análisis 
de cómo se distribuyen los beneficios, las riquezas, 
en contraste a cómo se distribuyen los impactos y 
los pasivos ambientales. 

Se trata entonces de posicionar no solo la deu- 
da ecológica del norte con el sur, una deuda fun- 
dada en la apropiación descarada de riquezas, sino 
también se trata de posicionar un principio de jus- 
ticia. La justicia tiene que ver con la distribución. 
Hay justicia distributiva (dar a cada quien lo que 
merece y necesita) y justicia correctiva (imponer lo 
que se debe dar cuando no se ha obtenido), de ahí 
vienen los derechos. 

Podemos ubicar a la deuda ecológica en la justicia 
correctiva, y exigir desde ahí una verdadera política 
de reparación socioambiental (Beristain, 2008) que 
signifique: a) la restitución de los derechos humanos 
y de la naturaleza; b) las indemnizaciones justas a las 
agresiones sufridas por la población y ambiente; c) 
la rehabilitación social y de la naturaleza; d) la apli- 
cación de medidas de satisfacción y de aireación de la 
verdad; y e) la aplicación de medidas que garanticen 
la no repetición de los hechos. 

Pero debemos también exigir la justicia distri- 
butiva, que se centra en el presente y en el futuro y 
que debe constituir el pilar que soporta y legitima la 
resistencia y el rechazo. 


Hoy en día cuando los procesos de persecución 
y criminalización se ven legitimados por discursos 
de pseudoizquierda, el llamado a la unión, organiza- 
ción, resistencia y defensa de los territorios se cons- 
tituye en un imperativo ético. 

En Ecuador, existen más de 200 casos de juicios 
por terrorismo y sabotaje a defensores de la natu- 
raleza, se trata de indígenas, campesinos, hombres, 
mujeres, niños, familias y comunidades que han de- 
cidido resistir, rechazar y que por ello han vivido 
tortuosas historias de persecución y violencia. 

Recordemos que el 21 de diciembre de 2011, siete 
compañeros campesinos de la Provincia del Azuay 
fueron amnistiados del delito de sabotaje y terro- 
rismo, ellos defendían los páramos de Nabón de la 
actividad minera. Recordemos también que los com- 
pañeros Carlos Pérez, Efrain Arpi y Federico Guz- 
mán fueron sentenciados a un año de prisión por 
defender las lagunas de Quimsacocha concesionadas 
a la empresa canadiense I am Gold. Su pena fue re- 
ducida posteriormente a ocho días por tratarse de 
actos altruistas. Finalmente recordemos a los 17 
compañeros de Shaglly quienes se encuentran en- 
frentando un proceso judicial por haberse negado 
a ser parte del circo de las consultas no vinculantes 
que pretenden legitimar la entrega de territorios a 
multinacionales mineras. 

La práctica de este Gobierno ha seguido un 
perverso círculo de: persecución-criminaliza- 
ción-perdón-amnistía y desmemoria. 

Ante ello, nuestro llamado y nuestra apuesta es 
por la construcción de la memoria colectiva que 
rompa este círculo y articule las luchas locales, na- 
cionales y regionales. Son muchas las comunidades 
que con valentía están resistiendo, desde íntag en el 
Norte de Ecuador, Bolívar en el Centro, Azuay (Tar- 
qui, Victoria, Molleturo, Girón, Santa Isabel), Moro- 
na y Zamora en el Sur... 

Consumo: ¿Se necesitan metales para quién? 

¿Minerales para quién? ¿Qué países y 
en qué proporciones consumen los metales? 

El Observatorio de Conflictos Mineros para Amé- 
rica Latina -OCMAL- (2009), en uno de sus trípticos 
informaba que “EEUU, Canadá, Japón y Europa, 15% 
de la población, consume el 61% del aluminio, 60% del 
plomo, 59% cobre, 19% acero. Así también, el 80% del 
oro está destinado a joyería. Ya se ha extraído dema- 
siados metales, es cuestión de reutilizarlos o repartir- 
los como las reservas de oro de los países”. 

El discurso prominero se ha centrado en respon- 
sabilizar a la ciudadanía por la creciente necesidad 
de metales, en medio de una suerte de chantaje que 
invierte los roles: propone a la ciudadanía como el de- 


186 


El correísmo al desnudo 


mandante central y olvida las responsabilidades dife- 
renciadas. Olvida que los patrones de consumo varían 
no solo de un país a otro sino dentro de un mismo país. 

No vamos a caer en el extremo opuesto y pre- 
tender que no existe una responsabilidad ciudadana, 
ciertamente la hay, pero en este punto vamos a to- 
mar la tesis marxista de Jorge Veraza (2008) quien 
plantea que hoy en día no es el proceso de trabajo 
que está subsumido por el capital sino que existe 
una subsunción formal y real del consumo al capital. 

Dado que el sistema de acumulación capitalista 
depende del consumo, se ha creado una alteración 
de las necesidades sociales, y se lo ha hecho en for- 
ma exponencial provocando una mutación de estas 
hacia lo superfluo, hacia el lujo de forma que incluso 
pueden llegar a ser necesidades ficticias o nocivas 
(la mutación de la dieta alimentaria es quizás el me- 
jor ejemplo y explica las pandemias de la moderni- 
dad: obesidad, cáncer y sobrepeso). 

Ello nos lleva a plantear que hoy en día existe 
una cierta elasticidad de la demanda y una cierta 
elasticidad del consumo de los demandantes. En 
el mercado se vende, pues, una masa global mayor 
de productos. Esto significa que la demanda ha cre- 
cido y no porque hayan aumentado los salarios o la 
renta sino simplemente porque el capital de produc- 
tividad ofrece sus productos a un precio por deba- 
jo del valor social, lo cual le permite vender mayor 
número de productos. Como contraparte directa, 
el capital debe subsumir el consumo, crear nuevas 
necesidades ficticias y nocivas, garantizar que esta 
sobreproducción de bienes sea consumida. 

El círculo es evidente, si se quieren más ganan- 
cias se requiere más producción a menor costo 4 y 
finalmente se debe incrementar el consumo. Para 
que el consumo se subsuma se crean productos pro- 
gramados para autodestruirse en tiempos cada vez 
menores (obsolescencia programada) y se introdu- 
ce un componente psicológico que incita a comprar 
para encajar en el sistema (obsolescencia percibida) 5 . 

Pero la realidad es que no necesitamos más me- 
tales, existen suficientes metales extraídos, es cues- 
tión de reciclarlos y redistribuirlos. En la actualidad 
el 85% del oro está destinado a joyería, mientras que 
porcentajes muy limitados se utilizan en tecnolo- 
gías, es en este sentido que consideramos urgente 
redefinir los usos de los materiales extraídos. Los 
minerales deben servir para el bien común, para 
productos soberanos y de acceso universal en can- 
tidades moderadas y equitativas. Es en este pun- 
to vital, romper con los extremos de la opulencia 
y la miseria. 

Por otro lado, existen en el Ecuador una gran va- 
riedad de productos con altos contenidos de varios 
tipos de minerales (cobre, oro, plata, aluminio) que 


son potencialmente reciclables. El reciclaje especial- 
mente de computadores, celulares, laptops y demás 
aparatos eléctricos y electrónicos representa una 
fuente de abastecimiento limpio para las necesida- 
des ecuatorianas de minerales. En la actualidad, sin 
embargo, estos productos, catalogados como Resi- 
duos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) terminan en 
basurales a cielo abierto, bodegas institucionales o 
son entregados a una empresa privada que monopo- 
liza el reciclaje de metales. El mundo “patas arriba” 6 . 

Excreción: Ajustando cuentas 

saldos, deudas cicatrices y heridas abiertas 

¿Cuáles son los saldos de la minería expresados 
en la cantidad y tipo de desechos: 
contaminación de agua, aire, escombros? 

¡Dime cómo procesas tu basura y te diré qué cla- 
se de Gobierno eres! 

La crisis de la basura es una consecuencia direc- 
ta del capitalismo industrializado, es la primera vez 
en la historia de la humanidad que la cantidad de 
residuos supera la capacidad de la naturaleza de re- 
absorberlos y su nocividad pone en riesgo la repro- 
ducción de la vida (Solíz et al, 2011b). 

La basura como espejo del sistema pone en evi- 
dencia la irracionalidad de este modelo económico. 
La excreción resultante de las actividades extracti- 
vas: petróleo-minería, de la agroindustria: monocul- 
tivo-crianza intensiva y de los patrones actuales de 
consumo, pone en evidencia que se trata de un mo- 
delo de capitalismo suicida. 

Frente a la magnitud de la crisis ambiental expre- 
sada en un crecimiento exponencial y una nocividad 
alarmante de los desechos emitidos al aire, agua y 
suelos; los gobiernos, lejos de proponer alternativas 
verdaderamente estructurales han sorteado nuevos 
mecanismo cómplices que agudizan la crisis que ya 
no es solo ambiental pues permea todos y cada uno 
de los poros sociales, se trata de una crisis de la sa- 
lud, del agua, de la alimentación, hablamos de una 
crisis civilizatoria. 

Los brutales mecanismos de una corriente de ca- 
pitalismo verde proponen internalizar externalida- 
des, nuevamente insisten en monetarizar-mercanti- 
lizar las relaciones sociedad-naturaleza y proponen 
una suerte de medidas tibias. 

Nosotros nos preguntamos... ¿cómo se in- 
ternalizan los impactos del despojo, del sa- 
queo violento, de la militarización? ¿Cómo se 
calculan los costos de las afecciones neuropsi- 
cológicas en niños y niñas, adolescentes y mu- 
jeres? ¿Cómo se definen los precios de las heri- 
das abiertas, de las cicatrices latentes frente a 
la humillación?... 


Fernanda Solíz 


187 


Es verdaderamente posible internalizar los cos- 
tos de la devastación en toda su magnitud... 

El final de la historia 

El inicio de la resistencia 

¿Cuál es la verdadera minería ilegal, 
ilegítima e inconstitucional? 

La revolución ciudadana, cree firmemente que el 
Buen Vivir se hace con megaminería, utiliza el dis- 
curso de la tecnología social y ambientalmente res- 
ponsable para legitimar su proyecto depredador a la 
vez que condena, criminaliza y reprime las prácticas 
de minería artesanal. 

Los argumentos que utiliza para la criminalización 
de la minería artesanal se sortean entre su carácter de 
ilegal -con los correspondientes análisis económicos 
especialmente de evasión tributaria- y por otro, la 
responsabilización de mineros artesanales frente a las 
grandes problemáticas ambientales, acusándolos de 
ignorantes y tecnológicamente atrasados. 

Estas acusaciones han construido un imaginario 
generalizado del minero artesanal estafador que in- 
tencionalmente trabaja con tecnología inadecuada 
y contamina el medio ambiente, mientras paralela- 
mente se promociona a la gran minería multinacional 
como alternativa salvadora. 

La nocividad de las prácticas de minería artesa- 
nal para la naturaleza, para las comunidades y para 
la vida misma son evidentes, sin embargo, debemos 
enfatizar el carácter de subsistencia que tiene esta ac- 
tividad para muchas comunidades del Ecuador y la 
ausencia real de alternativas en la que se encuentran 
dichos grupos poblacionales. 

La minería artesanal transmitida generacional- 
mente es sin lugar a dudas un conflicto que debe es- 
tudiarse y que requiere políticas nacionales para la 
regulación, control y mejora de condiciones de tal 
manera que los procesos de extracción minera arte- 
sanal sean limpios, seguros y cuenten con tecnología 
adecuada. Quizás el primer paso sea deconstruir el 
imaginario en el que se ha satanizado la pequeña mi- 
nería, se la ha declarado como ilegal y se ha pintado 
como contrario salvador a la minería a gran escala. 

Por ello, en contraposición a la definición de ile- 
galidad del Gobierno, y desde las visiones de Sumak 
Kawsay, los Derechos de la Naturaleza, los Derechos 
de Pueblos y Nacionalidades, minería ilegal debe 
considerarse a: 

• La que se realiza por concesión de territorios en her- 
manamiento directo entre empresas multinacionales y 
los funcionarios del gobierno de turno. 


• La que se realiza sin previa consulta y sin consenti- 
miento de las comunidades. 

• La que atenta contra los Derechos Humanos y Co- 
lectivos, utilizando prácticas violentas de despojo y 
apropiación de los territorios. 

• La que engaña a las comunidades entregando medi- 
das de compensación y obras de cemento hasta conse- 
guir el ingreso al territorio. 

• La que ofrece empleo local y finalmente asigna pues- 
tos de trabajo temporales, rotativos, sin contratos fijos 
ni seguridad social. 

• La que utiliza relacionadores comunitarios para di- 
vidir a los pobladores, enemistar a las familias y crear 
verdaderas guerras internas en busca de los recursos 
que la empresa oferta. 

• La que beneficia a intereses multinacionales dejando 
regalías ridiculas a las comunidades y atentando con- 
tra la soberanía de los Estados. 

• La que se realiza con irrisorios subsidios estatales de 
agua y energía eléctrica. 

• La que viola los Derechos de la Naturaleza contami- 
nando de forma irreversible los ecosistemas. 

En conclusión, minería ilegal, ilegítima e incons- 
titucional es la minería multinacional a gran escala. 

Desde el Sur: utopías, construcciones, 
alternativas, respuestas... 

Desde el Sur, creemos en la posibilidad de exigir 
reparación, de ejercer el derecho a la resistencia 
y rechazar un modelo de capitalismo extractivista. 
Creemos en la utopía de yasunizar 1 la cordillera 
del Cóndor, Quimsacocha, Molleturo y demás pá- 
ramos, selvas y ecosistemas frágiles, para declararlos 
territorios libres de actividades extractivas. Nuestra 
apuesta se funda en dos grandes rupturas: 

El primer escenario de ruptura se construye en torno 
a la crítica a la cooperación internacional que bajo lógi- 
cas caritativas, de importación de ciencia y tecnología, 
ayuda humanitaria, medidas clientelares y obras de ce- 
mento, ha encontrado el disfraz perfecto para imponer 
su hegemonía y dominio territorial. Demandamos una 
relación Sujeto-Sujeto, repudiamos la relación caritativa 
Norte-Sur que objetiviza a las comunidades y pueblos, 
que asume un patemalismo no solicitado y que se fun- 
da cómplice de apropiaciones y abusos. De ahí un grito 
colectivo: los pueblos del sur no queremos más ca- 
ridad, demandamos justicia social y ambiental. 

El segundo escenario de ruptura es aún más com- 
plejo porque permea las relaciones sur-sur, porque 
incluso los gobiernos declarados de izquierda no han 
podido superar, o se han visto confrontados entre las 
declaraciones constitucionales y la definición de leyes 


188 


El correísmo al desnudo 


y políticas. Se trata de la comprensión de la Naturale- 
za como Sujeto de Derechos. 

En el caso de Ecuador, Eduardo Gudynas explica 
con suma precisión el conflicto epistemológico que 
caracteriza el escenario político actual... si bien: 

la Constitución Política del Ecuador apuesta a un 
giro biocéntrico, existen tensiones manifiestas ya 
que el poder ejecutivo, presidido por Rafael Correa, 
también apuesta a una estrategia de desarrollo con- 
vencional basada en la explotación de los recursos 
naturales. Esto explica sus intentos de promover la 
explotación de petróleo en la región amazónica, un 
mandato agrícola basado en subsidiar agroquímicos 
para cultivos convencionales de alto impacto am- 
biental, o en la reciente ley minera, que apuesta 
a un modelo transnacionalizado de explota- 
ción... Esto explica que, en los hechos, mientras el 
gobierno apunta a un desarrollo extractivista, los 
movimientos sociales critican esa base ideológica y 
sus consecuencias, y terminan derivando hacia una 
creciente oposición. En el fondo la disputa no es, por 
lo tanto, político-partidiario, sino que refleja diver- 
gencias en concepciones éticas y filosóficas (2009: 44). 

Es evidente que las tensiones se expresan en medio 
de la doble función del Estado, por un lado garantizar 
la acumulación del capital y por otro crear legitimidad 
(Offe, 1990: 105-116). La inexistencia de perspectivas 
concretas de modificación sostenible de las condicio- 
nes de producción de la pobreza, como situación in- 
dispensable para el desarrollo material y político de 
nuestras sociedades, denuncia la ausencia de articula- 
ción de las políticas distributivas con un proyecto de 
desarrollo económico y de preservación ambiental que 
pueda generar condiciones de absorción en la condi- 
ción productiva, si no de los beneficiarios actuales, al 
menos para sus dependientes. No hay perspectivas que 
articulen las políticas económicas, sociales y ambien- 
tales, lo que se ha traducido a una tensión constante 
entre los ministerios responsables por la estabilización 
monetaria en relación a las demandas distributivas y 
conservacionistas promovidas por los ministerios so- 
ciales y ambientales (Fleury, 2003: 14-15, 81-122). 

Sabemos que tras la apropiación de los recursos na- 
turales se encuentra la apuesta del Estado por la impo- 
sición de una política económica que prioriza el ingreso 
de los recursos sea por los impuestos que se esperan ob- 
tener, sea por sostener el privilegio de una clase como la 
militar, que lejos de servir como funcionarios públicos 
buscan el enriquecimiento personal aunque eso supon- 
ga la violación de las leyes, derechos humanos, sociales, 
comunitarios y de la naturaleza (Solíz et al, 2011a). 

El costo de una política económica de este tipo es 
que el Estado renuncia a la defensa de los Derechos 


Humanos y los de la Naturaleza. La ausencia del Es- 
tado en la defensa de derechos se hace palpable con 
la ausencia de garantías en salud, en educación, en 
vivienda, en vialidad; ausencia como mecanismo de 
control y regulación de las actividades productivas y 
por tanto permitiendo los niveles de exposición; y, fi- 
nalmente en la renuncia a establecer políticas de pro- 
tección social y de la naturaleza (Solíz et al, 2011a). 

Pero, la ausencia del Estado queda también mani- 
fiesta en la negación a aplicar una verdadera política 
de reparación socioambiental. La gravedad de este pro- 
ceso viene acompañada porque en la imposición ocu- 
pan un papel relevante las fuerzas armadas, no solo 
en el ejercicio de métodos violentos para la imposición 
sino, sacando partido y beneficio de las medidas, en de- 
finitiva siendo juez y parte en el proceso de sustitución 
del Estado por los militares (Solíz et al, 2011a). 

Ante ello, los pueblos del sur denunciamos que la 
opción por imponer políticas inconsultas es una for- 
ma más de atentar contra comunidades a las que se 
les arrancó hace mucho el acceso a la justicia, se les 
privó de sus derechos humanos más elementales y se 
las forzó a vivir en condiciones ambientales muy dete- 
rioradas que hoy son consideradas normales. 

Frente a todas estas circunstancias las manifesta- 
ciones, marchas, eventos, acciones de fuerza y resis- 
tencia dan voz de alerta para que se corrijan determi- 
nadas políticas. Todavía estamos a tiempo, se requiere 
de actuaciones no solo rápidas, equilibradas y consul- 
tadas, sino también plenamente informadas. 

Apostamos por la construcción de una ciudadanía 
emancipada, entendiéndola como aquella que toma la 
igualdad social como valor central, igualdad como 
derecho de las personas a tener las mismas oportuni- 
dades para acceder a los bienes sociales y económica- 
mente relevantes. Igualdad implica equidad y también 
la justicia redistributiva basada en la solidaridad co- 
lectiva. La Ciudadanía Emancipada es por definición 
una propuesta socialmente inclusiva: el acceso a un 
empleo productivo, a una educación de calidad y a los 
códigos socialmente relevantes que permitan a muje- 
res y hombres participar y ampliar el campo de sus de- 
rechos y responsabilidades. Las personas son actores 
en su doble dimensión individual y societaria. Se 
apunta a un programa redistributivo que no presu- 
pone una verdad definitiva y acabada, sino que implica 
sumergirse en la incertidumbre de la construcción de 
la justicia social y ambiental (Solíz et al, 2011a). 

En esa línea va este documento que pretende en- 
fatizar que lo más valioso no es el oro que yace en 
el subsuelo, sino esas comunidades de la superficie, 
opacadas y ensombrecidas por la fiebre del oro que ha 
contagiado a las instancias políticas del país, a quienes 
Antonio Machado les podría recordar que “es de ne- 
cios confundir valor con precio”. 


Fernanda Solíz 


189 


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Ecuador: Autor, http://www.conflictosmineros.net/ 

Offe, C. (1990) Contradicciones del Estado de Bienestar. Tesis 
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Real Academia Española (2001) Diccionario de la lengua 
española (22a ed.) Madrid, España: Autor. 

Solíz, F. et al. 

(2011a) Infancia de oro en la Cordillera de El Cóndor. 

Quito: Clínica Ambiental. 

(2011b) La Cartografía de la Basura en el Ecuador. Quito: 

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L. Serrano (eds.) El paradigma ecológico en las ciencias 
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Veraza, J. (2008) Subsunción real del consumo al capital. México: 
Editorial Itaca. 

Notas 

1 Esta situación fue denunciada en una investigación rea- 
lizada por el proyecto de Reparación Ambiental Clínica 
Ambiental, de Acción Ecológica titulada Infancia de Oro 
en la Cordillera del Cóndor en la que se exponían los me- 
canismos que la empresa Kinross Aurelian había utiliza- 
do para despojar a los campesinos de sus tierras. (Solíz et 
al, 2011). 

2 Esta práctica de discriminación en la contratación es una 
medida extrapolada de la utilizada en la zona petrolera 
(Amazonia norte) que busca la división comunitaria. 

3 Cuando una problemática que amenaza la salud y la vida 
es naturalizada, se requieren iniciar procesos de proble- 
matización que permitan crear cambios en las estructu- 
ras cognitivas: desnaturalizar. Solo entonces se pueden 
cambiar las actitudes y prácticas. 

4 Para ello se ha subsumido el proceso de trabajo real y 
formalmente, garantizando la producción de plusvalor 
extra. El plusvalor extra se consigue a través del trabajo 
potenciado que aparece cuando la innovación tecnológi- 
ca incrementa excepcionalmente la productividad lo que 
también se traduce en una mayor creación de valor y una 
mayor transferencia de valor pero con menos esfuerzo. 

5 Conceptos propuestos por Leonard, A. Story Of Stuff. Guión. 

6 Frase con la que se titula un libro de Eduardo Galeano. 
Patas Arriba, La Escuela del Mundo al revés. 

7 Término utilizado para replicar la Iniciativa Yasuní-ITT 
(dejar el crudo bajo tierra) en otros ecosistemas, http :// 
www.amazoniaporlavida.org/es/ 


"No podemos ser mendigos 
sentados en un saco de oro": 
Las falacias del discurso 
extractivista 


Pablo Dávalos 

Economista ecuatoriano, (Lovaina-Bélgica) y Pierre Mendes 
France (Grenoble-Francia). Profesor de la Pontificia Universi- 
dad Católica del Ecuador y Profesor visitante de la Universi- 
dad Pierre Mendes France. 


Se ha convertido en un tópico la metáfora utili- 
zada por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de 
justificar al extractivismo indicando que los recursos 
de la renta extractiva financiarían al desarrollo y, en 
especial, el gasto del Gobierno en subsidios a sectores 
sociales vulnerables, así como el gasto social en sa- 
lud y educación. Sobre esta metáfora se ha construido 
todo un imaginario que da por hecho la vinculación 
entre renta extractiva y gasto público en salud, edu- 
cación, subsidios a los pobres e inversión pública. 

Así por ejemplo, Gudynas establece una distinción 
entre un extractivismo convencional y un neoextrac- 
tivismo cuya característica principal es la vinculación 
entre la renta extractiva y la política social y que sería 
característica de los denominados gobiernos progresis- 
tas de la región: “En cambio, escribe Gudynas, bajo el 
llamado neo-extractivismo progresista se introducen 
cambios, en particular una recuperación del papel del 
Estado, sea en un control más directo sobre los empren- 
dimientos extractivos, captando una mayor proporción 
de excedentes, y legitimándolo por la vía de los planes 
de asistencia social” (Gudynas, 2011: 63; ver también 
Gudynas, 2009 y 2013) Asimismo, tampoco está demos- 


trada la relación entre la renta extractiva y el alivio a la 
pobreza, de hecho el criterio mayoritario en las ciencias 
sociales es que: “existe una clara percepción generaliza- 
da que la minería no contribuye al alivio de la pobreza” 
(Polo Robilliard, 2005: 7). No obstante, se insiste en el 
discurso de que las rentas extractivas aliviarán la po- 
breza y contribuirán al desarrollo. 

En el caso del Ecuador, muchas de las reformas a 
la Ley de Minería que el Ejecutivo aprobó en el pri- 
mer semestre del año 2013, se legitimaron, precisa- 
mente, en el discurso que la renta minera financiaría 
al desarrollo y a la redistribución de la renta, a pesar 
de que todos los datos existentes demuestran exacta- 
mente lo contrario. La cuestión por tanto es clarificar 
cuánta verdad existe en aquella metáfora del mendi- 
go sentado sobre un saco de oro. 

¿Financian los recursos de la renta extractiva las 
políticas sociales del Gobierno ecuatoriano? ¿Es ne- 
cesaria la renta extractiva para financiar al desarro- 
llo?, y ¿qué tipo de desarrollo está emergiendo desde 
las industrias extractivas? ¿Cuál es la relación entre 
la renta extractiva con la inversión social? ¿Son cier- 
tos los argumentos oficiales que indican que la renta 


Pablo Dávalos 


191 


extractiva es la alternativa para la redistribución del 
ingreso y el gasto social? ¿Qué dinámicas reales se 
están generando al amparo de este discurso que pro- 
mueve el extractivismo a nombre del desarrollo, la 
equidad y la justicia social? 

Por renta extractiva hago referencia a todos los 
recursos que provienen, en el caso del Ecuador, fun- 
damentalmente a las exportaciones de petróleo crudo 
y derivados. En cambio el concepto de extractivismo 
es más complejo . En primer lugar hay que separarlo 
con la noción más común de que extractivismo signi- 
fica lo mismo que extraer recursos naturales (Prada, 
2011). El fenómeno del extractivismo significa mucho 
más que la simple extracción de recursos naturales, 
implica dinámicas territoriales (Porto-Gongalves, 
2009), valorización mercantil de recursos intangibles, 
derechos de propiedad sobre recursos territoriales en 
mercados altamente integrados sobre todo mercados 
financieros, dinámicas de política demográfica y de 
control poblacional como por ejemplo las Transfe- 
rencias Monetarias Condicionadas, (Zibechi, 2010), 
relaciones geopolíticas que establecen nuevas formas 
de integración regional tanto a nivel político cuanto 
a nivel de infraestructura (Petras, James, 2012), que 
procesan nuevas formas de hegemonía mundial (Sal- 
tos, 2010), procesos de desposesión territorial y judi- 
cialización social (Dávalos, 2011 y 2012), control terri- 
torial por vías paramilitares, entre otros. 

El extractivismo como fenómeno complejo de la 
economía política debe mucho para su interpretación 
a las propuestas teóricas de Rosa Luxemburg y su 
concepto de acumulación del capital por desposesión 
(Luxemburg, 1978). Este mismo concepto ha sido re- 
tomado por el geográfo marxista David Harvey para 
proponer la acumulación por desposesión como diná- 
mica inherente al capitalismo actual en una perspec- 
tiva territorial y espacial (Harvey, 2005). La acumula- 
ción por desposesión toma en consideración que las 
prácticas de violencia de la acumulación originaria 
del capital de los siglos XVI en adelante, como por 
ejemplo, la conquista y despojo europeo en América, 
las Leyes de Cercados de la Inglaterra de los Tudor, 
entre otras, se mantienen a todo lo largo de la acu- 
mulación capitalista. 

Sin embargo, más allá del debate teórico, el he- 
cho es que la referencia al extractivismo, en este caso 
para calificar al gobierno de la Revolución Ciudada- 
na, en el Ecuador y durante el período 2007-2012, per- 
mite ubicar una serie de fenómenos aparentemente 
contradictorios de este Gobierno al interior de una 
explicación más coherente y estructurada. Sobre todo 
situar las ambigüedades de su discurso político con- 
trastadas con la praxis de su quehacer económico. 

En efecto, podrían llevar a engaño las posiciones 
críticas de este Gobierno contra, por ejemplo, el Ban- 


co Mundial o el FMI, y confundirlo con posiciones 
de la izquierda política, cuando en realidad son re- 
cursos ideológicos que corresponden a las dinámicas 
y discursos del extractivismo. La misma situación 
con respecto al discurso y a la política pública social 
(Falconí y Muñoz, 2012). El gobierno de la Revolución 
Ciudadana ha sido el régimen político que más ha in- 
vertido en salud y educación, qué duda cabe, empero 
este gasto cumple un rol político preciso al interior de 
la dinámica extractiva al legitimarla y posibilitar su 
expansión y consolidación. 

Ahora bien, habría que recordar que la economía 
ecuatoriana sufrió durante dos décadas el ajuste ma- 
crofiscal del FMI que redujo a mínimos históricos el 
gasto fiscal en el sector social y en inversión pública. 
En promedio el gasto social como porcentaje del PIB 
durante la década de 1990-1999, es decir, la época del 
neoliberalismo duro, fue del 6,4% del PIB. En el perío- 
do 2000-2006, previos al gobierno de Alianza País y 
ya en dolarización, el promedio del gasto social fue 
del 5,1% del PIB (Dávalos, 2010). 

En cambio, en el gobierno de Alianza País que em- 
pieza en el año 2007, el promedio del gasto social para 
el período 2007-2011 se incrementó al 11,7% del PIB. 
Se trata, a no dudarlo, de un giro radical con respecto 
a las recomendaciones de ajuste macrofiscal del FMI, 
porque se ha realizado, por vez primera en dos déca- 
das, una importante inversión pública en el sector so- 
cial, sobre todo en salud y educación. Esta inversión 
social se ha convertido en uno de los argumentos que 
legitiman políticamente al Gobierno ecuatoriano y 
que lo hacen aparecer en contraposición directa a los 
gobiernos neoliberales. 

En el Cuadro 1 pueden verse los datos para una 
serie histórica del comportamiento del gasto social y 
su relación con el PIB. 

Es necesario indicar que este incremento del gasto 
público en el sector social obedece a una presión de 
la sociedad ecuatoriana que consideraba que las me- 
tas de estabilización macroeconómica, ajuste fiscal 
y equilibrios presupuestarios, propuestos por el FMI 
y el Banco Mundial, no habían logrado los objetivos 
de crecimiento económico, reducción de la pobreza, 
bienestar social y redistribución del ingreso. Todo lo 
contrario, esas políticas que serían conocidas bajo el 
nombre genérico de recomendaciones del Consenso 
de Washington, provocaron pobreza, recesión, des- 
empleo, concentración del ingreso, desindustrializa- 
ción, y conflicto social. 

Fue por ello que a fines del año 2005 la sociedad 
ecuatoriana aprobó en un referendo el incremento 
porcentual del gasto social, sobre todo en salud y 
educación, hasta alcanzar un baremo no menor al 
10% del PIB, en donde se proponía que el gasto en 
educación no debía ser menor al 6% del PIB y la sa- 


192 


El correísmo al desnudo 


Cuadro 1 

Inversión pública en el sector social como porcentaje del PIB 

(2001-2011, en millones de USD y en %) 


Años 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Contribuciones a la 
Seguridad Social 

454,6 

767,3 

915,8 

1 . 038,3 

1 . 120,8 

1 . 572,3 

1 . 808,4 

2 . 108,5 

2 . 069,4 

2 . 545,6 

4 . 021,1 

Educación 

492,8 

694,3 

675,7 

858,3 

946,0 

1 . 088,5 

1 . 383,6 

2 . 509,4 

2 . 533,0 

2805,1 

3 . 397,90 

Salud 

188,6 

259,0 

309,9 

371,3 

422,9 

504,5 

606,4 

1 . 190,1 

1 . 201,2 

1 . 330,3 

1 . 611,4 

TMC* 

260 

280 

300 

300 

450 

480 

550 

580 

640 

680 

700 

Total gasto social 

1.396,0 

2.000,6 

2.201,5 

2.568,0 

2.939,8 

3.645,3 

4.348,5 

6.388,1 

6.443,6 

7.361,1 

9.730,4 

PIB 

39 . 241,3 

40 . 848,9 

41 . 961,2 

45 . 406,7 

47 . 809,3 

49 . 914,6 

51 . 007,7 

54 . 250,4 

54 . 810,0 

56 . 602,5 

61 . 121,4 

Gasto social/PIB 

3,5 

4,8 

5,2 

5,6 

6,1 

7,3 

8,5 

11,7 

11,1 

12,5 

14,7 


Fuente: Boletín Estadístico Mensual, Banco Central del Ecuador, varios años. 
Elaboración: Autor. 

* Datos calculados en función de las respectivas ejecuciones presupuestarias. 


lud debería ser al menos igual al 4% del PIB. En este 
referendo, además, se estableció el plazo de una déca- 
da para alcanzar estos objetivos que, incluso, fueron 
incorporados dentro de los denominados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Empero de ello, y a pesar 
de su incremento nominal, en el año 2012, el presu- 
puesto de educación fue del 4,3% del PIB, y el presu- 
puesto de salud fue del 2,0% del PIB, es decir, aún en 
el año 2012 y con todo el gasto fiscal en salud y edu- 
cación se está muy lejos de las metas planteadas por 
la sociedad ecuatoriana en el año 2005. 

Ahora bien, sobre esta necesidad y presión social, 
el Gobierno que empieza en el año 2007 realiza un 
cambio en el discurso político porque vincula la ge- 
neración de rentas extractivas con la redistribución 
del ingreso, el crecimiento económico y el bienestar 
social. Mientras los gobiernos neoliberales se habían 
preocupado de mantener indicadores de prudencia 
macroeconómica, optando por generar un ahorro 
forzoso que finalmente hundieron a la economía en 
la recesión y en la pobreza a nombre de la estabilidad 
económica, el Gobierno ecuatoriano que empieza a 
partir del año 2007 se desmarca críticamente de ese 
discurso y realiza una importante inversión pública 
y la sustenta, al menos en su discurso político, con la 
redistribución de la renta extractiva. 

Es la primera vez en décadas que un Gobierno 
vincula en un solo discurso el rescate de la sobera- 
nía nacional, la redistribución del ingreso y la justicia 
social con la renta extractiva petrolera. Por ello, una 
de sus primeras medidas económicas será cambiar la 


modalidad de contratos con las empresas petroleras 
incrementando sustancialmente la participación del 
Estado en la renta petrolera. 

Se trata de un discurso novedoso porque esta rela- 
ción de la renta extractiva con la soberanía nacional, 
la redistribución del ingreso y la justicia social cala 
muy fuerte en varios sectores sociales, sobre todo 
aquellos que habían resistido al ajuste macrofiscal 
del FMI y que se ubican en la izquierda política. Lo 
novedoso de este discurso es que permite convertir a 
la renta extractiva en una estrategia de articulación 
social y política que permite movilizar a la sociedad 
y generar un consenso sobre el extractivismo como 
necesidad ineludible para el desarrollo y la equidad 
(Senplades, 2009). En efecto, mientras que en el perío- 
do neoliberal se proponía la privatización de la renta 
extractiva porque se consideraba que los mercados 
eran más eficientes que el Estado, con el nuevo go- 
bierno ecuatoriano de Alianza País, la recuperación 
de la renta extractiva para financiar el desarrollo na- 
cional se convierte en uno de los discursos políticos 
más importantes (Harnecker, 2012). 

Las falacias del extractivismo: 
renta extractiva y gasto social 

Sobre este discurso nacionalista se articulan 
varios discursos políticos que ameritan ser analizados 
en detalle. En primer lugar, está el argumento que la 
renta extractiva permite el financiamiento del gasto 
público, especialmente en salud y educación, y que 


Pablo Dávalos 


193 


habían sido largamente postergados en los tiempos 
neoliberales. En segundo lugar, está el discurso que 
vincula la renta extractiva con la inversión pública, el 
desarrollo económico y el crecimiento económico. En 
tercer lugar, está la vinculación de la renta extractiva 
con las políticas de redistribución del ingreso, sobre 
todo por la vía de subsidios y asistencia social a los 
más pobres. En cuarto lugar, está el discurso que 
propone una visión de soberanía nacional sobre la 
renta extractiva y que la presenta en plena disputa 
y confrontación con el capital transnacional, sobre 
todo con el capitalismo norteamericano. En quinto 
lugar, está la conformación de empresas nacionales 
extractivas, así como la renegociación de regalías 
y contratos de servicios, que implican un cambio 
importante con relación al “entreguismo” de los 
neoliberales. En sexto lugar, está la concepción del 
extractivismo como una fase de transición hacia 
una modernización posextractiva en una economía 
intensiva en capital y creadora de valor agregado, que 
en Ecuador ha asumido la forma de un debate sobre la 
“matriz productiva”. 

Sobre estas dinámicas de la renta extractiva se 
vinculan, además, procesos políticos inherentes, 
complementarios y adscritos al extractivismo, por 
ejemplo, el discurso político que hace uso del concep- 
to del corporativismo con el que se acusa a quienes se 
defienden de la expropiación y desposesión territo- 
rial porque, según este discurso, estarían defendien- 
do intereses particulares en detrimento de un interés 
general (Falconí y Muñoz, 2012). En línea con esta 
argumentación subyace toda la estrategia de judicia- 
lización y criminalización a toda la protesta social en 
contra del extractivismo. 

Ahora bien, ¿qué tan ciertos son estos argumentos 
que tratan de justificar y legitimar al extractivismo? 
¿Es verdad que la renta extractiva financia el gasto 
social, en especial, el gasto en salud y educación? 
¿Hasta qué punto la renta extractiva ha financiado el 
crecimiento económico y ha creado condiciones para 
el bienestar social? ¿Financia la renta extractiva las 
transferencias monetarias condicionadas? ¿Repre- 
sentan las empresas extractivas nacionales una con- 
frontación con el capitalismo transnacionalizado? 
¿Cuál es la geopolítica del extractivismo? ¿Cuáles son 
sus amenazas? 

Para poder responder a las cuestiones planteadas 
es necesario comprender las dinámicas de la renta 
petrolera, al momento la renta extractiva más impor- 
tante que tiene el Ecuador. Durante el período del go- 
bierno del partido Alianza País (2007-2012), este se be- 
nefició de una coyuntura internacional favorable para 
los precios del petróleo. En el período 2007-2012, el Es- 
tado ecuatoriano recibió por exportaciones de petró- 
leo 58.978,0 millones de dólares; sin embargo, la par- 


ticipación efectiva del Gobierno central fue del 40,3% 
del total de esos recursos (aproximadamente 23,7 mil 
millones de dólares). Como puede apreciarse en el 
Gráfico 1, a pesar de la renegociación de los contratos 
y de cambios en las regalías, las empresas transnacio- 
nales siguen participando de forma importante en la 
redistribución de la renta extractiva petrolera. 

Conjuntamente con la renta extractiva, los im- 
puestos constituyen la parte más importante de los 
ingresos fiscales ecuatorianos. Ambos ingresos con- 
figuran los límites y las posibilidades de la política 
fiscal en el Ecuador. En el Cuadro 2 pueden compro- 
barse los ingresos fiscales totales del Ecuador durante 
doce años (2000-2012), tanto aquellos que provienen 
de la renta petrolera, cuanto los ingresos por tributa- 
ción directa e indirecta. 

Esta relación de los ingresos fiscales es importante 
para analizar la veracidad de uno de los argumentos 
más utilizados para justificar y legitimar al extrac- 
tivismo, aquel que establece que la renta extractiva 
financia el gasto social, en especial, el gasto en salud 
y educación. Del Cuadro 2 se pueden establecer algu- 
nas dinámicas interesantes. En el período 2007-2012, 
el Gobierno ecuatoriano tuvo ingresos por 59.150,7 
millones de dólares, de los cuales 23.7 mil millones de 
USD (el 41,2%) correspondieron a ingresos petroleros; 
14,6 mil millones correspondieron a ingresos por im- 
puestos directos y 20,7 mil millones de USD (33,8%) a 
impuestos indirectos 1 . 

En cambio en el período anterior, 2000-2006, el 
Estado ecuatoriano recibió 25,0 mil millones de dóla- 
res, de los cuales el 39,1% fueron ingresos petroleros 
y el 44,3% de los ingresos correspondieron a impues- 
tos indirectos. La diferencia más importante entre 
ambos períodos, amén de los montos, está en los im- 
puestos directos. Mientras en el primer período que 
va hasta el año 2006 los impuestos directos repre- 
sentaron el 16,5% de todos los ingresos fiscales, en el 
siguiente período y que corresponde al gobierno de 
Alianza País, los impuestos directos representaron el 
24,4% de los ingresos fiscales totales. En consecuen- 
cia, puede advertirse un esfuerzo fiscal importante 
por cambiar el centro de gravedad de la estructura 
impositiva de los impuestos indirectos y que afectan 
más a los pobres hacia los impuestos directos que 
gravan más a los ricos. 

Ahora bien, hay que recordar que el gasto fiscal fue 
objeto de intervención por parte del FMI y del Banco 
Mundial desde los inicios del ajuste macroeconómico 
en la década de los años ochenta, y que esa arquitec- 
tura y diseño institucional de dos décadas se mantuvo 
incluso con el gobierno de Alianza País en el período 
2007-2012. Esta distinción es importante porque sobre 
esta estructura de los ingresos fiscales, el FMI esta- 
blecería una distinción entre aquellos ingresos que se 


194 


El correísmo al desnudo 


Cuadro 2 


Ingresos fiscales totales 

(2000-2012, en millones de USD) 


Años 

Ingresos petroleros 

Ingresos fiscales 
petroleros 

Ingresos fiscales 
petroleros como % de 
ingresos totales por 
exportación de petróleo 

Ingresos no petroleros 

Impuestos directos 

Impuestos indirectos 

2000 

2.144,0 

1.248,8 

58.2 

445,1 

820,1 

2001 

1.722,3 

1.256,0 

72.9 

434,3 

1.283,9 

2002 

1.839,0 

1.324,0 

71.9 

435,2 

1.497,0 

2003 

2.372,3 

1.555,4 

65.5 

516,2 

1.579,6 

2004 

3.898,5 

1.319,4 

33.8 

605,6 

1.717,0 

2005 

5.396,8 

1.574,0 

29.1 

768,9 

1.966,5 

2006 

6.934,0 

1.519,2 

21.9 

941,5 

2.237,3 

2007 

7.428,3 

1.104,1 

14.8 

1.108,8 

2.471,9 

2008 

10.568,3 

4.400,8 

41.6 

2.338,6 

2.824,9 

2009 

6.284,1 

2.298,2 

36.5 

2.517,5 

3.018,5 

2010 

8.925,5 

3.917,3 

43.8 

2.353,1 

3.552,8 

2011 

11.799,9 

5.971,4 

56.6 

3.030,0 

3.960,5 

2012 

13.971,9 

6.085,6 

43.5 

3.312,9 

4.883,8 


Fuente: Boletín Estadístico Banco Central del Ecuador, varios años. 
Elaboración: Autor. 


Gráfico 1 

Distribución de la renta extractiva petrolera 

(período 2007-2012, en millones de USD) 



Ingresos petroleros no fiscales 

(incluye ingresos empresas petroleras privadas) 

Ingresos petroleros fiscales 

(que constan en el presupuesto del SPNF) 


Fuente: Boletín Estadístico Banco Central del Ecuador, varios años. 
Elaboración: Autor. 


Pablo Dávalos 


195 


consideran permanentes, es decir, los ingresos fiscales 
por tributación, y los ingresos no permanentes, en este 
caso, los ingresos que provienen de la renta extractiva. 
La distinción realizada por el FMI entre ambos tipos 
de ingresos fiscales tenía como objetivo separar los 
ingresos de las exportaciones de petróleo y de otros 
commodities con el fin de utilizarlos exclusivamente 
para el pago de la deuda externa. 

Esto condujo a una arquitectura institucional en 
virtud de la cual los ingresos provenientes de la renta 
extractiva no podían ser utilizados para el denomina- 
do gasto permanente del Estado. Por ello, a fines del 
año 2002, el Gobierno de ese entonces creó un fondo 
de ahorro forzoso para guardar ahí los excedentes pe- 
troleros y utilizarlos como garantía para el pago de la 
deuda externa (el Fondo FEIREP). 

Esto provocó reacciones y críticas porque dejaba 
sin recursos a la caja fiscal en momentos en los que 
más hacían falta para resolver problemas urgentes en 
sectores sociales. Sin embargo, esta arquitectura insti- 
tucional y jurídica que regula al ingreso y gasto fiscal 
se mantuvo incluso en las reformas constitucionales 
del año 2008. En efecto, en este texto Constitucional 
se establece lo siguiente: 

Art. 286.- Las finanzas públicas, en todos los nive- 
les de gobierno, se conducirán en forma sostenible, 
responsable y transparente y procurarán la esta- 
bilidad económica. Los egresos permanentes se 
financiarán con ingresos permanente. Los egresos 
permanentes para salud, educación y justicia serán 
prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser 
financiados con ingresos no permanentes. 

La misma disposición consta en el Código Orgánico 
de la Planificación y Finanzas Públicas aprobado en el 
año 2010. En el Art. 87 de esta ley se establece la clasi- 
ficación de ingresos entre ingresos permanentes y no 
permanentes, y en el Art. 90 se enuncia la “Regla Fis- 
cal” que es exactamente la misma que constaba en la 
Ley del año 2002 y que creó el fondo FEIREP, la regla 
fiscal dice lo siguiente: 

Art. 90.- Regla fiscal.- Para garantizar la conduc- 
ción de las finanzas públicas de manera sostenible, 
responsable, transparente y procurar la estabilidad 
económica; los egresos permanentes se financiarán 
única y exclusivamente con ingresos permanentes. 

Esto significa que los ingresos provenientes de la 
renta extractiva petrolera no podrán financiar al sec- 
tor salud y educación, salvo de forma excepcional. Este 
diseño institucional del gasto fiscal bloquea de forma 
intencional la posibilidad de utilizar los recursos de la 
renta extractiva para el financiamiento al sector social 2 . 


La renta extractiva puede permitir la construcción 
de hospitales y escuelas pero prohíbe la contratación 
de personal de salud o de educación necesarios para 
estos nuevos hospitales y escuelas. Para contratar al 
personal necesario en el sector salud o educación, la 
única posibilidad que establece la ley es el financia- 
miento con ingreso permanente, es decir, impuestos. 
Esto determina un límite crítico para una política pú- 
blica en salud y educación, que está determinado, a 
su vez, por la capacidad impositiva que tendría el Go- 
bierno y no por los recursos que podrían provenir de 
la renta extractiva. 

Es por ello que en Ecuador, el gobierno de Rafael 
Correa no ha creado una importante infraestructura 
ni en salud ni en educación, y que los recursos 
destinados a la inversión en estos sectores sean 
mínimos. Por ejemplo, en el caso del sector de la 
educación, en el año 2010, como vemos en el Cuadro 
3, del presupuesto asignado al sector el 87,5% 
correspondía a gasto corriente que se financiaba con 
ingreso permanente (impuestos). Del restante 11,3% 
destinado a gasto de inversión, y de este solamente el 
5,2% del gasto de inversión se destinó efectivamente 
a la construcción de nueva infraestructura escolar o 
remodelación de la existente, es decir, alrededor de 
160 millones de dólares, para un presupuesto global 
de 3 mil millones de USD. 

Puede advertirse también que ese año el Gobierno 
ecuatoriano gastó 64,3 millones de dólares en “gastos 
en personal para la inversión”, que es el eufemismo 
para el despido y liquidación de empleados públicos, 
en este caso en el sector de la educación. El presupues- 
to de ese año puede considerarse como promedio en 
todos los años de la Revolución Ciudadana. 

La misma situación puede advertirse en el sec- 
tor salud. Para el año 2012 se había presupuestado 
1.760,4 millones de USD para el Ministerio de Salud, 
de los cuales 333,8 millones de USD (18,3%) fueron 
destinados para inversión. De esta cantidad, 82,2 mi- 
llones de USD se destinaron a infraestructura física, 
equipamiento y mantenimiento; 79,1 millones para el 
proyecto “Mi Hospital”, y 50 millones para inmuniza- 
ciones de enfermedades inmunoprevenibles por vacu- 
nación. Es decir, en el año 2012, del presupuesto gene- 
ral del Estado (27.6 mil millones de USD), la inversión 
real en el sector salud fue del 0,5%. 

En comparación con la renta extractiva petrole- 
ra, en el supuesto de que esta haya financiado la in- 
versión en salud, de cada 100 dólares que el Ecuador 
recibió por renta petrolera, 2,7 dólares fueron utili- 
zados para la construcción, equipamiento y manteni- 
miento del sector salud. Sin embargo, hay un hecho 
más que debe ser puntualizado y es que al interior 
del presupuesto de inversión en salud pública cons- 
tan los rubros de pago a proveedores privados por 


196 


El correísmo al desnudo 


Cuadro 3 

Gasto educativo total por objeto del gasto 

(2010, en miles de USD y en %) 


TIPO DE GASTOS 

MILES DE DÓLARES 

PORCENTAJE 

Gastos corrientes 

2,678,770 

87.5% 

51 Gastos en personal 

2,317,165 

75.7% 

53 Bienes y servicios de consumo 

219,278 

7.2% 

56 Gastos financieros 

1,042 

0.0% 

57 Otros gastos corrientes 

6,303 

0.2% 

58 Transferencias y donaciones corrientes 

134,982 

4.4% 

Gastos de inversión 

347,096 

11.3% 

71 Gastos en personal para inversión 

64,344 

2.1% 

73 Bienes y servicios para inversión 

87,672 

2.9% 

75 Obras públicas 

101,795 

3.3% 

77 Otros gastos de inversión 

35 

0.0% 

78 Transferencias y donaciones para inversión 

33,738 

1.1% 

84 Bienes de larga duración 

59,511 

1 .9% 

87 Inversiones financieras 

1 

0.0% 

Aplicación financiamiento 

35,007 

1.1% 

96 Amortización de la deuda pública 

4,008 

0.1% 

97 Pasivo circulante 

578 

0.0% 

99 Otros pasivos 

30,421 

1 .0% 

Total objeto del gasto 

3,060,873 

100.0% 


Fuente: Ministerio de Finanzas dei Ecuador, valores devengados al 31 de diciembre de 2010. 
Elaboración: Autor. 


prestaciones de servicios en salud, en un proceso de 
“privatización encubierta”. 

Entonces, una primera conclusión es que la renta 
extractiva, en virtud de los arreglos institucionales y 
jurídicos que determinan la estructura del gasto fiscal 
en el Ecuador, no fue determinante para la inversión 
en los sectores de salud y educación. Esos sectores se 
financiaron, en lo fundamental, con recursos prove- 
nientes de los impuestos (ingreso permanente) y no 
con recursos provenientes de la renta extractiva. 

Empero es necesario agregar un dato adicional: 
de los recursos previstos para la inversión pública, 
en el año 2012 casi el 10% de estos fueron utilizados 
para financiar el “Programa de reforma institucional 
de la gestión pública”, es decir, un programa destina- 
do a financiar los despidos de funcionarios públicos 
mediante la compra anticipada de renuncias y que 
continúa programas similares, entre ellos el Progra- 
mático Social 2003-2005, del Banco Mundial y del 
BID (Dávalos, 2010). 

En efecto, en el presupuesto del año 2012 se habían 
presupuestado 484,8 milllones de USD para despidos 
en el sector público, bajo la denominación “gastos en 


personal para la inversión”, que forma parte del pro- 
yecto de reforma institucional de la gestión pública, y 
que representó el 9,4% del presupuesto de inversión 
para ese año 3 . En otros términos, no solo que la ren- 
ta extractiva petrolera fue marginal para la inversión 
en salud y educación, sino que además su utilización 
habría permitido el financiamiento a la flexibilización 
laboral en el sector público, continuando las derivas 
neoliberales de despidos en el sector público, con la 
diferencia de que el régimen de la Revolución Ciu- 
dadana utilizó estos recursos para despedir a líderes 
sindicales, opositores políticos que trabajaban en el 
sector público, y todos los funcionarios públicos que 
alguna vez manifestaron su inconformidad con el ré- 
gimen político existente. 

Si esto es así, el discurso que establece que la ren- 
ta extractiva financia el sector social, al menos para 
el caso ecuatoriano, debe ser matizado y relativiza- 
do. Los datos nos indican que la inversión pública en 
salud y educación fue marginal y que el grueso del 
financiamiento de este sector siempre se realizó con 
impuestos, porque en su mayor parte correspondía a 
gasto permanente (o corriente) y no podía, de acuer- 


Pablo Dávalos 


197 


Cuadro 4 

Importación de derivados, costos, ingresos y diferencia 

(2006-2011, en millones de USD) 





TOTAL DERIVADOS 



Años 

Volumen de 
importaciones 

(miles de barriles) 

Precio promedio 
de importación 

(dólares/barril) 

Costo de 
importación 

(miles de dólares) 

Precio promedio 
venta a nivel 
nacional 

(dólares/barril) 

Ingreso por 
ventas internas 
importaciones 

(miles de dólares) 

Diferencia entre 
ingresos y costos por 
ventas internas de 
importaciones 

(miles de dólares) (subsidio) 

2006 

25.932,8 

75,26 

1.951.688,1 

33,84 

877.685,4 

-1.074.002,7 

2007 

29.328,9 

83,02 

2.434.862,1 

34,38 

1.008.472,2 

-1.426.390,0 

2008 

27.859,2 

103,30 

2.877.952,1 

35,43 

987.011,2 

-1.890.941,0 

2009 

32.179,2 

69,58 

2.239.052,9 

35,85 

1.153.693,8 

-1.085.359,1 

2010 

41.003,9 

87,45 

3.585.990,3 

38,26 

1.568.907,8 

-2.017.082,5 

2011 

37.434,9 

117,75 

4.407.922,2 

38,95 

1.458.046,7 

-2.949.875,5 

2012 

40.266,3 

124,4 

5.009.427,1 

39,83 

1.603.760,5 

-3.405.666,6 


Fuente: Boletín Estadístico Mensual Banco Central del Ecuador, varios números. 
Elaboración: Autor. 


do a la ley, financiarse con renta extractiva. El único 
uso detectado de la renta extractiva fue para conti- 
nuar con los programas neoliberales de flexibilización 
del trabajo en el sector público pero esta vez utiliza- 
dos de manera estratégica para controlar y disciplinar 
al sector público. 

Renta extractiva y clase media 

Si el sector de salud y educación fueron financiados 
marginalmente, durante el período 2007-2012, por la 
renta extractiva petrolera, entonces, ¿cuál fue el destino 
fundamental de esos recursos? ¿Hacia dónde fue la 
renta extractiva? ¿Quiénes se beneficiaron de esa renta? 
Existen, al menos, dos hipótesis al efecto. La primera 
hace referencia al financiamiento de los subsidios a los 
precios de los combustibles y, la segunda, al incremento 
de la inversión pública interna en infraestructura y 
medida por la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 
para el sector público. 

Para fundamentar la primera hipótesis, necesitamos 
saber que en el Ecuador existe un subsidio importante a 
los precios de los derivados de petróleo, en especial los 
combustibles y al gas de uso doméstico. Por el momento 
se deja de lado el subsidio al gas de uso doméstico (que 
en el año 2012 representó el 1,1% del PIB), para poder 
concentrarse en el subsidio a los combustibles y su 
relación con la renta extractiva. 

En el Cuadro 4 puede apreciarse el volumen de la 
importación de combustibles y el costo que significó 
para la economía ecuatoriana. En el período 2006-2012, 


el Ecuador, un país petrolero, importó combustibles por 
22.5 mil millones de dólares. Descontando los ingresos 
por ventas internas de combustibles, en ese período el 
Estado ecuatoriano creó un subsidio directo por 13.8 mil 
millones de dólares, destinado en lo fundamental a los 
sectores medios de la población, porque son ellos los que 
utilizan el combustible barato para sus autos y otros usos. 

Para que pueda tenerse una idea del volumen 
destinado al subsidio de combustibles comparado 
con otros sectores, en ese mismo período el Gobierno 
ecuatoriano destinó 1.6 mil millones de dólares al 
sector agrario; 8.1 mil millones de USD a la salud; 
y 17.4 mil millones a la educación. La cuestión, por 
tanto, es ¿de dónde salieron los recursos fiscales para 
financiar el subsidio a los combustibles? En virtud de la 
arquitectura institucional y jurídica que establece una 
clara dis